IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, veintinueve de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que recurre de protección don Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, abogado, en representación judicial de la empresa Arquimed Ltda., persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra del Inspector Regional del Trabajo de Santiago, doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 numeral 2 y 3 inciso 1° de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 19 de octubre del año 2017, el Inspector Provincial del Trabajo de Santiago, doña nombre reservado, en el marco de fiscalización realizada a la Empresa Arquimed Ltda. y en relación a la multa Nº2313.17.18 notificada con fecha 25 de octubre del presente por medio del Ordinario N° 53, decidió no dar curso a la solicitud reconsideración administrativa, de multa por no haberla presentado ésta dentro del plazo legal de dentro de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Lo anterior se originó en una fiscalización efectuada el día 16 de mayo del año 2017, por el Fiscalizador don nombre reservado.

A consecuencia de esta fiscalización, constató la existencia de hechos que a su juicio constituirían infracción de la legislación laboral, referida a: “No pagar viáticos en forma íntegra, ya que estos fueron modificados por la empresa de un valor $12.000 a un valor de $5.000. Esto a contar del mes de diciembre 2016”, situación que afecto a diversos trabajadores.

En virtud de lo anterior, la Inspección Comunal del Trabajo, procedió a cursar una multa mediante resolución Nº 3213.17.18-1 ascendente a la suma de 60,00 UTM., equivalente a $2.798.820, en consideración a lo dispuesto en los artículos 7, 10 N° 7 y 506 del Código del Trabajo, respectivamente. Esta resolución de multa fue notificada al recurrente por carta certificada con fecha 5 de junio de 2017 en atención a lo señalado en el artículo 508 del Código del Trabajo.

En vista de lo anterior, y al no estar conforme con la multa cursada, el día 12 de julio de 2017, según señala la propia Inspección en el ordinario N°53, se procedió a presentar vía carta certificada, ante la Inspección Comunal del Trabajo un recurso de reconsideración.

Es así que con fecha 25 de octubre del año en curso, se notificó el Ordinario Nº 53 de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, de fecha 19 de octubre del presente, respecto de la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración, por cuanto, como se dijo, se presentó fuera del plazo legal de los 30 días corridos, contados desde la notificación de las multas.

Indica el recurrente que lo anterior contraviene el principio de igualdad ante la ley, en forma específica lo señalado por el artículo 512 del Código del Trabajo que regula los plazos para presentar la reconsideración administrativa, siendo un plazo de días hábiles, pues la reconsideración es una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, caso en el cual se encuentra la Inspección del Trabajo, y éstos tienen una norma especial que los regula y que es la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración el Estado, la que deberá ser aplicada en forma supletoria conforme al artículo 1º de la señalada Ley, y que en su artículo 25 prescribe al regular el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo que éstos son de días hábiles ,entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos.

En cuanto a la garantía del inciso 1º numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que tiene por objeto proteger el ejercicio de los derechos de las personas ante cualquier órgano del Estado, teniendo un alcance general, y que en caso de autos, se vulnera, pues al estimar la Inspección del Trabajo, que la solicitud de reconsideración administrativa, es inadmisible por haber sido presentada fuera de plazo ,impide a mi representada, no sólo acceder a la legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa, por las multas cursadas, sino que también a los Tribunales de Justicia, ya que en virtud al artículo 512 inciso 2º del Código del Trabajo, la resolución que dicta el Inspector del Trabajo respecto a la reconsideración es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, al cual, en el caso particular mi representada se encuentra impedida de ocurrir, por la decisión arbitraria e ilegal de la Inspección del Trabajo.

Pide, en definitiva, acoger el recurso y declarar que se acoge a trámite por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago la reconsideración administrativa, presentada con fecha 12 de julio de 2017, respecto de la resolución de multa N° 3213.17.18-1-1, todo ello, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, señaló en primer lugar que es improcedente el recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido.

En el caso, se ha interpuesto recurso de protección, en contra de una resolución administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo. En estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que mediante ellos se protegen, - como ya se ha sostenido -, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

Por esta sola razón, debiera declararse derechamente la improcedencia del recurso interpuesto en contra de la recurrida, motivada por la dictación de la Resolución Nº 53 de fecha 19 de octubre de 2017.

En cuanto al fondo del recurso, se señala que las actuaciones de la Inspección del Trabajo se ajustan plenamente a sus facultades, sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 511 del Código del Trabajo expresamente dispone la facultad de este Servicio de reconsiderar las multas, cumpliéndose los requisitos que la propia ley establece al efecto.

Agrega, además, en cuanto a la legalidad de la actuación que el artículo 512 del Código del Trabajo no establece si el plazo de 30 días es de días corridos o de días hábiles. Del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil que establece que “Los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decreto del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados”. Señala que esta situación se aprecia en diferentes artículos del Código del Trabajo, lo cual -además- ha sido resuelto expresamente por la Contraloría General de la República, en su carácter de entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, como ocurre con el dictamen Nº 64.985, de fecha 20 de noviembre de 2009, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos lo que fue ratificado con fecha 10 de marzo del 2014 por la misma Contraloría mediante dictamen N° 17.344.

En estas condiciones, no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la ley N° 19.880, al tenor de la cual los plazos de días establecidos en esa ley "son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos", toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Por otra parte, y siguiendo en esto lo dispuesto por la Contraloría en el sentido de que la ley 19.980 no es conciliable con el procedimiento establecido en el artículo 511 del Código del Trabajo, no puede perderse de vista que el propio artículo 25 de la ley 19.880 que pretende aplicar la reclamante señala “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles”, vale decir la propia norma excluye su aplicación a plazos establecidos en otro cuerpo legal, como es el caso del Código del Trabajo y el artículo 512 antes citado.

En consideración a lo anterior, no es procedente aplicar supletoriamente, como sostiene la actora, el artículo 25 de la ley 19.880, puesto que dicha ley contempla procedimientos administrativos de carácter genérico, es decir, aplicable cuando no exista un procedimiento especial que no es lo que ocurre en este caso, precisamente porque los art. 511 y 512 del Código del Trabajo, se refieren a los plazos para recurrir contra decisiones del ente fiscalizador y la forma en que debe hacer, es decir no existe un vacío que debe ser suplido con la ley 19.880, debiendo utilizarse para determinar la naturaleza del plazo señalado en el art 512 del Código del Trabajo lo dispuesto en el art 50 del Código Civil, que nos lleva derechamente a concluir que el plazo es de días corridos.

La recurrida añade además que el recurso debe reunir ciertos y determinados presupuestos o requisitos en forma copulativa para su procedencia que son: a) la ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilegal; c) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente; y d) que el tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada. Careciendo el recurso de estos elementos copulativos.

En cuanto a la arbitrariedad, la resolución fue dictada con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, esto es al resolver la materia sometida a su conocimiento se actuó con estricto apego a las normas constitucionales, del Código del Trabajo y del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, así como en concordancia a lo instruido expresamente por la Contraloría General de la República.

Agrega que en cuanto a la arbitrariedad de la garantía constitucional de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la reclamante pretende que este Servicio ha realizado una distinción arbitraria entre ella y otros administrados, lo cual resulta a todas luces absurdo puesto que en primer lugar este Servicio viene resolviendo de esta misma forma en todas las solicitudes de reconsideración que se le presentan, con lo cual es evidente que en caso alguno se vulnera la igualdad entre los administrados, como porque la resolución recurrida resuelve sobre la base un pronunciamiento de autoridad competente, que ha determinado de manera general como ha de resolverse en situaciones como la planteada.

En lo que respecta a la garantía constitucional de legítima defensa de sus derechos del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, resultando claro que no puede infringirse dicha garantía, sin perjuicio de lo cual cabe destacar asimismo que tampoco se ha privado a la recurrente de la posibilidad de recurrir ante autoridad alguna, ni administrativa, ni judicial. Pero cabe tener presente que el derecho a ejercer un recurso no supone en caso alguno que la recurrente no deba cumplir con los requisitos para su ejercicio, y por ende, si intenta su interposición sin cumplir con los plazos ciertamente la autoridad que declara la inadmisibilidad no es responsable de la falta cometida por el administrado. Respecto a la eventual presentación de una acción judicial, la parte recurrente en caso alguno privó de ese derecho a la recurrente, sino que por el contrario, aparece con claridad que fue la recurrente la que optó por una vía inidónea como es la acción de protección, en vez de presentar la reclamación dispuesta en el artículo 512 del Código del Trabajo.

En definitiva, se pide se sirva tener por informado el Recurso de Protección solicitando su completo rechazo con costas por los fundamentos de hecho y derecho señalados.

TERCERO: Que el recurrente acompañó a su escrito de protección los siguientes documentos: Ordinario Nº53, de fecha 19 de octubre de 2017, que no da curso a la solicitud de reconsideración administrativa y que señala que la reconsideración hecha por Arquimed Ltda. se hizo con fecha 12 de julio de 2017; copia de la resolución de la multa Nº 3213.17.18-1, y acta de notificación de la resolución de multa, la que fuera enviada con fecha 29 de mayo de 2017.

A su turno, la recurrida acompañó a su escrito de informe los siguientes documentos: copia de la Resolución N°53; copia del Dictamen 64985 de 2009 la Contraloría General de la República y copia del Dictamen 17344 de la Contraloría General de la República.

CUARTO: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, establecida por el articulo 20 de la Constitución Política, ha sido dispuesta a fin de dar tutela a la vigencia efectiva de derechos fundamentales indubitados afectados en forma arbitraria e ilegal por cualquier persona, en caso de no existir otra vía idónea para ello, facultando a esta magistratura para tomar todas las medidas necesarias para restablecer el efectivo imperio del derecho en tutela de las personas afectadas. En este sentido, procede determinar, en lo que refriere a esta discusión, si el recurso de reconsideración administrativo interpuesto por la recurrente lo ha sido dentro de plazo.

QUINTO: Que, en cuanto a la primera alegación opuesta por la recurrida, esto es que el legislador ha contemplado vías jurisdiccionales específicas para reclamar de estas irregularidades, como es el reclamo que contempla el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, cabe desestimar ese fundamento, en atención a que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental, constatada la vulneración a una garantía fundamental referida en esa norma, la protección resulta siempre procedente, sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEXTO: Que, en la especie, lo que reclama la sociedad recurrente es que se le haya denegado el derecho a reclamar de una multa, mediante un acto ilegal y arbitrario, que le infringe una lesión a sus derechos fundamentales.

En efecto, el ordinario N° 53 de 25 de octubre de 2017, la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago deniega la reconsideración de multa ante la Dirección del Trabajo que ha interpuesto la recurrente porque estima que se presentó fuera del plazo legal, que esa repartición entiende que es de días corridos, asilándose en la regla general para cómputo de plazos, establecida en el artículo 50 del Código Civil.

Sin embargo, tratándose en la especie de un recurso presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa en el referido artículo 512 del Código del Trabajo sobre la forma de computar dicho plazo, el término de treinta días debe ajustarse a la normativa general en esta materia, que está contenida en la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, el artículo 25 de este texto legal establece que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo es de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles para este efecto los sábados, domingos y festivos.

Por lo tanto, al haberse notificado la resolución que le impuso la multa a la empresa recurrente el día 05 de junio de 2017, el plazo de treinta días hábiles para interponer la reconsideración ante la autoridad administrativa expiraba el día 12 de julio del mismo año, fecha en que se dedujo la reconsideración ante la autoridad fiscalizadora.

OCTAVO: De consiguiente, la actuación de la recurrida, al declarar inadmisible la reconsideración, mediante el Ord. 53 aludido, es ilegal, toda vez que la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago se ha negado a tramitar un recurso contemplado en la ley, presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que ante una clara interpretación en el sentido que ya se ha razonado, da al recurrente un trato discriminatorio y arbitrario.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política, artículo 25 de la Ley N° 19.880 y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, se acoge el recurso de protección deducido el 22 de noviembre del año pasado por Aníbal Carlos Rogel Sepúlveda, en representación de Arquimed Limitada, y se deja sin efecto el Oficio Ordinario N° 53 de 19 de octubre de 2017, de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, debiendo el organismo recurrido admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa, presentado por la recurrente el día 12 de julio de 2017, contra la Resolución de Multa N° 3213.17.18-1, de esa repartición.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Poblete, quien fue del parecer de rechazar la presente acción constitucional, al considerar que esta no es la vía idónea para impugnar el acto recurrido, toda vez que en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo se regulan los procedimientos para las reclamaciones de multas y demás resoluciones administrativas, donde tanto el reclamante como la reclamada disponen de las oportunidades procesales necesarias para efectuar no solo las alegaciones correspondientes a los derechos que defienden, sino también para rendir las pruebas pertinentes, resguardándose así el derecho al debido proceso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Torres y del voto su autor.

N° Protección 79.168-2017.

No firma el Ministro señor Poblete, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez, conformada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.