NEUMATICOS Y LLANTAS DEL PACIFICO S.A. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO NORTE

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis Vistos:

A fojas 45 recurre de protección Pedro Matamala Souper, abogado, en representación de la empresa Neumáticos y Llantas del Pacífico S.A., contra la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, por el acto que estima arbitrario e ilegal que hace consistir en un “requerimiento de documentación y citación” practicado por un funcionario del servicio.

Estima que dicho proceder vulnera las garantías constitucionales de los numerales 2º y 3º, incisos 5° y 6º del artículo 19 y artículo 16º, todos de la Constitución Política de la República.

Explica que el trabajador nombre reservado fue despedido por graves faltas de probidad, luego de lo cual el sindicato de la empresa depositó en la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte un proyecto de negociación colectiva que consignaba entre sus socios al señor nombre reservado. Seguidamente, continúa el recurrente, el trabajador concurrió a la Inspección Comunal del Trabajo presentando un reclamo que denunciaba supuestos incumplimientos laborales de la empresa. Prosigue y dice que la Inspección del Trabajó estimó procedente citar y requerir documentos a los representantes de la empresa presumiendo que el trabajador gozaría de fuero sindical, comunicándoles que si se comprobaba su efectividad la empresa debería reincorporar al señor nombre reservado, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplir con tal obligación, desconociendo la inspección el hecho, comunicado a ésta, que el 27 de enero del presente la recurrente interpuso una demanda de mera certeza ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por los mismos hechos.

Concluye solicitando se acoja la acción cautelar ordenando a la inspección abstenerse de proseguir conociendo de los antecedentes que fundan el recurso A fojas 85, se lee informe de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte que pide se declare improcedente la acción de protección teniendo únicamente presente que el 08 de febrero del presente el servicio se abstuvo de seguir conociendo de los hechos materia del recurso.

En cuanto al fondo, indica que el reproche que le formula la recurrente no tiene ningún fundamento: la ley (artículos 505 del Código del Trabajo, 29 y 31 del DL Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social) la faculta para citar y requerir documentación a los empleadores, trabajadores, directores de sindicatos o a los representantes de unos u otros, o cualquiera persona en relación con problemas de su dependencia, para los efectos de procurar solución a los asuntos que se le sometan en el ejercicio de sus respectivas funciones, o que deriven del cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias. Plantea, luego, que no advierte de qué manera podría haber existido vulneración si es la misma reclamante quien ejerciendo la acción de protección señala que eventualmente podría habérsele exigido la reincorporación del trabajador, esto es impugna un acto incierto.

Considerando:

1º.- El fundamento inmediato del presente recurso de protección dice relación con la citación, requerimiento de documentación y eventual obligación de reincorporar al señor nombre reservado. Como consta del informe de la Inspección de fecha 26 de febrero de 2016, agregado a fojas 103, el servicio comunicó antes de ser notificado de la acción cautelar su decisión de abstenerse de seguir conociendo de los hechos que se ventilan en esta sede.

2º.- Que, atendida la naturaleza de la presente acción cautelar, su procedencia dice relación con la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que afecte el ejercicio legítimo de algunas de las garantías a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República y a cuyo respecto corresponda la adopción de medidas de protección o de restablecimiento del derecho según sea el caso, lo que no ocurre en este caso.

3º.- Que sin perjuicio de lo resuelto en el motivo anterior, esta Corte estima procedente hacer presente a la denunciante que reclama de la fiscalización que se iniciara por un funcionario que la citó, solicitó documentos y le comunicó una eventual obligación de reincorporación del trabajador, que tal actuación no reviste arbitrariedad ni ilegalidad: el recurrido se limitó a cumplir con un mandato legal que obliga al Estado a velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios (articulo 2º del Código del Trabajo) y artículo 505 del mismo cuerpo legal, que entrega a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación. Esas atribuciones propenden a preservar el respeto de la legislación laboral y a propiciar su cumplimiento, para cuyo efecto se establecen mecanismos compulsivos, de persuasión e inclusive medidas sustitutivas que promueven una cultura de observancia al ordenamiento laboral, como lo deja en evidencia el artículo 506 ter del mismo Código. Ahora bien, para que el órgano de la administración pueda llevar a cabo su cometido, resulta inevitable e indispensable que deba definir y determinar cuando menos preliminarmente si los hechos que conoce y verifica se avienen o no se avienen con la legislación que los regula, cuestión que, de suyo, involucra una labor de calificación y subsunción, inherente a la potencialidad sancionatoria.

En esa virtud, no parece atendible sostener que el fiscalizador respectivo se haya excedido en sus atribuciones, puesto que al inspeccionar, indagar y examinar actuó dentro del ámbito de las facultades que le confiere la ley, cumpliendo con una obligación que la misma ley le impone (sentencia de 12 de diciembre de 2012, en recurso de nulidad laboral rol nº1459)

4º.- Que tampoco puede pretenderse, como parece entender el recurrido que reclama de - una supuesta duplicidad jurisdiccional al haber deducido en esa misma época una acción de mera certeza por los mismos hechos - que al obrar de esa manera haya ejecutado la inspección actuaciones propias de un tribunal. En efecto, conforme se ha visto, las administrativas y jurisdiccionales no son actividades antitéticas. Antes bien, operan en ámbitos distintos, complementarios, de manera que no existe espacio para suponer que la una pueda invadir territorios exclusivos de la otra. Lejos de ello, se hace muy difícil sostener una suerte de monopolio judicial, porque un sistema semejante no sería viable, no daría abasto para otorgar su protección a todos los casos. Por una cuestión de racionalidad mínima y de posibilidades previsibles, la fiscalización no puede estar en manos de los tribunales de justicia. La fiscalización -con todo lo que ella trae consigo- debe ser confiada al organismo técnico, especializado y preparado para velar por el recto cumplimiento de la legislación laboral. Sigue a ello poner de relieve que su decisión no es de carácter definitivo, puesto que el administrado dispone, en todo caso, de la posibilidad de impetrar la revisión jurisdiccional, a través de un procedimiento que le confiere las garantías de un debido proceso, como ha acontecido en la especie. De un modo diferente, se estaría aceptando el riesgo de que el Derecho del Trabajo llegue siempre tarde, allí donde más y cuando más se le necesita ((sentencia de 12 de diciembre de 2012, en recurso de nulidad laboral rol nº 1459).

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE DESESTIMA el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas en contra de la Comisión de Libertad Condicional.

Regístrese, notifíquese y comuníquese, ejecutoriada que sea esta sentencia.

Archívese en su oportunidad.

Redactó la Abogada integrante sra. Chaimovich.

Protección Nº7963-2016.- Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y la abogada Integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.