nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

1°) Son partes en el presente recurso de protección, como recurrente, don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quién expresa que la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., representada por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, incurrió en un acto ilegal y arbitrario de retención y no hacer entrega de la totalidad de los fondos previsionales correspondientes al 10% de sus ahorros debido a una supuesta retención que realiza el Servicio de Impuestos Internos por las boletas de honorarios que emitió en el año 2019 para destinarlo a Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que afectan gravemente las garantías constitucionales descrita en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

2°) El recurrente expresa que el 30 de julio de 2020 inició proceso de retiro del total de los fondos de la cuenta de cotización obligatoria que mantiene con la A.F.P. Plan Vital, en virtud de la Ley 21.248, ya que con fecha 26 de julio de 2020 la recurrida le informa via correo electrónico que el monto disponible era de $284.117.- Posteriormente, con fecha 11 de agosto de 2020 le indica que su solicitud ha sido aprobada y su pago disponible con fecha máxima 13 de agosto de 2020, fecha en que se deposita en su cuenta bancaria la suma de $189.096.- esto es $95.021.- menor a lo que correspondía y recibe correo informativo señalando que el dinero retenido corresponde a aquella que realiza el SII por las boletas de honorarios que emitió el año 2019 para destinarlo al SIS según lo establecido en la ley para trabajadores independientes.

Indica que la recurrida no ha dado cumplimiento al mandato legal estatuido en la Ley 21.248. A mayor abundamiento, el SII en informativo de su página web www.sii.cl de fecha 21 de agosto de 2020 aclara que la retención que algunas Administradoras de Fondos de Pensiones estarían realizando con cargo al retiro del 10% de los fondos de los contribuyentes, no tiene relación con el pago de las cotizaciones correspondientes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

El derecho de igualdad ante la ley es violado por la recurrida al realizar una discriminación arbitraria en su contra toda vez de que es de público conocimiento que es la única AFP del mercado a nivel nacional, que ha hecho esta retención ilegal y arbitraria contra los trabajadores independientes.

Se ve conculcado el derecho de propiedad por cuanto, la historia de la Ley 21.248, que faculta el retiro de fondos previsionales por única vez, tiene como fundamento el dominio que recae por parte de los trabajadores sobre sus fondos de pensión, dicha normativa legal, aprobada, promulgada y publicada en tiempo record, responde en forma paliativa a una crisis económica mundial, con el fin de poder brindar apoyo a las personas, en medio de la crisis. La A.F.P. Plan Vital S.A. que en virtud de lo dispuesto en el DL 3500 es quien administra los dineros que le pertenecen, no permite que pueda disponer libremente de ellos.

Finalmente solicita tener por interpuesto el recurso, y previo informe de la recurrida, se acoja y que se haga entrega inmediata de la totalidad del dinero retenido, con expresa condena en costas.

3°) Don Eder Juica Silva, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. evacúo el informe señalando lo siguiente:

En primer lugar, alega que la acción cautelar deducida en contra de su representada excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptibles de discutir en esta sede. A través de esta vía, no es posible obtener un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente, en consecuencia, la acción resulta inadmisible pues los hechos reclamados deben discutirse en un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto al fondo del asunto, transcribe el artículo único de la Ley 21248 y luego señala que día 26 de julio del año en curso, mediante correo electrónico, informó al recurrente el saldo de su cuenta de capitalización de cotizaciones obligatorias. En aquella oportunidad, el monto informado fue de $284.117.- correspondiente a 6,69 cuotas del Fondo Tipo B del valor cuota del día 23 de julio de 2020, monto referencial pues podía sufrir variaciones de acuerdo a las fluctuaciones experimentadas por el valor de las cuotas.

Ahora bien, el pago efectuado al recurrente correspondió a $189.096.- Es del caso que NO todo el saldo informado era susceptible de retiro, toda vez que existen derechos sobre aquel constituidos en favor de las Compañía de Seguros de Vida por concepto de pago de primas asociadas al SIS. Este seguro se encuentra regulado en los artículos 54 y siguientes del D.L. N°3.500. Para el caso, la Ley 21.113 establece que los trabajadores independientes que obtengan rentas gravadas están obligados a cotizar para el financiamiento del SIS. Los montos transferidos por la Tesorería, asignados a cada mes, se abonan en la cuenta individual de cotizaciones obligatorias, por lo que mientras no se rebajen para ser pagados a las compañías de seguros, forman parte del saldo de dicha cuenta. Aclara que la Ley 21.248 incluye a los trabajadores independientes, situación que no afecta los derechos y obligaciones contenidos en la Ley 21.113.

Indica que el día 24 de agosto de 2020, con posterioridad al pago efectuado al recurrente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N°16491, señaló que el monto determinado para el financiamiento del SIS debe pagarse a las Compañías de Seguros, no siendo posible que aquellos sean considerados en el monto susceptible de retiro a que se refiere la Ley 21.248.

Resalta que A.F.P. Plan Vital no cometió acto ilegal o arbitrario que afectara el derecho de propiedad del recurrente, sino que su actuar está en pleno cumplimiento de las instrucciones normativas de la Superintendencia de Pensiones que a su vez, materializaron la operatividad de la Ley 21.248, siendo dichas instrucciones normativas obligatorias para la recurrida y cuyo incumplimiento se encuentra prohibido y sancionado, por lo que malamente puede hablarse de una arbitrariedad al estar compelida a cumplir las instrucciones de dicho ente rector, y además tampoco puede hablarse de ilegalidad en su actuar al encuadrar su actuar en las instrucciones legales y normativas vigentes.

Concluye solicitando que se tenga por evacuado el informe, y que se rechace el recurso, en todas sus partes, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que cabe apuntar, como reiteradamente se ha sostenido, que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

2°.- Que relacionado con lo que precede, la “ilegalidad” y la “arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos.

Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente.

3°.- Que la acción de protección se sustenta en que la recurrida retuvo a través de un acto arbitrario e ilegal parte del 10% de sus fondos de pensiones acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias cuya solicitud de entrega gestionó de conformidad al derecho que consagra a los afiliados la Ley 21.248.

Por su lado, la Administradora recurrida afirma que la aludida retención obedece a lo dispuesto en la Ley 21.113, en atención a que existen derechos sobre ese saldo en favor de las Compañías de Seguros de Vida, por concepto de pago de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que establece que los trabajadores independientes que obtengan rentas por el artículo 42 N° 2 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, se encuentran obligados a cotizar entre otras prestaciones, para el financiamiento del seguro ya citado.

4°.- Que el inciso segundo del artículo 39 transitorio de la Constitución Política de la República, introducido por la Ley 21.248 prescribe que: “Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias”.

5°.- Que, en consecuencia, solo cabe concluir que al haberse retenido un saldo, como lo reconoce la recurrida en su informe, esta incurrió en un acto que se encuentra expresamente prohibido, lo que lo torna en ilegal y, que perturba la garantía constitucional del derecho de propiedad, contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Máximo Tribunal.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, SIN COSTAS, el interpuesto en favor de don nombre reservado y en contra de AFP Plan Vital, y en consecuencia se declara que la recurrida deber pagar, entregar y depositar al actor, el saldo de su cuenta de ahorro previsional, dentro de quinto de ejecutoriada esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

N°Protección-78313-2020.

En Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.