nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Santiago, tres de noviembre dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que a fojas 4 comparece don Felippo Rossi González, abogado, en representación de doña nombre reservado, técnico, deduciendo recurso de protección contra el Instituto Nacional de Estadística, representada por doña nombre reservado, ingeniero comercial, y nombre reservado, jefa del departamento Gestión de Personas, exponiendo que en diciembre de 2006 comenzó en la Institución haciendo su práctica profesional de técnico a nivel medio en administración, hasta fines de abril de 2007, aproximadamente, obteniendo una calificación de un 7,0 evaluación de la jefa del Subdepartamento de Abastecimiento. La llamaron a trabajar como secretaria del proyecto VI Encuesta Nacional del Empleo, con contrato a honorarios asimilado a grado 20, en mayo de 2007, y en febrero de 2009 desde la Subdirección Administrativa para trabajar en la Secretaría del Departamento de Gestión Administrativa, cambiando a técnico a contrata grado 18.

En 2010, se le aumentó el grado a técnico contrata grado 16 y luego de una reestructuración del organigrama en 2011 pasó a ser Secretaria del Departamento de Logística y Servicios, donde estuvo hasta abril de 2012, pues salió con pre y post natal, reincorporándose en diciembre de ese año. Por su desempeño se le asignó nuevas funciones en el Subdepartamento de Servicios, a cargo de don nombre reservado, quien en febrero de 2013 y debido a la renuncia del jefe del área de vehículos, junto a doña nombre reservado y el subdirector de la época don nombre reservado, le pidieron hacerse cargo de esa área. A mediados de 2014 fue destinada a la Subdirección de Operaciones, específicamente en la Encuesta Nacional del Empleo, donde se desempeñó como apoyo en la Coordinación y Administración de Recursos.

El acto recurrido es que se le ha despedido señalando que no son necesarios sus servicios, lo que es falso, por lo antes dicho, aparte que es de público conocimiento que el cargo a contrata nace en el momento que se necesita un servicio. Por eso carece de fundamento la forma de término de su contrato debido a que el presupuesto se aprobó con un año de anticipación y por consiguiente fondos existen hasta fin de año, además que su cargo en el área INE no es suprimido sino que se mantiene y lo suple otro compañero de labores. Esto hace que se trate de un despido arbitrario e ilegal.

De acuerdo al Oficio Circular 44/12 firmado entre la Ministra del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, la no renovación de una contrata debe hacerse por motivos fundados y bajo criterios objetivos. Posteriormente esta Circular viene siendo renovada año a año por las autoridades, de modo que la Circular 35 del Ministerio de Hacienda, restringe la forma de poner término anticipado a una contrata y la no renovación del mismo por argumentos objetivos y en base a un buen desempeño en la institución.

En esta misma línea la Presidenta de la República modifica el Código de Buenas Práctica del Servicio Público, creado en 2006, agregando nuevos ejes centrales y uno de estos ha sido el término anticipado de una contrata, solicitando que sea de manera argumentada y fundada, materializándose a través del instructivo 01 de 26 de enero de 2015. También la Presidenta dejó como órgano encargado de velar por dicho cumplimiento al “Servicio Civil”, que a petición de la Presidenta dictó el Of. Ord 743 de 27 de marzo de 2015 que controla y restringe los “egresos” en base a principios como dignidad y fundamentos del por qué es su desvinculación.

En consecuencia, la Resolución 159/1580 de 31 de julio de 2015, notificada por carta certificada de 3 de agosto de 2015, vulnera las garantías del artículo 2° del artículo 19 de la Constitución Política. Aduce que si bien el trabajador a contrata es de carácter temporal, su permanencia en el cargo no puede depender del mero capricho de la autoridad, sino que debido a un esquema de antigua data de la administración pública, donde no tienen cabida en calidad de titulares el número adecuado y necesario de funcionarios que permitirían una labor eficiente del aparato del Estado, es por necesidad y costumbre, no contraria a la ley, sino acorde con ella, que se ha venido utilizado racionalmente el sistema de funcionarios a contrata. Advierte también sobre la base de la hermenéutica de los artículos 19 y 24 del Código Civil, que no puede desatenderse las características de contrato de trabajo que tienen las convenciones que ligan a los recurrentes con la administración del Estado, aun cuando sean contratos especiales regidos por el Estatuto Administrativo. Y precisamente dados estos caracteres de contrato de trabajo del vínculo que se pretende deshacer, que los derechos en él contenidos son los que permiten al trabajador procurarse el sustento de él y su familia, núcleo fundamental de nuestra sociedad.

Cita la norma, según la cual los contratos deben ser ejecutados de buena fe, entre otras del derecho común.

La ilegalidad del acto también la hace consistir en faltar a la Ley sobre Procedimientos Administrativos, 19.980, en la cual se acoge el principio de transparencia y publicidad de tales actos.

También considera afectado el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, derecho de dominio que recae sobre el bien incorporal constituido en la especie por su derecho personal o crédito que lo habilita para exigir el cumplimiento de la obligación. Derechos a ejercer la función para la se ha sido designado y a obtener la retribución que por ello se ha pactado. Al punto, cita los artículos 583, 576 y 578 del Código Civil.

Pide, finalmente, como consecuencia de acogerse el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución 158/1580 de 31 de julio de 2015, se le reintegre a sus funciones de manera inmediata, se le cancelen todos los meses no trabajados, en el evento de no concederse la orden de no innovar ( que fue denegada), todo con costas;

2°) Que, a fojas 63 evacua informe doña nombre reservado por la recurrida el Instituto Nacional de Estadísticas. Observa primeramente que el representante legal del INE es el Director Nacional (Ley Orgánica del Instituto). Respecto al fondo de la cuestión, expresa que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”. No dice relación con la disponibilidad presupuestaria. Acerca de que el cargo no es eliminado o suprimido, indica que las funciones desempeñadas por la recurrente hasta el día 3 de agosto de 2015, no corresponden bajo ninguna circunstancia a un cargo creado por la autoridad superior de este servicio en el ejercicio de sus funciones, por lo cual no corresponde su supresión o eliminación. Los servicios de la recurrente no eran necesarios atendido a que las funciones de la Unidad de Administración y Coordinación Regional del Departamento de Estadísticas Hogares en la que se desempeñaba, no justificaban en ese momento y no justificarían tampoco ahora, la cantidad de personas que se encontraban realizando una misma labor, por lo que se decidió poner término anticipado a la designación a contrata de dos funcionarios, decisión para la que se tuvo en consideración el menor tiempo que la recurrente se desempeñó en la Unidad, según da cuenta la nota técnica de 15 de julio de 2015.

En cuanto a los oficios circulares y el instructivo de “Buenas prácticas”, hace presente que dichas normas no constituyen un instrumento obligatorio, sino más bien obedecen a recomendaciones o directrices de conducta.

Agrega que el recurso no señala de qué forma se estaría afectando su garantía de igualdad ante la ley y confunde dicha garantía con la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que atribuye al acto. Dice que el Estatuto Administrativo es claro cuando señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución, por lo que le llama la atención que invocando la norma del inciso primero del artículo 19 del Código Civil, desatienda el tenor literal de esta norma del Estatuto Administrativo (Artículo 3°). Las constantes prórrogas a que alude el recurso no confieren un carácter distinto a la contrata, sino que viene a reafirmar su transitoriedad.

Sobre la afectación del derecho de propiedad. Los funcionarios a contrata carecen de la propiedad sobre el empleo que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares (Artículo 4° del E. Adm.).

Razonando sobre la ilegalidad o arbitrariedad del acto según el recurrente, señala que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Servicio, establece que “Corresponderá al Director determinar la estructura interna del Instituto, para lo cual podrá crear, modificar o suprimir dentro del Instituto todas las unidades de trabajo que estime convenientes determinando sus funciones y líneas de dependencia”. Menciona asimismo, las funciones que el Reglamento (Decreto 1062 de 1970 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción) señala corresponder al Director Nacional del servicio.

Los empleos a contrata, citando ahora el artículo 10 del Estatuto Administrativo –dice- durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiese sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. Luego se extiende en relación con el carácter vinculante que tiene la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República para los organismos de la Administración del Estado, conforme la cual expresa que la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, sin que para ello se requiera una especial fundamentación o la aceptación del funcionario.

Referente a la Ley 20.766 sobre Procedimiento de Toma de Razón y Registro Electrónico, expone que la Contraloría, acorde el artículo 10 A agregado por ella a su Ley Orgánica, dictó la Resolución N°554 de 2014 que somete a una serie de decretos y resoluciones relativos a materia de personal al “Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado, Toma de Razón Automática”, entre estos actos el “Término anticipado por cualquier causa de designaciones a contrata”, siendo el INE una de las instituciones públicas que queda sujeta a este sistema de acuerdo al Artículo Primero Transitorio.

Añade que en todo caso, no es operativamente posible incluir en los formatos de actos administrativos que disponen el término anticipado de una contrata, una glosa que permita a la autoridad explayarse a ahondar en consideraciones que se han tenido en cuenta para dictar el acto. Indica un correo electrónico que da cuenta de esta imposibilidad, pero indicando también, que para fines de septiembre se habilitará el campo abierto “Considerandos”; el cual permitirá incluir toda la información anexa que estime conveniente consignar (sic)”.

En cuanto al principio de transparencia contemplado en el artículo 16 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, argumenta que el inciso segundo de este artículo establece el carácter subsidiario del mismo, por lo que habiendo una norma especial debe ésta prevalecer y al respecto, plantea que esa normativa especial radica en la interpretación práctica que hace la entidad de control del carácter transitorio de la designación de una persona en calidad de contrata, es de carácter obligatorio para la administración; y por tanto constituye una regla especial que faculta a la misma, en aquellos casos en que haya sido incorporada la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, para excluir del acto mismo, tanto su fundamentación como la expresión de sus motivaciones. Argumenta, que nada de esto significa que el acta no tenga fundamentación, la que queda recogida en la documentación que maneja el área encargada de la gestión del personal del instituto. Explica que en cumplimiento de las obligaciones que le impone el cargo al Director, según expuso, debiendo velar, entre otros por el cumplimiento de las funciones del instituto, y habiendo tenido además en consideración los principios de eficiencia y eficacia que deben regir el actuar de la administración, estimó que los servicios de la recurrente no eran necesarios. Ella se desempeñaba en la Unidad de Administración y Coordinación Regional, del Departamento de Estadísticas Hogares, el cual funcionaba, según nota técnica, con 9 personas durante el primer semestre de 2015, pero que podía funcionar con 7 personas y por eso se decidió prescindir de dos de esas contratas.

Reitera finalmente que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso, por las razones ya dadas y solicita el rechazo del mismo, con costas;

3°) Que, del mérito de la documentación aparejada a la causa por ambas partes, y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se tendrá por acreditados loe siguientes hechos:

a) Por resolución N° 159/1580/2015 del Instituto Nacional de Estadísticas, de fecha 31 de julio de 2015, tomada razón con igual fecha, se puso término anticipado a la designación a contrata de doña nombre reservado, como técnico asimilado a grado 11° Escala Única de Sueldos, de la Planta Técnicos del servicio Instituto Nacional de Estadísticas, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios;

b) Carta de igual fecha por la que pone en conocimiento de la señora nombre reservado que se ha decidido poner término anticipado a su designación a contrata. Se informa además que la fecha de término se hará efectiva en el plazo de tercero día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda, conforme al artículo 46 de la Ley N°19.880;

c) Nota Técnica de 15 de julio de 2015 de la Jefa del Departamento de Estadísticas Hogares dirigida al Director Nacional del INE que respecto de la Unidad de Administración y Coordinación Regional, señala que contó siempre con una dotación de 7 funcionarios, la mayoría administrativas que cubrían todo este conjunto de tareas (señaladas en un punto anterior) con la calidad y oportunidad requerida, pues la INE tiene una estricta planificación mensual lo que asegura que cada fin de mes se puedan entregar las cifras de empleo y desempleo. Que durante 2014 se adicionó al equipo a la señorita nombre reservado, quien era funcionaria de la SDA y buscando nuevos horizontes se vino a colaborar en la unidad como apoyo en las labores orientadas a los procesos de personal y a principios de 2015, se suma al equipo otra persona, pasando a ser 9 los funcionarios. Termina este documento, señalando “Sin embargo, se estima que la Unidad de Administración y Coordinación Regional puede funcionar con 7 funcionarios.”;

d) ORD. INT. N°57 de 8 de septiembre de 2015 del Encargado del Subdepartamento de Administración de Personal a la Jefa de División Jurídica del INE, mediante la cual acerca de la información solicitada relativa al término anticipado de funciones de las ex funcionarias del Servicio, Srtas. nombre reservado y nombre reservado, no es posible adjuntar ese tipo de informe o glosa, que indiquen las razones por las que se haya tomado la determinación de poner término anticipado a la contratación, porque ellos son tramitados mediante la opción “Ceses de Funciones Contrata- Término Anticipado de Designación a Contrata”, dadas las características técnicas y las restricciones que presenta la plataforma;

e) Respuesta electrónica de la Mesa de Ayuda SIAPER de la Contraloría General de la República a consulta hecha por el Subdepartamento de Administración de Personal del Instituto, de 9 de septiembre de 2015, en el cual se señala que el formulario para la materia Consulta Cese de Funciones- Contrata, no contempla la posibilidad de adjuntar un archivo, dado que no es obligatorio por ley. No obstante, se informa que para fines de septiembre se habilitará el campo abierto “Considerandos”, que permitirá incluir toda la información anexa que se estime conveniente consignar;

f) ORD.INT N°112, de 16 de septiembre de 2015, de la Jefa de la División Jurídica al Departamento de Estadísticas Hogares, que requiere información acerca del número de personas que hayan ingresado a desempeñar funciones en cualquier calidad jurídica, dentro de la Unidad de Administración y Coordinación Regional, dependiente de ese Departamento, durante el período comprendido entre el 15 de julio de 2015 y el 16 de septiembre del mismo año;

g) ORD. INT N° 149 de 17 de septiembre, contestación al ordinario anterior, en el sentido que durante el período no hubo ingreso de personal en cualquier calidad jurídica en la mencionada unidad;

h) Resolución TRA N° 159/386/2015, Prórroga Contrata de cargos que indica, de 6 de mayo de 2015, en que vista la Ley de Presupuestos vigente y Ley 18.834, se procede a prorrogar la contrata de las distintas personas cuya lista se extiende de fojas 33 a fojas 61. En ella se comprende a la recurrente desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015. El documento fue tomado razón el mismo día de su expedición, 6 de mayo de 2015;

4°) Que los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, conforme el Estatuto Administrativo. Los primeros pueden ser titulares, suplentes o subrogantes. Los primeros gozan de permanencia en la función, lo que los empleados a contrata carecen, toda vez que el artículo 10 de la Ley N° 18.834 dispone que éstos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. De acuerdo a los hechos establecidos con la documental adjuntada a los autos, el término de los servicios de la recurrente se contiene en el acto administrativo que prorrogó los mismos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015; así como, que por Resolución N° 159/1580/2015 de Instituto Nacional de Estadísticas se puso término anticipado a la designación a contrata de la recurrente nombre reservado con fecha 31 de julio de 2015 a contar de la total tramitación del presente acto administrativo “por no ser necesarios sus servicios”;

5°) Que la autoridad competente en uso de sus facultades y previo cumplimiento de los procesos internos de calificación y desempeño de los empleados respectivos, considerando el interés del Servicio, determinó, en su oportunidad legal, prorrogar la contrata en cuestión por existir justificación legal y presupuestaria para ello, tal cual se consigna en la Resolución N°159/386/2015 de 6 de mayo de 2015, conforme se expusiera en el considerando 3° de este fallo. Verdad es que la autoridad administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios de quienes se desempeñan en ese carácter, cumplida la vigencia temporal, pues lo anterior opera por el solo ministerio de la ley. No obstante, la decisión de anticipar su término recurriendo al mecanismo “mientras sean necesarios sus servicios”, obliga a explicitar las razones que lo justifiquen. Ya se ha dicho, en sentencias anteriores que una interpretación contraria importaría aceptar que la decisión de permanencia en un cargo a contrata, pendiente su plazo de vencimiento, estaría sujeta a la mera voluntad del Jefe Superior del Servicio, quien podría por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, adelantar su extinción, deber éste que la autoridad está llamada a cumplir por mandato del artículo 5° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado;

6°) Que la noción que surge lógica y naturalmente de la simple necesidad de descartar toda posibilidad de discriminación ilegítima, se refuerza aún más si se tiene en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, con el claro propósito de promover, entre otros, el principio de la transparencia de las actuaciones de la Administración, establece normas básicas a fin de que el procedimiento permita conocer los contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. Entre estas reglas, aplicable en forma supletoria, se encuentra el inciso cuarto del artículo 41, que dispone que toda decisión, por cierto enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, debe ser fundada. En otras palabras, la falta de fundamento en la actuación de la recurrida es manifiesta, comoquiera que la exigencia también resulta del artículo 10 del Estatuto Administrativo, que establece que los empleados a contrata durarán en sus servicios hasta el 31 d diciembre de cada año, norma que no puede verse superada por una decisión unilateral desprovista de fundamentos que deja a los afectados en absoluta indefensión;

7°) Que la resolución impugnada aparece desprovista de motivos, entendiendo éstos como los hechos objetivos, externos y anteriores que han llevado a su citación. En efecto, la única mención que contiene a manera de justificación del acto es la frase “por no ser necesarios sus servicios”; y esto no constituye hechos y por tanto razón suficiente, porque su lectura está impregnada de subjetivismo. Se ha pretendido, en este caso, que de acuerdo con los dictámenes de la Contraloría General de la República ello sería bastante, y también se ha pretendido que por razones técnicas los fundamentos que asistirían a la autoridad no pueden ser incluidos en estas resoluciones electrónicas o digitales, que conforme a la Resolución N° 554 de 2014, de la Contraloría comprende entre las entidades públicas a las que se les hace aplicable el sistema SIAPER TRA al Instituto Nacional de Estadísticas, dictada en ejercicio de la facultad contenido en el actual artículo 10 A de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, a virtud de la Ley N° 20.766 (D.O. 23 de julio de 2015);

8°) Que, nuestra legislación más actual ha ido extendiendo la necesidad de motivación de los actos y resoluciones tanto de la Administración como de los Tribunales de Justicia. Sin esta fundamentación y de ser admitida, no hay verdadero derecho a defensa y todos los pactos internacionales se harían ilusorios. La Constitución alude, sin duda, a esta necesidad cuando preceptúa que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” (Artículo 19 N° 3). Con antelación a los procedimientos basados en la oralidad, las importantes reformas procesales de 1988 y 1989 fueron cimentando esta idea, si bien yendo más atrás la Corte Suprema lo desarrolló en un Auto Acordado en relación con la forma de las sentencias. Lo anterior no es ajeno, como se ha visto, en sede de procedimientos y actos administrativos;

9°) Que, por otro lado el artículo 16 que sienta el principio de la transparencia en la Ley N° 19.880 si bien establece el carácter subsidiario de la ley frente a una norma especial sobre una materia específica, cual lo señala el informe del recurso, en este caso no se advierte tal norma porque no es ésa la naturaleza de la “…interpretación práctica que hace la entidad de control del carácter transitorio de la designación de una persona en calidad de contrata…”. Tampoco el acto que en este caso prorroga los servicios a contrata, indica que se mantendrán “mientras sean necesarios los servicios”;

10°) Que, en lo que hace a la justificación de la recurrida en el sentido que las características técnicas y operativas del sistema SIAPER TRA no permite incluir una glosa a objeto de que la autoridad firmante se pueda explayar o ahondar en las consideraciones que se han tenido presentes al momento de dictar el acto correspondiente, sólo decir que esta limitante técnica no puede alterar los derechos ni las garantías de los interesados, tanto más cuanto que esta clase de problemas es transitorio como demuestra el correo de 9 de septiembre de 2015 en orden a que se habilitará el campo abierto “Considerandos”, que permitirá incluir toda la información anexa que estime conveniente consignar.

Por otra parte, debe señalarse que en mayo de 2015 se dicta la prórroga por todo el período de este año, sobre la base del Estatuto Administrativo y de la Ley de Presupuestos, y ya en julio de la misma anualidad se pone término anticipado a la designación a contrata de la recurrente, sin mayores explicaciones que la frase dicha;

11°) Que, la recurrida hace presente que el hecho que no se haya consignado el motivo del término anticipado no significa que no exista y al efecto plantea que en la Nota Técnica (fojas 25) comentada en el apartado c) del fundamento 3° del fallo, se explica en cuanto a la dotación de la Unidad de Administración y Coordinación Regional, que dicha unidad contó siempre con 7 funcionarios (no dice desde cuando) y que durante 2014 se adicionó al equipo la recurrente, quien era funcionaria de la SDA y buscando nuevos horizontes se vino a colaborar en esta unidad como apoyo en las labores orientadas a los procesos de personal y a principios de este año, se suma al equipo persona por lo que los funcionarios pasan a ser 9. Al final, se dice “Sin embargo, se estima que la Unidad de Administración y Coordinación Regional puede funcionar con 7 funcionarios.

Se pretende que se encuentre aquí una explicación que no es tal. Desde luego, lo único que existe como motivo es que “se estima” que la unidad puede funcionar con 7 funcionarios. Esto no tiene consideración alguna, simplemente antes había 7 funcionarios, pero luego se adicionó en 2014 a 2 personas más, y nada se dice de por qué de repente dejaron de ser necesarios, sólo está la frase “se estima”, sin que se diga o fundamente por qué y obviamente, eso no es ninguna motivación, aparte que no se dio en su momento;

12°) Que, siendo así, queda de manifiesto que la acción descrita aparece desligada de razonabilidad y apoyada en apariencias de motivaciones que no son tales ni resultan idóneas para prestarle un fundamento de legitimidad, lo que no importa desconocer la facultad de la recurrida en orden a revisar si los cargos a contrata son necesarios para el interés del Servicio, sino reprochar el incumplimiento de las formalidades de los actos administrativos y de las normas de procedimiento en vigor, que producen el efecto de discrim8inar a funcionarios regidos por un mismo estatuto más allá de las diferencias que contempla la ley;

13°) Que, el acto recurrido es tanto ilegal como arbitrario, lo primero porque no obedece a la ley y lo segundo, porque carece de motivos objetivos que la justifiquen;

14°) Que la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad que respecto a su cargo a contrata tiene la recurrente, pues no se ha demostrado que la privación anticipada, en los términos que se efectuó, haya obedecido a una causa legal o al menos justificada. Se ha producido una privación arbitraria del derecho a permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2015, ejercerlo, recibir las remuneraciones pactadas y a no ser removido por medio de procedimientos ilegítimos. No hay un derecho al cargo, pero sí a ejercer la función por el tiempo de la designación por la autoridad respectiva si no interviene una causa legítima que se oponga a dicho ejercicio. Empero, también, se vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución, la igualdad ante la ley, ya que se la ha discriminado arbitraria e ilegalmente al excluírsele de la Administración, a diferencia de otros empleados que desempeñando cargos a contrata (el porcentaje de estos empleados es mayor que aquellos en propiedad), en igualdad de condiciones, permanecen en ellos hasta el término del plazo legal o hasta que sus servicios sean efectivamente necesarios;

15°) Que en el recurso se pidió como medida la reincorporación de la recurrente a las mismas funciones que desempeñaba a la fecha del término anticipado, lo cual no puede ser ordenado por la Corte atendido los efectos ya producidos, de manera que dispondrá la que resulte más adecuada a la situación actual de la afectada.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 4 y, en consecuencia, se dispone dejar sin efecto la Resolución N°159/1580/2015, de 31 de julio de 2015, por medio de la cual se puso término anticipado a las funciones como empleada a contrata de nombre reservado, técnico asimilado a grado 11° EUS, de la Planta de Técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas, con jornada de 44 horas semanales, debiendo la autoridad del caso adoptar las medidas necesarias para que se efectúe el pago de las remuneraciones correspondientes a su empleo desde que se interrumpió el pago como efecto de la referida resolución y hasta el 31 de diciembre de 2015.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Protección N° 79.263-2.015.

Redacción del Ministro señor Silva C.

No firma la ministro señora González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicios.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por la Ministra señora Jessica González Troncoso y por el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.