Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por haber negado la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 26 y siguientes de la Ley N° 20.430 sobre protección de refugiados, vulnerando con ello los derechos fundamentales del recurrente, específicamente la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene la conclusión del procedimiento iniciado y se conceda la visa temporaria de refugio correspondiente.

Exponen que don nombre reservado es un ciudadano venezolano que se vio forzado a escapar de su país natal debido a que su integridad y seguridad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la constante violación de sus derechos humanos y la crisis social que han deteriorado su dignidad humana, dejándolo en completa indefensión. En razón de estas circunstancias, el recurrente tomó la difícil decisión de dejar Venezuela el 27 de diciembre de 2022, arribando a Chile el 6 de enero de 2023, ingresando por pasos no habilitados ante la situación de urgencia que enfrentaba.

Que una vez en territorio nacional, y después de recabar información respecto de su situación migratoria, el recurrente acudió con fecha 9 de octubre de 2024 a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad fue atendido por funcionarios del servicio, quienes le facilitaron el formulario correspondiente, el cual procedió a llenar y entregar, recibiéndose además su declaración sobre los hechos materia de su solicitud. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde entonces, el recurrente no ha recibido respuesta satisfactoria alguna por parte de la autoridad migratoria recurrida, ni tampoco le ha sido otorgada la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, circunstancia que motiva la interposición del presente recurso.

En cuanto a los fundamentos jurídicos del recurso, se invoca en primer término el derecho a buscar y recibir asilo como un derecho humano fundamental que no puede ser limitado de forma arbitraria, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Asimismo, se cita el artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece la obligación del Estado de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y de promover tales derechos, ya sea que estén garantizados por la propia Constitución o en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Funda además su pretensión en el artículo 4° de la Ley N° 20.430, que establece el principio de no devolución, el cual debe aplicarse, conforme al artículo 26 del mismo cuerpo legal, desde el momento en que se manifieste ante la autoridad competente la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En concordancia con lo anterior, se invoca la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, específicamente sus artículos 32 y 33, que prohíben la expulsión y devolución de refugiados que se hallen legalmente en el territorio, salvo por razones de seguridad nacional o de orden público, estableciendo expresamente que ningún Estado Contratante podrá poner a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o libertad peligre.

Señala además que la Resolución Exenta N° 21.726 de 11 de mayo de 2023, dictada por la autoridad migratoria recurrida a raíz de recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia, establece un manual de procedimiento administrativo del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones, dirigido a los funcionarios para la correcta atención de las personas que necesiten solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. El recurso enfatiza que la calificación de las circunstancias que justifican una solicitud de refugio es de competencia exclusiva de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y en ningún caso debe ser realizada por los funcionarios de las distintas Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Se argumenta la omisión de la autoridad migratoria en dar curso a la solicitud de refugio del recurrente y en otorgarle la visación de residente temporario prescrita por ley, constituye una vulneración de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, toda vez que el proceder de la Oficina de Migraciones importa una discriminación arbitraria en relación con el trato dispensado a otros extranjeros que se encuentran en similar situación, quienes sí han visto tramitadas sus solicitudes conforme al procedimiento legal establecido.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal vulnerando derechos fundamentales del recurrente, ordenándose que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado, dándole curso, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de la comisión calificada correspondiente;

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparece doña Natacha Aylin Arancibia Riquelme, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión por parte de esa autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías consagradas en la Constitución Política de la República.

Expone que el extranjero don nombre reservado, nacional de Venezuela, no registra fecha de ingreso al territorio nacional, desprendiéndose necesariamente su ingreso clandestino al país, circunstancia que se encuentra confirmada mediante Oficio Reservado N° NUM000 de fecha 22 de septiembre de 2023 del Departamento de Policía Internacional sobre denuncia grave por ingreso clandestino. Señala que posteriormente, con fecha 9 de octubre de 2024, el extranjero solicitó a esa autoridad el reconocimiento de la condición migratoria de refugiado, solicitud registrada bajo el ID N° NUM001, quedando citado para el día 6 de febrero de 2025 a las 08:30 horas.

Informa que en la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de fecha 6 de febrero de 2025, específicamente en el formulario de primera atención, el extranjero declaró haber ingresado a territorio nacional por paso no habilitado con fecha 8 de enero de 2023, y que se apersonó ante la Policía de Investigaciones de Chile con fecha 21 de septiembre de 2023. Destaca especialmente que en la entrevista de admisibilidad efectuada esa misma fecha bajo el N° de folio NUM002 del Servicio Nacional de Migraciones, según los propios dichos del amparado, este reconoció que nunca fue víctima de la inseguridad del país, decidiendo salir de Venezuela debido a la crisis económica y falta de empleo.

Que la autoridad recurrida indica que mediante Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 6 de febrero de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones informó al extranjero recurrente que no era posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no cumplía con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N° 20.430 y su reglamento, específicamente por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430.

En razón de ello, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles a contar de la notificación de la respectiva resolución para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tales circunstancias, bajo el apercibimiento legal de tener por desistida la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430.

Dicha subsanación estuvo disponible en la bandeja del recurrente hasta el 21 de febrero de 2025, donde solo acompañó un relato escrito para justificar y complementar sus dichos, en el cual expuso la situación de Venezuela y sus temores de regresar, pero sin presentar documento alguno que acreditara sus dichos. Al no poder desvirtuar lo resuelto anteriormente, se emitió la Resolución Exenta N° NUM004 de fecha 26 de febrero de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, la cual resolvió tener por desistida la solicitud de refugio por no cumplir con los requisitos formales.

Agrega que la etapa del recurso administrativo en favor del recurrente estuvo disponible desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo de 2025, sin embargo, no se llevó a cabo por parte del recurrente. Finalmente, destaca que esa autoridad no ha dictado sanción migratoria alguna en contra del extranjero recurrente.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida sostiene la improcedencia de la acción de protección, argumentando que no es posible detectar en ningún grado alguna vulneración a la libertad personal y seguridad individual del recurrente, toda vez que no existe acto u omisión alguna que amerite la interposición de la presente acción constitucional, especialmente considerando que no se ha dictado orden de abandono o expulsión del territorio nacional en contra del extranjero, como tampoco cualquier otra sanción migratoria. Enfatiza que no existe resolución ni decreto que disponga la expulsión del recurrente del territorio nacional o que limite de alguna manera las garantías fundamentales protegidas por la acción de protección, por lo que no es procedente establecer la existencia de un acto u omisión que emane de la autoridad representada que pueda vulnerar, perturbar o amenazar los derechos del extranjero.

En relación al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, la recurrida expone detalladamente que con fecha 20 de febrero de 2024 se publicó y entró en vigencia la Ley N° 21.655, que modificó la Ley N° 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, realizando importantes modificaciones a la tramitación del procedimiento y estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio, en especial con la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32, junto con la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter. Señala que al haber presentado el extranjero su solicitud con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.655, se aplica la normativa migratoria vigente a esa época.

Que la autoridad recurrida fundamenta jurídicamente que, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430, toda persona habilitada para solicitar en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado debe hacerlo en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta, en un plazo fatal de siete días contados desde su ingreso al país. Excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de aquel plazo cuando existan antecedentes suficientes que den cuenta de un cambio en las circunstancias del solicitante, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo su vida, libertad o integridad física. Además, señala que el artículo 8° del Reglamento de la Ley N° 20.430 establece que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello, requisito refrendado en el artículo 6° de la Ley N° 20.430.

Argumenta que el amparado indicó al momento de presentar su solicitud haber ingresado al territorio nacional con fecha 8 de enero de 2023, y considerando que su tarjeta de infractor fue emitida por la Policía de Investigaciones con fecha 21 de septiembre de 2023 (esto es, 8 meses después de su ingreso), y que su solicitud de condición de refugio la realizó ante el servicio con fecha 9 de octubre de 2024, se puede concluir que se ha excedido ampliamente el plazo establecido por el artículo 8° del Decreto N° 837 y el artículo 26 de la Ley N° 20.430, sin haber presentado documentación que permitiese desvirtuar dicha circunstancia, ni al momento de presentar su solicitud, ni dentro del plazo de 15 días otorgado en la Resolución Exenta N° NUM003.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías fundamentales, la recurrida sostiene que el procedimiento seguido respecto del recurrente ha sido el mismo que se realiza con todos los extranjeros que han manifestado su intención de solicitar refugio, y que esa autoridad no ha dictado ningún acto administrativo contra el extranjero recurrente, ya sea multa, medida de abandono o expulsión del territorio nacional que haga procedente la acción de protección. Argumenta que de acoger la acción en los términos señalados en la petición del recurrente, se estaría vulnerando el derecho de igualdad ante la ley con respecto a todos aquellos extranjeros que sí han dado cumplimiento a lo mandatado por el legislador para el otorgamiento del beneficio de residencia impetrado. Finalmente, enfatiza que la vía de la acción de protección es una acción excepcional que no debe ser utilizada para subsanar requisitos formales mínimos omitidos en un procedimiento administrativo, más aún, considerando que no existe sanción migratoria alguna dictada en contra de la parte recurrente.

Por estas razones, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión de parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace arbitraria o ilegalmente los derechos del recurrente, no siendo procedente la condena en costas;

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que con las modificaciones introducidas al reglamento de la Ley 20.340, mediante los Decretos N° 125 y N° 146, de 11 de enero y de 20 de abril de 2022, respectivamente, se modificó el artículo 35 de la citada normativa, en la que desde la primera fecha se señala que de efectuarse la solicitud de refugio por parte de un extranjero que hubiere ingresado en forma clandestina, ello se hará “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8 inciso primero de este reglamento”.

El aludido artículo 36 bis alude a la manera en que se debe materializar la petición de refugio -por escrito o mediante el lleno de un formulario entregado por la autoridad competente- y el deber de efectuar el requerimiento de forma personal, con la salvedad que el mismo precepto reconoce. Por su parte, el citado artículo 8, en lo que interesa, indica: “Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”;

QUINTO: Que luego de lo dicho, lo cierto es que habiendo verificado el órgano recurrido que el recurrente que ingresó al territorio nacional el 8 de enero de 2023 y que sólo compareció a autodenunciarse el 21 de septiembre de ese año y a requerir formalmente el refugio el día 9 de octubre de 2024, no satisfacía el requisito de haberse presentado ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, esto es, de haber ingresado irregularmente al territorio nacional, alegando una razón justificada para ello, resulta indiscutido que la decisión adoptada por Servicio de Migraciones y que se impugna por esta vía fue dictaminada mediante orden pronunciada por autoridad facultada para disponerla, en un caso previsto por la ley, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que la justificó, situación que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad de parte de la institución recurrida, por lo que indefectiblemente se desestimará la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por Franco Aldo Brunetti Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. Protección N° 7911-2025.- Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y la Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

En Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.