JUMBO SUPERMERCADOS ADMINISTRADORA LIMITADA con INSPECTORA COMUNAL DE LA INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO ORIENTE

Santiago, ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Sebastián Parga Moraga, abogado, en representación de la sociedad Jumbo Supermercados Administradora Ltda., domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección contra la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Oriente, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Ord. N° 1762, de 20 de diciembre de 2016, suscrita por doña nombre reservado, Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Oriente, por la cual se denegó la tramitación de la reconsideración administrativa presentada por su parte, pese a encontrarse dentro del plazo legal, lo que vulnera, en su concepto, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el Supermercado ubicado en domicilio reservado, fue fiscalizado por la Dirección del Trabajo y, posteriormente multado mediante Resolución N° 1746/16/25, emanada de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago Oriente, de 18 de abril de 2016. Dicha sanción, de conformidad a lo prescrito en el artículo 508 del Código del Trabajo, fue notificada a su parte el 3 de mayo de 2016 y por estimar que la infracción cursada se funda en un error de hecho del funcionario fiscalizador, procedió a interponer reconsideración administrativa el 2 de junio de 2016, la que fue enviada mediante carta certificada a través de Correos de Chile; hace presente que la remisión se ajustaba a lo dispuesto en la Circular N° 46 de la Dirección del Trabajo.

Sin embargo, señala que el 20 de diciembre pasado, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, a través de su Inspectora Comunal doña nombre reservado, dicta la Resolución N° 1762, que constituye el acto arbitrario e ilegal que por este recurso se impugna, en virtud de la cual rechaza tramitar el recurso de reconsideración por considerar que la presentación es extemporánea por no haber sido presentada dentro de 30 días corridos, en circunstancias que de conformidad a lo que dispone el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Agrega que la controversia de cómo debe computarse el plazo señalado no se agota con el contenido del artículo 512 del Código del Trabajo, ya que éste no precisa si dicho término es de días hábiles o corridos; se trata de una solicitud de reconsideración administrativa presentada ante la Inspección del Trabajo y al no existir norma expresa que establezca lo contrario debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Señala que la Resolución impugnado constituye un acto ilegal y arbitrario por cuanto priva a su parte del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales al desconocer el término legal que reconoce el artículo 512 del Código del Trabajo, sometiendo a su parte a un trato discriminatorio, apartado de las fuentes legales que rigen el caso en cuestión, esto es, de las normas legales aplicables al caso concreto, impidiendo a su parte la posibilidad de revertir la decisión administrativa que lo perjudica. Se trata de un recurso especial de naturaleza administrativa, oportunamente interpuesto al amparo de lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, precepto aplicable a la materia, desde que el Código laboral, no indica que el término es de días corridos.

Segundo: Que informando doña Paula Frías, abogada, en representación de la Inspección Comunal Santiago Oriente, solicita el rechazo del recurso intentado por improcedente, atendida la naturaleza del acto recurrido. Sostiene que si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta vía como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley -procedimiento de reconsideración de multa y reclamación judicial- como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida. En apoyo de su planteamiento cita la jurisprudencia que indica, agregando que, en estas condiciones, el recurso de protección está siendo utilizado por la recurrente como un sustituto de procedimientos específicos contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta acción extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías ordinarias para su discusión y resolución.

Por lo anterior, estima que es necesario ponderar adecuadamente los efectos de acoger el presente recurso, en los términos en que ha sido interpuesto, dado que todo empleador al cual se le notifique una multa, se encontraría, sin exigencia alguna, habilitado para impugnar aquella resolución a través del presente recurso de protección, tratándose de una materia destinada naturalmente a ser conocida por los Tribunales Ordinarios del Trabajo.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición. En efecto, estima que no se ha incurrido en ningún acto ilegal y arbitrario, ya que el Ordinario recurrido está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas a la Inspectora Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y, por otra parte, el acto impugnado es razonado y fundado conforme a derecho; cualquier alegación a su respecto debe interponerse ante el juez de fondo competente, de conformidad al artículo 512 del Código del Trabajo.

En subsidio de lo anterior, expresa que la multa se cursó por no otorgar los siete días domingo de descanso semanal a los trabajadores que indica, fue notificada el 2 de mayo de 2016 y la reconsideración se presentó el 2 de junio de 2016.

Expone que la reconsideración no cumplió con el requisito de admisibilidad del artículo 512 inciso primero del Código del Trabajo, ya que no fue presentada dentro del plazo de 30 días corridos desde su notificación, término que expiró el 1 de junio de 2016, lo que implicó que el 20 de diciembre de 2016 no se acogiera a tramitación la solicitud de reconsideración.

Manifiesta que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha dicho expresamente, así en los artículos 162 inciso 2° y 7°, artículo 168 inciso 1°, artículo 201 inciso 4° y 503 inciso 3°, del Código del Trabajo, entre otros, éste último sobre reclamación judicial de multas. Sin embargo, en la especie nada dijo y sólo estableció que el plazo era de 30 días, por lo que debe entenderse que es de días corridos. Precisa que la tesis sostenida por dicha Dirección del Trabajo se ajusta plenamente a lo dictaminado por la Contraloría General de la República.

En consecuencia, en su concepto, queda más que demostrado que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, resultando el Ordinario impugnado plenamente ajustado a derecho, no procediendo que sea dejado sin efecto.

De todo lo antes expuesto, concluye, no se divisa de qué manera su actuar ha vulnerado las garantías previstas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24, ni cómo ello habría afectado a la recurrente. Por todo ello, solicita el completo rechazo de la acción impetrada, con costas.

Tercero: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido. Si bien el recurso de protección es procedente sin perjuicio de otras vías jurisdiccionales, en este caso, se hace necesario traer a colación lo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en orden a que la resolución sobre reconsideración de multa, sea que la autoridad la acoja o rechace, es “reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días de notificada”. Por otro lado, resulta indiscutible que la recurrida al emitir la resolución que se cuestiona se atuvo a la interpretación que sobre la materia realizó la Contraloría General de la República -vinculante para la administración- y a las Circulares impartidas por el Servicio, de manera que no se advierte conflicto de orden constitucional susceptible de ser resuelto por esta vía cautelar. En efecto, la naturaleza y finalidad de la institución, unido a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse lleva a concluir que este arbitrio resulta procedente únicamente para la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela.

Cuarto: Que cuestionándose la recta interpretación de una norma legal y existiendo un procedimiento especial previsto en el Código del Trabajo, la situación específica de que se trata debe ser dirimida conforme a las normas del estatuto laboral, pues en dicha instancia las partes pueden exponer y debatir sus argumentos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido escapa al marco de este recurso, por no constituir la vía adecuada para decidir la declaración que acá se pretende, esto es, si el plazo del artículo 512 del Código del ramo es de días corridos o hábiles.

Quinto: Que por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer a través del procedimiento que la normativa le reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por Jumbo Supermercados Administradora Limitada, sin costas.

Acordado lo anterior contra el voto de la ministro señora González Troncoso, quien estuvo por acoger el recurso de que se trata, por estimar que la autoridad recurrida, al dictar el Ordinario N° 1762, de 20 de diciembre de 2016, incurrió en un acto ilegal, afectando la igualdad ante la ley garantizada constitucionalmente.

Para quien disiente la reconsideración del 2 de junio de 2016, es un recurso que se interpone ante la autoridad administrativa y, por tanto, para determinar la naturaleza del plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, al no aclararlo su texto, es dable recurrir, en forma supletoria, a la Ley N° 19.880, la que en su artículo 25, dispone que los plazos en los procedimientos administrativos, salvo norma expresa en contrario, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. A lo anterior se debe agregar que la negativa a tramitar la oportuna presentación de la recurrente, conforme al criterio interpretativo de la autoridad de control, no resulta vinculante para el análisis que ha de realizarse en esta sede, no siendo ello un obstáculo para concluir la ilegalidad del acto y brindar el amparo que se pretende, si como se advierte de autos, se ha desconocido a la empresa recurrente un derecho que le asiste y que ejerció oportunamente conforme a la ley.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministro señora González Troncoso.

Rol N° 7893-2017.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por la Ministra señora Jessica González Troncoso y la Abogada integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.