COMERCIAL E INVERSIONES EL PORTAL S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DE SANTIAGO ORIENTE

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.

Proveyendo al escrito folio 495620: téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que recurre de protección nombre reservado, empresario en representación de Comercial e Inversiones El Portal S.A. ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de Gabriela Olave Rodríguez, Inspectora comunal del Trabajo Santiago oriente, domiciliada en domicilio reservado de la misma comuna, por la actuación ilegal cometida al rechazar solicitud de reconsideración administrativa por multa cursada a su parte.

Respecto de los hechos que fundamentan el recurso señala que con fecha 7 de julio de 2017 el fiscalizador Sebastián Hidalgo León, cursó 2 multas administrativas de 40 UTM cada una en contra de su representada, por no llevar correctamente el registro de asistencia y por distribuir la jornada semanal de 45 horas en más de 6 días, respecto de los trabajadores que se indican en la resolución.

Señala que las multas fueron notificadas a su parte mediante carta certificada la que fue notificada conforme el artículo 508 del Código del Trabajo con fecha 31 de julio de 2017. Respecto ellas se interpuso el respectivo recurso de reconsideración administrativa con fecha 1 de septiembre de 2017 ante la Oficina de partes de la Inspección. Sin embargo lo anterior y habiéndose interpuesto dentro de plazo, fue rechazado por la recurrida mediante Resolución, Ordinaria N°1512 de 20 de octubre de 2017 la cual señala: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la multa”.

Expone que el recurrido efectúa una interpretación antojadiza de la normativa aplicable por cuanto sin bien el artículo 512 del Código del Trabajo, establece que el plazo para interponer el referido recurso corresponde a 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, es el artículo 508 del mismo cuerpo legal, el que indica desde cuando se deben contar los 30 días, disponiendo de esa forma que la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.

Con el mérito de las normas aplicables, se concluye entonces que la notificación por carta certificada ocurre el 31 de julio de 2017 por lo que el plazo para interponer el recurso de reconsideración se extendía hasta el 5 de septiembre de 2017, es decir incluso posterior a la fecha en que efectivamente se interpuso.

Las garantías constitucionales vulneradas son aquellas consagradas en el artículo 19 N°2 por cuanto el criterio de la autoridad no se basa en la ley, apartando su actuar del contenido de la norma en el presente caso. Asimismo se vulnera el N°3 del referido artículo por cuanto se ha vulnerado el ejercicio de un derecho legalmente constituido a favor de la afectada, lo que constituye una total indefensión. Y finalmente alega como vulnerada la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la Republica por cuanto la negativa de reconsideración afecta directamente el patrimonio de su parte.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección ordenar que se reestablezca el imperio del derecho y declarar que la recurrida ha actuado al margen de la ley, de manera ilegal y que ha consecuencia de estos actos se han vulnerado las garantías constitucionales ya mencionadas y que por lo mismo deberá poner fin a la irregularidad cometida y establecida en la Resolución ordinaria N°1512 de la Inspección Comunal del Trabajo Oriente, ordenando dar curso a la solicitud sometida a su conocimiento.

SEGUNDO: Que informando la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Oriente, en primer término alega la improcedencia del recurso en atención a la naturales del acto recurrido, señalando que se ha interpuesto recurso de protección en contra del Ordinario N°1512 resolución que declaró inadmisible el recurso de reconsideración, en circunstancias de que ley contempla como recurso natural la reclamación judicial, según lo dispone el inciso 2° del artículo 512 del Código del Trabajo. En este sentido el presente recurso se está utilizando como sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias que la ley contempla en forma expresa, por lo que el presente recurso implica desconocer el sistema procesal.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto no existe en el presente una amenaza, o perturbación de un derecho protegido como consecuencia de un acto arbitraria o ilegal, por cuanto la Inspección ha dictado el Ordinario en cuestión expresamente facultada específicamente por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, de modo que no puedo ser estimado como ilegal. Asimismo no puede ser catalogado de arbitrario ya que como se aprecia de su texto este fue razonado, argumentado y dictado conforme a derecho, pronunciándose en base a los antecedentes.

En subsidio de los argumentos anteriores, informa derechamente señalando que con fecha 20 de julio de 2017 se cursaron 2 multas a la recurrida N°8444/17/12-1 y 2 por hechos constatados el 7 de julio de 2017, notificada mediante carta certificada el 31 de julio de 2017 y respecto de ellas se interpuso recurso de reconsideración por la recurrente el 1 de septiembre de 2017. Dicho recurso no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso 1° del artículo 512, por cuanto debía presentarse a más tardar el 30 de agosto de 2017. Es en virtud de aquellos antecedentes que se emitió el ordinario N°1512 comunicando que no se acogía la solicitud de reconsideración.

Finalmente señala que la inexistencia de las garantías constitucionales y el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, como se ha dicho reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

CUARTO: Que mediante la presente acción cautelar la parte recurrente reclama la decisión arbitraria e ilegal dictada por la Inspección Comunal de Santiago Oriente, que rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le impuso dicha Autoridad; por haber sido presentada en forma extemporánea.

QUINTO: Que en relación a la procedencia de la acción de protección interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, se ha de considerar que, el recurso de protección es un proceso judicial de tutela de derechos fundamentales utilizado frecuentemente para impugnar los actos de la Administración y, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, opera “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ente la autoridad o los tribunales correspondientes”.

De esa manera, estima esta Corte que no corresponde impedir, como pretende la recurrida, la utilización del recurso de protección por existir la posibilidad de entablar otros procedimientos administrativos y/o judiciales de reclamación; en tanto la recurrente, estima como vulnerados sus derechos fundamentales tales como la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de sus derechos y su patrimonio; habiéndose materializado dicha vulneración en la decisión de la Dirección del Trabajo que consideró como extemporánea la solicitud de reconsideración de una multa impuesta, entendiendo la reclamante que ha quedado en situación de indefensión frente a la autoridad administrativa; lo que hace procedente el uso de este arbitrio procesal.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo de la cuestión planteada, se debe considerar la naturaleza del acto impugnado, que es una resolución de la autoridad administrativa que rechaza un recurso presentado en dicha sede. Atendido esto, la Corte estima que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Esto por cuanto en el Código del Trabajo no existe norma expresa que regule el cómputo de dicho plazo y, tratándose de un recurso presentado en etapa administrativa, debe aplicarse en forma supletoria la Ley N° 19.880 que regula los procedimientos administrativos, la que en su artículo 25 referido al cómputo de plazos en dichos procedimientos, dispone que éstos son de días hábiles, estableciendo que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Por lo tanto, existiendo norma especial que regula dicho plazo, debe estarse a ella.

SEPTIMO: Que, constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el día 1 de septiembre de 2017, por lo que a juicio de esta Corte fue deducido dentro del plazo de 30 días computado de la manera indicada en el considerando anterior, considerando que la resolución impugnada le fue notificada al recurrente el día 31 de julio de 2017.

La recurrida ha sostenido que aún si se aplicare el artículo 25 de la ley 19.880, de todas maneras el recurso habría sido deducido extemporáneamente, toda vez que se presentó al día 31 contados desde la notificación de la multa, la que ocurrió el 17 de julio de 2017 (luego de los seis días hábiles a que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo) y no el 18 del mismo mes y año, como pretende la recurrente.

Esta Corte estima que la resolución que aplicó la multa que, fue recepcionada en la oficina de correos con fecha 24 de julio de 2017, se entiende notificada el día 31 de julio del presente, que corresponde al sexto día hábil, a que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo, norma que debe interpretarse en relación al artículo 25 de la Ley N° 19.880 ya citada, por tratarse de un procedimiento administrativo, según los argumentos antes señalados; de manera que al ser inhábiles los días sábados, domingos y festivos, el cómputo del plazo de días hábiles efectuado por la recurrente se ajustó a la normativa aplicable.

OCTAVO: Que en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, en tanto se negó a tramitar un recurso dentro del plazo legal, desconociendo la autoridad el plazo en toda su extensión y, vulnerando el derecho a acceder a una instancia de reclamación administrativa; lo que constituye un trato discriminatorio, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, atendido lo razonado en los considerandos precedentes, habrá de acogerse el recurso de protección de que se trata, de la manera que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección, interpuesto por nombre reservado, empresario en representación de Comercial e Inversiones El Portal S.A. en contra de la Inspección del Trabajo Santiago Oriente y, por consiguiente, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N°1512, de fecha 20 de octubre de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa planteado por el actor respecto de la multa impuesta por resolución N°8444/2017/12-1 y 2 de fecha 20 de julio de 2017.

Regístrese, comuníquese y archívese N°Protección-79.515-2017.

Pronunciada por la Sexta Sala, integrada por el Ministro señor Hernan Alejandro Crisosto Greisse, el Ministro (S) señora Ana Maria Hernandez Medina y el Abogado Integrante señor Jaime Bernardo Guerrero Pavez.