nombre reservado con MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, compareció nombre reservado y dedujo acción constitucional de protección a su favor, contra la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, con el objeto que se declare ilegal y arbitraria la Resolución Nº 2304-D de 30 de octubre pasado, que denegó el pago de la indemnización por enfermedad profesional que le corresponde en virtud de la Resolución Nº 42 de 23 de agosto de 2017 de la Subcomisión de Viña del Mar, Secretaría Regional Ministerial de Salud de la V Región, conforme a las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744.

Refiere el recurrente que se desempeñó como tripulante de barcos de la marina mercante entre enero de 1970 y enero de 2016 y que producto del trabajo comenzó a presentar una disminución de su capacidad auditiva, razón por la cual pidió a su empleador en el año 2016 que le practicaran los exámenes de rigor para que estos fueran remitidos a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez - COMPIN y esta a su vez declarara la patología auditiva que lo afecta.

En julio la Mutual de Seguridad le practicó la evaluación audiológica médico legal y el diagnóstico fue hipoacusia sensorio neural bilateral compatible con hipoacusia sensorio neural laboral. Los informes fueron remitidos al Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez - COMPIN en marzo de 2017 para que se evaluara y declarara su discapacidad auditiva.

En ese contexto, la Subcomisión de Viña del Mar emitió la Resolución Nº 42 con el mismo diagnóstico referido, declarando un grado de incapacidad del 20% que le da derecho a recibir una indemnización, conforme a la Ley Nº 16.744 que se calcula en base al porcentaje de la disminución de la capacidad auditiva. En la Resolución Nº 42 le solicitaron una serie de antecedentes que ya habían sido ingresados al Departamento de Pensiones e Indemnizaciones de la Mutual, y le informan que solo faltaba la autorización médica de la mutual.

En octubre de 2017 el Médico Jefe de Medicina del Trabajo de Contraloría de la Mutual da el visto bueno a la Resolución de Evaluación de Incapacidad Permanente, sin embargo el 2 de noviembre de 2017 recibe la Resolución que impugna, que deniega este pago, estimando que no procede dar curso a la solicitud.

Sostiene que la pretensión de indemnización no está afecta a un plazo de caducidad, toda vez que las acciones prescriben en el plazo de 5 años contados desde el diagnóstico de la enfermedad y en su caso ocurrió el 28 de julio de 2016, argumenta además que la Ley Nº 16.744 no establece un límite de edad para impetrar el pago de estas indemnizaciones y efectivamente se encuentra afectado por una incapacidad laboral, así el acto reclamado carece de fundamentación y ello lo torna en ilegal y arbitrario afectando las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 Nº 1, porque se le niega la percepción de un emolumento del que dispondrá para velar por su manutención, Nº 3 porque la recurrida se arroga atribuciones para calificar y definir la pertinencia y procedencia de una prestación regulada en la Ley, cuando carece de tales competencias y Nº 24 porque no puede disponer de un beneficio legal pecuniario cuando el órgano competente determinó que cumplía los requisitos para impetrar su cobro.

Finaliza pidiendo a esta Corte declarar que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, que lo priva del ejercicio de los derechos constitucionales mencionados y que la entidad recurrida debe proceder al pago de la indemnización contemplada en el artículo 35 de la Ley Nº 16.744.

El recurso fue declarado admisible por resolución de 22 de noviembre de 2017 y atendido el tiempo transcurrido, sin que la recurrida hubiese evacuado el informe, se prescindió de éste, sin perjuicio de lo que decidiera la sala que conozca el fondo del asunto y se trajeron los autos en relación.

SEGUNDO: Que, el 2 de enero en curso, la recurrida evacuó el informe previamente requerido mencionando en primer lugar que a la fecha en que se dio inicio a la incapacidad del recurrente, ya había cumplido los 65 años de edad, de modo que tenía derecho a pensionarse por vejez por el régimen común y no por la Ley Nº 16.744, pues cumplida esa edad no le corresponden las indemnizaciones de la citada Ley.

En segundo lugar destaca que procede recurso de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, el cual puede ejercer todo trabajador que no se encuentre conforme con la decisión efectuada por un Organismo Administrador, la Superintendencia resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, porque es la entidad fiscalizadora de la Ley Nº 16.744, procediendo también la apelación administrativa.

En cuanto a la resolución recurrida, explica que la Ley Nº 16.744 se aplica a los trabajadores en actividad y si la evaluación de invalidez de origen laboral se efectúa después que el trabajador hubiera cumplido la edad para pensionarse por vejez, no tiene derecho a indemnización a menos que hubiese seguido trabajando y sufra algún accidente o enfermedad laboral posterior.

En el caso sub lite al determinarse el inicio de la incapacidad, el recurrente tenía más de 65 años, y su última cotización es de noviembre de 2015, de modo que no se encontraba trabajando y no le corresponde el pago de la pensión que pretende.

Finaliza arguyendo que el recurso no tiene fundamento legal alguno, que además es una materia administrativa que tiene diversas vías de reclamación, por lo que no han vulnerado garantía alguna y solicitan el rechazo del recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, señalado lo anterior, es necesario destacar que la presente acción constitucional se ha intentado contra la Resolución N° 2304-D de fecha 30 de octubre de 2017, dictada por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción mediante la cual se habría negado al recurrente el pago del beneficio establecido en el artículo 35 de la Ley N° 16.744, en su artículo 35, que dispone: “Si la disminución es igual o superior a un 15% e inferior a un 40%, la victima tendrá derecho a una indemnización global, cuyo monto no excederá de 15 veces el sueldo base y que se determinará en función de la relación entre dicho monto máximo y el valor asignado a la incapacidad respectiva, en la forma y condiciones previstas en el Reglamento. En ningún caso esta indemnización global podrá ser inferior a medio sueldo vital mensual del departamento de Santiago.”

QUINTO: Que, analizados los antecedentes que han aportado ambas partes, lo cierto es que la resolución precedentemente singularizada efectivamente niega el pago de la indemnización global a la que tiene derecho un trabajador frente a la disminución de su capacidad laboral con ocasión de un accidente laboral en atención a la edad del recurrente, puesto que a la fecha de su incapacidad, el 28 de julio de 2016, ya había cumplido la edad para pensionarse por vejez, esto es, 65 años de edad y en ningún caso hace cuestión del grado de incapacidad auditiva que se determinó por el COMPIN, como erróneamente lo sostuvo el recurrente en estrados.

SEXTO: Que, los requisitos de procedencia de la acción constitucional de protección, además de la afectación de ciertas y determinadas garantías sociales, entre las que no se cuenta la seguridad social, ámbito donde se ubica la materia sub lite, son necesariamente la ilegalidad y arbitrariedad de un acto que revista la potencialidad de lesionar las mencionadas garantías.

Que, el arbitrio intentado se basa en la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que niega el pago de la indemnización pedida, la que en modo alguno se configura, toda vez que la resolución ha sido emitida por el órgano administrador del seguro de accidentes del trabajo, y se encuentra debidamente fundada, expresando con total claridad las razones que importan el rechazo de la solicitud del recurrente, razones que como se ha dicho no se vinculan con el grado de discapacidad establecido o determinado, sino con la improcedencia de solicitar un beneficio laboral, una vez que un trabajador ha cumplido la edad para pensionarse por vejez, como ocurre en el caso sub lite.

SÉPTIMO: Que, por lo razonado, y no existiendo afectación de garantía alguna que importe por parte de esta Corte la adopción de medidas protectivas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, se negará lugar a lo pedido.

Por estas consideraciones, y en atención además a lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la impetrada a favor de nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 78887-2017