nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Óscar Olivares Jatib, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM), por haber no renovar su nombramiento a contrata para el año 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando los derechos garantizados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada presta labores desde el año 2019 en establecimientos de salud administrados por la Corporación Municipal de Conchalí, renovándose en forma sucesiva sus servicios hasta la época de presentación de este recurso, manteniendo buen desempeño y no siendo objeto de medida disciplinaria alguna.

Agrega que comenzó a desempeñar labores de técnico odontólogo a contrata, asimilada a la categoría C, grado 13, percibiendo un ingreso mensual líquido de $ 780.000 aproximadamente, en el Cesfam Juanita Aguirre de la comuna de Conchalí.

Señala que el 30 de diciembre de 2024, CORESAM le comunicó personalmente, mediante Resolución S/N de 30 de diciembre de 2024, el cese de sus servicios por "vencimiento del plazo del contrato" según el artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, a partir del 31 de diciembre de 2024.

Argumenta que dicha causal resulta inaplicable porque la recurrente llevaba cinco años en la dotación de salud, de modo que la relación laboral devino en indefinida, pudiendo cesar solo por calificación insuficiente o sumario administrativo.

Añade que el cargo está siendo cubierto por trabajadores a reemplazo, lo que demostraría que existen otras razones para la desvinculación. Aduce que es madre de una hija de 1 año y 7 meses, que hizo uso de licencias médicas durante el período 2024, y afirma que ese sería el único motivo que podría hipotéticamente justificar su desvinculación.

Respecto a los fundamentos jurídicos alega ausencia de motivación del acto administrativo, citando los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que obligan a expresar los hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten derechos de particulares.

Invoca el Dictamen Nº 6.400/2018 de la Contraloría General de la República, que establece que no resulta suficiente fundamentar la no renovación con expresiones como "vencimiento del plazo".

Plantea que desde el año 2023 la Corte Suprema ha sostenido que si una relación a contrata excede los cinco años y se renueva reiteradamente, se transforma en una indefinida conforme al principio de confianza legítima, pudiendo el funcionario ser separado solo por calificación deficiente o sanción disciplinaria.

Por estas razones, solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la actuación recurrida; se disponga el reintegro de la protegida en su puesto de trabajo con la misma categoría y grado; se ordene el pago íntegro de las remuneraciones devengadas en el período de desvinculación y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que don Sebastián Maldonado Tapia, abogado, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (en adelante "CORESAM"), evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso de protección.

Explica que la recurrente sostiene que prestó servicios desde el 1 de marzo de 2019 bajo la modalidad de contrato a plazo fijo conforme al artículo 14 inciso 3° de la Ley N° 19.378, acumulando al 31 de diciembre de 2024 aproximadamente 5 años y 9 meses de servicios.

Señala que mediante Resolución S/N de fecha 30 de diciembre de 2024, notificada personalmente, se le comunicó el término de su contrato por vencimiento del plazo. Aclara que la recurrente confunde este documento con la decisión de no renovación que sí está debidamente fundada en la Resolución N° 735/2024 de 2 de diciembre de 2024.

Invoca el ORD N° 281 del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, según el cual no existe obligación de dar aviso anticipado del término de contratos a plazo fijo, por lo que habría cumplido con lo exigido por el ordenamiento jurídico.

Respecto a la aplicación del principio de confianza legítima argumenta que por la naturaleza de persona jurídica de derecho privado no resulta aplicable.

En cuanto al marco normativo, establece que CORESAM es una Corporación de derecho privado creada al amparo del artículo 12 del DFL N° 13.063 de 1980, no siendo un órgano de la administración del Estado según dictámenes N°69.200/2010 y 25.303/2011 de Contraloría. Precisa que la relación laboral se rige por la Ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y, supletoriamente, por la Ley N° 18.883, no por la Ley N° 18.834.

Sobre la supuesta arbitrariedad e ilegalidad sostiene que la decisión está motivada conforme al artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378 y fundamentada en la Resolución N° 735/2024. Cita los artículos 14 de la Ley N° 19.378 y 2° de la Ley N° 18.883, que establecen que los contratos a plazo fijo duran hasta el 31 de diciembre, cesando por el solo ministerio de la ley si no hay prórroga, sin existir obligación de renovarlos.

Refuta que el contrato haya devenido en indefinido, argumentando que dicha consecuencia se contempla en el Código del Trabajo, inaplicable al caso. Señala que su decisión respondió al cumplimiento de la Ley N° 21.308 y del artículo 56 de la Ley N° 19.378, respetando el límite del 20% de la dotación en calidad de contratados a plazo fijo y proveyendo cargos en calidad de titular mediante concurso público.

En cuanto a la existencia de un derecho indubitado, argumenta que la recurrente no fundamentó debidamente la vulneración de garantías constitucionales. Asevera que se requiere un juicio de lato conocimiento, existiendo además un procedimiento específico de reclamación ante la Contraloría según el artículo 156 de la Ley N° 18.883.

Por todo lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte consiste en la decisión de la recurrida de no renovar el contrato de trabajo de la recurrente para el año 2025.

Quinto: Que de conformidad con los antecedentes acompañados por la parte recurrida se puede tener por establecido lo siguiente:

1°.- El 2 de enero de 2024, entre la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores y doña nombre reservado, se convino un contrato de trabajo en virtud del cual “viene en contratar, A contrata, los servicios profesionales de "El Trabajador”, quién se obliga a desempeñar el cargo de TECNICO SUPERIOR EN ODONTOLOGIA en "la Corporación””.

2°.- En la cláusula séptima de la referida convención se dejó constancia que: “El presente contrato rige a contar del día 01 DE ENERO DE 2024 y expirará el día 31 DE DICIEMBRE DE 2024, y solo podrá ponerse término de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y siguientes de la Ley N° 19.378”.

3°.- Por Resolución 735/2024, de 2 de diciembre de 2024, pronunciada por doña nombre reservado, Secretaria General de CORESAM, se dispuso la no renovación de los contratos a plazo fijo de los funcionarios que se individualizan, entre ellos, la recurrente.

4°.- De acuerdo al tenor de la resolución referida, la no renovación de los contratos a plazo fijo se fundó, entre otras circunstancias, en que “la Corporación Municipal de Conchalí ha definido las dotaciones de sus centros de salud en su Plan Anual de Salud, debiendo disponer la no renovación de aquellos funcionarios en calidad de plazo fijo, cuyas horas de contrato serán ejercidas por funcionarios en calidad de indefinido o titular”.

Sexto: Que la relación entre la actora y la entidad recurrida se encuentra regulada por la Ley Nº 19.378, que en su artículo 14 dispone que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.

A su turno el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Séptimo: Que teniendo en consideración que en estos autos solo se estableció la existencia de un contrato que ligó a las partes entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley N° 19.378, específicamente su artículo 48 que en la letra c), siendo por lo tanto inconducente analizar la existencia de antecedentes que permitan sostener que en este caso se aplicaría el principio de confianza legítima.

Octavo: Que cabe tener en consideración que en el recurso de protección que se analiza no se acompañó por la parte recurrente ningún antecedente que diera cuenta de los hechos que alega, salvo la constancia de la notificación de la resolución de no renovación del contrato que ligaba a las partes, en circunstancias que le correspondía probar la existencia de un derecho indubitado violentado por el accionar de la parte recurrida, que permitiera a esta Corte obrar en consecuencia.

El recurso de protección tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, que no se encuentren discutidos, requerimiento que no concurre en la especie, puesto que tanto la recurrente como la recurrida han manifestado alegaciones que, en definitiva, controvierten los supuestos fácticos que sirven de fundamento al recurso impetrado, razón por la cual los derechos que se invocan no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice, debiendo recurrirse a otras acciones que el ordenamiento jurídico entrega a las partes, donde pueden existir pronunciamientos de carácter declarativo de derechos, previa rendición de prueba”.

Noveno: Que dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por acción u omisión arbitraria o ilegal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido en favor doña nombre reservado en contra de Corporación Municipal de Conchalí.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el ministro Rodríguez Moreno.

N°Protección-784-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.