CONSTRUCTORA 2TH LIMITADA con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero civil industrial, en representación convencional de Constructora 2TH Limitada, empresa constructora, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Director nombre reservado del Ministerio de Obras Públicas don nombre reservado, ingeniero civil, domiciliado en domicilio reservado, por la dictación de la Resolución Ex. N° 5.101 de 2 de octubre de 2018, la que rechazó el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Resolución (E) D.R.V. Región del Maulé N° 1.248 de 21 de junio de 2018, sin tramitar y desestimó todas las propuestas en la licitación “Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos las Provincias de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, comuna de San Clemente, Pelarco y Colbún, Etapa II, Región del Maulé”, Código BIP N° RUT reservado, SAFI N°264.041.

Pide se declare que el Director nombre reservado deberá conocer del fondo del recurso de jerárquico deducido, pronunciándose en la parte sustantiva del mismo, sin inhibirse de ello.

Funda su pretensión cautelar señalando que el recurrido rechazó un recurso jerárquico, deducido en subsidio del de reposición, según el artículo 59 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, fundado en que se aplicaba a este caso el artículo 54 de la Ley 19.880 que indica que la Administración de inhibirse de conocer cualquier reclamación que se interponga sobre una pretensión, si el mismo interesado dedujo acción jurisdiccional en contra del misma acto administrativo.

Señala que el recurrido, en los considerandos 4º y 6º de la Resolución recurrida, que en los autos sobre recurso de protección ingreso N°1997-2018, caratulado “nombre reservado con Dirección de Vialidad Región del Maule”, que se tramitó ante la I. Corte de Apelaciones de Talca, don Rodrigo Miranda Neyra dedujo recurso de protección a favor de la Constructora 2TH Limitada en contra de la Resolución (E) D.R.V. Región del Maulé N° 1.248 de 21 de Junio de 2018, la que por su parte fue la misma objeto de recurso de reposición con jerárquico en subsidio del artículo 59 de la Ley 19.880.

Precisa que como el artículo 54 de la misma Ley dispone que si un acto administrativo ha sido objeto de una acción jurisdiccional por el mismo interesado, la Administración debe inhibirse de conocer de cualquier reclamación en contra del mismo, en la Resolución (Exenta) N° 5101 de 2 de Octubre de 2018 procede a rechazar el recurso deducido en forma subsidiaría fundado en que debe inhibirse de conocerlo.

Explica que de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°19.880, se obliga a la recurrida a respetar el principio de economía procedimental, debiendo responder a la máxima economía de medios, con eficacia, y evitando trámites dilatorios. El artículo 11 supone por parte del recurrido el principio de imparcialidad, debiendo actuar éste con objetividad y respetar la probidad en la substanciación del procedimiento, como en las decisiones que adopte. El artículo 14, al consagrar el principio de inexcusabilidad, supone que la Administración debe dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Por su parte, el 15 es clarísimo al disponer que todo acto administrativo es impugnable por el "interesado", mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en la misma ley.

Expone que la Ley 19.880 define taxativamente a quienes se debe considerar “Interesados”, al señalar, en el caso que nos ocupa, bajo el numeral 1 “Quienes lo promuevan como titular de derechos o intereses individuales o colectivos”. Por su parte, el artículo 27 señala bajo el título de “Apoderados”, que “Los interesados podrán actuar por medio de apoderados”. Por último, el artículo 41 de la referida ley dispone, en referencia al “Contenido de la resolución final”, que “La resolución que ponga final al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por el interesado”.

En relación al argumento del recurrido para inhibirse de resolver el recurso jerárquico deducido por este "interesado”, fundado en el artículo 54 de la Ley 19.880, ello no se ajusta a derecho pues en el caso que nos ocupa es claro que el interesado, Constructora 2TH Limitada, no fue la que dedujo el recurso de protección ingreso N°1997-2018 ante la I. Corte de Apelaciones de Talca. En efecto, fácil es advertir que aquel fue presentado por don Rodrigo Miranda Neyra en favor de Constructora 2TH Limitada como lo permite el Auto Acordado respectivo, pero no en representación de ella, como apoderado del interesado.

Indica que la norma del artículo 54 es clara en cuanto a que debe ser el mismo interesado que efectuó la reclamación ante la Autoridad, y quien presentó la acción jurisdiccional, lo que debe ser interpretado de acuerdo al tenor literal en conformidad al artículos 19 del Código Civil, siendo improcedente que el recurrido rechazara el recurso jerárquico del artículo 59 de la Ley 19.880, inhibiéndose de pronunciarse en este caso.

El acto recurrido es una acción ilegal y arbitraria, pues se dictó fuera de toda razonabilidad, aplicando una discrecionalidad que no se ajusta a las conclusiones de un proceso interpretativo que da pautas claras, siendo el corolario de una serie de actuaciones abusivas de la autoridad que se han encaminado a dejar sin efecto la Resolución adjudicatoria de la propuesta pública singularizada, arbitrariedad que ha sido confirmado por los tribunales ordinarios en los autos rol C-2412-2017, caratulados “Ingeniería y Construcciones Santa Fe Limitada con Fisco de Chile”, del 2° Juzgado Civil de Talca; y por el Tribunal de Contratación Pública en los autos rol 220-2017, caratulado “Ingeniería y Construcciones Santa Fe Limitada con nombre reservado”.

Estima infringida la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política que dispone que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley, y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, la que funda en que pese a que el interesado dedujo el recurso de reposición con jerárquico en subsidio del artículo 59 de la Ley 19.880, y que otra persona dedujo a favor de la recurrente, pero no como interesado, el recurso de protección ingreso N°1997-2018, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, de la Corte de Apelaciones de Talca; se ha tornado en una Comisión Especial al negarse a resolver el fondo del recurso jerárquico deducido directamente por el afectado. Y ello, pues al no resolver el recurso en su fondo, haciendo una interpretación ilegal y arbitraría y por analogía del artículo 54 de la misma ley, se ha transformado en una Comisión Especial que se niega a resolver lo sustantivo del recurso jerárquico, pese a su obligación de hacerlo Reclama la conculcación, además, de la garantía contenida en el artículo 19 N° 21° del de la Constitución Política que dispone: “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraría a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”, fundado en que pese a que el interesado dedujo el recurso de reposición con jerárquico en subsidio del artículo 59 de la Ley 19.880, y que otra persona dedujo a su favor, pero no como interesado, el recurso de protección ingreso N°1997-2018, no resuelve el fondo del recurso de jerárquico del artículo 59 de la Ley 19.880, con lo cual quedaría firme la Resolución (E) DRV Región del Maule N° 1.248 de 21 de junio de 2018 que declaró que se “reconocía la inexistencia” de la Resolución DRV N°72 de 15 de Septiembre de 2017 que por su parte había adjudicado a Constructora 2TH Limitada la Obra Pública denominada "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos las Provincias de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, comuna de San Clemente, Pelarco y Colbún, Etapa II, Región del Maulé”, Código BIP N° RUT reservado, SAFI N° 264.041 Estima que la falta de resolución del tema de fondo priva al actor de desarrollar su actividad económica por una arbitrariedad manifiesta, como lo comprobarían los tribunales en los autos rol C-2412-2017, caratulados “Ingeniería y Construcciones Santa Fe Limitada con Fisco de Chile”, del 2° Juzgado Civil de Talca y el Tribunal de Contratación Pública en los autos rol N°220-2017, caratulado “Ingeniería y Construcciones Santa Fe Limitada con nombre reservado”.

Finalmente, estima conculcada la garantía de propiedad del artículo 19 N°24° de la Constitución, ya que pese a haberse deducido recurso de reposición con jerárquico en subsidio y que otra persona dedujo a favor de la actora, pero no como interesado, el recurso de protección ya aludido, no resuelve el fondo del recurso de jerárquico del artículo 59 de la Ley 19.880, con lo cual queda firme la Resolución (E) DRV Región del Maulé N° 1.248 de 21 de junio de 2018, privando al recurrente del derecho de propiedad que tiene sobre la Resolución DRV N° 72 de 15 de septiembre de 2017 que había adjudicado a Constructora 2TH Limitada la obra pública, la que fue dejada sin efecto por la Resolución (E) DRV Región del Maulé N° 1.248 de 21 de Junio de 2018.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el actor acompañó Copia de la Resolución (Exenta) N° 5101 de fecha 2 de Octubre de 2018, tramitada por la oficina de partes de esa Dirección Nacional de Vialidad con esa misma fecha, y dictada por nombre reservado

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, Director nombre reservado (S), domiciliado en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que el 3 de agosto del año en curso, a través de la Resolución Exenta D.R.V. N° 1.555, el Director Regional de Vialidad del Maulé, rechazó el recurso de reposición de 30 de julio de 2018, concediendo jerárquico en subsidio, de acuerdo con la presentación del Sr. nombre reservado en representación de Constructora 2TH Ltda. El argumento esgrimido por la Dirección Regional de Vialidad del Maulé para rechazar la reposición, se origina en el Oficio N° 2735-2018, de 26 de julio de 2018, de la I. Corte de Apelaciones de Talca, mediante el cual se notificó a dicha Dirección, para efectos de remitir informe respecto de recurso de protección interpuesto por don Rodrigo Miranda Neyra en favor de Constructora 2TH Limitada, tramitado bajo rol N° 1997-2018, caratulado “nombre reservado con Dirección de Vialidad Región del Maulé”; existiendo, por tanto, acción jurisdiccional pendiente.

Indica que el inciso tercero del art. 54 de la ley N° 19.880, establece que: “Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”, situación que ocurre en el caso.

Expone que según se constata en la acción de protección incoada ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Talca, el acto recurrido por el Sr. Rodrigo Miranda Neyra, abogado, en representación de Constructora 2TH Limitada, es la Res. Ex. DRV Región del Maulé N° 1.248/2018, solicitando: - Dejar sin efecto la Res. Ex. DRV Región del Maulé N° 1.248/2018, que a) Reconoce la inexistencia jurídica de la Res. D.R.V. Región del Maulé Gobierno de Chile N° 72/2017; y b) Desestima todas propuestas en el proceso de licitación pública señalado. - Se ordene remitir, por parte de la referida Dirección Regional, los antecedentes respectivos a la Contraloría Regional del Maulé, con el fin de continuar con el procedimiento de toma de razón de la resolución adjudicatoria D.R.V. Región del Maulé N°72/2017, en favor de Constructora 2TH Limitada.

Expresa que mediante dicha acción constitucional, don Rodrigo Miranda Neyra, en representación de Constructora 2TH Limitada, solicitó acoger -en el petitorio- del recurso de protección y declarar: 1) Que el acto administrativo contenido en la Res. (E) D.R.V. Región del Maulé N°1.248/2018, dictado por la Dirección Regional de Vialidad del Maulé, sea dejado sin efecto al ser ilegal y arbitrario, privando, perturbando y amenazando los derechos constitucionales esgrimidos; 2) Que la recurrida (Dirección Regional de Vialidad del Maulé) debe dejar sin efecto todo acto que sea consecuencia directa o indirecta de la Res. (E) D.R.V. Región del Maulé N° 1.248/2018; 3) Que se ordene a la Dirección Regional de Vialidad del Maulé devolver todos los antecedentes relativos al proceso de licitación señalado precedentemente, a la Contraloría Regional del Maulé, para efectos de continuar con el procedimiento administrativo de toma de razón de la Res. D.R.V. Región del Maulé N° 72/2017 (adjudicatoria); 4) Que se adopten todas las medidas necesarias, que jurídicamente correspondan, para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de Constructora 2TH Limitada; y 5) Se condene en costas.

De lo expuesto se constata que los Sres. Rodrigo Miranda Neyra y nombre reservado, respectivamente, ambos en representación de Constructora 2TH Limitada, a través de los recursos de protección Rol ICA de Talca N° 1997-2018 y reposición con jerárquico en subsidio, tienen por finalidad la misma pretensión.

Hace presente que se señaló al recurrente que las razones para desestimar las propuestas a través de la Res. Ex. DRV Región del Maulé N° 1248/2018, se funda en el cambio en las condiciones de los contratos licitados, en la conveniencia del interés fiscal, el interés público y en la facultad de la Administración para desechar las ofertas fundadamente.

Precisa que en relación a la alegación de que el recurso de protección presentado en la I. Corte de Apelaciones de Talca no fue interpuesto por el interesado, hay que remitirse al artículo 22 de la Ley N°19.880, en relación con el art. 21 de dicho cuerpo legal; y a lo dispuesto en el art. 20 de la Constitución Política. El art. 22 de la ley N° 19.880, establece: “Apoderados.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario”. Por su parte, el artículo 20 de la Constitución Política de la República prescribe: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Por lo anterior, encontrándose la causa en relación al momento del pronunciamiento de los recursos administrativos, correspondía, jurídicamente, que la Dirección Nacional de Vialidad se inhibiese de conocer de la reclamación interpuesta por don nombre reservado, en tanto ambas acciones, es decir, recurso de Protección y recurso de reposición con Jerárquico en subsidio, tienen idéntica pretensión, según se especificó y señaló en los considerandos N° 2 y N° 7 de la Resolución D.V. N° 5.101 de 2 de octubre de 2018.

Señala que la autoridad no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la mencionada resolución impugnada es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, de acuerdo a lo que prescribe el inciso final del artículo 3 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Adicionalmente, hace presente que el acto administrativo recurrido de protección, sólo dio fiel cumplimiento a lo establecido en el art. 54 de la ley N°19.880, teniendo presente la acción jurisdiccional deducida por el interesado, sobre la misma pretensión, que por lo demás se encuentra en tramitación ante la lltma. Corte de Apelaciones de Talca.

En el caso del acto impugnado, expone que no es posible sostener que estemos frente a una actuación caprichosa de la autoridad, por el contrario, el acto se encuentra debidamente fundamentado y se encuentra dictado conforme a razón. En este contexto, no puede estimarse que el acto sea arbitrario, por cuanto, enumera detalladamente las consideraciones que se tuvieron en cuenta para fundar dicha resolución, señalando los antecedentes de hecho y derecho que le sirven de sustento al acto, de manera que de su sola lectura puede conocerse el raciocinio utilizado para ello.

Destaca que al no existir acto alguno que pueda tildarse de irracional, imprudente o contrario a la ley, tampoco ha existido de parte del recurrido, acto u omisión, que haya vulnerado de modo alguno los derechos fundamentales que señala la parte recurrente. En efecto, en relación a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política señalar que el recurso de reposición con jerárquico en subsidio presentado por el recurrente, fue resuelto por la Administración mediante Resolución Exenta DV N° 5101, de 2 de octubre 2018.

Siendo esta la tramitación normal que se le da a cualquier tipo de recurso administrativo, por lo tanto no se aprecia dónde puede existir una supuesta “Comisión Especial”. La inhibición de resolver recursos administrativos, en ciertos y determinados casos, se encuentra consagrada en el artículo 54 de la Ley N°19.880, siendo imperativa para los órganos de la Administración del Estado, de acuerdo a lo que se constata al tenor de la norma.

Por lo tanto, el actor pretende desconocer la norma e ir en contra de la Ley N°19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

En relación a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental señalar que la resolución del tema de fondo se encuentra sometida a conocimiento de la Corte de Apelaciones de Talca, a través de Recurso de Protección N° 1997-2018, el que fue interpuesto por la misma parte interesada. Luego, la Corte será quien lo resuelva, dando respuesta a lo solicitado por el recurrente, con lo cual, en ningún caso se ve “privado de desarrollar su actividad económica por una arbitrariedad manifiesta”, ya que los recursos judiciales y administrativos están consagrados en la Constitución y, en este caso, en la Ley 19.880 respectivamente.

En relación con la supuesta vulneración al artículo 19 N°24 de la Constitución Política, precisa que encontrándose la Resolución DRV Región del Maulé N° 72, en la Contraloría Regional del Maulé para toma de razón, el 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Talca, en causa Rol C-2412-2017, decretó una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, medida que fue alzada por resolución de la I. Corte de Apelaciones de Talca de 14 de marzo de 2018, la que fue objeto de un recurso de casación ante la Excma. Corte Suprema. Actualmente la causa se encuentra terminada por desistimiento de la demandante Ingeniería y Construcción Santa Fe S.A.

Luego la Dirección Regional de Vialidad del Maulé, solicitó a la Contraloría Regional la devolución de la Resolución DRV Región del Maulé N° 72, sin tramitar, que adjudicaba el contrato de Conservación Global Mixto a la empresa Constructora 2TH Limitada la que no constituye un acto administrativo final que hubiere otorgado derechos permanentes en favor de la mencionada empresa, sino que, por el contrario, solo ha conferido una mera expectativa al titular, según la abundante jurisprudencia administrativa que existe sobre este punto Indica que la resolución adjudicatoria que se retiró, para llegar a ser acto administrativo precisaba de la toma de razón, la que no alcanzó a verificarse. Esto implica que, tal como ha dictaminado el órgano contralor, carecía de un requisito integral del acto, un requisito de existencia del mismo, de modo que antes que se lleve a cabo dicho control de legalidad la resolución aún no nace a la vida del derecho y solo tiene el carácter de un proyecto de acto administrativo en aquellos casos que debe cumplir dicho trámite (aplica dictámenes N° 57.309 de 2003 y 14.069 de 1959)

Por lo anterior, concluye que el recurrente mal puede decir que tiene un derecho de propiedad sobre la Resolución DRV N° 72 de 15 de Septiembre 2017, ya que como explicó, ésta fue solo un proyecto, una mera expectativa, no alcanzando a materializarse, ni a nacer a la vida administrativa.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, el recurrido acompañó los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta D.V. N° 5101, de 2 de octubre 2018; 2.- Resolución Exenta DRV Región del Maulé N° 1248, de 21 de junio de 2018; 3.- Resolución DRV Región del Maulé N° 72, de 15 de septiembre de 2017; 4.- Recurso de Protección N° 1997-2018, caratulado “nombre reservado con Dirección de Vialidad Región del Maulé”, tramitado ante la I. Corte de Apelaciones de Talca; 5.- Acta N° 94-2015, de la E. Corte Suprema, de fecha 17 de julio de 2015; 6.- Acta N°173-2018, de la Corte Suprema, de fecha 27 de septiembre de 2018; 7.- Informe Libro de Ingreso de 21 de noviembre de 2018, obtenido del portal eweb del Poder Judicial, causa rol N°1997-2018, ante la I. Corte de Apelaciones de Talca; 8.- Ord. N°7.006, de 18 de julio de 2018, del Director nombre reservado MOP.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, la controversia se centra en determinar si por la interposición del recurso de protección ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, Rol N°1997-2018, la autoridad administrativa quedó inhibida de pronunciarse sobre el recurso jerárquico interpuesto, por aplicación del inciso 1° del artículo 54 de la Ley N°19.880.

Séptimo: Que, para el correcto análisis de lo planteado, conviene precisar, en primer término la noción del sujeto activo de la acción de protección y para ello, se recurrirá a los planteamientos dogmáticos que existen al efecto. Para determinar el sujeto activo hay que precisa que “‘El que (…)’, responde el artículo 20 en su inciso 1°. El, esto es, el pronombre personal de la tercera persona, que es neutro o genérico, pues abarca a los sujetos masculinos y femeninos. Nadie queda, por ende, excluido a priori de la posibilidad de entablar la acción. Existe, desde este punto de vista, armonía o simetría entre la amplitud de la palabra persona, utilizada en el artículo 19 inciso 1° de la constitución, por una parte, y esta vastísima titularidad para ser sujeto activo de la protección, de otra.

Este sujeto activo, tan extensamente abarcado, es el titular de la acción o recurso en análisis. El mismo es el sujeto pasivo de cualquier infracción a lo asegurado en la Carta Fundamental. Por eso, aquel sujeto activo se halla legitimado para deducir la acción o recurso de protección en contra de un universo de sujetos pasivos que es de amplitud directa. Repetimos que puede tratarse de una persona natural, jurídica o moral, nacional o extranjera, domiciliada o transeúnte, mayor o menor de edad”. (CEA EGAÑA, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, 2° edición, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2012, Santiago, pp. 668-669).

Coincidente con la postura, el profesor Humberto Nogueira señala que: “El Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la tramitación de esta acción, en su artículo 2°, determinar que ‘El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquier otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial (…)”.

“Así se modifican las normas generales de capacidad para comparecer ante los tribunales, ya que si comparece el ofendido por sí, no es necesario que sea capaz de comparecer en juicio. No vemos razón alguna para que el tercero que acciona o comparece en nombre del afectado deba tener capacidad para comparecer en juicio, ya que ello limita el derecho a la acción en virtud de un motivo adjetivo, que debe ser superado en virtud de la importancia del derecho substantivo y la urgencia de su protección” (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, Tomo I, Librotecnia, Santiago. 2007, pp. 248-249).

Octavo: Que, del análisis dogmático y del tenor literal en que el constituyente ha concebido la acción de protección, es indudable que la misma ha sido concebida en términos amplios y en beneficio del interesado, respecto de quien se ha conculcado uno o más derechos fundamentales, razón por la cual, la alegación del recurrente pierde todo sentido, al pretender restringir una interpretación que a la luz de los principios constitucionales y de derechos fundamentales, lejos de ser restrictiva, debe ser hermenéuticamente amplia, utilizando el principio pro homine.

Noveno: Que, sin perjuicio de lo anterior, los motivos dados por la autoridad administrativas para omitir pronunciamiento respecto del recurso jerárquico, se basan en la aplicación del inciso final del artículo 54 de la Ley N°19.880, que contiene la denominada “regla de la inhibición”, norma que establece que si el administrado ha optado, por la vía jurisdiccional, la administración debe inhibirse de seguir conociendo el mismo asunto.

Décimo: Que, en una primera lectura del precepto en estudio, pareciera ser que la interposición de la acción constitucional provoca el efecto pretendido por el recurrido. Sin embargo, la correcta interpretación legal debe ser efectuada conforme las reglas hermenéuticas del Código Civil.

Al efecto, el mencionado inciso final del artículo 54 de la Ley N°19.880 establece que: “Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”.

Pese a la claridad de la norma, la recurrida, lejos de inhibirse, en sentido estricto, lo que hizo fue resolver el recurso jerárquico, rechazándolo sin analizar los aspectos de fondo.

Undécimo: Que, la noción de inhibirse, según el Diccionario de la Real Academia Española significa “abstenerse, dejar de actuar”. Por su parte, la norma exige también para que opere esta abstención, que se haya ejercido una acción jurisdiccional, la que a juicio de esta Corte, no concurre, desde que la interposición de una acción cautelar como un recurso de protección, no califica como acción jurisdiccional, desde que la misma no contiene todos los momentos jurisdiccionales, a saber, fase de conocimiento; de prueba y de resolución.

En el caso de la protección, es un procedimiento de tutela judicial de urgencia, en el cual, únicamente, se pretende restablecer el status quo previo a la conculcación de una garantía constitucional, pero en caso alguno, establece derechos de carácter permanentes, como sí procede en una acción de carácter jurisdiccional, donde se decide el fondo del asunto sometido a conocimiento del órgano respectivo.

En tales circunstancias, la mera interposición de un recurso de protección, en caso alguno puede ser concebida como una acción jurisdiccional que inhiba, de forma permanente a la administración, de la posibilidad de resolver los recursos administrativos interpuestos. En efecto, al aplicarse la regla de la inhibición, la autoridad, únicamente, debió suspender la tramitación del procedimiento administrativo, mientras se resuelva el recurso de protección interpuesto a nombre de la recurrente ante la Excma. Corte Suprema. Una vez resuelto dicho arbitrio, procederá, en caso de confirmación de la decisión de rechazo, que la autoridad administrativa se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento por la vía del recurso jerárquico interpuesto.

Duodécimo: Que, en tales circunstancias, la autoridad administrativa deberá resolver el recurso jerárquico en cuanto al fondo, una vez dictada la sentencia por parte de la Excma. Corte Suprema en los autos sobre recurso de protección interpuestos, originalmente, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, a favor de Constructora 2 TH Limitada en contra del Director nombre reservado, y en consecuencia, se declara que el recurrido deberá emitir pronunciamiento sobre el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente en contra de la Resolución Ex. D.R.V. Región del Maule N°1248 de 21 de junio de 2018, una vez que se haya fallado por la Excma. Corte Suprema el recurso de protección interpuesto a nombre de la recurrente ante la I. Corte de Apelaciones de Talca, Rol N°1997-2018 Se previene que el Ministro señor Zepeda fue del parecer de acoger el arbitrio intentado, teniendo únicamente presente para ello que, la regla de inhibición no resulta aplicable cuando la acción que se interpone es el recurso de protección, toda vez que, en primer lugar, el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece limitación alguna respecto de la interposición de dicha acción de amparo, de modo que, si la Constitución no lo hace, mal podría una norma de rango inferior impedir que se utilice esta garantía frente a un recurso administrativo.

Además, el propio artículo 20 de la Constitución señala que el recurso es procedente “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, motivo por el cual, el constituyente ha dotado a esta acción cautelar de la posibilidad de ser interpuesta, sin que por ello se produzca el efecto inhibitorio, debiendo la autoridad administrativa haber resuelto, paralelamente, el arbitrio jerárquico intentado.

En consecuencia, no obstante existir identidad legal entre el recurrente de protección de la causa iniciada ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca y la recurrente administrativa que presentó el jerárquico respectivo, lo cierto es que la acción constitucional no es de aquellas vías jurisdiccionales que provoquen un pronunciamiento definitivo, sino sólo es un procedimiento de carácter urgente, que tiene por objeto restablecer el status quo quebrantado frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal que conculca derechos fundamentales.

Redacción del Ministro señor Zepeda Arancibia.

No firma el Ministro señor Carreño Ortega, por estar haciendo uso de su feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-79.010-2018.