Protección contra Ministerio Público-Fiscalía Nacional

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

1°) Que comparece don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección a favor de don Israel Alexis Muñoz González, en contra de Ministerio Público-Fiscalía Nacional, por el acto que estima ilegal y arbitrario contenido en Resolución de FN/MP N°468/2023 de fecha 14 de marzo de 2023, notificado con fecha 28 de marzo de 2023, que declara vacante su cargo por evaluación deficiente, lo que vulnera sus garantías constitucionales reconocidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 10 de marzo de 2023, el recurrente solicitó a su jefatura directa y jefa de Recursos Humanos copia de su evaluación de desempeño 2022, en atención a que a diferencia de años anteriores, no la había recibido, petición a la cual no se accedió por el motivo de que había sido enviada por carta certificada el 30 de enero de 2023, esto porque se encontraba con licencia médica. Posteriormente, señala que el 24 de marzo de 2023, concurre a reunión presencial con la jefa de Recursos Humanos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, quien le informó que la carta certificada había sido devuelta al servicio por no encontrar domicilio del destinatario, y que en esa ocasión, se le entrega al recurrente su evaluación de desempeño correspondiente al año 2022. Refiere que por reglamento, el evaluado cuenta con cinco días de plazo, desde la notificación, para impugnar sus valoraciones, pero que a pesar de estar vigente el referido plazo, el 28 de marzo de 2023, es notificado de la Resolución FN/MP N°468/2023 de fecha 14 de marzo de 2023, que declara vacante su cargo por evaluación deficiente. Agrega que dicha decisión se funda expresamente y como señala la resolución en que no interpuso reclamación, quedando en consecuencia a firme la nota señalada.

Explica que con la presente acción cautelar busca alcanzar protección de derechos indubitados que fueron vulnerados en el proceso de calificación que derivó en la Resolución que se impugna, y no busca la revisión de elementos de fondo en el proceso de calificación de fiscales adjuntos ni construir a esta Corte en un tribunal revisor de los baremos de evaluación, por cuanto entiende que eso escaparía a la naturaleza cautelar de la presente acción.

Reprocha que la recurrida dictó dicha Resolución sabiendo que el recurrente no tenía conocimiento del resultado de su evaluación de desempeño, en el entendido que había sido comunicada cuatro días antes de la fecha en que se notificó el acto que declara vacante su cargo, por lo que se le ha negado arbitrariamente su posibilidad de impugnar su evaluación, lo que le ha traído como consecuencia la pérdida de su fuente laboral.

Explica que los hechos relatados han conculcado su derecho a la propiedad, por cuanto se ha lesionado el derecho de propiedad de su representado respecto de su derecho a defensa y debido proceso, esto a consecuencia señala, de la falta de emplazamiento de su evaluación de desempeño del año 2022, que sirvió como fundamento directo para la declaración de vacancia de su cargo, que le dejó impedido de ejercer su derecho a reclamar respecto de su calificación, haciendo imposible identificar el principio contradictorio en dicho proceso de evaluación y posterior declaración de vacancia. Asimismo, y respecto del mismo derecho, agrega que ha afectado el derecho de propiedad respecto de su cargo y sus remuneraciones, ya que sostiene que los altos estándares de exigencia para la obtención del cargo de fiscal adjunto y los requerimientos de exclusividad, requieren que el procedimiento para la cesación en el cargo de un fiscal adjunto sea realizado conforme a derecho.

Alega también vulnerado el derecho a la igualdad, porque se le privó de forma ilegal y arbitraria de ejercer su derecho a reclamación sobre su calificación, a diferencia de los demás fiscales adjuntos del Ministerio Público que tuvieron tal posibilidad; así también, que el acto que estima ilegal y arbitrario, vulnera el derecho a la vida e integridad física y psíquica, fundamentado en que por el estrés y somatización corporal que ha desarrollado a causa del actuar arbitrario de la contraria, lo que ha traído como consecuencia directa que deba seguir una serie de prescripciones médicas para mantener su moral interna y salud mental protegida de colapsos mayores, y física atendido el carácter de alimentario de sus remuneraciones.

Hace presente, que se podría cuestionar por la recurrida que uno de los hechos vulneratorios tuvo lugar en la ausencia de notificación de la evaluación de desempeño y no en la Resolución que por este acto se impugna, a lo que razona que el acto pluriofensivo no se identifica íntimamente con la evaluación, sino más bien, con la Resolución que declara la vacancia del cargo del recurrente, la cual sostiene su decisión en la ausencia de reclamo respecto de una evaluación que fue notificada 10 días después de la fecha del acto lesivo, por lo que enfatiza que la Resolución FN-MP N° 468-2023 es el acto específico que afectó las garantías constitucionales del recurrente y que por este acto se impugna.

Concluye solicitando ordenar que se deje sin efecto la Resolución FNMP N° 468-2023 que declara vacante el cargo de Fiscal Adjunto Israel Alexis Muñoz González por la causal de evaluación deficiente de su desempeño, ordenando retrotraer el proceso hasta el estado de notificación de evaluación de desempeño para el año 2022 o al estado de reclamación de dicha evaluación, junto con la reincorporación del recurrente a sus labores, ordenando el pago de las remuneraciones que haya dejado de percibir entre la fecha de notificación de la Resolución que se impugna y la fecha de la reincorporación efectiva, o las medidas que este tribunal estime adecuadas a fin de reestablecer el imperio del derecho, condenando en costas a la recurrida.

2°) Que informando la recurrida, comparece don nombre reservado, Fiscal nombre reservado del Ministerio Público, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Como cuestión preliminar, señala que la petición del recurrente es improcedente por haber éste cesado en el cargo, además, en virtud de investigación administrativa en la que se aplicó la máxima sanción disciplinaria que contempla el ordenamiento jurídico disciplinario del Ministerio Público, la remoción, y no solo por Resolución FN/MP N°468/2023 de fecha 14 de marzo de 2023, investigación que no guarda relación ni se ve afectada por el presente recurso, por lo que consecuencialmente es improcedente la petición de reincorporación con el pago de las remuneraciones.

Luego, alega que el recurso es extemporáneo, argumentando que el verdadero acto u omisión supuestamente arbitrario o ilegal recurrido no es la Resolución por el cual se declaró vacante su cargo por dos evaluaciones deficientes en dos periodos consecutivos, sino que ésta habría tenido lugar en una supuesta ausencia de notificación de su evaluación de desempeño del año 2022 que le fue enviada y despachada por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte el día 30 de enero de 2023, mediante carta certificada vía Correos de Chile, al domicilio que éste tenía registrado a esa fecha en la nombre reservado.

Solicita, además, el rechazo de la acción por carecer de fundamentos al no existir actuación arbitraria o ilegal, ya que el proceso de declaración de vacancia del cargo por evaluaciones deficientes comenzó a través de Oficio FRCN N°89, de 2 de marzo de 2023, dictado por el Fiscal Metropolitano Centro Norte y que fue informado al recurrente que había incurrido en causal de cese de su cargo, no interponiendo reclamación en contra de esa evaluación, quedando firme la nota. Agrega que el recurrente al mes de enero de 2023 se encontraba suspendido de sus funciones en el marco de la investigación administrativa, motivo por el cual su calificación debió ser comunicada por carta certificada, la que de conformidad a lo establece el artículo 18 del Reglamento del Sistema de Gestión de Desempeño, se entenderá notificada transcurridos tres días hábiles desde su despacho por la oficina de Correos de Chile. Añade que no procede el planteamiento del recurrente de alegar una falta de notificación al mes de marzo de 2023, dado que por Reglamento la evaluación debe ser realizada durante el mes de enero, y que el propio Reglamento establece el mecanismo de notificación.

Asimismo, rechaza la existencia de vulneración de las garantías constitucionales, por cuanto indica se le aplicó el procedimiento establecido, con la misma normativa, ritualidad, derechos y garantías que se le aplican a todos los fiscales del país, y agrega la improcedencia de impugnar la evaluación de desempeño por esta vía, materia que indica debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento y que prevé el Código del Trabajo.

3°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) Que como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°) Que en virtud de los elementos de convicción aportados, apreciados conforme a la sana crítica es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Que el recurrente se encuentra cesado en su cargo de fiscal adjunto en virtud de una investigación administrativa en la que se le aplicó la máxima sanción disciplinaria, como es la remoción. Dicha medida fue impuesta por Resolución FN/MP N° 461/2023, de fecha 14 de marzo de 2023, como consecuencia de hechos que dicen relación con el desarrollo de un juicio oral vía zoom, en la causa RUC 2000438892-6, por el delito de robo por sorpresa, seguida ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el cual las magistradas advirtieron que el fiscal del Ministerio Público don nombre reservado, al momento de compartir pantalla para los intervinientes de la audiencia y de proceder a exhibir una fotografía, mantenía una conversación por chat con un funcionario de Carabineros llamado a prestar declaración a continuación del mismo juicio, oportunidad en que le entregaba instrucciones precisas de lo que tenía que declarar.

b.- Que en el referido proceso administrativo, ordenado por Resolución FR IA N° 026/ 2022 de 13 de octubre de 2022, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte don nombre reservado aprobó, en definitiva, el informe del investigador resolviendo la aplicación al recurrente, mediante Resolución FR- IA N° 011/2023 de 21 de febrero de 2023, de la medida disciplinaria de remoción prevista en el artículo 5° del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, por hecho precedentemente descrito.

c.- Que la señalada sanción fue confirmada por el Fiscal nombre reservado mediante Resolución FN/ MP N° 461/ 2023, de 14 de marzo de 2023, que rechazó el recurso de apelación subsidiario interpuesto por el Sr. nombre reservado.

d.-Que la Resolución impugnada FN/MP N° 468/ 2023 de fecha 14 de marzo de 2023, resolvió la cesación en su cargo del recurrente, por evaluación deficiente durante dos períodos consecutivos.

e.-Que el proceso de declaración de vacancia del cargo del recurrente, por evaluaciones deficientes de desempeño, comenzó mediante Oficio FRCN N° 89, de 2 de marzo de 2023, dictado por el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, quien informó que el Sr. nombre reservado, había incurrido en causal de cese de su cargo, por cuanto en el proceso de evaluación de su desempeño del año 2021 fue evaluado con un 63% equivalente a la nota 4,4; y que por su parte, para el período del año 2022, su evaluación alcanzó a un 66%, equivalente a la nota 4,6.

f.- Que el actor no interpuso reclamación en contra de las evaluaciones señaladas, quedando estas firmes.

g.- Que el Sr. nombre reservado, en el mes de marzo de 2023, se encontraba suspendido de sus funciones como fiscal adjunto en el marco de la investigación administrativa N° 026/2022, de 13 de octubre de 2022, seguida en razón de la comunicación del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de esta ciudad.

h.- En razón de lo indicado precedentemente, la evaluación de desempeño debió ser comunicada por carta certificada dirigida al último domicilio registrado por el funcionario en la División y/o Unidad de Recursos Humanos -domicilio reservado adjuntándosele copia de su evaluación. De acuerdo con el reporte de Correos de Chile, el despacho de la carta certificada se realizó con fecha 30 de enero de 2023, quedando firme el 2 de febrero de este año.

6°) Que el artículo 43 de la Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, establece: “Los fiscales adjuntos cesarán en sus cargos por: e) Evaluación deficiente de su desempeño funcionario, de conformidad al reglamento”.

Por su parte el Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño del Ministerio Público, en lo pertinente dispone: “ En caso que el fiscal o funcionario sea evaluado con una ponderación inferior a 57% en un período anual, o entre 57% y 70% por dos períodos consecutivos, constituirá una causal de cese de su cargo, o la terminación del contrato de trabajo por evaluación de desempeño deficiente, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en los Reglamentos de Personal para Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público”.

A su turno, el artículo 35 del citado Reglamento dispone: “que las reclamaciones de los fiscales adjuntos respecto de su evaluación de desempeño deberán interponerse, por escrito, ante el Fiscal nombre reservado, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la comunicación de la respectiva evaluación del período correspondiente”.

A su vez el artículo 39 del Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño del Ministerio Público establece que el proceso de evaluación de los fiscales adjuntos y de los Fiscales Regionales, incluidas las resoluciones de las reclamaciones, reposiciones o reconsideraciones, deberá concluir antes del 10 de marzo siguiente al período de evaluación.

7°) Que como primera cuestión ha de resolverse la alegación de extemporaneidad de la recurrida, para lo cual hay que tener en cuenta, según consta de los antecedentes aportados, que el recurrente fue notificado de la Resolución impugnada N° 468/ 2023, que declara vacante su cargo por evaluación deficiente el 28 de marzo de 2023, y la acción de protección se interpuso el 27 de abril del año en curso, es decir dentro del plazo establecido en el Auto Acordado, por lo que la extemporaneidad será desestimada.

8°) Que, de la lectura del recurso, es posible advertir que el fundamento de éste es la ausencia de notificación de su evaluación de desempeño del año 2022 que le fue despachada por la nombre reservado el 30 de enero de 2023, mediante carta certificada vía Correos de Chile, al domicilio que éste tenía registrado en la Institución; solicitando que por esta vía se deje sin efecto la Resolución impugnada, reincorporándolo al Ministerio Público, junto con el pago de las remuneraciones que el recurrente ha dejado de percibir.

9°) Que, sin embargo como consta de los antecedentes acompaños y señalados precedentemente, el recurrente se encontraba desvinculado de la Institución debido a una investigación administrativa en la que se le aplicó la máxima sanción disciplinaria, la remoción, medida impuesta a través de la Resolución FN/MP N° 461/2023 de 14 de marzo del presente año, como consecuencia de hechos que decían relación con lo informado por el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de esta ciudad, debido al comportamiento del recurrente en el desarrollo de la audiencia de juicio, cuando éste mantenía conversación con un funcionario de Carabineros, instruyéndolo sobre qué y cómo debía declarar. Proceso disciplinario que comenzó mediante Resolución FR/ IA N° 026/ 2022, de 13 de octubre de 2022, y que el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, aprobó en definitiva el informe del investigador, resolviendo aplicar al recurrente, mediante Resolución FR/ IA N° 011/2023 de 21 de febrero de 2023, la medida disciplinaria de remoción, prevista en el artículo 5° del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales Y Funcionarios del Ministerio Público, por haber transgredido en forma grave la buena fe procesal en el juicio RUC 2000438892-6 al instruirle a un testigo lo que debía declarar durante el desarrollo del mismo juicio oral, estando ese testigo en sala de espera y mientras declaraba la víctima, y ya que asimismo con posterioridad al descubrimiento por parte del Tribunal de lo actuado, le da instrucciones al mismo testigo para borrar la evidencia respectiva. Sanción disciplinaria que fue confirmada por el Fiscal nombre reservado mediante la Resolución FN/MP N° 461/ 2023, que rechazó el recurso de apelación subsidiario interpuesto por el Sr. nombre reservado.

10°) Que, en estas circunstancias, ninguna relación tiene el fundamento del recurso en cuanto ataca la Resolución N° 468/2023 que declara vacante el cargo del recurrente por deficiente desempeño consecutivo, pues él ya desde el mes de febrero de 2023 se encontraba desvinculado del Ministerio Público por la investigación referida, sanción que fue objeto de recurso por el funcionario, quedando dicha medida firme y ejecutoriada en marzo de 2013.

En consecuencia, no corresponde que éste sea reintegrado a sus labores y tampoco que se ordene el pago de sus remuneraciones, como se pide expresamente.

11°) Que, por la misma razón indicada, la situación del recurrente ya se encontraba definida por su remoción como sanción disciplinaria de la investigación administrativa, de tal forma su evaluación de desempeño, no podría haber tenido un resultado distinto, como al parecer pretende el Sr. nombre reservado, mediante esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y, de conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de Israel Alexis Muñoz González.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

No firma la Ministra señora González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por hacer uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N°Protección-7851-2023.