nombre reservado con 2° TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE SANTIAGO.

Santiago, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Primero: Que el abogado don Daniel Humberto Gutiérrez Orlandi, dedujo el recurso en contra el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, manifestando que por medio de actos arbitrarios e ilegales ha perturbado su derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la defensa, toda vez que le ha impedido asumir la defensa del imputado en causa Rit O-427-2018, seguida ante ese tribunal.

Señala que en dicha causa, en la audiencia de preparación de juicio oral, asumió la defensa de nombre reservado, imputado por el delito de robo con intimidación y luego delegó poder en el abogado Yordan Toledo Abarca, con quien acordó que asistiría a la audiencia de juicio y a quien pagó honorarios por ello.

No obstante, llegado el día de la audiencia, no se presentó, lo que motivó que se declarara abandonada la defensa, se oficiara la Defensoría Penal Pública para que la asumieran y se fijó audiencia para el 3 de enero del 2019, para discutir la aplicación de sanciones a los abogados que no comparecieron al juicio.

El 24 de Diciembre del 2018, presentó un escrito justificando su inasistencia porque asistió a su hija Trinidad, de 10 años, quien había sido picada por un insecto, por lo que estuvo junto a ella toda la noche del 18 al 19 de diciembre del 2019, pues se temía que fuera una picadura de araña de rincón. Esta situación fue analizada en la audiencia de 3 de Enero del 2019, ocasión en que los jueces consideraron justificada su inasistencia y no lo sancionaron. El abogado Yordan Toledo, fue suspendido en el ejercicio de la profesión por 15 días y se mantuvo la designación de la Defensoría Penal Pública, para que represente al imputado Guerra.

Señala que al día siguiente, esto es, 4 de enero del 2019, presentó nuevo patrocinio y poder, acompañando mandato judicial otorgado por el imputado, pero el tribunal resolvió que habiendo oído los audios de audiencia celebrada el 19 de Diciembre del 2018, consta que se declaró abandonado la defensa, por lo que los abogados Gutiérrez Orlandi y Toledo Abarca, no podrán ejercer nuevamente en ese juicio. Presentó un recurso de reposición, toda vez que no fue sancionado y, en los hechos, esta imposibilidad de comparecer en el juicio es una sanción, que no tendría justificación. El tribunal lo rechazó, expresando que el 7 de Enero no se dictó una resolución, sino una certificación, que no es susceptible de recurso.

Señala que estos actos vulneran el derecho contenido en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política, toda vez que el imputado nombre reservado, ha manifestado su voluntad de contar con la defensa jurídica que él le entregue y no ha revocado el mandato judicial otorgado el 17 de Agosto del 2018. También se vulnera el derecho a la libertad de trabajo y su protección, pues se le impide ejercer y actuar en la causa, por lo que pide que se deje sin efecto la medida tomada, que se prohíba al tribunal incurrir en ninguna vía de hecho que le impida ejercer la libertad de trabajo y que se decreten todas las medidas pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, condenándosele en costas.

Segundo: Que el informe del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo suscribe el juez titular Mauricio Rettig Espinoza, quien afirma que las resoluciones dictadas no son ilegales ni arbitrarias, por las razones que expresa.

Se refiere a la tramitación de la causa O-427-2018, seguida ante el tribunal, haciendo el mismo relato que el recurrente, agregando que la audiencia de juicio oral de 19 de diciembre de 2018, que no se pudo llevar a cabo por la inasistencia del abogado de la defensa, era la segunda audiencia fijada. El imputado estaba con medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, letras c) y g), y atendido el delito por el que fue acusado, arriesgaba una pena de cumplimiento efectivo. Señala que en dicha audiencia se declaró el abandono de la defensa y se fijó la audiencia del 3 de Enero del 2019 para discutir la aplicación de una sanción.

En esta audiencia el abogado señor Toledo Abarca, se excusó señalando que se generó un mal entendido porque no recibió un correo electrónico con la información de la transferencia de fondos hecha por el abogado Gutiérrez Orlandi, por lo que no se sintió obligado a concurrir ir a la audiencia de juicio para la que había sido contratado. En el caso del abogado recurrente, dijo que en realidad nunca tuvo contemplado asistir al juicio, ya que su estudio tiene más de sesenta audiencias al mes, por lo que suele delegar muchas de ellas. Además, tuvo un inconveniente con su hija, pues debió llevarla a una atención de urgencia, como justificó. Por ello no lo sancionó, pero sí al abogado Toledo Abarca.

Con fecha 4 de Enero del 2019 el recurrente presentó nuevo patrocinio y poder, acompañado el mismo mandato judicial suscrito el 17 de Agosto del 2018 por el imputado Guerra, emitiéndose un certificado por la encargada de causas, que señala se declaró abandonada la defensa en audiencia del 19 de Diciembre del 2018, por lo que no puede ejercer nuevamente en esta causa. Luego, el tribual dictó resolución en la que señala que atendido el abandono de la defensa decretado en audiencia del 19 de Diciembre del 2018 y el certificado antes referido, no ha lugar al patrocinio y poder otorgado al recurrente.

El recurrente presentó recursos de reposición contra la certificación del 7 de Enero, la que fue rechazada por improcedente. En cuanto al recurso de reposición presentado contra resolución del 9 de Enero, fue rechazada porque se declaró abandonada la defensa y sin perjuicio que no se le sancionó, el tribunal considera que el profesional no tomó los resguardos pertinentes para que el acusado no quedara en la indefensión.

Refiere que con fecha 15 de Enero del año en curso, la Defensoría Penal Pública solicitó se citara a una audiencia de cautela de garantías, ya que le imputa al recurrente una falta de defensa técnica al no ofrecer en la audiencia preparatoria de juicio oral, prueba esencial para la defensa, que consiste en la declaración de un testigo y que constaba desde el inicio de la investigación, pues declaró en la fiscalía según consta en la carpeta investigativa. Agregó la Defensoría Penal Pública, que este hecho evidencia un profundo desconocimiento del derecho procesal penal por parte del abogado Daniel Gutiérrez Orlandi y genera la absoluta indefensión del acusado nombre reservado. Solicitó se remitan los antecedentes al Segundo Juzgado de Garantía y discutir allí la posibilidad de dar aplicación al artículo 278 del Código Procesal Penal, a lo que se negó lugar por cuanto no existen elementos que justifiquen una nulidad de lo actuado ante el Tribunal Oral, ni menos ante otro tribunal, ya que carece de competencia para ello.

Agrega que la resolución que declaró abandonada la defensa y decretó que no podría litigar nuevamente en ese juicio, no fue objeto de recurso alguno y por lo demás, fue una decisión basada en el mandato explicito contenido en el artículo 286 del Código Procesal Penal. En conformidad a lo dispuesto en los artículos 106, inciso final, 269 y 286, inciso segundo, del Código Procesal Penal, se desprende inequívocamente que una vez declarada el abandono de la defensa por el tribunal, la representación del acusado debe ser asumida necesariamente por un abogado distinto de aquel, ya sea un defensor penal público o privado. En razón de lo dicho, ninguna de las decisiones adoptadas puede ser calificada de ilegal o arbitraria.

Tercero: Que lo pretendido por el recurso es que se deje sin efecto la resolución judicial que rechazó su petición de constituirse como mandatario judicial de un acusado respecto del cual se declaró el abandono de la defensa que asumió con anterioridad, por no haber comparecido a la audiencia de juicio. Es decir, el recurrente haciendo caso omiso de tal decisión, pretende asumir nuevamente dicho cometido, el que, por demás, actualmente está a cargo de la Defensoría Penal Pública. Desde luego, se trata de una cuestión por completo ajena a la naturaleza jurídica del presente recurso, que en modo alguno puede entenderse como el medio idóneo para dejar sin efecto una resolución judicial.

Sin perjuicio de lo dicho, se debe tener también en consideración que el argumento, consistente en que por no haberse impuesto sanción al recurrente por la falta cometida, era posible que compareciera nuevamente al juicio, resulta inadmisible, puesto que no se discute que no concurrió a la audiencia y tampoco procuró la asistencia de un defensor, siendo suya la responsabilidad de hacerlo. Es indiscutible así, que concurre el supuesto legal para hacer la declaración que el tribunal formuló, siendo cosa distinta que admitiéndose la excusa dada no se haya impuesto la sanción que tal falta trae aparejada. Esta existió y no resulta posible que el infractor sea aceptado para un cometido que en su momento no cumplió cabalmente, pues su alegación que había delegado el mandato recibido, no basta para entender que no le cupo responsabilidad en lo sucedido.

Desde otro punto de vista, tampoco resultan procedentes sus alegaciones sobre la vulneración de derechos constitucionales, pues respecto del primero, relativo al derecho a la defensa jurídica, cabe tener en consideración que de conformidad al texto constitucional, no se encuentra comprendido dentro de aquellos que hacen procedente este recurso. En cuanto a la libertad de trabajo, nunca lo resuelto por el tribunal, actuando en uso de sus facultades y cumpliendo un mandato legal, podría entenderse como una afectación a este derecho.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don Daniel Humberto Gutiérrez Orlandi, en contra del Segundo Tribunal de Juicio Oral de esta ciudad.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del ministro Carlos Gajardo Galdames.

Protección N° 7944-2019 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, conformada por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare y el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.