Protección contra Banco de Chile

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 23: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, como se pide.

Al folio 24: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 27 de febrero de 2026, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Banco de Chile, sociedad anónima del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en actos y omisiones que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes en la negativa de la institución financiera a restituir fondos sustraídos mediante fraude y la persistencia en el cobro de obligaciones crediticias generadas ilícitamente por terceros.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues a su juicio, la recurrida ha desatendido los mandatos imperativos de seguridad y vigilancia que le impone la normativa vigente, pretendiendo trasladar las consecuencias patrimoniales de un esquema delictivo a la víctima, vulnerando con ello los derechos fundamentales de integridad psíquica, protección de datos personales y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene la restitución íntegra de los haberes y la anulación de toda deuda asociada al ilícito.

Expone que el día 2 de diciembre de 2025 fue víctima de un robo por sorpresa en la vía pública, donde le fue sustraído su dispositivo móvil y tarjetas bancarias, procediendo de inmediato a efectuar la denuncia ante Carabineros de Chile y el correspondiente bloqueo de sus productos. No obstante, refiere que el día 3 de diciembre de 2025, sujetos desconocidos lograron vulnerar los sistemas de seguridad de la aplicación móvil del banco recurrido, ejecutando dos avances en efectivo por la suma total de $8.000.000 y diversas transferencias electrónicas hacia cuentas de terceros y plataformas digitales.

Agrega que, a pesar de haber cumplido con las exigencias de la Ley N° 20.009, mediante la suscripción de declaraciones juradas y entrega de antecedentes el 2 de enero de 2026, el Banco de Chile rechazó su solicitud de restitución y procedió a efectuar cobros automáticos por concepto de pago mínimo, amenazando además con el inicio de acciones de cobranza judicial. En derecho, la actora sostiene que la responsabilidad por el perjuicio patrimonial recae exclusivamente en la entidad bancaria en virtud de un régimen de responsabilidad objetiva derivado del contrato de cuenta corriente, calificado por la doctrina como un depósito irregular conforme al artículo 2221 del Código Civil.

Argumenta que la recurrida infringió el deber de monitoreo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 20.009, al no detectar un patrón de transacciones manifiestamente anómalas y ajenas al comportamiento financiero habitual de la clienta. Asimismo, invoca la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, señalando que la negligencia en la prestación del servicio causó un menoscabo derivado de deficiencias en la seguridad de las plataformas digitales, configurando lo que el derecho moderno denomina defecto de organización. Respecto de la vulneración de las garantías constitucionales, la recurrente afirma que se ha afectado su derecho de propiedad al verse privada de sus fondos y gravada con deudas inexistentes; su integridad psíquica, debido al estado de angustia y revictimización derivado del acoso en la cobranza; y la protección de sus datos personales, por la fragilidad de los sistemas de seguridad del banco que permitieron la captura de su identidad digital por parte de antisociales. Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la negativa de la recurrida, ordenándose la restitución inmediata de los montos defraudados debidamente reajustados, junto con la anulación y cancelación de todos los cargos, intereses y comisiones derivados de los avances de tarjeta de crédito solicitados fraudulentamente, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe de rigor, la recurrida, Banco de Chile, representada por el abogado Benjamín Jordán Astaburuaga, solicita el rechazo íntegro y con costas de la acción de protección intentada en su contra.

Fundamenta su defensa, en primer término, en la extemporaneidad del recurso, arguyendo que este fue deducido el 27 de febrero de 2026, esto es, una vez vencido el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado contenido en el Acta N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema; señala que el cómputo de dicho plazo debe iniciarse el 27 de enero de 2026, fecha en que la recurrente tuvo conocimiento cierto del acto impugnado mediante la respuesta oficial emitida por el banco.

En cuanto al fondo de la controversia, alega la inexistencia de un derecho indubitado y la falta de competencia de esta Iltma. Corte, por cuanto los hechos descritos se encuentran actualmente sometidos al imperio del derecho ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago, bajo el rol 1.177-M-2026, tribunal ante el cual se interpuso una demanda de conformidad a la Ley N° 20.009 para determinar la concurrencia de culpa grave por parte de la usuaria. Sostiene la inexistencia de una actuación ilegal o arbitraria, toda vez que las transacciones cuestionadas fueron autorizadas mediante mecanismos de autenticación activa, específicamente claves personales y el sistema “Mi Pass”, los cuales se encuentran bajo el resguardo exclusivo de la recurrente, no habiéndose acreditado vulneración alguna a los sistemas de seguridad de la entidad.

Sostiene que la actora no puede beneficiarse de su propia falta de diligencia. Finalmente, solicita que se tenga por acompañado en otrosí los siguientes documentos: 1) Copia de la demanda deducida por el Banco de Chile ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago bajo las disposiciones de la Ley N° 20.009; y 2) Copia de la resolución dictada por el referido tribunal en los autos rol 1.177-M-2026.

TERCERO: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre y legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que allí se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad opuesta, esta será acogida, toda vez, que el presente recurso de protección fue presentado el 27 de febrero de 2026, esto es, una vez vencido el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado contenido en el Acta N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, en circunstancias que el 27 de enero de 2026, tomó conocimiento cierto del acto impugnado mediante la respuesta oficial emitida por el banco.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, lo fundamentalmente alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario es la negativa del Banco de Chile a restituir íntegramente los fondos reclamados y la persistencia en el cobro de obligaciones crediticias generadas ilícitamente por terceros, en circunstancias que la recurrente niega haber autorizado las operaciones desconocidas o incurrido en dolo o culpa grave respecto de ellas.

SEXTO: Que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos indubitados y no discutidos, calidad que no reviste el que aquí se invoca, toda vez que lo pretendido por la actor es la restitución íntegra de los fondos reclamados, en circunstancias que la procedencia de dicho reembolso supone dilucidar previamente si en la generación de las operaciones desconocidas concurrió dolo o culpa grave del usuario, cuestión precisamente controvertida entre las partes y respecto de la cual el propio legislador previó en la Ley N°20.009 una sede y un procedimiento específicos.

En efecto, la tutela requerida no puede satisfacerse por esta vía ni del modo en que se pide, ya que, atendida la controversia existente sobre los hechos que originan el conflicto —en particular, sobre la forma en que fueron autorizadas las operaciones y los factores de autenticación empleados—, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que debe ser determinada en un procedimiento de lato conocimiento, con las oportunidades de prueba, discusión y análisis que le son propias, el cual no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y según da cuenta el informe y los antecedentes acompañados por Banco de Chile, dicha entidad interpuso ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago, bajo el rol 1.177-M-2026, una demanda de conformidad a la Ley N° 20.009, encontrándose dicha controversia actualmente sometida al conocimiento del tribunal que el legislador estimó competente para conocerla.

En este escenario, encontrándose pendiente una decisión judicial que se pronuncie respecto de la aludida controversia jurídica, lo cierto es que la situación de la recurrente se encuentra actualmente bajo el imperio del derecho.

En estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Banco del Banco de Chile.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-7851-2026.