nombre reservado con nombre reservado

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la señora nombre reservado, nombre reservado, por haber incurrido en actos y omisiones que, a juicio del recurrente, importan una amenaza y vulneración grave al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del interno, así como al derecho a la protección de la salud, garantizados en los números 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que nombre reservado nació el 14 de agosto de 1945, por lo que a la fecha de interposición del recurso tiene 79 años y cumplirá 80 en el presente año, calificándolo legalmente como adulto mayor de conformidad con el artículo 1°, inciso 2°, de la Ley N°19.828 (Ley SENAMA). Señala que el señor nombre reservado presenta dolencias y enfermedades graves que requieren tratamiento urgente, ya que la demora o el retardo representan un peligro cierto para su vida y su salud física y mental. Entre las patologías detectadas, menciona una diabetes no controlada, ceguera derivada de un glaucoma que le impide valerse por sí mismo y lo hace vulnerable a abusos de otros reclusos, un tumor relevante en la zona genital que exige examen urgente y biopsia para su extirpación y determinación de su etiología, y compromiso de conciencia habituales con falta de ubicación espacio-temporal, lo que hace sospechar un proceso neurológico degenerativo asociado a una posible demencia senil o enfermedad de Alzheimer, requiriendo una evaluación neurológica urgente.

Arguye que la infraestructura del nombre reservado es ineficaz e insuficiente para proteger la vida y la salud del señor nombre reservado, señalando que en caso de emergencia médica, el resultado probable sería su fallecimiento o graves secuelas. Destaca la ausencia de enfermeras, médicos residentes o permanentes, ambulancia para traslados urgentes y eficaces a centros asistenciales, así como de convenios con hospitales o clínicas y protocolos para emergencias, lo cual, según el recurrente, implica un peligro cierto para la vida y la salud del recurrente.

Agrega que se habían reservado horas de atención médica en la Clínica Santa María para el señor nombre reservado para el 11 de diciembre de 2024, habiéndose enviado correos a la señora nombre reservado de Gendarmería solicitando la coordinación del traslado, los cuales no fueron contestados. Indica que habiendo concurrido personalmente a la institución la respuesta obtenida fue que las horas deben ser solicitadas directamente por Gendarmería, lo cual a la fecha tampoco ha ocurrido. Señala que esta "completa indolencia y abandono" en relación con la salud del recluso no solo pone en peligro su vida, sino que causa un daño cierto a su salud al no atenderse debidamente patologías graves y en continuo agravamiento, lo que afecta otros derechos humanos esenciales más allá de la libertad ambulatoria, en contravención al artículo 2° del Decreto Supremo N°518 (Estatuto Penitenciario).

En su argumentación jurídica, el recurrente invoca el Decreto Supremo N°14, del 5 de agosto de 2010, del Ministerio de Salud, el cual en su artículo segundo establece el deber de protección hacia personas mayores de 60 años en un ELEAM y la obligación de trasladar a reclusos a un establecimiento apropiado si el lugar de residencia no cumple las condiciones adecuadas. Indica que el artículo 12 del mismo cuerpo legal exige que el establecimiento cuente con personal idóneo y suficiente para la atención integral de los residentes.

Respecto a la admisibilidad, señala que las horas médicas reservadas en la Clínica Santa María para el 11 de diciembre de 2024 eran con un médico internista (doctor nombre reservado), un neurólogo (doctor nombre reservado) y un otorrinolaringólogo (doctor nombre reservado), esperando derivaciones a otros especialistas para glaucoma o diabetes. A su vez, indica que a través de familiares del protegido tomó conocimiento de un tumor preocupante en imágenes que requeriría revisión urgente.

Relata que los correos enviados a la señora nombre reservado, encargada de coordinar el traslado, se enviaron el 9 y 10 de diciembre de 2024, y que la omisión de Gendarmería de no responder y no coordinar el traslado se considera un "primer hito cronológico" para el cómputo del plazo del recurso. Sin embargo, se enfatiza que la falta de atención médica, de diagnóstico preciso, de infraestructura y personal médico calificado, de ambulancia para emergencias y de protocolos, son conductas permanentes y continuas que justifican la interposición del recurso dentro del plazo legal.

Sostiene que la conducta de Gendarmería es ilegal o arbitraria, vulnerando el derecho a la vida y a la salud del señor nombre reservado, garantizados por el artículo 19 números 1 y 9 de la Constitución Política de la República, conducta que contradice normas legales y tratados internacionales ratificados por Chile con rango constitucional, conforme al artículo 5° de la Constitución, entre los cuales se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores de 2015 (ratificada por Chile en 2017), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica, especialmente sus artículos 5 y 25.

En síntesis, según el recurso, Gendarmería de Chile ha vulnerado gravemente los derechos constitucionales del recurrente a la vida y a la integridad física o psíquica, así como al derecho a la protección de la salud, al no asegurar su traslado a un centro de salud para evaluaciones médicas urgentes, al no solicitar por iniciativa propia dichas horas médicas, al no disponer de personal médico suficiente ni infraestructura adecuada en el centro de reclusión, y al carecer de ambulancias y protocolos para actuar eficazmente en caso de emergencias médicas.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a Gendarmería de Chile adoptar las siguientes medidas:

1. La elaboración de protocolos para casos de urgencias médicas que incluyan aviso oportuno a la familia y posibilidades de traslado expedito a un centro de salud con recursos e infraestructura necesarios, celebrando convenios con hospitales institucionales, centros de salud cercanos u otras entidades.

2. Dar estricta aplicación, en lo pertinente y al interior del nombre reservado, a las disposiciones del Decreto Supremo N°14, de 2010, del Ministerio de Salud, sobre establecimientos de larga estadía del adulto mayor, al constituir, en la práctica, un centro de residencia de adultos mayores de tercera y cuarta edad.

3. Disponer la realización, en el más breve plazo, de un chequeo médico completo a nombre reservado, orientado especialmente a los aspectos neurológicos, al estado de su diabetes, a la situación de ceguera derivada de glaucoma, al tumor en la zona genital y a toda otra circunstancia médicamente relevante que exija una evaluación completa y oportuna, solicitando las horas médicas directamente o coordinándose con los familiares del recluso, y que los resultados de dicho chequeo médico deberán formar parte de una ficha clínica del recluso, actualizada mensualmente y disponible para emergencias.

4. Adoptar las medidas necesarias para contar en el recinto penitenciario con un médico y enfermeras suficientes de forma permanente para atender los requerimientos de los internos de la tercera edad.

5. Contar con una o más ambulancias disponibles y acordes a la cantidad de reclusos adultos mayores, que garanticen un traslado inmediato y expedito a un centro de salud, para no poner en riesgo su salud o su vida por el retardo de tales traslados, y 6. Trasladar al paciente a dependencias que reúnan las condiciones adecuadas para el cuidado de la vida y salud del recluso, en tanto no se mejoren las condiciones de infraestructura y personal de salud del nombre reservado.

SEGUNDO: Que la recurrida evacúo informe alegando la incompetencia e idoneidad de la acción de protección, argumentando que no es la vía adecuada para impugnar los asuntos planteados por el actor.

Sostiene que la acción de protección ha sido concebida como un mecanismo de emergencia para brindar tutela rápida y eficaz a determinados derechos básicos frente a violaciones o atropellos manifiestos. No obstante, se considera que no es la vía idónea para conocer asuntos de lato conocimiento, como los que presenta el recurrente, cuya resolución implica dilucidar discusiones jurídico-administrativas que aún son objeto de investigación y que, incluso, podrían tener un carácter penal. Por consiguiente, aduce que el problema sometido al conocimiento de esta Ilustrísima Corte no es verificable mediante una acción de protección, dado que las "críticas" al actuar de Gendarmería de Chile se basan en supuestos que no han sido comprobados en la vía administrativa ni penal. Por ello, solicita que la acción sea desechada por aspectos meramente formales.

Argumenta que la finalidad propia del recurso de protección es restablecer el imperio del derecho, reaccionando ante una situación anormal y evidente que atenta contra las garantías constitucionales. Sin embargo, enfatiza que no constituye un medio idóneo para discutir las “condiciones de ejecución” de una sentencia judicial ejecutoriada que dispone el ingreso para el cumplimiento de una pena privativa de libertad en una unidad particular.

Explica que el interno amparado cumple condena en el C.D.P. nombre reservado en virtud de una sentencia judicial dictada por un tribunal competente y que tiene efecto de cosa juzgada. Además, recalca que se encuentra recluido en un recinto penitenciario administrado por Gendarmería de Chile, el cual responde a su segmentación y no es un sitio clandestino de detención, sino un establecimiento creado por Decreto Supremo para tales fines y bajo la custodia del personal legalmente encargado.

Asevera que, si la parte recurrente pretende discutir las condiciones de encierro, un traslado de Unidad Penal, o las atenciones de salud recibidas, debe dirigirse al Juzgado de Garantía competente de acuerdo con el territorio jurisdiccional. Ello, en virtud de lo dispuesto en el literal f) del artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, que señala textualmente que corresponderá a los Jueces de Garantía "Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución". Bajo esta lógica, no existe competencia por la vía del amparo constitucional para discutir las condiciones de encierro o el informe de salud de un condenado, situación que, según Gendarmería, se discute diariamente en los juzgados de base en materia penal en virtud de la competencia fijada por el artículo citado.

En cuanto a los antecedentes del amparado, informa que nombre reservado cumple condena en el Centro de Detención Preventiva nombre reservado (ex Penitenciaría), con fecha de cumplimiento de condena el 22 de agosto de 2039, por una pena de 20 años por femicidio íntimo, más 3 años y 1 día por tenencia ilegal de arma prohibida. Estas penas fueron dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante, en la causa Rit: 150-2019, lo cual se ve reflejado en la ficha única de condenado que se adjunta al informe.

Respecto a la situación del protegido, Gendarmería señala que, tras solicitar los antecedentes al nombre reservado y revisar los informes en su sistema, y en contacto con la enfermería del penal, ha tomado los recaudos necesarios para brindar la atención primaria requerida al interno. Ha ejercido un constante monitoreo de salud por parte del personal de salud que allí trabaja, y se están brindando los medicamentos correspondientes a sus patologías de base, manteniéndose bajo control. Asimismo, informa que se recibió un informe de salud que detalla que el paciente adulto mayor presenta patologías de base anteriores a su ingreso. El informe médico describe al paciente como un adulto mayor con DMIR con insulina (10UI am y 8 UI PM) y metformina de 850 miligramos. También detalla observaciones de catarata bilateral, enfermedad de Alzheimer vs. demencia senil, hipoacusia degenerativa, y antecedente de laparotomía exploradora por obstrucción intestinal. Se menciona que el paciente fue evaluado por un psicólogo clínico, quien solicitó interconsulta a la especialidad de neurología en un hospital externo, cuya fecha y hora de confirmación están pendientes según la coordinación de salud regional.

En lo que concierne a las horas médicas adjuntadas por el recurrente, Gendarmería explica el procedimiento para las horas médicas costeada por el interno o sus familiares, indicando cómo deben ser gestionadas por el personal de salud de Gendarmería de Chile.

Sobre las medidas adoptadas por la administración del C.D.P. nombre reservado y Gendarmería, expone que el penal ha tomado las providencias necesarias, disponiendo de personal para la atención primaria de salud de todos los internos, incluyendo a los de avanzada edad. Actualmente, el C.D.P. nombre reservado cuenta con un médico contratado, dos enfermeras y cinco técnicos en enfermería (TENS), un psicólogo y un nutricionista. En caso de requerir atención de mediana complejidad, el interno es derivado al hospital penitenciario, ubicado al interior del mismo nombre reservado, por la enfermería de la unidad penal. Señala que el Hospital Penitenciario dispone de poli especialidades como medicina interna, cirugía, oftalmología, otorrino, odontólogo, kinesiólogo, traumatología, laboratorio de toma de muestras, ecografías y rayos X. Además, agrega que el Hospital Penitenciario deriva a los hospitales exteriores del sistema público de atención secundaria o terciaria según corresponda, y cuenta con una ambulancia institucional para salidas a hospitales.

Informa que, en caso de urgencia de salud con riesgo para la integridad física y psíquica de los internos, el penal cuenta con protocolos y un plan de contingencia. Informa que lo anterior implica el egreso inmediato del usuario desde el móvil institucional hacia el Hospital de Urgencias y Asistencia Pública (HUAP), siguiendo protocolos que sistematizan la actuación y derivación para resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Da cuenta que el protocolo se concuerda con la "Guía de Orientaciones Técnicas para el Buen Trato hacia las personas adultas mayores privadas de libertad" de 2023, y el flujograma de la Coordinadora Regional Metropolitana de Salud para casos de emergencia médica en unidades penales.

Aclara que los usuarios con horas agendadas en hospitales públicos por coordinación de Gendarmería egresan en un carro institucional con los debidos resguardos, ajustándose a los protocolos de seguridad de las comisiones de salida a hospital. Informa que en el caso de horas agendadas en hospitales o clínicas particulares, el protocolo de gestión requiere la coordinación de salud de Gendarmería, que solicita al Alcaide la autorización para la salida y la coordinación de custodias. Indica que en casos de mayor complejidad, se asesora el Consejo Técnico del Alcaide para evaluar y resolver. Luego, si la autorización es positiva, se informa al familiar para que pague la atención en la clínica privada y envíe un comprobante, solicitando luego una carta de respaldo a coordinación de salud regional para generar la salida.

Destaca que las horas de salida a controles agendados deben ser gestionadas “únicamente” por personal de Gendarmería con los hospitales respectivos, para evitar duplicidad de horas con las solicitadas por los parientes de los internos. Señala que dicha medida se implementó debido a la solicitud de horas adicionales por familiares, lo que generaba multiplicidad y duplicidad de salidas, dificultando el seguimiento y control por parte del personal de salud. Indica que las acciones de particulares causaron intromisiones y entorpecimiento en las labores de la administración penitenciaria, arrogándose funciones propias del personal de Gendarmería y establecidas por ley. Por lo anterior, el nivel central dictó el Oficio Ordinario N°1915, del 22 de septiembre de 2024, instruyendo que solo el personal del área de salud de Gendarmería y los funcionarios de enlace de los nosocomios agenden horas y coordinen salidas para maximizar la eficiencia. A su vez, la autoridad metropolitana de Gendarmería emitió el Oficio Circular N°494, del 11 de octubre de 2023, en armonía con lo instruido por la Dirección Nacional.

Respecto a la solicitud del recurrente de aplicar el Decreto Supremo N°14, de 2010, del Ministerio de Salud, sobre ELEAM, Gendarmería plantea que adherir a esta tesis tendría las siguientes consecuencias:

a) El Decreto Supremo detalla la creación, instalación y funcionamiento de los ELEAM, estableciendo en su artículo primero su ámbito de aplicación y en el artículo 2° su definición. Un establecimiento penitenciario jamás podría habilitarse para ello, ya que los ELEAM requieren autorización sanitaria y fiscalización, con requisitos como planos, certificado de recepción final, certificado de experto en prevención de riesgos o de Bomberos, certificación de condiciones eléctricas y de gas, y plan de evacuación. Además, deben cumplir con requisitos de planta física establecidos en decretos del Ministerio de Salud y reglamentos sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo, introduciendo normas de derecho laboral incompatibles con un establecimiento penitenciario.

b) La naturaleza de los ELEAM exige que los adultos mayores tengan una salud compatible con su permanencia. El artículo 3° prohíbe el ingreso de personas con alteraciones agudas graves o patologías que requieran asistencia médica continua. Si un residente desarrolla una enfermedad aguda, solo podrá permanecer si el establecimiento dispone de recursos humanos y equipamiento adecuado. En caso contrario, debe ser trasladado a un establecimiento apropiado. Esto sería impracticable sin incumplir el mandato judicial de ejecutar las sentencias privativas de libertad, ya que implicaría evaluar la "autovalencia" y el estado de salud general del condenado antes del ingreso.

c) En relación con el personal, los ELEAM con adultos mayores con dependencia psíquica o física severa requieren un auxiliar de enfermería (12 horas diurnas y uno de llamada en la noche) y un cuidador por cada siete residentes (12 horas diurnas) y uno por cada diez (turno nocturno). Para dependencia leve o moderada, se necesita un auxiliar de enfermería (dos horas diarias y de llamada 24 horas) y un cuidador por cada doce residentes (12 horas diurnas) y uno por cada veinte (turno nocturno). Para autovalentes, un cuidador por cada veinte residentes durante 24 horas. Se aclara que el concepto de "cuidador" no está en la planta de Gendarmería y no es asimilable a la labor del gendarme.

Concluye que lo anterior genera un gran inconveniente insalvable bajo la actual normativa, conforme a la legalidad del gasto y la imposibilidad material de ejecutar lo pretendido por la recurrente. Obligar a Gendarmería a disponer de un ELEAM para un solo sujeto de custodia implicaría preterir el principio de legalidad del gasto público y agredir el principio de igualdad. La provisión de atención de salud geriátrica específica requiere personal capacitado que Gendarmería no tiene en su planta, generando desatención de necesidades urgentes en la Región Metropolitana.

Indica que Gendarmería de Chile, según el Decreto Ley N°2859/79, es un servicio público del Ministerio de Justicia cuya finalidad es atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas detenidas o privadas de libertad. El régimen penitenciario es incompatible con privilegios o discriminación arbitraria, considerando solo diferencias exigidas por políticas de segmentación. Disponer una atención geriátrica tan especialísima sería una transgresión al principio de igualdad y un privilegio incompatible con la correcta resolución de una acción de protección.

Así, aun cuando el artículo 6 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece la obligación de velar por la vida, integridad y salud de los internos, Gendarmería ha actuado dentro del marco normativo y ha arbitrado las medidas para salvaguardar la vida e integridad física y psíquica de todos los sujetos de custodia. Se argumenta que ningún chileno, condenado, sujeto a prisión preventiva o en libertad, goza del privilegio de contar con atenciones de un ELEAM de forma gratuita.

Finalmente, señala que a partir del 1 de abril del año en curso, rige la nueva normativa de los ELEAM, el Decreto N° 20, que "Aprueba Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM)", el cual establece mayores exigencias y una forma de financiamiento que incluye percibir hasta el 87% de la pensión de los adultos mayores.

TERCERO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que el acto u omisión arbitrario e ilegal que el recurrente imputa a Gendarmería de Chile se encuentra circunscrito, en síntesis, a una deficiente gestión y cuidado de la salud del interno nombre reservado, lo cual estaría afectando de manera actual, así como futura, su vida y salud, pues no se le ha permitido acudir a horas médicas reservadas por su familia en centros privados de salud, estimándose que la infraestructura del nombre reservado, donde se encuentra recluido cumpliendo una condena de 20 años, es ineficaz e insuficiente para protegerlo, denunciando ausencia de enfermeras, médicos residentes o permanentes, falta de ambulancia para traslados urgentes y eficaces a centros asistenciales, así como convenios con hospitales o clínicas y protocolos para emergencias, requiriendo que el CDP donde se encuentra recluido el protegido cumpla con los requisitos de un ELEAM (establecimiento de larga estadía de adultos mayores).

QUINTO: Que de conformidad a lo informado por Gendarmería de Chile, y teniendo en cuenta la normativa que rige a dicha institución, es claro que las horas médicas de internos para ser atendidos en centros privados de salud, y por ende externos a la institución penitenciaria, deben ser gestionados o coordinados a través de Gendarmería, por aspectos propios de administración penitenciaria, así como por razones de un adecuado y eficaz uso de los recursos físicos y humanos, toda vez que aquello redunda en la necesidad de adoptar medidas de seguridad y de transporte para el traslado de internos, existiendo en la actualidad normativa interna que justamente regula aquello, constituida por el Oficio Ordinario N°1915, del 22 de septiembre de 2024, de la Dirección Nacional, y el Oficio Circular N°494, del 11 de octubre de 2023, de la Dirección Metropolitana.

SEXTO: Que, por otro lado, de acuerdo a lo señalado por la recurrida, en la actualidad el C.D.P. nombre reservado cuenta con instalaciones, procedimientos y profesionales para atender las enfermedades y patologías de los internos, pudiendo actuar en casos de urgencias, y, de ser necesario, ordenar su traslado a centros de salud externos, sin que en el recurso se dé cuenta de que el protegido haya tenido episodios de gravedad que haya motivado su urgente traslado a centros de salud externos, o que actualmente él se encuentre en estado crítico de salud, reportándose únicamente que padece de una serie de enfermedades que si no son tratadas de manera adecuada potencialmente podría afectar su salud, y eventualmente su vida, patologías que la institución indica están controladas médicamente por los profesionales de la salud propios del centro penitenciario.

SÉPTIMO: Que a su vez, y teniendo especialmente en cuenta la naturaleza y finalidad de la acción de protección, no resulta posible atender por esta vía las exigencias planteadas por el recurrente en cuanto a que el C.D.P. cumpla con las exigencias de los ELEAM (establecimiento de larga estadía de adultos mayores), pues aquello excede la finalidad de esta acción cautelar, encontrándose su implementación sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en la normativa sectorial, así como al empleo de recursos financieros, lo cual debe efectuarse al amparo del principio de legalidad en el gasto público, y de acuerdo a los procedimientos ordinarios de gestión institucional.

OCTAVO: Que así entonces, conforme a todo lo anteriormente razonado, el recurso de protección será desestimado, pues no ha sido posible verificar una actuación u omisión ilegal o arbitraria por parte de Gendarmería de Chile en lo que dice relación con los cuidados y atenciones médicas del protegido, sino que por el contrario, como lo informó la institución, actualmente el interno recibe atenciones de salud para atender sus diferentes patologías de acuerdo a los protocolos, procedimientos, medios y recursos institucionales disponibles, en las instalaciones hospitalarias del reciento, debiéndose gestionar y coordinar previamente con Gendarmería cualquier intención familiar de que se le preste atención médica fuera del recinto penitenciario, conforme a los procedimientos existentes al efecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado, deducido en contra de la nombre reservado de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

Protección – Rol N°795-2025.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, e integrada, además, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.