nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que mediante presentación de 30 de octubre de este año comparece el abogado don Carlos Alberto Hernández Herrera, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por don nombre reservado, en razón de que la primera de estas instituciones, a petición de la segunda, le ha realizado un descuento del monto que percibe a título de remuneración, a contar del mes de septiembre de este año, el que califica de arbitrario e ilegal, situación que estima, amaga sus garantías constitucionales reconocida en los numerales 3°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentando el recurso explica que durante el año 2009 solicitó un crédito de consumo a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por la suma de $3.070.780, el que se comprometió a pagar en cuotas mensuales.

Explica que tras ser desvinculado de su trabajo en Seguros Falabella S.A. el 1 de mayo de 2010, se le habría informado que al momento de efectuársele el finiquito, se pagaría el saldo del crédito directamente por el ex empleador a la Caja de Compensación. Añade que, así las cosas, grande fue su sorpresa cuando constató en su liquidación de remuneraciones un descuento por una deuda contraída el año 2009 y “que ocho años después pretende ser cobrada extrajudicialmente por las recurridas a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, por la suma mensual de $115.524”, la que “en todo caso y para todo efecto legal, se halla prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil”

Asevera finalmente que, además, la Caja de Compensación que está reteniendo la suma descontada de su sueldo -Los Andes- es una entidad con la cual jamás ha suscrito un contrato de afiliación, por lo que estima que se configuraría en la especie un delito de apropiación indebida.

Atendido lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso declarando arbitrario e ilegal el acto impugnado, ordenando a las recurridas el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas, con intereses y reajustes, y abstenerse en lo sucesivo de efectuar tales deducciones desde su remuneración;

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 5 de noviembre del año en curso, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a las recurridas;

TERCERO: Que el 21 de noviembre pasado informa el abogado don Sergio Abarca Vargas, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien solicitando el rechazo del presente recurso, esgrime, en primer lugar, el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro al alero del artículo 22 de la Ley 18.833.

Sostiene que los créditos otorgados por este tipo de institución constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Explica que si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley 18.833 les ha determinado, pues dichas entidades no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Afirma que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, motivo por el cual el artículo 22 de la Ley 18.833 dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En lo que atañe a la participación que le correspondió a su representada en este caso, hace presente que el 15 de abril de 2013 las Cajas de Compensación celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar” que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. Explica que es en este contexto, en que a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana y como diputada para efectuar el cobro y recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Asevera, finalmente, que si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción, deberá accionar para conseguir tal declaración y que, en cualquier caso, ello solo impedirá hacer exigible su cobro a través del correspondiente procedimiento ejecutivo, más no extingue la obligación emanada del mutuo, la que se encuentra vigente por no haberse cumplido aún los supuestos fácticos de la prescripción extintiva a su respecto;

CUARTO: Que con fecha 21 de noviembre pasado informa también la abogada doña Yasna Vukic Zalaquett, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien solicitando el rechazo del presente recurso, reitera, en primer término, los argumentos de fondo esgrimidos por la otra recurrida, en cuanto a la legitimidad del descuento remuneracionales que efectúan las Cajas de Compensación con la finalidad de cautelar su fondo social.

Respecto del caso de marras, señala que con fecha 13 de noviembre de 2009 el recurrente solicitó a la Caja el crédito social folio N° 002-002123085, otorgándosele un préstamo de $3.165.000, que se comprometió a pagar en cuarenta y ocho cuotas mensuales de $122.626, las que efectivamente se le empezaron a descontar de su remuneración desde diciembre de 2009. Explica que los pagos se realizaron hasta la octava cuota, inclusive, y que, posteriormente, aquellos cesaron, siendo imposible ubicar al deudor, hasta que en agosto de este año se tuvo noticia de él, por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a la Caja de Compensación Los Andes, a quien se remitió la respectiva planilla de descuento, conforme al mecanismo acordado en el “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”.

Sostiene, finalmente, que los descuentos practicados al actor no son ilegales ni arbitrarios, pues se efectuaron de acuerdo a la facultad contemplada en el artículo 22 de la Ley 18.833 y a lo dispuesto en los artículos 58 del Código del Trabajo y 1546 del Código Civil;

QUINTO: Que con fecha 23 de noviembre de este año se trajeron estos autos en relación. El 3 de diciembre se procedió a la vista de la causa, escuchándose únicamente la intervención oral de los apoderados de las recurridas;

SEXTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SÉPTIMO: Que como se infiere del mérito de los antecedentes allegados a este expediente, es lo cierto que tal y como reconoce el propio actor en su libelo pretensor, con fecha 13 de noviembre de 2009 y luego de solicitar a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana un préstamo social de $3.165.000, se le otorgó dicho mutuo, el que se comprometió personalmente a pagar en cuarenta y ocho cuotas iguales y mensuales de $122.626, lo que por diversos motivos no aconteció de manera íntegra, situación fáctica de la que es posible concluir que el descuento efectuado de la remuneración mensual del recurrente desde el mes de septiembre de este año en adelante por la Caja de Compensación Los Andes, a instancia de la Caja de Compensación La Araucana, lo ha sido en cumplimiento de la obligación legal de cobro que le impone a esta última el artículo 22 de la Ley 18.833 y, de parte de la primera de las citadas entidades, ajustando estrictamente su obrar a lo acordado el 15 de abril de 2013, en el contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”.

En este sentido, no es posible soslayar que según estatuye el inciso primero del artículo 22 de la Ley 18.833: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”;

OCTAVO: Que luego de lo dicho, descartada la ilegalidad que se acusa, debe igualmente serlo la arbitrariedad que se denuncia, por cuanto no ha sido el capricho el motivo del descuento de remuneración que le fue requerido al actual empleador del recurrente, sino el hecho cierto de que dicho trabajador dependiente mantiene actualmente con la Caja de Compensación La Araucana una deuda supuestamente exigible en la actualidad que corresponde al saldo insoluto de un crédito social que le fue otorgado el 13 de noviembre de 2009;

NOVENO: Que, en cualquier caso, lo cierto es que del mérito de los antecedentes asoma incuestionablemente que lo reclamado en autos no es la tutela de un derecho indubitado, inferencia que impone ineludiblemente concluir que la presente acción cautelar se ve impedida, por este solo motivo, de prosperar, ya que la presente acción cautelar no es la vía procesal a través de la cual es posible constituir, declarar, ni mucho menos extinguir un derecho;

DÉCIMO: Que en estas circunstancias, descartada la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto administrativo impugnado, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Carlos Alberto Hernández Herrera, en favor de don nombre reservado y en contra de laS Cajas de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y La Araucana, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° 78.697-2018.- Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich e integrada por la Ministra (s) señora Carmen Correa Valenzuela y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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