nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, veintitrés de junio de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, a fojas 7, doña nombre reservado, representada por el abogado José Luis Baro, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por la Tesorera General doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, solicitando que se ordene la devolución de las sumas retenidas por concepto de devolución de impuestos a la renta, período 2009, con costas.

SEGUNDO: Que, la recurrente señala que el total de su devolución anual de impuesto a la renta, por un monto de $ 2.276.188, correspondiente al año 2008, liquidada por el Servicio de Impuestos Internos, le ha sido retenida por la Tesorería General de la República por deuda de crédito universitario, sumas a las que tenía legítimo derecho de acceder por ser de su propiedad.

Indica que las deudas corresponden a los estudios realizados entre los años 1990 a 1999 en la Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Valparaíso, ingeniería en alimentos que no terminó y contabilidad, respectivamente, mediante crédito universitario cuya normativa aplicable es la Ley 18.591, la que dispone que las deudas así contraídas se regirán por los contratos que suscriban con la institución o la ley de general aplicación a operaciones de créditos, o sea, por el Código Civil o por la Ley 18.092; señala que el detalle total de la deuda se encuentra en los documentos que acompaña sobre la base de datos computacionales, ya que no ha tenido acceso a los instrumentos financieros respectivos, estimando vulnerado el principio de la contradicción. Agrega, por otra parte, que según la ley referida, las cuotas pactadas para solucionar el pago se encuentran vencidas desde el año 2008.

Sostiene que el proceder de la Tesorería General de la República resulta arbitrario e ilegal, por cuanto no ha validado adecuadamente la existencia, monto y actual exigibilidad de las deudas informadas por las casas de estudio requirentes, por no tener a la vista los documentos fundantes de su pretensión, lo que la ha privado del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la carta fundamental, en cuanto recae sobre bienes que se encuentran en su patrimonio, representados por las sumas correspondientes a su devolución anual de impuestos a la renta, a los que tenía legítimo derecho de acceder por haberse autorizado su pago.

Señala, además, que el Tribunal Constitucional al conocer de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con la norma del artículo 1 de la Ley 19.989, al razonar indica que la Tesorería General de la República al retener la devolución anual de impuestos correspondiente a los que aparecen como deudores de créditos universitarios para imputarlos a tales deudas, lo efectuó mediante el ejercicio arbitrario e ilegal de la potestad.

Atendida esta arbitrariedad e ilegalidad en que ha incurrido la recurrida, deduce esta acción constitucional y solicita que sea acogida, ordenando al servicio recurrido la devolución de las sumas retenidas por concepto de devolución de impuesto a la renta y que fuera debidamente autorizada por el Servicio de Impuestos Internos.

TERCERO: Que, informado la recurrida a fojas 33, solicita sea rechazado en todas sus partes el recurso de protección por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Señala que la declaración de impuesto a la renta, año 2009, presentada por la recurrente arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $2.276.188, cantidad que debía restituir la Tesorería General de la República, devolución que no se verificó puesto que el Fondo Solidario de la Universidad Católica de Valparaíso solicitó a dicho Servicio que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 19.989, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario que se encontraban impagos, las que remitió al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Católica de Valparaíso. Por emanar esta facultad de la ley, no resulta un acto ilegal o arbitrario del que se siga privación, perturbación o amenaza del derecho de propiedad, por lo que esta acción debe ser rechazada.

CUARTO: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el legítimo ejercicio de un derecho garantizado; pero en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, que no es otra que la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela.

QUINTO: Que por esta vía se busca la protección de la garantía contemplada en el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, la que según la recurrente ha sido afectada al disponer la recurrida la retención de la devolución anual del impuesto a la renta por un monto de $2.276.188.

La recurrente alega como fundamento de su acción cautelar la falta de exigibilidad de las obligaciones que se invocan para justificar la retención que se reprocha, pues considera que las cuotas del Crédito Universitario, en ausencia de convenio expreso, se encuentran vencidas. Precisa en relación a los estudios de la carrera de ingeniería en alimentos en la Universidad Católica de Valparaíso, años 1990 y 1993, que las cuotas se extendieron hasta el año 2005, y que la deuda por los estudios de la carrera de contabilidad, cursada en la Universidad de Valparaíso, años 1993 y 1999, están vencidas hasta el año 2008.

SEXTO: Que, en primer lugar, se hace necesario consignar que la declaración de inaplicabilidad pronunciada por el Tribunal Constitucional, en sentencia de 7 de septiembre de 2010, cuya copia rola a fojas 42, no tiene influencia en la resolución de esta causa. En efecto, la Tesorería General de la República, recurrida en este proceso constitucional de naturaleza cautelar, aplicó el precepto legal cuestionado, artículo 1° de la ley 19.989, antes de que fuera declarado inaplicable por la Magistratura Constitucional. Aún más, puede decirse que se encontraba obligada a proceder conforme se lo ordena ese mandato legal al haber recibido de la entidad acreedora la comunicación respectiva.

De ese modo entonces, la actuación administrativa que se impugna se agotó con la aplicación que hizo en su momento del artículo 1º de la citada ley Nº 19.989.

Cabe observar, además, que el citado precepto legal le impone una precisa obligación a la Tesorería General de la República, cual es, la de cobrar – compensando con la devolución de impuestos a la que tengan derecho los deudores de un crédito universitario - las obligaciones de éstos para con el Fondo de Crédito Universitario con el fin de mantener incólume los recursos con los que han de financiarse los nuevos créditos que deban otorgarse, lo que tiene importancia para el examen que luego se efectuara a fin de determinar si la recurrente se encuentra en el legitimo ejercicio de un derecho para impetrar, en esta sede, la cautela que reclama.

Por consiguiente, la circunstancia de que con posterioridad el Tribunal Constitucional hubiere declarado inaplicable el precepto legal en base al cual la autoridad administrativa –sujeta como lo está al principio de juridicidad- actuó, no puede conducir a estimar, con efecto retroactivo, que tal proceder, es ilegal, desde que para tal efecto resulta insuficiente el citado fallo.

SEPTIMO: Que, con todo, el reproche de ilegalidad al que se alude en el artículo 20 de la Constitución debe existir entonces, al momento en que el acto se verifique, de otro modo se introduce un factor de incerteza o de falta de previsibilidad en el actuar de la autoridad administrativa, lo que no resulta admisible.

OCTAVO: Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte no concurre un presupuesto básico para que una acción como la de la especie pueda prosperar, esto es, que exista un acto u omisión ilegal; el que, como se dijo, debe ser examinado con sujeción al orden legal vigente al tiempo de su verificación y, en el presente caso, la recurrida ajustó su actuar al mandato legal que así la autorizaba, según se desprende del documento de fs. 2 que la misma acompaña, en los términos del artículo 1 de la Ley 19.989. Y por otro lado, habiéndose atenido a las formalidades previstas en dicha ley, el acto atacado tampoco resulta arbitrario, desde que la retención cuestionada tiene como fundamento la sola información proporcionada por la parte acreedora del crédito, de lo que se sigue que cuenta con mérito que lo justifica.

NOVENO: Que, en otro orden de consideraciones, se ha alegado que la recurrida no advirtió que la deuda compensada no sería exigible y, por tal motivo no concurriría uno de los requisitos que la citada disposición legal exige para proceder como lo hizo, lo que habría impedido a la recurrente impetrar, ante tribunal competente, las acciones, excepciones, alegaciones y defensas para impugnar la supuesta deuda que motiva la retención del Servicio recurrido.

DECIMO: Que no se observa el obstáculo procesal que la recurrente hace presente, pues lo cierto es que la declaración de prescripción de una obligación, como también lo reconoce la recurrente, es ajena a los fines de una acción como la que otorga el artículo 20 de la Constitución, toda vez que implicaría formular pronunciamientos de fondo, que solo procede sean establecidos por la jurisdicción en un contradictorio de lato conocimiento, derecho que subsiste y no se ve afectado por el actuar de la recurrida, quien se atuvo a un mandato legal y a la orden emanada del Administrador del Fondo de Crédito Universitario respectivo, entidad autorizada para ello, no siendo de su cargo verificar los títulos que justificarían la existencia, monto y exigibilidad de la deuda impaga.

UNDECIMO: Que, no está demás señalar, que para que proceda la acción de protección la recurrente debe acreditar encontrarse en el legítimo ejercicio de un derecho, presupuesto que no se verifica en la especie de momento que aquella figura como deudora de una obligación contraída con el Fondo Solidario de Crédito de Universitario, y en tanto no se declare la prescripción de esa deuda –lo que no es posible reconocer en esta sede- sigue obligada a su reintegro.

DUODECIMO: En consecuencia, en lo referente a la alegación de la recurrente, en el sentido de que, según la Ley 18.092, las cuotas pactadas para solucionar el pago se encontrarían vencidas desde el año 2008, aún considerando lo resuelto en los motivos precedentes en cuanto a que dicha ley no es aplicable en la especie, discutir y resolver tal circunstancia en esta sede excede el procedimiento establecido para esta acción constitucional.

Tampoco resulta válida la alegación que efectúa en cuanto se atentaría, además, contra su derecho al debido proceso, por cuanto el procedimiento seguido por la Tesorería corresponde al que establece la ley.

DECIMO TECERO: Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio, como ya se dijo, de los derechos que la reclamante pueda hacer valer a través de los procedimientos que la normativa le reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones, se rechaza, el recurso deducido en lo principal de fojas 7 por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción de la ministra (s) señora Fernández.

N° Protección 7833-2009.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, conformada por el ministro señor Carlos Cerda Fernández y por la ministra (s) señora Olga Fernández Berardi y el abogado integrante señor Leandro Carvallo Rodó.