INVERSIONES CO-CREATION GRASS CHILE LTDA con DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Santiago, treinta de abril de dos mil veinte. - VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol N° 78.661-2019 caratulados “Inversiones Co-Creation Grass Chile Ltda. con nombre reservado”, por presentación ingresada a esta Corte con fecha 4 de septiembre del 2019 recurrió de protección constitucional don Alejandro Preuss Lazo, abogado, en representación convencional de la sociedad Inversiones Co-Creation Grass Chile Limitada, en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por el acto arbitrario e ilegal consistente en declarar a su representada como proveedor inhábil en el Registro Chile-Proveedores, por la causal de registrar condena por prácticas antisindicales y/o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

Funda el recurso, argumentando que, el 7 de agosto de 2019 la empresa tomó conocimiento que había sido declarada como proveedor no habilitado en el Servicio de Chile-Proveedores, siendo informada mediante el envío de un correo electrónico.

En cuanto a la causal informada fue aquella reseñada en el párrafo primero de este considerando.

De esta forma, reseña que, en causa RIT T-14-2019, seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, iniciada en procedimiento de tutela laboral por lesión de derechos fundamentales por doña nombre reservado en contra de la sociedad Distribuidora de Alimentos COB Ltda., su representada fue condenada, por sentencia de fecha 6 de junio de 2019, declarándose que: "las empresas demandadas Distribuidora de Alimentos COB Ltda. y Co-Creation Grass Chile Limitada constituyen una unidad económica en los términos del artículo 3° del Código del Trabajo, quedando responsables de manera solidaria al pago de las remuneraciones y demás prestaciones ...".

Añade que, la sentencia en referencia, estableció además que: "Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo, remítase copia autorizada de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo para que quede en el registro respectivo", lo que se realizó mediante el envío de un Oficio dirigido sólo a la Dirección del Trabajo, es decir, en su concepto, la sentencia no ordenó que fuese notificada a la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo tanto esta última hizo extensivo los efectos de un fallo del cual no se le ha ordenado cumplir jurisdiccionalmente, resultando su actuación arbitraria e ilegal.

Seguidamente, expresa que, en el proceso laboral citado, la demandada - Distribuidora de Alimentos COB Ltda.- fue condenada en rebeldía y como consecuencia de ello, se condenó a su parte por estimar que constituía una unidad económica en los términos del artículo 3ero. del Código del Trabajo junto con la mencionada sociedad, en circunstancias que, a su juicio, en el propio informe acompañado por la Inspección del Trabajo se concluyó exactamente lo contrario, esto es, que no era una unidad económica.

Expone, también que, la condena resulta ser desproporcionada y ha devenido en el acto arbitrario e ilegal recurrido, pues apareja que su representada haya sido declarada como proveedor inhábil en el Registro Chile-Proveedores. La consecuencia de este actuar determina la aplicación arbitraria e ilegal de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, donde pese a no recibir una orden jurisdiccional, la entidad recurrida habría procedido a declarar la inhabilidad de la recurrente para contratar con el Estado de los que hayan sido condenados en los dos años previos por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador o delitos concursales, en circunstancias que su representada no ha cometido ninguno de los hechos señalados.

Indica que, por transacción de fecha 24 de julio de 2019 la sociedad recurrente, junto con la demandada Distribuidora de Alimentos COB Ltda. y doña nombre reservado, demandante en sede laboral, acordaron poner término a la causa RIT-T-14-2019, mediante el pago de la suma de $11.000.000 por lo que la actora se desistió de la demanda, otorgándose las partes amplio y total finiquito. Así, existiendo una medida de reparación y cumplimiento del fallo en cuestión, no resulta, para la firma recurrente, justificada la aplicación de la medida de inhabilitación para contratar con el Estado, más aún si ello produce un daño mayor a quien fue condenada indirectamente y cumplió incluso con el pago de las prestaciones.

Sobre las garantías constitucionales, alega como infringidas las contempladas en el artículo 19 numeral 2°, igualdad ante la ley; numeral 3°, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos por afectación del principio non bis in idem y numeral 24°, derecho de propiedad.

Concluye solicitando a esta Corte que, se declare ilegal y/o arbitrario el acto de la recurrida que dispuso su inhabilitación en el Registro de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública, ordenando dejar sin efecto la medida y su reincorporación en el aludido Registro, como proveedor habilitado, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 17 de septiembre de 2019 mediante ORD. N° 1.599 de la misma data, informó doña nombre reservado, Directora (S) de la Dirección de Compras y Contratación Pública, solicitando sea desestimado el presente recurso de protección.

Afirmó que, la Dirección de Compras y Contratación Pública es un servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, que tiene dentro de sus funciones, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del artículo 30 de la ley Nº 19.886, la de “Administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y Proveedores a que se refiere el artículo 16, otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo establezca el reglamento.” Por su parte, el artículo 16 referido, reitera la citada función al indicar que: “Existirá un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado…”

Luego, expuso que, la inhabilidad del artículo 4° de la Ley Nº 19.886 y la del artículo 92, Nº 7 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, poseen alcances, efectos y características particulares que las diferencian entre sí.

A este respecto sostiene que, el artículo 4° de la Ley Nº 19.886, citado por la recurrente, dispone, que quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Pues bien, en lo que dice relación a la inhabilidad del artículo 4° de la Ley Nº 19.886, esa Dirección no cumpliría rol alguno sobre su aplicación y control, por cuanto es responsabilidad de cada entidad pública compradora, individualmente considerada, el constatar si el respectivo proveedor con el que se pretende contratar ha incurrido o no en la citada causal legal de inhabilidad.

Agrega que, distinta es la situación que rodea a la inhabilidad del artículo 92, Nº 7, del Reglamento de la Ley Nº 19.886, la que, a diferencia de la primera inhabilidad citada, sí debe ser constatada y aplicada por la Dirección Chile Compra, en su calidad de administrador del Registro de Proveedores. Señala que el artículo 92, Nº 7, establece una inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores con prescindencia de la época en la cual la condena haya quedado firme y ejecutoriada, a diferencia de la inhabilidad del artículo 4° de la ley Nº 19.886, respecto de cuya causal se exigió su concurrencia al momento de la presentación de la respectiva oferta, o durante los 2 años anteriores, tratándose de licitaciones públicas. Es más, el mismo Reglamento reconoce de manera expresa, en su artículo 93, que esta inhabilidad opera en forma sobreviniente, en cuanto afecta a quienes ya se encuentran inscritos.

Por lo tanto, arguye la recurrida, la aplicación de la inhabilidad en el mencionado Registro de Proveedores, a diferencia de lo que sucede con la inhabilidad del artículo 4° de la ley Nº 19.886, sí se encuentra comprendida dentro de la esfera de atribuciones de la Dirección Chile Compra.

En seguida, indica que la Dirección del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 294 bis y 495, ambos del Código del Trabajo, deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y por infracción de los derechos fundamentales del trabajador, y, en ambos casos, los Tribunales deberán remitir copia de los fallos que emitan, para su registro. Es en tal contexto, dado que la notificación de la sentencia se hace a la Dirección de Trabajo y que esa Dirección de Compras Públicas realiza solo un acto de constatación, para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la arriba referida causal de inhabilidad, que su representada y la Dirección del Trabajo suscribieron un convenio de colaboración de fecha 20 de enero de 2009, en cuya virtud la Dirección del Trabajo entrega a esa Dirección la información relativa a las condenas por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Sobre el particular, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias arriba aludidas, especialmente aquella correspondiente al artículo 92 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, la Dirección recurrida administra una plataforma que funciona en línea y de manera automatizada, y que, para los efectos de verificar la inhabilidad en el Registro de los Proveedores condenados por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, se nutre de la información que regularmente le remite la Dirección del Trabajo, en razón del convenio previamente aludido.

Manifiesta que, en virtud del principio de juridicidad, contenido en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley Nº 18.575, la entidad recurrida se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, y no le corresponde interpretar su sentido y alcance. En definitiva, el cambio en la plataforma del estado del proveedor, de hábil a inhábil, derivado de la información entregada por la Dirección del Trabajo, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal corresponden a esta Dirección, no pudiendo, por ende, calificarse de ilegales.

Añade que, la inhabilitación del proveedor se funda en una sentencia firme y ejecutoriada, informada por la Dirección del Trabajo, dicha inhabilidad no importa un ejercicio deliberativo por parte de la Dirección de Compras Públicas, sino que la sola constatación de la información originada en la fuente oficial, esto es, la Dirección del Trabajo. Tampoco la inhabilitación se tradujo en el ejercicio de una facultad discrecional por parte de esa Dirección, sino que, en la mera aplicación de una inhabilidad, cuya motivación no es otra que la certificación de la ejecutoriedad de una sentencia condenatoria por violación a los derechos fundamentales de los trabajadores. Es en virtud de lo señalado que la mencionada plataforma electrónica funciona en forma automatizada y en línea, redundando la recepción de la señalada información enviada por la Dirección del Trabajo en el cambio automático del estado de la recurrente en dicho registro, de hábil a inhábil, cambio que, en el caso de la recurrente, se materializó en la misma fecha en que se recibió la información sobre la condena, esto es, el día 7 de agosto de 2019.

De lo anterior y luego de citar jurisprudencia que avala su posición, comprende el órgano informante que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna al obrar de la forma en que se ha expuesto y, asimismo, tampoco existiría vulneración o afectación a las garantías constitucionales alegadas como infringidas por la recurrente, por lo que requiere el rechazo de este recurso.

TERCERO: Que, en estos antecedentes la parte recurrente acudió ante el Excmo. Tribunal Constitucional presentando un requerimiento de inaplicabilidad respecto de los artículos 294 bis y 495, inciso final, del Código del Trabajo y del artículo 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886.

Tal requerimiento fue conocido bajo el Rol N° 7516-19 y acogido, por voto de mayoría, en sentencia dictada con fecha 28 de enero de 2020, que en lo esencial dispuso, primero, que la aplicación concreta de los preceptos aludidos vulnera la garantía de igualdad ante la ley –contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución – pues la norma no diferencia situaciones que son objetivamente distintas y, segundo, contravienen la garantía del artículo 19 N° 3°, inciso sexto, de la Constitución, toda vez que implica la imposición de plano de una sanción única e ineludible, sin el previo procedimiento justo y racional exigido por la disposición constitucional.

En lo referente al artículo 4° inciso primero de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la sentencia en su considerando décimo párrafo segundo, expone: “…describe una conducta amplísima, que no individualiza por sus características propias cuáles son en sí mismos los hechos concretos que se valoran por sus repercusiones negativas (“prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”). Por ello, este Tribunal ha considerado que la norma es susceptible de aplicación indiscriminada, pudiendo llegar hasta abarcar actuaciones de ínfima significación o apenas reconductibles a su formulación genérica, a las que se ha de aplicar una sanción única e inexorable, prevista con un rigor que otras normas reservan para los crímenes más graves, como se ha apuntado precedentemente (la “exclusión” por dos años del sistema de contratación administrativa señalado) (STC Rol N° 3750, c.10°) …”

A continuación, y acerca de la infracción al debido proceso, manifiesta en el considerando décimo segundo del mismo fallo que: “…si el afectado nunca tiene una posibilidad para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de bloqueo contractual, inexorable e indivisible, que impone directamente dicho precepto legal, entonces se consagra una sanción de interdicción con ejecución directa e inmediata, esto es que opera por el solo ministerio de la ley y sin más trámite, habida cuenta de que se valida y surte efectos con su sola comunicación, independientemente de la conducta del afectado”. Lo anterior, se agrega, en circunstancias que, con arreglo al derecho, “no, hay sanción válida sin juzgamiento previo. A partir del artículo 19, N° 3°, inciso sexto, constitucional, la cuantiosa jurisprudencia que avala este aserto es demasiado conocida para que sea necesaria otra cosa que reiterarla nuevamente, ante una ley que hace de la aplicación de cierta sanción un hecho puramente maquinal” (STC Rol N° 3570, c.14°).”

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, en estos autos lo reprochado por la empresa recurrente es la decisión adoptada por el órgano recurrido, en orden a inhabilitarlo en el Registro Electrónico Oficial de Contratación de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, atendida una condena por prácticas antisindicales y/o infracción a los derechos fundamentales del trabajador aplicada por una sentencia judicial ejecutoriada dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago con fecha 6 de junio de 2019 en causa RIT N° T-14-2019.

SEXTO: Que, en este contexto, fluye del resolutivo tercero de la sentencia aludida en la consideración que antecede, la circunstancia de haber sido la recurrente condenada por infracción a los derechos fundamentales de la trabajadora doña nombre reservado, al declarar: “III.- Que, asimismo, se declara que el despido de que fue objeto la trabajadora con fecha 06 de octubre de 2018 fue vulneratorio de sus derechos fundamentales, en específico respecto de la garantía de indemnidad consagrada en el artículo 485 inciso 3° del Código del Trabajo, de acuerdo a los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa del presenta fallo, condenándose consecuencialmente a las empresas demandadas a pagar una indemnización contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo, fijada en 6 remuneraciones, esto es, por la suma total de $4.878.930…”

El fallo en cuestión fue remitido a la Dirección del Trabajo a fin que quedara incorporada en el Registro respectivo, conforme lo dispone el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo.

SÉPTIMO: Que, asimismo, en razón de la existencia de un convenio celebrado entre la Dirección del Trabajo y la Dirección de Compras Públicas, según se reconociera por la propia recurrida, ésta última entidad accede a los registros de condenas por prácticas antisindicales y/o infracción a los derechos fundamentales del trabajador que el primero de éstos órganos se encuentra en el imperativo de registrar.

OCTAVO: Que, resulta útil a esta acción de protección, recordar que el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, preceptúa: “Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”

A su vez, el artículo 92 del Decreto Supremo N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento de la Ley N° 19.886, fija las causales de inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores, estableciendo, en su numeral 7°, entre otras, “haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.”

Por su parte, el artículo 93 del citado Reglamento dispone que, al proveedor inscrito que le sobrevenga una causal de inhabilidad con posterioridad a su inscripción, esta se dejará sin efecto.

Finalmente, debemos considerar que el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración o Registro de Proveedores, se encuentra consagrado en los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.886; en que el primero estos artículos expresamente establece que no pueden ser inscritos quienes tengan causal de inhabilidad para contratar con el Estado y el segundo artículo en referencia deja al Reglamento de la Ley N° 19.886, fijar el régimen y criterios de clasificación de los contratistas, los requisitos de inscripción en cada categoría y las causales de inhabilidad, incompatibilidad, suspensión y eliminación del Registro por incumplimiento de obligaciones u otras causales, debiendo cautelar el libre acceso de los contratistas al Registro y su evaluación objetiva y fundada.

NOVENO: Que, aparece, precisamente, como un aspecto relevante determinar si existe o no alguna vinculación entre aquella inhabilidad para contratar contemplada en el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y la establecida en el numeral 7° del artículo 92 del Reglamento de aquella Ley.

La recurrida ha sostenido que poseen alcances, efectos y características particulares que las diferencian entre sí y que como institución se ha limitado a la aplicación del artículo 92 N° 7 del Reglamento de la Ley N° 19.886, es decir, a una actividad de mera constatación, puesto que, la norma del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, que fija la inhabilidad por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador sería aplicación de competencia de cada órgano licitante en el respectivo concurso.

DÉCIMO: Que, como se podrá observar, el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 fija una exclusión, para contratar con los órganos del Estado, a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la data de presentación de la oferta, formulación de la propuesta o suscripción de la convención, según se trate de un certamen público, privado o trato directo, respectivamente.

La exclusión a que se refiere la norma, implica descartar o rechazar la posibilidad que las empresas condenadas por los hechos descritos en el primer párrafo, puedan participar de las licitaciones convocadas por el Estado o sus organismos o contratar con éstos.

Pues bien, la norma del artículo 92 y seguidamente la del artículo 93, ambas del Reglamento de la Ley N° 19.886, regulan en detalle las inhabilidades, esto es, los impedimentos para ser incluido en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración o permanecer en el.

Una de estas inhabilidades es aquella consignada en el numeral 7° del artículo 92, esto es, de haber sido condenado por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

A lo razonado, se debe añadir que, los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.886, según se hiciera alusión en la consideración octava de este pronunciamiento, determinan que es el Reglamento de la Ley N° 19.886, la norma de detalle que fijará los requisitos de incorporación, clasificación e inhabilidades, entre otros tópicos, que concurrirán regulados en el Registro de Proveedores para tener la calidad de contratista habilitado de la Administración del Estado, de lo que surge más bien, a contrario de lo sostenido por la Dirección de Compras Públicas que, efectivamente existe una íntima vinculación entre aquella inhabilidad legal para participar o suscribir contratos con el Estado o sus organismos producto de una condena por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador, del inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y aquella causal reglamentaria de exclusión del Registro de Proveedores del Estado del artículo 92 N° 7 del Reglamento, basada igualmente en una condena por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador, por lo que no se vislumbra de forma alguna, la diferenciación que pretende realizar la entidad recurrida para justificar su proceder.

UNDÉCIMO: Que, según ha quedado asentado en este recurso de protección la norma que permite imponer a la empresa recurrente la inhabilidad para contratar con el Estado o sus organismos dada su condena por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, de conformidad a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886, ha sido declarada inaplicable por inconstitucionalidad de la misma. Tal declaración representa una alteración del marco jurídico en que se fijó dicha inhabilidad, cuyo único sustento era la propia ley, por tanto la misma pierde su validez en estos antecedentes.

Ergo, la actuación reprochada a la entidad recurrida, es decir, haber informado la inhabilidad de la empresa recurrente para contratar con la Administración del Estado en el Registro de Proveedores, por la condena de la que fue objeto, carece, en la especie, de fundamentación legal y atendido aquello deviene necesariamente en una conducta ilegal que infringe las garantías constitucionales del numeral 2°, “igualdad ante la ley”, y numeral 24°, “derecho de propiedad”, ambos del artículo 19, al impedir que la sociedad recurrente en ejercicio de las actividades que le son propias e inherentes en su condición de empresa pueda participar de certámenes públicos que llama el Estado o sus órganos para contratar bienes y servicios, toda vez que, permanece inhabilitada en el Registro respectivo sin justificación legal alguna, lo que permitirá acoger esta acción constitucional de protección, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección, se declara: Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Alejandro Preuss Lazo, abogado, en representación de sociedad Inversiones Co-Creation Grass Chile Limitada en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en cuanto el organismo público recurrido deberá dejar sin efecto la inhabilidad que presenta la referida empresa recurrente en el Registro Electrónico Oficial de Contratación de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, debiendo ser reincorporada en el señalado Registro.

Decisión acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Moya Cuadra, quien fue de parecer de rechazar este recurso de protección, en atención a los siguientes razonamientos:

1°.- Que, el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, impide participar en procesos licitatorios o contratos con el Estado o sus organismos a una persona natural o jurídica condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, con ocasión del pronunciamiento de una sentencia judicial ejecutoriada; a su vez, el numeral 7° del artículo 92 del Decreto Supremo N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento de la Ley N° 19.886, establece una inhabilidad para quienes sean objeto de estas condenas en el Registro de Proveedores del Estado, tal y como ha sucedido con la empresa recurrente en el caso traído ante esta Corte;

2°.- Que la anotada inhabilidad ha sido establecida por el legislador en el marco de la debida protección que debe dispensarse a los derechos de los trabajadores y la obligación del Estado y sus organismos en protegerlos, por lo que no resulta atendible que en sus contrataciones éstos últimos se vinculen con empresas de cualquier naturaleza que han sido objeto de las aludidas condenas;

3°.- Que, en este sentido, es del caso consignar que el legislador, en resguardo, precisamente, de esos derechos de los trabajadores, como quedó explicitado en la historia de la Ley N° 20.238, introdujo la inhabilidad citada en al articulado de la Ley N° 19.886, con el fin de “garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las empresas y personas naturales que contratan con el Estado de Chile en el sistema de provisión de bienes y servicios”, exigiendo “a éstas últimas el pleno cumplimiento de la normativa laboral, previsional e impositiva vigente.”;

Al respecto se dejó constancia en la discusión parlamentaria que: “…la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no exige a los proveedores del Estado requisitos elementales que aseguren la competencia leal, como sería la necesidad de mantener un cumplimiento irrestricto de las citadas regulaciones, permitiendo la posibilidad de que empresas y personas naturales que infringen las normativas laborales y tributarias que el Estado se ha fijado para cautelar los derechos de los trabajadores y asegurar el financiamiento de sus programas, sean, al mismo tiempo, favorecidos en la adjudicación de contratos de suministro o servicio con órganos de la Administración del Estado.”;

Es por ello que se acordó que: “toda persona que contrate con el Estado que tenga trabajadores dependientes deberá cumplir, por lo menos, las normas establecidas en el Código del Trabajo y en la ley, en particular, las relativas a la seguridad social, previsión, vacaciones, seguridad laboral, etcétera”, de manera que: “lo que se pretende es establecer determinados requisitos que deberán cumplir los proveedores del Estado a la hora de contratar sus servicios o de participar en procesos de licitación para proveer de bienes y servicios a la Administración Pública”, resultando “necesario modificar la normativa general vigente en materia de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, con el objeto de exigir a quienes contraten con el fisco el pleno cumplimiento de la legislación impositiva, social y laboral.”;

4°.- Que, así las cosas, como resulta evidente, el legislador determinó que la “infracción a los derechos fundamentales del trabajador” a que se refiere el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 19.886 constituye, por sí mismo, argumento suficiente para impedir la postulación de la persona, empresa o entidad condenada por dicho motivo a la contratación con la Administración del Estado, sin que el legislador haya atendido, en este particular, a la gravedad o entidad de la conducta reprochada que propició esa condena, exigencia que, de existir, permitiría a la jurisdicción efectuar un juicio de proporcionalidad acerca de la infracción.

Por el contrario, la ley dispuso que al examinar la denuncia efectuada por un trabajador en este ámbito, la judicatura debía limitarse a constatar si el demandado había incurrido en la conducta reprochada, como aconteció en la especie.

5°.- Que, de este modo, no se advierte por quien disiente que exista alguna ilegalidad o arbitrariedad por parte del Servicio recurrido, menos aún la infracción a alguna garantía constitucional que amerite ser protegida por esta vía extraordinaria, desde que, la entidad pública se ha limitado a constatar la circunstancia de existencia de una condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador pronunciada en una sentencia judicial ejecutoriada, la que, en definitiva implica que la recurrente se encuentre, por el lapso de dos años, impedida de contratar con el Estado y sus organismos y, a consecuencia de ello, inhabilitada en el Registro de Proveedores que administra y controla la Dirección de Compras Públicas; y 6°.- Que, asimismo, el recurso de inaplicabilidad acogido por el Excmo. Tribunal Constitucional tampoco obsta, a que esta Corte, efectúe un análisis ponderativo diverso al desarrollado por la judicatura constitucional, máxime si consideramos que el fundamento de la inhabilidad, más allá de la norma declarada inconstitucional para este caso, nace de un pronunciamiento jurisdiccional que se encuentra firme y ejecutoriado y como consecuencia de ello, la recurrente desde ese mismo instante, esto es, desde que se declaró su condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador se encuentra inhabilitada temporalmente para permanecer en el Registro de Proveedores, cuya regulación normativa contenida en los artículos 16 y 17 de la Ley N° 19.886 y en el Capítulo IX del Reglamento de la Ley N° 19.886, es distinta en sus objetivos y fines de la disposición del inciso primero del artículo 4° de la misma ley declarada inconstitucional, por lo que resulta plenamente ajustado a derecho el obrar de la recurrida, todos motivos suficientes que debieron llevar al rechazo de este recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Rodrigo Rieloff Fuentes y de la disidencia, su autor. - N° 78.661-2019 (Protección)

No firma el abogado integrante señor Rieloff, por ausencia.