nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero:

Que comparece Erwin Nazael Moll Rodríguez, abogado, quien deduce acción constitucional de protección a favor de nombre reservado y en contra de Carabineros de Chile, representado por su General Director nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 1499 de 21 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección Nacional del Personal, a través de la cual se le comunicó el término de su contrato de trabajo, lo que conculca a su respecto las garantías fundamentales consagradas en los números 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda el presente arbitrio en que la señora nombre reservado en su condición de cartógrafo, fue contratada por Carabineros de Chile bajo la modalidad de contrato por resolución (CPR) para cumplir la función de analista territorial en la 50ª Comisaría de la comuna de San Joaquín, contrato que comenzó a regir en el año 2017, y que posteriormente y por razones de mejor servicio, fue destinada a prestar la misma función en la 10ª Comisaría de La Cisterna, señalando que, sin embargo, con fecha 26 de noviembre de 2019, fue notificada del contenido de la resolución impugnada, a través de la cual se le comunicó el término del contrato de trabajo por la causal de “término del mismo”, el que expiró el día 31 de diciembre de 2019, decisión en contra de la cual interpuso sendos recursos de reposición y jerárquico en subsidio, que a su vez fue resuelto mediante resolución exenta N° 1672 de 27 de diciembre de 2019 “solo” en cuanto a la reposición, sin pronunciarse acerca del “recurso jerárquico” interpuesto conjuntamente, lo cual a su juicio vulnera además la garantía del debido proceso.

Cuestiona la decisión, pues estima que adolece de una insuficiente justificación y es contraria al principio de continuidad de la función pública, ya que en ella se invocan razones eminentemente presupuestarias, y sin embargo, según la información disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Presupuesto, conforme la ley de prepuestos para el año en curso, Carabineros de Chile experimentó un aumento del 0,9 % en su dotación máxima del personal contratado por resolución para el ejercicio presupuestario 2020, lo que en la práctica implicaría contratar 60 nuevos funcionarios.

Agrega que la resolución que objeta tampoco menciona la situación particular de desempeño profesional, conductual ni de prescindencia del cargo o función de la protegida, lo que debió haberse consignado expresamente en ella, careciendo de justificación fáctica en materia administrativa, con lo que vulnera además el principio de confianza legítima asentado en la jurisprudencia de los dictámenes de la Contraloría General de la República.

Todo lo expuesto, conculca a su juicio, las garantías fundamentales del derecho de propiedad, de la libertad de trabajo y su protección, y del debido proceso, por lo que pide a esta Corte que acoja la acción constitucional enderezada, declarando que la resolución que dispone la no renovación del contrato de la señora nombre reservado fue ilegal y arbitraria, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informando la recurrida, solicitó el rechazo del recuso de protección, dando cuenta que mediante Resolución TRA N° 110207/2336/2017, de fecha 1 de agosto 2017, se contrató a la señora nombre reservado, a contar del 8 de mayo de 2017, como analista territorial, bajo la modalidad de Contrato por Resolución (C.P.R.), y mientras sean necesarios sus servicios, en el grado 12° de la escala de sueldos de Carabineros de Chile, para prestar servicios en la 50a Comisaría "San Joaquín", dependiente de la Prefectura de Carabineros "Santiago Sur", siendo renovadas anualmente, en forma sucesiva, lo que fue modificado posteriormente por Resolución Exenta RA N° 110207/906/2018, de 24 de agosto de 2018, pasando a prestar servicios en la Oficina de Operaciones, de la 10a Comisaría "La Cisterna", dependiente de la Prefectura "Santiago Sur", a contar del 3 de julio de 2018.

Explica que a través de Resolución Exenta N° 1499, de 21 de noviembre de 2019, se determinó la no renovación de su contrato, en atención a las nuevas condiciones dispuestas en el entonces Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, en cuyo Subtítulo 21-02-001, denominado "Gastos en Personal", Glosa 01, se estableció una dotación y un monto máximo presupuestario que restringía los contratos de personal a nivel institucional.

En virtud anterior, se dispuso a la Comisión Revisora de Evaluaciones de Desempeño del Personal C.P.R., que efectuara una revisión del personal contratado bajo esa modalidad, en cuya virtud se determinó poner término al contrato de la protegida, por vencimiento del mismo, de acuerdo a la causal contenida en el artículo 57 N° 4 de la Orden General N° 1.957, de 18 de febrero de 2010 que aprueba la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R), decisión que le fue notificada a la afectada personalmente el 28 de noviembre último, y contra la cual repuso, rechazándose ese recurso por no aportarse antecedentes que permitieran arribar a una conclusión diferente, haciendo presente que a esa fecha, ya se encontraba vigente la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al año 2020 que, en definitiva, restringió el gasto para el personal que no forma parte de la planta de Carabineros de Chile.

Señala que, en cuanto al principio de confianza legítima, reconocido por la Contraloría General de la República para aquellos casos de renovaciones de contratas por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años, el propio ente contralor ha sostenido -a través de los dictámenes que cita-, que el mencionado principio no afecta las facultades que tienen las autoridades respectivas en cuanto a la atribución de decidir su no renovación de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, caso en el cual el acto que la contenga, y que ha de ser explícita y suficientemente motivado en cuanto a sus razones, deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en la Ley N° 19.880, todo lo cual ha ocurrido en este caso.

Refuta lo dicho sobre la inexistencia de las razones presupuestarias, pues si bien en la Ley N° 21.192 de Presupuesto del presente año, se determinó una dotación máxima mayor a la de 2019, esta vez se estableció un tope en pesos que no existía anteriormente, generándose con ello una restricción en cuanto al presupuesto disponible respecto del personal en calidad de contrata y/o jornal, dentro del cual se encuentra el personal contratado por resolución (C.P.R), por lo que el supuesto aumento de dotación no sería efectivo.

Suma a lo dicho, el resultado del análisis de la Comisión Revisora de Evaluaciones de Desempeño del Personal C.P.R, en cuanto a la exfuncionaria, quien alcanzó 32 puntos de un total de 48 y además registraba dos sanciones de censura en su Hoja de Vida, lo que permitió formar la convicción que las funciones que desempeñaba no resultaban esenciales, siendo necesario poner término a su contratación.

Sostiene entonces que no existe ni arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, y por lo tanto, no se han conculcado las garantías fundamentales invocadas, atendido el vínculo contractual eminentemente transitorio que detenta, y la inexistencia de derechos indubitados que hacen que lo pedido escape del marco jurídico de esta acción cautelar extraordinaria, explicando que en lo tocante a la pretendida vulneración al debido proceso por el recurso jerárquico interpuesto, éste no se ventiló por resultar improcedente al tratarse del ejercicio de una facultad delegada, agotando la vía administrativa con el recurso de reposición.

Tercero:

Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil– o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto:

Que no es discutido que doña nombre reservado en su condición de cartógrafo, fue contratada por Carabineros de Chile bajo la modalidad de contrato por resolución (CPR) para cumplir la función de analista territorial en la 50ª Comisaría de la comuna de San Joaquín, contrato que comenzó a regir en el año 2017, y que posteriormente y por razones de mejor servicio, fue destinada a prestar la misma función en la 10ª Comisaría de La Cisterna, hasta que con fecha 26 de noviembre de 2019, fue notificada del contenido de la resolución impugnada, a través de la cual se le comunicó el término del contrato de trabajo por la causal de “término del mismo”, el que expiró el día 31 de diciembre de 2019.

Tampoco es discutida la existencia de la Resolución Exenta N° 1499 de 21 de noviembre de 2019. En la resolución se esgrimen como razones para la no prorroga de su contrata para el año 2020, las nuevas condiciones dispuestas en el entonces Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020, en cuyo Subtítulo 21-02-001, denominado "Gastos en Personal", Glosa 01, se estableció una dotación y un monto máximo presupuestario que restringía los contratos de personal a nivel institucional. Como un segundo argumento, Carabineros de Chile sostuvo que la Comisión Revisora de Evaluaciones de Desempeño del Personal C.P.R, asigno a la recurrente, en relación con su desempeño, 32 puntos de un total de 48, además registraba dos sanciones de censura en su Hoja de Vida, lo que permitió formar la convicción que las funciones que desempeñaba no resultaban esenciales, siendo necesario poner término a su contratación.

Quinto:

Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

A su vez, el artículo 57 N° 4 de la Orden General N° 1.957, de 18 de febrero de 2010 que aprueba la Directiva del Personal Contratado por Resolución (C.P.R), dispone: “Son causales de término del contrato por resolución: 4) El vencimiento del plazo de la contratación.”

Sexto:

Ahora bien, el asiento normativo de la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se encuentra en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, al disponer en su artículo 11 inciso segundo que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos". Tal idea es reiterada en sus artículos 16 y 41.

Sobre el particular, conviene recordar que la Excma. Corte Suprema ha manifestado que “…la causa o motivación es un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder”. (Corte Suprema, Rol 19.585-2016, 22 de junio de 2016).

Séptimo:

Que, en consecuencia, las menciones contenidas en el acto administrativo cuestionado, Resolución Exenta N° 1499 de 21 de noviembre de 2019, resultan suficientes para explicar, en el caso particular, los motivos por los cuales se decidió no renovar su contrata, toda vez que las razones se tornan suficientes para la decisión adoptada por la Administración.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y en contra de Carabineros de Chile, representado por su General Director nombre reservado.

Redacción a cargo del ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-7885-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. No firma el Ministro señor Poblete por encontrarse suspendido de sus funciones.