nombre reservado con nombre reservado

Santiago, tres de abril de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 3 de noviembre del año pasado comparece el abogado don Juan Luis Collao Carvajal, quien en representación y en favor de don nombre reservado deduce acción de protección en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Subsecretaria de Prevención del Delito, argumentando, en síntesis, la ilegalidad y/o arbitrariedad del Decreto Exento N° 119302/212/2018, de 3 de octubre de 2018, que puso término a su contratación a honorarios, estimando que tal actuación amagó sus garantías constitucionales reconocidas en los numerales 2°, 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente se desempeñó como Coordinador del Centro de Ayuda de Víctimas de Cauquenes y que a través de correo electrónico de 9 de junio de 2016 denunció actos de discriminación efectuados en su contra en razón de su discapacidad física visual evidente y de acoso laboral por parte de compañeros de trabajo. Refiere que con posterioridad a dicha denuncia se ordenó instruir sumario administrativo en su contra, por acusaciones realizadas por un grupo de profesionales del Centro y que tras formulársele cargos, fue en definitiva absuelto de todos ellos.

Añade que respecto de la denuncia presentada por su parte no se inició investigación y que los hechos en cuestión le provocaron una angustia y una sensación de inseguridad permanente, puesto que además de tener que superar su discapacidad, ésta se vio exacerbada con los actos de discriminación y el constante asedio y abuso realizado por sus compañeros.

Indica que el Programa de Apoyo a Víctimas, lo re victimizó al exponerlo nuevamente a personas que ya habían vulnerado sus derechos y ante los cuales no se tomó ninguna medida más que desvincularlos junto a él por el cierre del Centro con fecha 4 de octubre de 2018, decisión que por lo demás dejó sin cobertura jurídica, social y psicológica a las comunas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue y Curanipe.

Sostiene que el cierre del Centro es una manifestación clara de que son otras las verdaderas motivaciones de la recurrida para desvincular al recurrente del mismo, siendo éste el acto culmine de arbitrariedad y hostigamiento, constituyéndose en una sanción aplicada sin debido proceso y argumentando vagamente elementos que no se ajustan a la realidad, pues el organismo se encontraba operativo y atendiendo de forma integral a numerosas víctimas.

Continúa señalando que, al no permitir su defensa, ni el debido proceso ante la destitución de la que fue objeto y al actuar como un órgano con potestad jurisdiccional sin gozar de dicha facultad, la recurrida se convirtió en una verdadera comisión especial y no observó las reglas más básicas del debido proceso, pues se trató de un procedimiento sancionatorio, en que se esgrimieron causales que no son el verdadero motivo de la destitución del recurrente.

Finalmente, impugna que no existe ningún verdadero fundamento racional, objetivo y explícito en la resolución recurrida, respecto a los motivos por los que se cerró el Centro de Cauquenes y que, no existiendo tales razones, mucho menos puede sustentarse ni justificarse la destitución arbitraria de la que el recurrente habría sido objeto.

Solicita, en definitiva a esta Corte, que se acoja el presente arbitrio y se ordene dejar sin efecto el acto impugnado, así como también todo otro posterior, que suponga la validez del anterior; se restituya al recurrente en su cargo o en otro equivalente; y se dicten las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar la protección que se invoca, con costas;

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 6 de noviembre del año pasado se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida;

TERCERO: Que informando doña nombre reservado, Subsecretaria de Prevención del Delito, en representación de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitó el íntegro rechazo del presente recurso de protección, con costas.

Expone, en lo pertinente y de manera preliminar, la falta de legitimación pasiva de la institución, por cuanto el acto impugnado fue dictado por el Ministro de Interior y Seguridad Social.

En cuanto al fondo, sobre el vínculo a honorarios, señala que tal relación se regula por el respectivo contrato y que no le son aplicables las disposiciones legales del Estatuto Administrativo.

Reconoce la investigación sumaria iniciada a instancia del recurrente y expresa que ella no tuvo ninguna relación con la decisión impugnada por esta vía, puesto que el cese del convenio de honorarios obedeció a criterios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, y a razones objetivas e idóneas que no tienen que ver con caprichos irracionales, sino con necesidades del servicio y de la comunidad a la que se sirve, ya que se determinó durante el año 2018 cerrar el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos de la comuna de Cauquenes, debido a que presentaba un bajo volumen de demanda y un costo altísimo para la institución, lo que de ninguna manera significará dejar de brindar este tipo de asistencia a la comunidad.

Expresa que la decisión anterior significó el despido o renuncia voluntaria de todos los funcionarios adscritos al Centro en referencia, manteniéndose solo una secretaria que cumple labores de comunicación y coordinación con los demás CAVD de la región.

Hace presente al concluir que, por lo demás, el propio contrato a honorarios previó la posibilidad de poner término anticipado al mismo, sin expresión de causa, lo que en todo caso en la especie no ocurrió, puesto que, como se ha dicho, dicha determinación se fundó en la escasa demanda que presentaba el Centro en que el recurrente se desempeñaba;

CUARTO: Que con fecha 2 de enero de dos mil diecinueve se trajeron finalmente estos autos en relación. El 13 de marzo del año en curso se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados de la recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SEXTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que habiendo alegado la autoridad recurrida, la falta de legitimación pasiva respecto de la acción cautelar impetrada, deberá indudablemente otorgársele razón respecto a tal moción.

En efecto, la decisión administrativa que impuso el efecto que se impugna por esta vía -término del contrato a honorarios-, no fue adoptada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, sino por Ministerio del Interior y Seguridad Pública en uso de las facultades legales que le son propias, a través del Decreto Exento N° 119302/212/2018, de 3 de octubre de 2018, de modo que esa sola constatación amerita desestimar, por ese solo hecho, el recurso en análisis respecto de la recurrida;

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, atendido que la acción constitucional de protección posee un carácter eminentemente cautelar del legítimo ejercicio de derechos fundamentales, esta Corte estima pertinente de todos modos reflexionar acerca de la denuncia de ilegalidad y arbitrariedad del acto en contra del cual se recurre.

En este escenario, aparece pertinente destacar, en primer lugar, que todas las acusaciones de supuestos actos de discriminación que se enarbolan en la presentación en que se deduce el arbitrio en análisis, al igual que cualquier refutación que diga relación con la decisión de cierre del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos de la comuna de Cauquenes, no son objeto de tutela por esta vía, dado que el acto recurrido es únicamente el Decreto Exento N° 119302/212/2018, de 3 de octubre de 2018, que puso término al contrato de honorarios que vinculó a don nombre reservado con la Subsecretaría de Prevención del Delito;

NOVENO: Que, enseguida, en cuanto al fondo de la materia que suscita el impasse que es objeto de análisis, conforme es posible colegir del mérito de los antecedentes allegados al proceso, lo cierto es que la recurrida ha justificado la actuación que se acusa ilegal y arbitraria en la facultad que le reconoce a la autoridad que dictó el Decreto Exento N° 119302/212/2018, el propio contrato de honorarios, a la luz del artículo 11 del DFL N° 29/2004, del Ministerio de Hacienda, y en el hecho de que la decisión obedeció a una mera consecuencia de la resolución de cerrar el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos de la comuna de Cauquenes, en que prestaba servicios el recurrente.

La cláusula Vigésima Segunda del aludido contrato a honorarios indica, en relación al término anticipado del mismo, que las partes convienen en que el “operará en forma pura y simple, sin necesidad de aviso previo, debiendo notificarse por escrito a la parte afectada, por razones de buen servicio, indicándose en dicha comunicación la fecha a partir de la cual los servicios dejaran de prestarse”.

Por su parte, la citada disposición legal señala, en lo pertinente: “… se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

A su turno, el Decreto Exento N° 119302/212/2018 justifica la decisión de poner término anticipado al convenio a honorarios a suma alzada de marras, en las siguientes circunstancias: “2) Que, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha determinado cerrar el aludido Centro, debido a su bajo volumen de demanda, el costo altísimo que genera para la Institución y a que, su cierre no implica en caso alguno dejar de prestar asistencia a los usuarios del mismo, atendida la factibilidad de que, sin afectar la calidad de la intervención, esta sea brindada por profesionales de los otros tres centros existentes en la región, garantizando de este modo, la continuidad y eficiencia del servicio público, adecuándolo a los requerimientos efectivos de sus usuarios y a las necesidades efectivas de la localidad; 3) Que la cláusula vigésimo novena del mencionado contrato dispuso que: “Las partes convienen que el eventual término anticipado del presente contrato de prestación de servicios operará de forma pura y simple, sin necesidad de aviso previo…” ;

DÉCIMO: Que, así las cosas, resulta ser que a través de la información proporcionada a esta Corte, han resultado acreditados los supuestos fácticos y jurídicos que autorizaron al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para poner término al convenio de honorarios del recurrente, situación por la que deberá necesariamente desestimarse la acción constitucional en análisis, ya que en el escenario anteriormente definido, ciertamente no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna, toda vez que el acto denunciado se encuentra amparado por la ley del contrato -conforme a las estipulaciones del mismo- y por el artículo 11 del DFL N° 29/2004, del Ministerio de Hacienda; y dado que no ha sido el capricho el motivo por el que se adoptó la decisión impugnada, sino el hecho cierto de que a través del Decreto Exento N° 1719, de 26 de julio de 2018, se aprobó la resciliación del convenio suscrito entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Gobernación de Cauquenes, lo que significó el cierre del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos de la comuna de Cauquenes en que prestaba servicios don nombre reservado;

UNDÉCIMO: Que, por lo demás, ya existe pronunciamiento judicial anterior, firme y ejecutoriado, que declaró la suficiencia de la motivación que justificó el término del contrato a honorarios en comento.

En efecto, en los autos Ingreso Corte N° 78.230-2018, se estimó que el mismo fundamento que se esgrime en el acto que ahora se revisa, para poner término anticipado a la contrata de otra de las personas que prestó servicios en el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos de la comuna de Cauquenes, bastaba a efectos de otorgarle sustento fáctico, sentencia que fue confirmada sin modificaciones por la Corte Suprema con fecha 26 de marzo pasado;

DUODÉCIMO: Que en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Juan Luis Collao Carvajal, en favor de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Subsecretaria de Prevención del Delito, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 79.270-2018.- No firma la Ministra señora Plaza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por los Ministros señora Maritza Villadangos Frankovich y don nombre reservado.

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