nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, compareció nombre reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento de crédito en su remuneración, del mes de marzo de 2024, por la suma de la suma de $263.107.-, lo que vulnera el ejercicio de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad.

Expone que, con fecha 04 de octubre de 2021, adquirió un crédito social con la recurrida, por un monto de $10.129.312.-, suscribiéndose un pagaré signado bajo el código de número de crédito 062CON102914166. Detalla que se pagaría en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $250.924.-, pero que solo pagó 5 mensualidades.

Refiere que, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes presentó demanda ejecutiva, que dio inicio a la causa rol C- 3679-2023, tramitada ante el 3º Juzgado de Letras de Iquique, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes con nombre reservado.

Señala que, la Caja de Compensación Los Andes eligió la vía judicial para exigir el cobro de la deuda, por lo que debió únicamente circunscribirse a esa premisa, y no, al cobro mediante descuentos en su liquidación de sueldo, lo que implica de manera indirecta una especie de autotutela.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. A su vez, la actuación de la recurrida se encuentra desprovista de toda razonabilidad y sin justificación alguna, ya que ha realizado descuentos sin mediar justificación o notificación previa de dicho descuento, limitando sus ingresos mensuales que no solo van en su propio beneficio, sino que además de su entorno familiar.

Previa cita de jurisprudencia, solicita que se acoja el presente recurso, y se deje sin efecto los descuentos sobre sus remuneraciones, y se ordene reembolsar los montos indebidamente descontados, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, informando el presente recurso de protección.

Sostiene que, con fecha 04 de octubre 2021, otorgó a don nombre reservado, el crédito código N° 062CON102914166, por la suma de $10.129.312.-, a una tasa de interés mensual de 1.10%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $250.924.-, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de diciembre 2021.

Refiere que, las cuotas de los meses de diciembre 2021 a agosto 2022, cuotas N° 1 a N° 9, se pagaron con fecha 10 de octubre 2018 a 10 de julio 2019. Las cuotas de los meses de diciembre 2021 a agosto 2022, fueron diferidas a posterior de la última cuota pactada, por encontrarse la beneficiaria con licencia médica.

Aclara que, producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de septiembre y octubre 2022, cuotas N° 10 y N° 11, el recurrente con fecha 07 de diciembre 2022 efectuó una reprogramación de la deuda por la suma de $10.316.1295.-, con una tasa de interés de 1.10%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $244.713, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de marzo 2023. Las cuotas de los meses de marzo a agosto 2023, cuota N° 1 a la N°6, fueron pagadas con fecha 05 de octubre 2023 al 08 de abril 2024.

Explica que a la fecha de la presente operación de crédito se mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de septiembre de 2023 a marzo 2024, cuotas N° 7 a N° 13.

Argumenta que, el crédito está plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Hace presente que las Cajas de Compensación se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, del año 1989, que establece un nuevo estatuto para dichas entidades, siendo corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales, protegiendo de esta forma el fondo social.

Subraya que, se está ante un crédito plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Explicita que, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, éstos son otorgados por entidades de previsión social.

Alega que, la prescripción de las acciones se encuentra regulada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de lo que se desprende que la prescripción debe ser alegada por quien quiere aprovecharse de ella, declarada judicialmente, y no opera de pleno derecho. Por tanto, mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior, se agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Precisa que, el recurrente pretende evadir el pago las obligaciones que mantiene para con la entidad social, a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Asevera, entonces, que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo, para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación. Así la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de Cajas de Compensación, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por no existir acto ilegal o arbitrario cometido en relación con los hechos expuestos.

TERCERO: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, en el presente caso, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario es la realización de descuento en la remuneración del recurrente, previa solicitud de la Caja de Compensación, que llevó a cabo el empleador, en razón de la retención de cuotas de un crédito que se encuentra, a la fecha de interposición de su recurso, en cobro judicial.

SEXTO: Que en la especie se reprocha el carácter arbitrario del actuar de la recurrida, al haber interpuesto demanda ejecutiva y encontrarse ésta en tramitación en los autos rol C- 3679-2023, tramitada ante el 3º Juzgado de Letras de Iquique y luego hacer el cobro del crédito desde el mes de marzo de 2024, por medio de descuento en su remuneración, entendiendo dicho proceder como carente de justificación, caprichoso, y sobre todo imprevisto.

SÉPTIMO: Que, se hace necesario precisar que la mencionada causa rol C-3679-2023, sobre juicio ejecutivo, fue iniciada el 14 de agosto de 2023, mediante la interposición de la demanda respectiva, la cual fue notificada al ejecutado el 26 de septiembre de 2023, de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, sin haberse opuesto excepciones por el ejecutado.

Consta, además, en el cuaderno de apremio, que con fecha 24 de mayo de 2024 se notificó a la Tesorería Regional de Tarapacá, el embargo decretado referido a la retención de dineros provenientes de devolución de impuestos del demandado.

OCTAVO: Que se tiene presente que se trata del mismo crédito social y habiendo optado el acreedor por iniciar el cobro judicial de la obligación, debe instar por esa vía, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario por cuanto la recurrida decidió una posición jurídica como vía de cobro legítima que ahora debe respetar, sin que pueda revivir el sistema anterior previsto para relaciones laborales vigente y obligaciones pactadas en cuotas exigibles mes a mes.

NOVENO: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y se dispone que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos y, en consecuencia, restituyendo al recurrente todas las sumas descontadas desde el mes de marzo de 2024.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección-7894-2024