nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, dos de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 27 de agosto del año en curso doña nombre reservado, recurre de protección en contra del Superintendente de Seguridad Social y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal, al rechazar de manera continua, injustificada y permanentemente el pago del subsidio laboral otorgado por contraprestación de la licencia médica N° RUT reservado.

Expresa que ella fue rechazada al igual que todas las anteriores, con el mismo fundamento de “reposo injustificado”, considerando que ello no se justificaría porque las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con el reposo, sufriendo así privación y perturbación en el legítimo ejercicio de sus derechos.

Señala que se desempeñaba como auxiliar de aseo en la empresa de Productos Químicos y Alimenticios OSKU S.A., y que durante el mes de noviembre de 2013 fue intervenida quirúrgicamente pues era portadora del Síndrome de Túnel Carpiano, reapareciendo posteriormente la sintomatología asociada al mismo, por lo que tuvo que ser re-intervenida durante el mes de septiembre de 2016 con resultado y evolución satisfactoria, comenzando durante ese año a sufrir de fuertes dolores en ambas rodillas, con dolor predominante en la rodilla derecha por lo que se le realizó una Resonancia Magnética, que evidenció una condromalacia severa en ambas rodillas, que solo podía ser reparada mediante cirugía de realineamiento rotuliano, por lo que fue operada durante el mes de noviembre de 2017 en la Clínica Maitenes, perteneciente a la Red del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con resultado y evolución satisfactoria, indicándosele tratamiento kinesiológico, analgesia y se programó la siguiente cirugía para mi rodilla izquierda por el mismo diagnóstico, la que hasta la fecha no ha podido ser llevada a cabo por los problemas económicos derivados de la falta de pago de sus licencias médicas, ni siquiera la que se extendió para realizar su post operatorio.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, sostiene que lo ha sido el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igual protección a los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, protegido en el numeral 1, 2, 3, 9,18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se condene a las recurridas a que le paguen de forma íntegra su licencia médica, debido a que ella está enferma y tiene el derecho a que se le pague el subsidio.

Segundo: Que informando la Superintendencia de Seguridad Social, alega, en primer lugar la extemporaneidad del recurso, porque la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 27 de agosto pasado, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-69571-2020, de 27 de julio de 2020, confirmó lo obrado por la otra recurrida.

En subsidio, en cuanto al fondo, da a conocer el marco regulador de las licencias médicas y se refiere a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia señalando que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, concluyendo que los pronunciamientos que, en materia de licencias médicas, emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes.

Señala que previo nuevo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento de Licencias Médicas de la Intendencia de Beneficios Sociales resolvió, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-69571-2020, de 27 de julio del año 2020, confirmar el rechazo de la licencia médica reclamada, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el trabajador no aporta informe amplio y fundado de especialidad, exámenes y plan de tratamiento que permitan a este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la procedencia de justificar el reposo prescrito en la licencia médica reclamada. Cuenta con más de 750 días acogidos por la misma patología y un trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 14-11-2017 que rechaza invalidez con un 34%...”.

En la ficha médica del caso, el médico revisor del caso, Dr. Óscar Storme, traumatólogo, dejó constancia que “...Presenta licencia médica por 45 días desde 27.01.2020, por diagnóstico de Condromalacia rotuliana, HNP lumbar, Síndrome del túnel carpiano recidivado, fibromialgia. Imagenología confirma HNP, demuestra más una gonartrosis que una condromalacia, no aporta pronóstico, FPC, certificado de lista de espera, y tiene un Tr de PI ejecutoriado con fecha 14-11-2017 que rechaza invalidez con un 34%. Sin antecedentes que permitan aprobar reposo ya de más de 750 días por la misma patología…”.

Finalmente, hace presente que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y preexistentes, sin embargo, en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), evacuó informe haciendo presente que la COMPIN R.M, resolvió confirmar el rechazo de la licencia médica Nº RUT reservado, extendida por un total de 45 días de reposo, a contar del 27 de enero de 2020 hasta el 11 de marzo de 2020, puesto que conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, consideró que el reposo no se encontraba justificado.

En el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

Esta conclusión se basa en que el trabajador no aportó informe amplio y fundado de especialidad, exámenes y plan de tratamiento que permitieran a esta COMPIN ni a la Superintendencia como organismos fiscalizadores formarse convicción respecto de la procedencia de justificar el reposo prescrito en la licencia médica reclamada. Cuenta con más de 750 días acogidos por la misma patología y un trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 14 de noviembre de 2017 que rechaza invalidez con un 34 por ciento.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, no fue posible formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza 750 días por la misma patología.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

En vista de lo expuesto y de la revisión de los demás antecedentes que se han remitido a esa Comisión, se ha estimado que el pronunciamiento es justificado ajustándose a la normativa y a los criterios médicos de general aplicación. El D.S N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, (cuando corresponda), rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. La COMPIN es un organismo de carácter técnico, razón por la cual cuenta con conocimientos específicos y de carácter objetivo al momento de evaluar los diagnósticos señalados en las licencias médicas.

En este orden de ideas, deviene indispensable hacer presente, que el D.S. N° 3/84, ha conceptualizado la licencia médica en su artículo primero, definiéndola como “…El derecho del trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por médico cirujano…”, vale decir, es un reposo de carácter temporal, que supone necesariamente la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo y en condiciones de reincorporación al trabajo.

En esta situación y ante la suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador o trabajadora debe hacer uso de las licencias médicas, reposo que, unido en la mayoría de los casos, a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en estado de reintegrarse a su trabajo.

Resulta relevante traer a colación que el usuario, según lo dispuesto en la Ley N° 16.395 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ejerció su derecho a reclamo ante este organismo fiscalizador, el que confirmo lo obrado y resuelto por la COMPIN R.M.

En consecuencia, de lo anteriormente señala que se colige que la COMPIN R.M., ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3, Dto. Nº 7/2013 y en el artículo 3° inciso tercero de la Ley 20.585, entre otras, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal que reprochar a la recurrida.

Cuarto: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, corresponde rechazar la alegación de extemporaneidad, que ha alegado la Superintendencia de Seguridad Social, porque se recurre en contra de un acto en que también tuvo incidencia la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), quien no ha efectuado tal alegación, y la recurrente ha agotado previamente la vía administrativa interna, que se contempla en estos casos, por lo que ha recurrido de protección en contra del acto final que mantuvo el rechazo de la licencia médica, situación que hasta la fecha permanece.

Sexto: Que, sobre la existencia del acto contra del cual se recurre, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, es posible establecer que éste se encuentra acreditado, en cuanto al rechazo de la licencia médica de la recurrente, por la causal de reposo injustificado.

Séptimo: Que, sin embargo, para determinar si dicho acto fue arbitrario o ilegal, corresponde analizar las normas que facultan a la autoridad administrativa para haber decidido y si ello se hizo de conformidad a dicho estatuto legal, para cuyo efecto se debe considerar que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados de alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Octavo: Que, conforme a lo anterior, es posible sostener que el actuar de las recurridas no es ilegal, porque la licencia médica es un subsidio otorgado para el caso de un reposo de carácter temporal, que supone necesariamente la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo y en condiciones de reincorporación al trabajo, lo que no acontece en el caso de la recurrente.

Asimismo, han obrado dentro de la esfera de las atribuciones que le reconoce la ley, porque el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, y corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Noveno: Por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Décimo: De esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2, 3 y 27 la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra el COMPIN, habiendo tenido en vista informes médicos para mantener la decisión.

Undécimo: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias del recurrente por la COMPIN, la SUSESO confirmó dicha decisión y luego resolvió sendas solicitudes que guardaban relación con lo mismo, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Duodécimo: Que, las demás materias decididas guardan correspondencia con un análisis de mérito de los resultados de los exámenes médicos realizados a la persona de la recurrente, lo que es ajeno a los fines que se pueden resguardar a través de la presente acción constitucional, porque no es posible establecer por esta vía, si fue adecuada la forma como ellos se practicaron y si efectivamente son acertadas las conclusiones a las que arribaron los profesiones que analizaron la condición médica de la recurrente.

Decimotercero: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, no resulta necesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Superintendente de Seguridad Social y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección 79.123-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, la Ministro (S) señora Paula Rodríguez Fondón y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.