SITE CHILE S.A. con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

Santiago, trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece la empresa SITE CHILE S.A., persona jurídica, representada por don nombre reservado, empresario, y recurre de protección en contra de SERVICIOS EQUIFAX CHILE, por el acto que estima arbitrario e ilegal de informar y publicar en su registro Dicom 56 facturas morosas inexistentes, cuyo supuesto acreedor es la empresa Importadora y Comercializadora Network 1 Inter Chile.

Sostiene que el acto es ilegal porque infringe lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre tratamiento de datos personales. En primer lugar, porque en dicha ley no existe norma que autorice la publicación de facturas. Así, el artículo 17 menciona los documentos mercantiles que pueden ser publicados, y entre ellos, no se señalan las facturas. Luego, el artículo 18 dispone que en ningún caso pueden comunicarse los datos transcurridos 5 años desde que la obligación se hizo exigible.

Agrega que el acreedor de las facturas no ha iniciado ninguna acción de cobro, y ha transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 10 inciso final de la Ley 19.983, un año contado desde su vencimiento.

Estima vulneradas las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 4 y N° 21 de la Constitución Política de la República, porque la publicación de la morosidad le afecta el prestigio comercial e impide acceder a crédito en instituciones bancarias. Por lo expuesto, solicita se ordene que se abstenga la recurrida de continuar publicando las facturas en cuestión, con costas.

2°) Que informa Equifax Chile Limitada, y solicita el rechazo del recurso.

En primer lugar, refiere que al haber tomado conocimiento sobre los hechos materia del recurso, reviso los respaldos de las publicaciones efectuadas por el aportante, constatando que nueve facturas se encuentran irrevocablemente aceptadas en la forma que contempla para las facturas electrónicas, según da cuenta el documento emitido por el Servicio de Impuestos Internos, donde consta que el receptor de las mismas no reclamo dentro del plazo de 8 días previsto por la Ley N° 19.983. Añade que respecto de las restantes facturas, los antecedentes no resultan suficientes para efectos de mantener vigente sus obligaciones, motivo por el cual se ha procedido a su eliminación.

En cuanto a la publicación de morosidades, expone que la base de datos se confecciona con la información aportada por los propios asociados al sistema, y Equifax no tiene responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, incompletos o erróneos.

Y respecto de la ilegalidad denunciada, sostiene que el recurso debe ser rechazado porque la Ley 19.628 sobre protección de datos personales no es aplicable a personas jurídicas, como es el caso de la recurrente. Afirma que el artículo 2° define al titular de los datos como aquella persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal. De lo anterior deviene que la recurrente no pueda reclamar la ilegalidad de un acto en virtud de una ley que no le resultaría atingente.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso dirigido en su contra, con costas.

3°) Que la empresa Importadora y Comercializadora Networkk 1 Internacional Chile SpA, a petición de esta Corte, informa que la publicación se sustenta en 56 facturas que a la fecha no han sido canceladas; adjuntando una impresión de cada una de ellas y, que corren entre el 05 de octubre de 2016 hasta el 30 de junio de 2017.

Expresa que, en cuanto a la argumentación del recurrente en el sentido que la publicación de las facturas sería ilegal dado que ha transcurrido más de un año desde su emisión, invocando el artículo 18 de la ley 19.628 en relación al artículo 10 inciso final de la ley 19.983, no es tal, transcribe el inciso primero del artículo 18 citado, que dice: "En ningún caso pueden comunicarse datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacione con una persona identificada o identificable, luego de transcurrido cinco años desde que la respectiva obligación sea exigible". Añade que la obligación de pago que emana de las facturas sigue siendo exigible de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2515 inciso 2° del Código Civil.

Refiere que el ámbito de aplicación de la Ley 19.628 es única y exclusivamente respecto de personas naturales.

4°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

5°) Que para los efectos de establecer la ilegalidad del acto que se denuncia, lo primero que se debe determinar es si la aplicación de la Ley 19.628 sobre datos personales se extiende también a las personas jurídicas. Y en este sentido, el art. 1° de la norma en cuestión dispone que el tratamiento de datos de carácter personal se sujetará a las disposiciones de la referida ley.

Resulta pertinente, entonces, encontrar el significado y alcance del concepto “datos de carácter personal”. Y para ello, es la propia Ley 19.628 la que en su artículo 2° se encarga de definirlo: “Para los efectos de esta ley se entenderá por: …f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.” Luego, y a mayor abundamiento, también se puede citar la letra “ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

6°) Que de lo anterior se desprende que es la propia Ley 19.628 la que establece su ámbito de aplicación, circunscribiéndolo únicamente a la protección de datos de las personas naturales. De lo anterior deviene, entonces, que no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por lo tanto, al no existir norma legal que impida la publicación de documentos mercantiles consistentes en facturas, y situándose el conflicto en el ámbito del derecho privado, ha de concluirse que la conducta reprochada no es ilegal, y la presente acción constitucional no pueda prosperar.

7°) Que en cuanto al argumento del recurrente en el sentido que las facturas publicadas por la recurrida, (actualmente nueve conforme a lo reconocido por el abogado del recurrente en estrados) se encuentran prescritas, no puede servir de base al recurso de protección, puesto que para invocarla requiere de una declaración judicial.

8°) Que en mérito de lo razonado, y habiéndose descartado la ilegalidad del acto impugnado por esta vía, resulta innecesario ahondar en las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 79560-2018 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

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