nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Foja: 71 Setenta y Uno C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil quince.

Proveyendo a fojas 65 y 66, téngase presente.

A fojas 69, a lo principal, segundo y tercer otrosí, téngase presente, al primer otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 31 de agosto de 2015, doña nombre reservado, interpone recurso de protección en contra del Instituto Nacional de Estadísticas representado por doña nombre reservado y en contra de nombre reservado, jefa del departamento de Gestión de Personas del mismo organismo, por el acto que estima ilegal o arbitrario, consistente en el ordinario 159/1579 de 31 de julio de 2015 que fue notificado a su parte por carta certificada el 03 de agosto de 2015 en donde se le comunica el término de su contrata.

Funda su recurso en el hecho que ingresó a trabajar al Instituto Nacional de Estadísticas, en calidad de alumna en práctica en el año 2010, luego de terminada su práctica profesional es contratada a honorarios por tres años. Luego en 2013, debido a su buen desempeño y prolijidad en sus labores, pasa a calidad de contrata, ejerciendo rol de analista de recursos humanos hasta marzo de 2015, traspasándola al subdepartamento de Estadísticas de Hogares de la Unidad de coordinación de recursos Administrativos.

Indica que su conducta como funcionaria ha sido siempre intachable, lo que se refleja en hoja de vida, ya que jamás ha estado involucrada en sumario o investigación sumaria.

Arguye que el fundamento para el término de su contrata es que ya no son necesarios sus servicios, lo que es falso, pues en presupuesto del servicio existen fondos aprobados para su contrato hasta fin de año, el cargo no ha sido eliminado, ya es suplido por compañero de labores. Siendo por ello el acto arbitrario e ilegal ya que le priva de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2015 y además caprichoso por no tener fundamento legal ni un motivo real o causa legal para ser desvinculada.

Señala que al momento de su desvinculación se encontraba vigente el oficio circular 44/2012 entre Ministro del Trabajo y Hacienda, en donde se expresa que la no renovación de una contrata debe hacerse por motivos fundados y bajo criterios objetivos. También hace presente el código de buenas prácticas del servicio público modificado el año 2006.

Menciona como garantías conculcadas, las del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, esto es, la igualdad ante la ley, debido a que la causa legal de su despido carece de fundamentos y de motivos, por lo que falta el requisito de la legalidad o motivación, debido a que Estado debe actuar de conformidad a la ley. Indica que el artículo 13 de Ley N°18.575 obliga a ejercer la función pública con transparencia. Si bien las funciones a contrata son esencialmente transitorias, el sentido de la norma no es mantener a los funcionarios públicos en ascuas y atendido que la permanencia del funcionario depende de las necesidades del servicio, éstas no pueden ser calificadas al mero arbitrio del empleador, por lo que la resolución que ponga término a tales servicios, debe ser fundada. También se vulneraría, el derecho del artículo 19 N°24 del mismo cuerpo constitucional, esto es, el derecho de propiedad de bienes incorporales, ya que la priva de ejercer la función para la cual ha sido designada y a obtener una retribución por ello.

Pide que se acoja el recurso y en definitiva se deje sin efecto o nulo la Resolución 159/1579 de 31.07.2015; que se reintegre a sus funciones de manera inmediata; que se le cancele todos los meses no trabajados, con costas.

SEGUNDO: Que informando la parte recurrida, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a fojas 44, efectúa en primer lugar las siguientes observaciones al recurso:

1.- Se indica como representantes legales del INE a su directora y a doña nombre reservado, siendo que la representación legal del servicio sólo corresponde a su directora, doña nombre reservado o quien la subrogue.

2.- Recurrente alega prolijidad y buen desempeño, pero su traspaso hacia subdepartamento de Estadísticas de Hogares se debió a su mal desempeño, de lo cual existe constancia en el informe de desempeño de funcionario de septiembre 2014/febrero 2015.

3.- Mientras sean necesarios sus servicios no dice relación con la disponibilidad presupuestaria. En cuanto a que no se suprimió o eliminó el cargo, éste no corresponde a cargo creado por autoridad superior del servicio por lo que no procede una supresión o eliminación del mismo.

4.- Los servicios de la recurrente no eran necesarios porque las funciones de la unidad donde se desempeñaba no se justificaban ni en ese momento, ni ahora, la cantidad de personas que desempeñaban en dichas funciones, por lo cual se puso término a dos contratas, entre ellas la recurrente, atendido el menor tiempo que estaba desempeñando su función en dicha unidad y al deficiente desempeño que mostró en anterior unidad en que laboró.

5.- Oficios, circulares e instructivos de buenas prácticas, son sólo recomendaciones y no instrumentos obligatorios.

6.-Recurrente señala que el acto vulnera dos garantías constitucionales, no indicando de manera alguna, como el acto recurrido afecta la igualdad ante la ley. En cuanto a la garantía de derecho a la propiedad, los funcionarios designados en calidad de contrata carecen de la propiedad sobre el empleo que desempeñan, a diferencia de los funcionarios titulares.

Luego realiza alegaciones de fondo, señalando que:

A.- No existe ilegalidad o arbitrariedad del acto: Citando al efecto el art 6 y 7 de la Constitución Política de la República, Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración, las atribuciones y deberes del Director del INE de acuerdo a artículo 3 y 14 de ley 17.374 y de su reglamento.

Los funcionarios designados en calidad de contrata son esencialmente temporales de acuerdo a art 3 letra c) y 10 del Estatuto Administrativo, lo que ha sido también reconocido por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, quien ha unificado criterios a este respecto, ya que aún si en el decreto de nombramiento se incluya cláusula “mientras sean necesarios los servicios” a alguna similar, la autoridad le puede poner término sin que para ello se requiera especial fundamentación o la aceptación del funcionario, ya que el acto recurrido no corresponde a capricho o arbitrariedad de parte del servicio, existiendo fundamento. Sin embargo, por las propias características del “sistema de información y control de personal de la administración del Estado, toma de razón automática” SIAPER TRA a que está sujeto entre otros organismos, el INE, no es posible incluir en los formatos de actos administrativos que ponen término anticipado a una contrata, una glosa que permita a la autoridad explayarse o ahondar en las consideraciones para dictar dicho acto. El director del INE ha actuado dentro de sus competencias que por ley le han sido atribuidas. Así las cosas, el acto ha sido dictado conforme a Derecho y basado en fundamentos racionales y objetivos.

Tampoco puede presumirse que sea arbitrario en consideración única a lo no incorporación dentro del mismo de sus fundamentos y motivaciones. Agrega que la unidad donde se desempeñaba la actora contaba el 1° semestre de 2015 con 9 personas, pero dicha unidad podía funcionar con 7, por lo cual se toma la decisión de prescindir de 2, evaluándose a los mismos y se llegó a la determinación del cese de funciones de la recurrente, atendido que el tiempo que se desempeñaron en la unidad era menor al resto de sus compañeros. La función realizada por dichas personas fue asumida por los restantes funcionarios, sin haber incorporado nuevas personas a dicha unidad.

B.- No existen garantías vulneradas: la recurrente no señala cómo se vulnerarían dichas garantías, no señala cómo el acto se aplica en forma discriminatoria y en cuanto al derecho de propiedad, empleos a contrata no generan más derechos que los que se hayan devengado hasta el día en que la persona designada haya desempeñado sus funciones.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada en estrados por el abogado de la recurrida, pues la carta está fechada el 31 de julio y el recurso se interpuso el 31 de agosto del presente año, es decir, una vez transcurridos 30 días desde el acto que se trata de impugnar.

Que el abogado del recurrente señala que fue notificada del acto fundamento del recurso por carta certificada el día 03 de agosto de 2015.

Que esta Corte desestimará la extemporaneidad alegada por cuanto no fue desvirtuado por el abogado de la recurrida que el acto reclamado fue notificado por carta certificada, la que consta a fojas 1, que tiene fecha el 31 de julio del presente año, lo que implica, necesariamente, algunos días para su despacho y entrega a la recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, tal como lo ha sostenido la recurrida, el recurso debe ser rechazado desde ya, por cuanto los actos recurridos fueron dictados por el Instituto Nacional de Estadísticas, organismo al que, a través de su directora, le corresponde entre otras funciones, designar y contratar personal y poner término a sus servicios, todo ello de acuerdo a los artículos 3 y 14 de la Ley N° 17.374 y de su reglamento y lo previsto en el artículo 10 del DFL N° 29 de 2004, que fija el texto de la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo.

En efecto, la institución recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, pues toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública es esencialmente transitoria y, como máximo, no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. A la recurrente, se les contrató a contar del 1° de julio del año en curso y hasta el 31 de diciembre de 2015, “y mientras sus servicios sean necesarios”. Obviamente, la misma autoridad que designa al funcionario será la encargada de determinar hasta cuando son necesarios los servicios de los recurrentes.

SEXTO: Que, consecuentemente, la administración tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2015, pues decidió que sus servicios ya no eran necesarios, de suerte que los actos impugnados, no son ni ilegales ni arbitrarios.

SÉPTIMO: Que así las cosas, no puede ser ilegal recurrir a la fórmula “mientras sean necesarios los servicios” para dejar sin efecto una contrata si en el propio decreto de nombramiento de la recurrente, no objetado en su oportunidad, se incluyó esa misma frase, como ya se ha visto. Y, por cierto, si la Administración, estando facultada para ello, ha dejado sin efecto una contrata utilizando esta fórmula, esa es la fundamentación necesaria que el recurrente echa en falta, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa.

En este mismo sentido, cabe señalar que la Excma. Corte Suprema ha venido sosteniendo que para poner término anticipado a una contrata es válida la fórmula “mientras sean necesarios los servicios”, para lo cual pueden citarse, entre otros lo resuelto en las causas Rol Único N° 3612-2010 y N° 3541-2010. La Contraloría General de la República ha sostenido un criterio similar.

OCTAVO: Que, corolario de lo anterior, corresponde rechazar el recurso de protección intentado, pues las decisiones administrativas de poner término anticipado a los servicios de la recurrente, por ya no ser necesarios, no es ni ilegal ni arbitraria y obedece a una facultad exclusiva y excluyente de la autoridad administrativa.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 10 y 146 de la Ley N° 18.834, artículo 20 de la Constitución Política de la República, Estatuto Administrativo y en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 y en de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de fojas 7 deducido a favor de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-79261-2015.

Pronunciada por la Undécima Sala, presidida por el Ministro señor Mario René Gómez Montoya, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y por la Ministra (S) señora Carla Troncoso Bustamante. Autorizada por el ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.