GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A. con SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. Y OTRO

32 33 Santiago, catorce de octubre del año dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que a fojas 24, don PATRICIO PIDDO ISBEJ, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en favor de GESTIÓN ECOLÓGICA DE RESIDUOS S.A., empresa del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de la SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A., empresa del giro de su denominación, representada por su gerente general don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representado por el Ministro del ramo don nombre reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado, por los actos arbitrarios que vulneran los derechos constitucionales de la sociedad amparada, consagrados en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en mérito de las consideraciones que expone.

La recurrente, Gestión Ecológica de Residuos S.A., explica, es una empresa de tratamiento de residuos industriales y domiciliarios, que posee la Estación de Transferencia de residuos denominada “Cerro Los Cóndores”, ubicada en domicilio reservado, cercana a la ruta 5 Norte, que cuenta con permisos sanitarios al día para desempeñar su actividad económica, e incluso con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada mediante resolución N°2231/2007.

La Estación de Transferencia recibe mensualmente cerca de 16.000 toneladas de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de diferentes comunas e industrias, que son llevados por camiones recolectores de basura y camiones recolectores industriales a la planta de transferencia, desde las diferentes comunas de la Región Metropolitana, cobrando un importe por tonelada descargada en dicha planta.

Indica que el emplazamiento es estratégico para desarrollar la actividad económica de planta de transferencia de residuos, pues se ubica en una zona industrial de la comuna de Quilicura, cercano al “Gran Santiago”, cerca de la ruta 5 Norte, cuyo único acceso en estos momentos es el “Enlace Buenaventura”, por calle San Ignacio. Actualmente, en dicho acceso se genera una elevada congestión vehicular durante la mayor parte de la jornada, sin perjuicio de lo cual en la planta se reciben diariamente más de 200 camiones recolectores, y se evacúan más de 50 camiones con destino al relleno sanitario Cerros La Leona, propiedad de la empresa.

Precisa que durante el año 2015, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS concesionó un proyecto denominado “Conversión estándar urbano acceso a Santiago Ruta 5 Norte, Concesión tramo Santiago-Los Vilos”, proyecto que corresponde a una obra de infraestructura vial pública por concesión, que considera intervenir la Ruta 5 Norte entre los km. 10.890 y 26.000, desde el denominado “Nudo Quilicura” al “Peaje Lampa”, generando nuevos accesos y mejorando los existentes.

Advierte que el problema que se presenta no es la obra de infraestructura vial en sí, sino la planificación y cronograma de las intervenciones, que vulnera los derechos de la empresa. El proyecto pretende construir seis nuevos accesos, tres de ellos muy cercanos a la Estación de Transferencia de Residuos de su representada: Acceso Cañaveral, Acceso Las Esteras/Lautaro y Acceso Lo Marcoleta, a la altura de la empresa CCU. Asimismo, se pretende intervenir y ampliar el actual acceso llamado “Buenaventura”, siendo los cuatro accesos muy cercanos entre sí y cercanos a la empresa.

El problema se produce porque la SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A., arbitrariamente y sin mediar racionalidad, ha decidido la construcción de estos tres nuevos accesos y la ampliación del tercero de forma simultánea, reduciendo las actuales tres pistas de acceso del enlace Buenaventura a sólo una, disminuyendo ostensiblemente la capacidad vial del sector, generando un colapso vial de gran magnitud que hará complejo el tránsito por la zona, lo que ha sido aprobado por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Explica que el 11 de Julio de 2016, personal de SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. les comunicó que la intervención en el Enlace Buenaventura se iniciaría el 16 de ese mes, considerando un angostamiento en el paso sobre nivel de Calle San Ignacio, la que durante la intervención tendrá solo una pista por sentido, y si bien la empresa sabía del plan de mejoramiento de los accesos a Quilicura, desconocía que la intervención a los cuatro accesos se haría en forma simultánea, generando un desastre vial de proporciones que afecta los derechos de GESTIÓN ECOLÓGICA DE RESIDUOS S.A., ya que los clientes se verán impedidos de ingresar a sus dependencias, debido a que los tiempos de espera producto de los tacos se duplicarán, alcanzando las 4 horas, lo que hará que prefieran otras plantas de transferencia de residuos, amenazando su derecho a ejercer la actividad económica que desempeña.

2°) Que el recurrente sostiene que el actuar de la SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A., aprobado por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, denota falta de lógica y racionalidad, que sólo puede encontrar su explicación en criterios económicos, lo que no constituye razón que justifique la medida de intervenir los cuatro accesos a la vez, pues el costo de esta decisión se hace recaer sobre los particulares que deben circular por el sector, y en especial, sobre quienes desarrollan su actividad económica en la zona. Con la actual planificación y cronograma de intervenciones, la concesionaria tiene un ahorro en tiempo y en dinero, pero para el público en general y las empresas del sector, es una merma sustancial y un tremendo costo económico asociado.

La arbitrariedad se manifiesta al observar las desventajas de que las cuatro intervenciones viales se realicen de forma simultánea, y las ventajas de realizarlas de forma separada, generando por un nuevo acceso en calle Cañaveral por el que puedan circular los vehículos, y sólo cuando este nuevo acceso esté en funcionamiento se intervenga el actual acceso de Buenaventura.

Agrega que la concesionaria ahorra recursos al realizar cuatro intervenciones viales a la vez, pero estima que es una decisión irracional, ya que en la actualidad existe colapso vial en el acceso a Quilicura con tres pistas en el acceso Buenaventura, pero se tornará desmedido con sólo una de ellas funcionando.

3°) Que, el recurso se extiende sobre la vulneración del derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, y explica que el actuar arbitrario de SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A., aprobado por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, amenaza y perturba la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, reiterando que la actividad económica de la recurrente consiste en recibir, en su planta de tratamiento de residuos, camiones recolectores de residuos provenientes de todo Santiago, que pagan un importe por tonelada de basura depositada, que acceden a la planta por el actual acceso de Buenaventura.

Empero, con la actual planificación de la intervención vial, que reducirá de tres a una pista por el enlace de Buenaventura, sin existir nuevos accesos, provocará la imposibilidad de que los camiones lleguen a la planta de transferencia de residuos. Actualmente, con tres pistas existen tacos de hasta dos horas, los que se duplicarán con la reducción a una pista, como pretende implementar la concesionaria, no existiendo nuevos accesos.

La dificultad de recibir camiones en la planta de transferencia, debido a la planificación de las intervenciones viales amenaza y perturba el derecho de la recurrente a ejercer su actividad económica como planta de recepción de residuos, contando con los permisos pertinentes, siendo afectada por la intervención, por lo que solicita tomar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos.

4°) Que, como peticiones concretas, solicita adoptar las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos de la recurrente, ordenando a la SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. y al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS suspender la ejecución de las obras viales en el Enlace San Ignacio/Buenaventura, hasta contar con un estudio que indique la mejor forma de realizar las obras, reduciendo al mínimo posible el impacto sobre los particulares que desarrollan su actividad económica en el sector, y particularmente su representada.

Además, adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo posible el impacto y externalidades negativas que las obras de intervención vial generan en los particulares que desarrollan su actividad económica en el sector, particularmente su representada, aunque ello represente un mayor costo en tiempo y recursos para la ejecución de las obras, sin causar mayores inconvenientes que los que hasta ahora se ven obligadas a soportar las empresas del sector, bajo las actuales condiciones de vialidad.

Por último, suspender las obras de intervención vial de forma simultánea como se desarrollan, debiendo realizarse éstas una luego de la otra, de forma de evitar el colapso vial, y reducir las consecuencias negativas sobre los particulares que desarrollan su actividad económica en el sector, particularmente su representada.

O bien, pide adoptar las medidas que el tribunal considere necesarias y pertinentes, todo con costas.

5°) Que, mediante la presentación de fojas 77, don nombre reservado, ingeniero, y don nombre reservado, abogado, por la recurrida SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A., informan el recurso, solicitando su rechazo, con costas, dada su manifiesta falta de fundamentos.

Estima que el recurso interpuesto debe ser rechazado, por cuanto: (i) el recurso de protección no es la vía idónea para discutir la eficacia y, mucho menos, el contenido de actos administrativos; (ii) no existe ningún acto arbitrario cometido por la Sociedad Concesionaria; (iii) no existe privación, perturbación ni amenaza a ningún derecho del recurrente; y, (iv) se basa en diversos supuestos -tanto de hecho como de derecho- falsos o errados.

Indica que la Sociedad Concesionaria niega, desconoce y controvierte explícitamente todo lo afirmado por el recurrente en el recurso, salvo en lo que sea reconocido por su parte en el informe.

Explica que el sector urbano de la Ruta 5, tramo Santiago-Los Vilos, comprendido entre los kilómetros 10.86 y 26, es una de las infraestructuras viales más importantes de la Región Metropolitana, pues representa la puerta de entrada y salida de Santiago para el sistema vial del norte y poniente de la capital, y se interconecta con las concesiones viales urbanas del sector.

El proyecto de ingeniería entregado por el MOP durante la etapa de licitación del contrato de concesión fue desarrollado antes del año 1994, época en que los sectores aledaños a la carretera eran rurales, se encontraban deshabitados y tenían escaso desarrollo industrial e inmobiliario. Por ello, en esa época el diseño vial que el MOP dio al sector fue el de una ruta interurbana, que no contempla tráficos locales, circulación de ciclistas, enlaces con las vías transversales, atraviesos peatonales, buses urbanos.

Desde fines de la década del 90, la zona circundante al sector comprendido entre Santiago y Lampa ha experimentado transformaciones que la han convertido en el polo industrial e inmobiliario más importante y dinámico de Santiago desde su construcción anterior al año 1994, evolución que tornó insuficiente y obsoleta la infraestructura vial en la zona, que era de tipo interurbano y que, por lo mismo, carecía de elementos viales básicos para atender adecuadamente la demanda de transporte urbano existente en el entorno, por ejemplo, en la carencia de accesos o pasos a desnivel suficientes que proporcionen conectividad transversal. Del mismo modo, la conectividad de la carretera con las nuevas vías locales construidas en su entorno se hizo insuficiente, entre otras razones, porque las actuales calles de servicio o “caleteras” son discontinuas. Así, la ruta se transformó en un elemento de división y segregación territorial para los desarrollos inmobiliarios que fueron surgiendo a uno y otro lado de la ruta.

Asimismo, el alto flujo de vehículos fruto del crecimiento industrial de la zona, parte importante de los cuales son vehículos pesados -buses y camiones- trajo como consecuencia altos niveles de congestión, en extensos periodos tanto de días laborales como festivos. Ello se tradujo en episodios recurrentes de atochamientos y accidentes, asociados a mayores tiempos de viaje que generaban elevados costos sociales y falta de productividad, tanto pública como privada.

El aumento del tráfico, la presencia de ciclistas y peatones, la circulación de vehículos de locomoción colectiva, el tráfico local, entre otras razones, hicieron imprescindible disponer de medidas de seguridad vial tales como pasarelas peatonales, segregación de vehículos que circulan a mayor velocidad, mejorar iluminación, instalar barreras que impidan el atravieso de peatones, entre otros elementos de seguridad vial, pues el tramo estaba convertido en sector de alta accidentabilidad, con riesgo para la seguridad de las personas. Señala que en la zona del “Sector Urbano”, de 15 kms. de longitud, en los últimos 5 años habían ocurrido aproximadamente 928 accidentes, con más de 461 lesionados y 32 fallecidos.

Agrega que en vista de ello, el MOP dictó la Resolución DGOP N°4112 de 22 de noviembre de 2010 disponiendo, por razones fundadas en interés público y urgencia, que la Sociedad Concesionaria elabore, desarrolle, tramite y proyecte la obra pública denominada “Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte”, en las condiciones y conforme a los términos y exigencias que la misma resolución administrativa dispuso.

Luego, aprobado el proyecto de las Obras del Sector Urbano, el Estado de Chile dictó el Decreto Supremo MOP N°113, de 24 de octubre de 2014, en virtud del cual se modificó el contrato de concesión de esta obra pública, disponiendo que la Sociedad Concesionaria ejecutara las obras del Proyecto de Mejoramiento, dentro del plazo máximo de 28 meses contados de la fecha en que se cumplieran los hitos o condiciones señalados en dicho acto administrativo.

Expresa que en un considerando del D.S. MOP N°113 se indicaron las razones que motivaron a la autoridad para ejecutar las obras, detallando los graves problemas viales que ya existían en el sector.

6°) Que el informe añade que habiéndose diseñado la infraestructura vial de este sector para necesidades muy distintas a las actuales, el MOP se vio en la necesidad y deber de modificar la obra pública, tal como permite la legislación del ramo, impulsando su conversión a estándares urbanos, lo que implica una solución integral y mejoras sustantivas a dicha infraestructura.

Añade que la situación de congestión vial en el sector donde la recurrente desarrolla su actividad económica era preexistente a las obras del Sector Urbano, siendo dicho problema lo que motivó a la autoridad a ordenar el diseño y la ejecución de las nuevas obras, en curso. Dicha insuficiencia en la infraestructura y la situación de congestión del sector donde se emplaza la recurrente era conocida por ella cuando inició sus actividades económicas y, sin duda, se vieron reflejadas en el menor valor que pagó por el terreno donde desarrolla sus actividades. Sin embargo, una vez que las nuevas obras estén concluidas y en funcionamiento, la recurrente se beneficiará con las mejoras.

Aduce que toda mejora a la infraestructura vial puede ocasionar momentáneos inconvenientes, inevitables para quienes circulan por las vías intervenidas con trabajos tales como desvíos, cierre de pistas, tránsito de camiones y maquinaria de la faena, restricciones asociadas a este tipo de faenas, haciendo presente lo descabellado que importa el que una sola persona, invocando un supuesto y potencial perjuicio individual, que no consta ni se acredita, pretenda la paralización, en aras de un mejor diseño de los trabajos, de todas las faenas de construcción de nuevas obras viales que benefician a muchas personas, entre ellas la reclamante.

7°) Que el informe agrega que las nuevas obras implicarán una mejora integral en la calidad del servicio y en la capacidad vial de la Ruta 5 Norte y de sus calles de servicio, en beneficio de quienes circulen por el sector urbano, en especial los que desarrollan una actividad económica en el sector, al tiempo que implica un aumento en la seguridad para conductores, ciclistas y peatones.

Informa que el monto de la inversión en obras contemplado por el Decreto Supremo MOP N°113 para las Obras de Conversión del Sector Urbano consideran un valor máximo de UF 4.645.010, equivalentes a $116.107.924.112, (ciento dieciséis mil ciento siete millones novecientos veinticuatro mil ciento doce pesos) aproximadamente, más de 180 millones de dólares, y las nuevas obras del Sector Urbano implicarán mejoras, por la ampliación de la capacidad de la vía expresa de 3 a 4 pistas entre el Km 10,9 y el 15,8 (hasta Enlace Buenaventura), se construirán 7 nuevos enlaces desnivelados, se mejorarán y ampliarán los actuales enlaces desnivelados, entre ellos el Enlace Buenaventura, nuevos pasos desnivelado cada 1.360 metros con aceras y otras soluciones de atravieso para peatones, se ejecutarán 10 pasarelas peatonales nuevas y se mejorarán las 4 actualmente existentes, lo cual proveerá de 14 atraviesos en total, habrá una pasarela cada 700 metros, habrá continuidad completa de calles de servicio o “caleteras” por ambos lados de la ruta, con un mínimo de 2 pistas por sentido (en algunos puntos con 3 pistas por sentido y en algunos retornos hasta 4 pistas por sentido), las que serán unidireccionales y tendrán una longitud total aproximada de 30 km. (15 kilómetros al oriente y 15 al poniente), se construirán ciclovías por ambos costados de las calles de servicio, se instalará iluminación en calles de servicio y en las vías expresas, se implementarán elementos de segregación, además de la mejora en la iluminación, señalización y seguridad, se construirán 44 nuevos paraderos de buses, se adecuarán 61 Obras de Arte y se construirán Obras de Saneamiento de tipo urbano, se ejecutarán obras para habilitar un sistema electrónico de cobro de peajes (free flow), se habilitará un sistema de mensajería electrónica variable, mediante la construcción de 3 marcos de mensajería por sentido de tráfico, con el propósito de proveer al usuario con información respecto del uso de la autopista (gestión de tráfico); se instalarán cámaras de seguridad que entregaran control total sobre la vía expresa y las calles de servicio, de manera de poder atender a los usuarios de acuerdo a los altos estándares de servicio incluidos en el proyecto, la vía expresa contará con Postes SOS, con teléfonos de emergencia para atención al usuario, se instalaran barreras acústicas en aquellos sectores con presencia cercana de viviendas o asentamientos urbanos, se implementará un paisajismo acorde a la magnitud de la obra, que pretende mejorar la imagen de la autopista, embelleciendo las zonas aledañas.

El D.S. MOP N°113 estableció un plazo máximo de 28 meses para la ejecución de las obras del Proyecto de Mejoramiento, y la forma y el plazo de ejecución de los trabajos en el Sector Urbano están establecidos en diversos actos administrativos y sujetos a un Plan de Desvíos que debe ser estudiado y aprobado previamente por diversas entidades sectoriales que detalla.

Agrega que existe un plan de desvíos y mantención de tránsito, estando el plan de tránsito reglamentado en varios actos administrativos, que dan cuenta de la intervención de numerosos organismos públicos expertos y con competencia en materia de transporte vial metropolitano. La Minuta Técnica cuyo asunto o materia es “Requerimientos mínimos para los desvíos de tránsito de las obras de conversión del sector urbano” fue elaborado por la Inspección Fiscal de la misma concesión y se contiene en anexo N°1, documento oficial que señala las consideraciones generales, lineamientos y los contenidos mínimos a los que debe ajustarse el Plan de Desvíos de Tránsito y Mantención de Tránsito, que se debió someter a la aprobación de las autoridades.

8°) Que el informe añade que entre otras indicaciones de la Minuta, señala dos tramos principales para el desarrollo de los trabajos: A) Tramo Américo Vespucio Norte-Sector La Montaña y B) Tramo Sector La Montaña-Peaje Lampa. La idea es que cada uno de estos tramos principales pueda construirse en forma simultánea o desfasada con respecto al otro, considerando una secuencia prefijada para los módulos que las componen en cada caso, de modo de garantizar el funcionamiento del conjunto, en particular para ejecutar las obras en los Enlaces Buenaventura y Lo Pinto (acápite 2).

No es efectivo que el único acceso a las instalaciones de GERSA sea el Enlace Buenaventura, pues mientras duran las obras existen otros enlaces cercanos y vías de acceso alternativas, precisamente porque los trabajos se han desarrollado respetando el funcionamiento del conjunto, y para llevar a cabo las obras, se contempla la reducción de capacidad de oferta vial de 3 a 2 pistas por sentido en la vía expresa. En el caso de las calles de servicio, que antes operaban en ambos sentidos (bidireccionales), durante la construcción de cada tramo operarán solo en un sentido. Esto implica que la calle de servicio o caletera oriente opera en dirección Norte y la calle de servicio o caletera poniente, en dirección Sur, medida que ha tenido el objeto de mitigar el déficit de capacidad con que queda la propia vía expresa para poder construir en dos partes todos los accesos que se encuentran al norte y al sur de Enlace Buenaventura, que GERSA señala en su recurso, el Paso Superior Cañaveral y el conjunto Las Esteras-Lautaro.

Tales indicaciones de la autoridad se justifican por la necesidad de mantener y mitigar la afectación al flujo dominante del conjunto, que circula por la Ruta 5 Norte en ambos sentidos. La planificación lógica de los desvíos y otras medidas a ejecutar en los enlace, pasa por mantener el tránsito unidireccional a través de las calles de servicio o colaterales y, en consecuencia, los desvíos en el Enlace Buenaventura y diversas medidas no pueden sino respetar la configuración unidireccional de las caleteras.

Al final de la minuta se señala que el Plan de Desvíos y Mantención de Tránsito, además de cumplir con las obligaciones y exigencias de la Resolución de Calificación Ambiental N°419/2012, que rige la construcción del proyecto, el Plan de Desvíos y Mantención de Tránsito y con la aprobación de la Secretaría Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana (SEREMITT) y de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), además de considerar la opinión de las Direcciones de Tránsito comunales que correspondan.

Hace presente que la SEREMITT desempeña el rol de único interlocutor ante la Concesionaria. Al solicitar un desvío, la SEREMITT informa y pide observaciones a las municipalidades y organismos competentes en el área de influencia del desvío, además de realizar visitas a terreno y reuniones de trabajo que ésta coordina con las entidades pertinentes del área de influencia del desvío (incluyendo a la Inspección Fiscal), tienen por finalidad buscar la solución más óptima, que de mejor manera satisfaga los intereses del conjunto.

Ejecutadas las obras preliminares, la SEREMITT las verifica mediante visita inspectiva, y de estar de acuerdo con las medidas implementadas, dicta una Resolución, que se publica en el Diario Oficial, autorizando la apertura de la intervención o desvío solicitado, que en el caso de la intervención en el Enlace Buenaventura, por Resolución Exenta N°3.708 de la SEREMITT, de 18 de julio de 2016, se autorizó la intervención en dicho Enlace para su ampliación y mejoramiento, el cierre alternado de las calzadas y del ramal de conexión del Enlace, prohibiendo la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, el que se ha evitado hasta la fecha procurando la mantención del tránsito entre los sectores oriente y poniente de calle San Ignacio.

Reitera las alternativas de acceso al sector de la planta de GERSA, pues no es efectivo que el Enlace Buenaventura sea la única vía de acceso con que cuenta, y tampoco la reducción de vías de 3 a una pista en calle San Ignacio-Enlace Buenaventura, como indica la recurrente.

9°) Que el informante sostiene, por otra parte, que atendida su propia naturaleza, el recurso de protección no es la vía idónea para discutir la validez o eficacia de actos administrativos, que en este caso además gozan de presunción de legalidad, ni el mérito y contenido de dichas decisiones, que requieren del ejercicio de otras acciones, mencionando un fallo que ratifica la doctrina que esta acción constitucional no es el sustituto de acciones de lato conocimiento.

Explica que SCADA no ha incurrido en ningún acto ilegal ni arbitrario, y la “planificación y cronograma” de los trabajos a que se refiere la recurrente, en particular en el Enlace Buenaventura y los desvíos y otras medidas, no constituyen acto ilegal o arbitrario, pues están sustentados en normas legales, contractuales y en actos administrativos válidamente emitidos, previa tramitación y consulta al MOP y otras entidades técnicas.

Afirma que la única arbitrariedad reside en las peticiones concretas de la recurrente, pues de ser acogidas se generarían consecuencias negativas para el interés público mayores a las que GERSA supuestamente busca mitigar.

Se refiere a la finalidad y estado actual de los trabajos en Enlace Buenaventura, adjuntando un cuadro y dos fotografías, estimando que de acuerdo al avance de las obras no es posible restituir las pistas intervenidas para la circulación de vehículos, sino hasta que finalicen los trabajos en desarrollo.

10°) Que el informe señala que las peticiones de la recurrente carecen de racionalidad o justificación técnica. Así, la aspiración de GERSA de construir previamente el Paso Superior Cañaveral u otro de los que señala en su recurso, antes de intervenir el Enlace Buenaventura, es incompatible con la propia configuración de desvíos que exige la Minuta Técnica del MOP, pues implicaría romper la unidireccionalidad en las caleteras existentes (tanto al oriente como al poniente) del futuro paso superior Cañaveral, así como fricciones y riesgos de seguridad vial adicionales.

Además, tanto al norte como al sur de dicho Enlace existe gran cantidad de líneas eléctricas y de redes de telecomunicaciones, cuyo traslado supedita la ejecución de los nuevos pasos a desnivel contemplados en el Proyecto de Mejoramiento. Dichas obras preliminares, llamadas Cambios de Servicios, se encuentran pendientes pues deben ser trasladadas por las empresas propietarias o concesionarias de los servicios, por lo que es físicamente imposible anticipar y materializar en terreno la ejecución de los nuevos accesos que GERSA señala en su recurso.

En resumen, la paralización solicitada no resolvería los problemas viales, sino que los prolongaría en el tiempo (perjuicios a particulares y al interés social), todo ello en el exclusivo y supuesto interés de una sola persona.

11°) Que, seguidamente, el informe señala que no hay conculcación, perturbación ni amenaza a los derechos del recurrente.

Expresa el informe, en cuanto a las garantías constitucionales, que el recurrente alega que se afectaría su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, regulado en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política, y no se discute que GERSA tiene derecho a desarrollar las actividades económicas propias de su giro, con apego al ordenamiento jurídico vigente. Pero ello no quiere decir que la recurrente tenga un pretendido derecho a “acceso fluido” o “libre de congestión” al inmueble en que opera.

Añade que las nuevas obras no pueden ejecutarse sin desvíos y otras medidas de restricción que si bien pueden afectar el desplazamiento vehicular, son transitorias y sin ellas no podrían materializarse las mejoras viales que beneficiarán a toda la comunidad y a la propia recurrente, la que confunde los presupuestos de la acción de protección, pues entiende que la mera enunciación de una supuesta acción arbitraria sería suficiente para configurar la vulneración a una garantía fundamental. En consecuencia, no se constata ninguna amenaza o afectación concreta al derecho cuya protección invoca la recurrente.

Pide el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

12°) Que, mediante presentación de fojas 114, don nombre reservado, Ministro De Obras Públicas, también recurrido, emite el informe pedido, solicitando que se desestime el recurso, con expresa condenación en costas.

Expone que el recurso de protección constituye una medida cautelar, mediante la cual no puede discutirse la validez de actos administrativos ni el mérito, oportunidad y conveniencia de su dictación, y las obras de desvío por las cuales reclama el recurrente se basan en normas legales y actos administrativos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes, incluyendo el control de legalidad que ejerce la Contraloría General de la República.

Conforme lo anterior, corresponde rechazar la acción constitucional por no tratarse de la vía idónea para discutir materias de lato conocimiento como es la validez de los actos administrativos que sustentan la implementación del plan de desvíos reclamado en ella.

Agrega que el Ministerio de Obras Públicas está facultado para ejecutar obras mediante el sistema de concesiones, cita los artículos 87 y 88 del DFL MOP N°850, el último en cuanto señala que las concesiones que se otorguen se regirán por las normas del DS MOP N°900, Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento (DS MOP N°956) y las Bases de Licitación de cada contrato en particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore al efecto.

Atendidas dichas normas, el Ministerio de Obras Públicas tiene la facultad de ejecutar obras públicas fiscales mediante el sistema de concesión y así, adjudicó el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos, mediante DS MOP N°845, de 14 de octubre de 1999. Además, los artículos 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69 de su Reglamento, establecen la facultad del MOP de modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados. En uso de tal facultad, mediante DS MOP N°113 de 20 de enero de 2014, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos, considerando que durante su etapa de explotación, el MOP desarrolló un programa de mejoramiento que tiene como objetivo mejorar los accesos a las zonas de empleo y servicios, resolver intersecciones, aumentar la capacidad en ejes saturados y otorgar mejores condiciones de seguridad y servicialidad para los usuarios, disponiendo la ejecución del proyecto denominado “Plan de Mejoramiento Etapa 2, del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos”, el cual fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, mediante Oficio Ord. N°051/048, de 21 de agosto de 2013, por considerarlo un proyecto rentable socialmente.

13°) Que, luego, el Sr. Ministro informante describe el proyecto “Conversión a estándar urbano del acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, cuyas obras son ejecutadas por cuenta y cargo de Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A., que también es responsable del diseño, implementación y mantenimiento de los desvíos.

Dentro del Plan de Mejoramiento Etapa 2 se encuentran las “Obras de Conversión del Sector Urbano”, que corresponden a la intervención de la Ruta 5 Norte y sus calles de servicio, entre el km 10+860 y km 26+000, emplazadas en las comunas de Quilicura, Lampa y Colina de la Región Metropolitana, obras que detalla.

El plazo máximo establecido para la construcción de la totalidad de dichas obras es de 28 meses a contar de la fecha de suscripción del contrato de la licitación N°1 del DS N°113, con un presupuesto aproximado para su ejecución de UF 4.468.400, cuyos beneficios serán la disminución de los tiempos de viaje, mejora en condiciones en la seguridad vial, tanto para los flujos vehiculares, peatonales y ciclísticos, y la generación de nueva infraestructura para el desarrollo futuro del sector norte de Santiago.

Describe las obras en desarrollo asociadas a los tres pasos superiores mencionados por la recurrente y al Enlace Buenaventura, y la justificación técnica de la ejecución simultánea de los cuatro atraviesos en los Pasos Superiores Lo Marcoleta, Las Esteras Sur-Lautaro y Cañaveral y Enlace Buenaventura; teniendo en cuenta la necesidad de elevar la rasante de ruta 5 en el sector de los nuevos pasos superiores, se abordó optando por intervenir en primer lugar la mitad Oriente, pues ello permite construir los terraplenes y las estructuras, manteniendo el tránsito de la vía expresa en el nivel existente por el lado Poniente. Posteriormente será posible poner en servicio provisorio la nueva rasante con sus estructuras en el lado Oriente, mientras se completan las obras equivalentes en el Poniente.

Las necesidades de circulación entre Oriente y Poniente se resuelven usando las calles de servicios para cruzar por los enlaces existentes al Norte y al Sur del Enlace Buenaventura y acceder a las zonas aledañas a la carretera. De este modo los movimientos hacia el oriente y el poniente y viceversa utilizan los enlaces para retornos y cruces en sentido perpendicular a la vía en condiciones seguras.

La modalidad de intervención elegida permite disminuir la duración de las obras de mejoramiento de la Ruta y sus conexiones.

Las intervenciones se han materializado, en la práctica, con desfase, entre los tramos al sur y al norte del Enlace Buenaventura, para reducir los impactos a los usuarios, así como por la misma razón, se ha optado por intervenir la ampliación del Enlace Buenaventura por mitades.

Expresa que se logra disminuir la duración de las obras de mejoramiento de la Ruta y sus conexiones a veinte meses, en lugar de seis años en caso de ejecutarlas como la recurrente propone, la reducción de los impactos hacia los usuarios, y por la misma razón se ha optado por intervenir la ampliación del enlace Buenaventura por mitades (Norte y Sur).

14°) Que el informe refiere que la propiedad de la recurrente tiene accesos alternativos al Enlace Buenaventura, y la implementación de los trabajos que se desarrollan en el Enlace Buenaventura no ha afectado la posibilidad de acceder a las propiedades aledañas a la ruta, señalando a vía ejemplar que en el caso de viajar desde el sur por Ruta 5, deben retornar al sur en el enlace Radial Nororiente, para luego ingresar a Av. San Ignacio por el ramal norponiente del enlace Buenaventura; o bien, ingresar a la calle de Servicio Poniente y acceder a Los Cóndores por calle El Juncal; y para quienes provienen desde el norte por Ruta 5, deben ingresar a Av. San Ignacio por el ramal norponiente del enlace Buenaventura, o bien ingresar a la calle de Servicio Poniente y acceder a Los Cóndores por calle El Juncal.

15°) Que, seguidamente, el informe señala que no existe acto arbitrario ni ilegal que cause privación, perturbación o amenaza de la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, y reitera que el MOP tiene la facultad de ejecutar obras públicas mediante el sistema de concesiones pudiendo, además, modificar las características de las obras y servicios concesionados, disponiendo, por ejemplo, la ejecución de obras adicionales como el caso de las “Obras de Conversión del Sector Urbano.

Para la ejecución de las obras la SEREMITT RM, autoridad competente en la materia, aprobó los Planes de Desvíos respectivos, presentados por la Sociedad Concesionaria, el cual contempla la intervención simultánea de los Pasos Superiores Lo Marcoleta, Las Esteras Sur y Cañaveral y del Enlace Buenaventura, ello atendido a que, de abordarse la intervención unitaria de las estructuras como pretende la recurrente, los desvíos a implementar serían análogos ya que la ejecución simultánea implica un menor plazo de intervención, lo que favorece a los usuarios de la ruta, y también a los propietarios de predios aledaños.

Si bien la ejecución de obras públicas provoca externalidades negativas no deseadas, el análisis del mérito, oportunidad y conveniencia de ejecutar las Obras de Conversión del Sector Urbano de la manera más eficiente posible, conlleva intervenir las estructuras mencionadas de manera simultánea para mejorar las condiciones de seguridad vial y de servicialidad a los usuarios y propietarios colindantes y disminuir los tiempos de ejecución.

Reitera que el acceso a la propiedad de la recurrente tiene alternativas en operación, ya indicadas, lo que desvirtúa los fundamentos del recurso en cuanto con la intervención de las estructuras mencionadas se ve impedida de ejercer su negocio, toda vez que además del Enlace Buenaventura, sus clientes pueden utilizar tales calles.

Pide tener por informado el recurso, y rechazarlo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

16°) Que, para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

17º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Es importante recalcar que la ilegalidad y arbitrariedad no son elementos que deban concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

18°) Que, dicho lo anterior, en relación al recurso de protección de autos, debe afirmarse desde ya que éste no puede prosperar, debiendo ser desestimado, básicamente por la inexistencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Efectivamente, se ha recurrido, de acuerdo con el relato del libelo pertinente, debido a que durante el año 2015, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS concesionó un proyecto de infraestructura vial denominado “Conversión estándar urbano acceso a Santiago Ruta 5 Norte, Concesión tramo Santiago-Los Vilos”, que corresponde a una obra de infraestructura vial pública por concesión, que considera intervenir la Ruta 5 Norte entre los km. 10.890 y 26.000, desde el denominado “Nudo Quilicura” al “Peaje Lampa”, generando nuevos accesos y mejorando los existentes.

Quien recurre sostiene que el problema no es, en si misma, la obra de infraestructura vial, sino la planificación y cronograma de las intervenciones, que vulnera los derechos de la empresa recurrente, desde que dicho proyecto de infraestructura vial pretende construir seis nuevos accesos, tres de los cuales se ubican muy cercanos a la Estación de Transferencia de Residuos de la empresa recurrente, Acceso Cañaveral, Acceso Las Esteras/Lautaro y Acceso Lo Marcoleta. Además, se pretende intervenir y ampliar el actual acceso llamado “Buenaventura”, siendo los cuatro accesos muy cercanos entre sí y cercanos a la empresa.

Denuncia que el problema se produce porque la SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A., de modo que califica de arbitrario, acusando además que no ha mediado racionalidad, ha decidido efectuar la construcción de estos tres nuevos accesos y la ampliación del tercero de forma simultánea, reduciendo las actuales tres pistas de acceso del enlace Buenaventura a sólo una, disminuyendo la capacidad vial del sector y generando un colapso vial que hará complejo el tránsito por la zona, lo que ha sido aprobado por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Explica que el 11 de Julio de 2016, personal de SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. les comunicó que la intervención en el Enlace Buenaventura se iniciaría el 16 del mismo mes, considerando un angostamiento en el paso sobre nivel de Calle San Ignacio, la que durante la intervención tendrá solo una pista por sentido, y la empresa sabía del plan de mejoramiento de los accesos a Quilicura, pero desconocía que la intervención a los cuatro accesos se haría en forma simultánea, generando un desastre vial, que afecta los derechos de GESTIÓN ECOLÓGICA DE RESIDUOS S.A., pues los clientes serán impedidos de ingresar a sus dependencias, debido a que los tiempos de espera producto de los tacos se duplicarán, llegando a 4 horas, lo que hará que prefieran otras plantas de transferencia de residuos, amenazando su derecho a ejercer la actividad económica que desempeña.

El recurrente acusa que el actuar de la SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A., aprobado por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS denota falta de lógica y racionalidad, que sólo puede encontrar explicación en criterios económicos, lo que no constituye razón que justifique intervenir los cuatro accesos a la vez, pues el costo de esta decisión se hace recaer sobre los particulares que deben circular por el sector, y en especial sobre quienes desarrollan su actividad económica en la zona. Con la actual planificación y cronograma de intervenciones, la concesionaria tiene un ahorro en tiempo y en dinero, pero para el público y las empresas del sector, es una merma sustancial y un costo económico asociado, acusa.

La arbitrariedad se presenta, en el entendimiento de quien recurre, al observar las desventajas de que estas cuatro intervenciones viales se realicen simultáneamente, y las ventajas de realizarlas de forma separada, planteando como alternativa que se genere un nuevo acceso en calle Cañaveral por el que puedan circular los vehículos, y sólo cuando este nuevo acceso esté en funcionamiento, se intervenga el actual acceso de Buenaventura.

Agrega que la empresa concesionaria ahorra recursos al realizar cuatro intervenciones viales a la vez, pero estima que es una decisión irracional, ya que en la actualidad existe colapso vial en el acceso a Quilicura con tres pistas en el acceso Buenaventura, pero se tornará desmedido con sólo una de ellas funcionando.

Entonces, al tenor de lo que se denuncia que constituye un actuar arbitrario de parte de las recurridas, se plantea por la recurrente una forma diferente de llevar a cabo los trabajos, que lógicamente parece acomodar más al criterio de quien formula semejante parecer y, así, tiene la visión de que esta Corte posee competencia, por medio del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, para trazar o delinear una forma de llevar adelante las obras viales que se ejecutan que sea diferente de la que ha implementado la empresa recurrida, en virtud de lo acordado con el Ministerio de Obras Públicas, en términos que no desfavorezcan la actividad económica de quien recurre, en términos, ciertamente, que no desmerezcan sus utilidades económicas o nivel de ganancia.

19°) Que semejante parecer no tiene asidero alguno. Primeramente, porque el recurso de protección no constituye la vía idónea para encausar el desarrollo de determinadas obras viales, de modo que éstas se acomoden, en cuanto a la forma de ponerlas en práctica, a los intereses de quienes decidan acudir a esta sede. En rigor, se trata de determinaciones tomadas a nivel de las estructuras administrativas del Estado, a quienes la propia ley ha entregado la facultad de poder planificarlas y finalmente, llevarlas a cabo, tal como ha ocurrido en la especie.

La empresa concesionaria recurrida no ha incurrido en ningún acto ilegal ni arbitrario, y ha explicado de modo conveniente, que la “planificación y cronograma” de los trabajos a que se refiere la recurrente, en particular en el Enlace Buenaventura y los desvíos y otras medidas, no constituyen acto ilegal o arbitrario, pues están sustentados en normas legales, contractuales y en actos administrativos válidamente emitidos, previa tramitación y consulta al MOP y otras entidades técnicas, lo cual desde luego es totalmente efectivo.

Dicha empresa, en su informe, manifiesta que el aumento del tráfico, la presencia de ciclistas y peatones, la circulación de vehículos de locomoción colectiva, el tráfico local, entre otras razones, hicieron imprescindible disponer de medidas de seguridad vial, tales como pasarelas peatonales, segregación de vehículos que circulan a mayor velocidad, mejorar iluminación, instalar barreras que impidan el atravieso de peatones, entre otros elementos de seguridad vial, pues el tramo estaba convertido en sector de alta accidentabilidad, con riesgo para la seguridad de las personas. Señala que en la zona del “Sector Urbano”, de 15 kms. de longitud, en los últimos 5 años habían ocurrido aproximadamente 928 accidentes, con más de 461 lesionados y 32 fallecidos.

Agrega que por lo anterior, el MOP dictó la Resolución DGOP N°4112 de 22 de noviembre de 2010, disponiendo, por razones fundadas en interés público y urgencia, que la Sociedad Concesionaria elabore, desarrolle, tramite y proyecte la obra pública denominada “Conversión a Estándar Urbano del Acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte”, en las condiciones y conforme a los términos y exigencias que la misma resolución administrativa dispuso.

Aprobado el proyecto de las Obras del Sector Urbano, se dictó el Decreto Supremo MOP N°113, de 24 de octubre de 2014, en virtud del cual se modificó el contrato de concesión de esta obra pública, disponiendo que la Sociedad Concesionaria ejecutara las obras del Proyecto de Mejoramiento, dentro del plazo máximo de 28 meses contados de la fecha en que se cumplieran los hitos o condiciones señalados en dicho acto administrativo.

Seguidamente, expresa que en un considerando del D.S. MOP N°113 se expresaron las razones que motivaron a la autoridad para ejecutar las obras, detallando los graves problemas viales que ya existían en el sector.

Indica la empresa concesionaria recurrida que habiéndose diseñado la infraestructura vial de este sector para necesidades muy distintas a las actuales, el MOP se vio en la necesidad y deber de modificar la obra pública, tal como permite la legislación del ramo, impulsando su conversión a estándares urbanos, lo que implica una solución integral y mejoras sustantivas a dicha infraestructura.

Añade que la situación de congestión vial en el sector donde la recurrente desarrolla su actividad económica era preexistente a las obras del Sector Urbano, siendo dicho problema lo que motivó a la autoridad a ordenar el diseño y la ejecución de las nuevas obras, en curso. Dicha insuficiencia en la infraestructura y la situación de congestión del sector donde se emplaza la recurrente era conocida por ella cuando inició sus actividades económicas, e incluso aventura que ellas se vieron reflejadas en el menor valor que pagó por el terreno donde hoy desarrolla sus actividades.

De esta manera, lo latamente informado refuta las afirmaciones del recurso, puesto que al leer el mismo, pareciera entenderse que las obras se han implementado de modo casi espontáneo y sin planificación, en circunstancias que son el fruto de las necesidades propias del sector en cuestión, y para su realización se tuvieron que efectuar múltiples estudios, así como dictarse un Decreto por parte del Ministerio recurrido, todo lo cual aleja la posibilidad de estar en presencia de un acto arbitrario o ilegal.

20°) Que, ampliando lo anteriormente expuesto, ciertamente y tal como sostiene el Sr. Ministro recurrido, el recurso de protección constituye una medida cautelar, mediante la cual no puede discutirse la validez de actos administrativos ni el mérito, oportunidad y conveniencia de su dictación, y las obras de desvío por las cuales reclama el recurrente se basan en normas legales y actos administrativos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes, incluyendo el control de legalidad que ejerce la Contraloría General de la República.

El Ministerio de Obras Públicas, conforme se plasma en su informe, está facultado para ejecutar obras mediante el sistema de concesiones, citando los artículos 87 y 88 del DFL MOP N°850, el último en cuanto señala que las concesiones que se otorguen se regirán por las normas del DS MOP N°900, Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento (DS MOP N°956) y las Bases de Licitación de cada contrato en particular, que dicho Ministerio elabore.

De tales normas arranca la facultad del Ministerio para ejecutar obras públicas fiscales mediante el sistema de concesión. En uso de ellas adjudicó, primeramente, el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos, mediante DS MOP N°845, de 14 de octubre de 1999.

Los artículos 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y 69 de su Reglamento, establecen la facultad del MOP de modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, y usando tal facultad, mediante DS MOP N°113 de 20 de enero de 2014, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos, considerando que durante su etapa de explotación, el MOP desarrolló un programa de mejoramiento que tiene como objetivo general mejorar los accesos a las zonas de empleo y servicios, resolver intersecciones, aumentar la capacidad en ejes saturados y otorgar mejores condiciones de seguridad y servicialidad para los usuarios, disponiendo la ejecución del proyecto denominado “Plan de Mejoramiento Etapa 2, del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos”, el cual fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, mediante Oficio Ord. N°051/048, de 21 de agosto de 2013, por considerarlo un proyecto rentable socialmente.

Igualmente, se ha informado que las obras se llevan a cabo sobre la base de una Minuta Técnica cuyo asunto o materia es “Requerimientos mínimos para los desvíos de tránsito de las obras de conversión del sector urbano” que fue elaborado por la Inspección Fiscal de la misma concesión, documento oficial que señala las consideraciones generales, lineamientos y los contenidos mínimos a los que debe ajustarse el Plan de Desvíos de Tránsito y Mantención de Tránsito, que se debió someter a la aprobación de las autoridades.

Se ha explicado, además, que entre otras indicaciones de la Minuta, señala dos tramos principales para el desarrollo de los trabajos: A) Tramo Américo Vespucio Norte-Sector La Montaña y B) Tramo Sector La Montaña-Peaje Lampa. La idea es que cada uno de estos tramos principales pueda construirse en forma simultánea o desfasada con respecto al otro, considerando una secuencia prefijada para los módulos que las componen en cada caso, de modo de garantizar el funcionamiento del conjunto, en particular para ejecutar las obras en los Enlaces Buenaventura y Lo Pinto.

Se dice, asimismo, desmintiendo lo afirmado al respecto en el recurso, que no es efectivo que el único acceso a las instalaciones de GERSA sea el Enlace Buenaventura, pues mientras duran las obras existen otros enlaces cercanos y vías de acceso alternativas, porque los trabajos se han desarrollado respetando el funcionamiento del conjunto, y para llevar a cabo las obras, se contempla la reducción de capacidad de oferta vial de 3 a 2 pistas por sentido en la vía expresa. En el caso de las calles de servicio, que antes operaban en ambos sentidos (bidireccionales), durante la construcción de cada tramo operarán solo en un sentido. Esto implica que la calle de servicio o caletera oriente opera únicamente en dirección Norte y la calle de servicio o caletera poniente, en dirección Sur, medida que ha tenido el objeto de mitigar el déficit de capacidad con que queda la propia vía expresa para poder construir en dos partes todos los accesos que se encuentran al norte y al sur de Enlace Buenaventura, que GERSA señala en su recurso, el Paso Superior Cañaveral y el conjunto Las Esteras-Lautaro.

21°) Que, por ende, y como se desprende de los antecedentes de autos, se trata de una obra adecuadamente diseñada, por la autoridad competente en la materia, y con participación de otras entidades también interesadas en ella, que no puede ser modificada, en modo alguno, por la vía de este recurso, que como se sabe, ni siquiera constituye un juicio, de donde deriva que no existe la etapa de prueba, respecto de las afirmaciones o argumentos que lo sustentan.

En ello se basa la idea previamente anunciada en orden a que la presente acción cautelar no resulta el medio idóneo para impugnar las obras de que se trata y, en rigor, ellas no deberían ser impugnables, desde que se trata de obras de interés público, destinadas a solucionar los graves problemas de conectividad vial que se han generado a partir del aumento explosivo del parque vehicular, producido por múltiples razones, lo cual por lo demás es de público conocimiento. Y ellas se han diseñado y puestas en práctica por la autoridad competente en la materia, el Ministerio de Obras Públicas, mediante un sistema específico, de concesión.

22°) Que, de otro lado, y resumiendo, de su propia naturaleza, esto es, tratarse de obras de ejecución y diseño previo en extremo complejos, deriva a su turno la falta de arbitrariedad de las mismas, no siendo posible que los administrados pretendan imponer, mediante el ejercicio de recursos como el presente, que no fueron establecidos para tal finalidad, su propia forma de concretarlas, atendiendo a sus propios y particulares intereses.

Admitir el criterio contrario, conduciría a la situación intolerable de que, así como ha recurrido la empresa Gestión Ecológica de Residuos S.A., también cabría la posibilidad de que otras empresas del sector e incluso particulares, recurrieran con idéntica finalidad, transformando todo en una situación caótica, puesto que cada uno tendría su propia forma de abordar el asunto, y en tal eventualidad, desde luego que los estudios y análisis realizados por las autoridades del ramo y las empresas encargadas de la materialización de los trabajos estarían de sobra, puesto que siempre primarían los intereses y pareceres de los particulares que se oponen y que podrían presentar ideas completamente diversas, acomodaticias a sus propios intereses, y que intentarían a través de la interposición de esta acción cautelar, impone.

Dicho planteamiento es ciertamente erróneo, pues este recurso no ha sido establecido con semejante fin, y su uso abusivo podría poner en jaque todas las obras y actuaciones de las autoridades administrativas, que éstas puedan llevar adelante en el marco de sus competencias y facultades legales, las que tendrían que pasar por una suerte de filtro, que sería el recurso de protección.

23°) Que resulta pertinente reiterar que en el caso de la especie no existe una actuación arbitraria o ilegal que amerite la intervención de esta Corte por medio de esta acción cautelar, que como se ha expresado en forma reiterada, constituye una acción de emergencia para enfrentar problemas que requieren de una solución rápida. Desde luego, para su acogimiento deben concurrir los requisitos que se señalaron previamente, y de lo que se lleva expuesto hasta el momento se desprende que ni siquiera concurre el primero de ellos, esto es, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Y no es arbitraria, porque la actuación que se reprocha se lleva adelante, como se dijo, precisamente para mejorar la actual situación de la vía que se ha intervenido, debido a que, como se explica detalladamente por los recurridos, el aumento del parque automotriz, unido al aumento de construcciones en el sector de que se trata, han hecho insuficientes las vías con que se cuenta en la actualidad, en términos que ellas deben ser mejoradas del modo como ha planteado la autoridad del caso.

Desde luego, las obras se llevan adelante merced a un Decreto dictado por el Ministerio de Obras Públicas, que es la autoridad administrativa encargada de la materia en discusión, como se ha expuesto, pues está facultado para ejecutar obras mediante el sistema de concesiones, en virtud del DFL MOP N°850, según el cual las concesiones que se otorguen se regirán por las normas del DS MOP N°900, Ley de Concesiones de Obras Públicas, su Reglamento (DS MOP N°956) y las Bases de Licitación de cada contrato en particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore.

El Ministerio de Obras Públicas tiene la facultad para ejecutar obras públicas fiscales mediante el sistema de concesión y, en uso de ellas, adjudicó el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos, mediante DS MOP N°845.

Se reitera que mediante DS MOP N°113 de 20 de enero de 2014, se modificaron las características de las obras y servicios del contrato Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos, considerando que, durante su etapa de explotación, el MOP desarrolló un programa de mejoramiento que tiene como objetivos generales mejorar los accesos a las zonas de empleo y servicios, resolver intersecciones, aumentar la capacidad en ejes saturados y otorgar mejores condiciones de seguridad y servicialidad para los usuarios, disponiendo la ejecución del proyecto denominado “Plan de Mejoramiento Etapa 2, del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos”, el cual fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, mediante Oficio Ord. N°051/048, de 21 de agosto de 2013, por considerarlo un proyecto rentable socialmente.

El Sr. Ministro recurrido ha descrito el proyecto “Conversión a estándar urbano del acceso a Santiago de la Ruta 5 Norte, Región Metropolitana”, cuyas obras son ejecutadas por cuenta y cargo de Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A., quien también es responsable del diseño, implementación y mantenimiento de los desvíos.

Dentro de este Plan de Mejoramiento Etapa 2 se encuentran las “Obras de Conversión del Sector Urbano”, que corresponden a la intervención de la Ruta 5 Norte y sus calles de servicio, entre el km 10+860 y km 26+000, emplazadas en las comunas de Quilicura, Lampa y Colina de la Región Metropolitana, que detalla.

Se ha establecido un plazo máximo para la construcción de la totalidad de las obras mencionadas, de 28 meses a contar de la fecha de suscripción del contrato de la licitación N°1 del DS N°113, y cuyos beneficios serán la disminución de los tiempos de viaje, la mejora en condiciones en la seguridad vial, tanto para los flujos vehiculares, peatonales y ciclísticos; y la generación de nueva infraestructura para el desarrollo futuro del sector norte de Santiago.

Ha descrito las obras en desarrollo asociadas a los tres pasos superiores mencionados por la recurrente y al Enlace Buenaventura y la justificación técnica de la ejecución simultánea de los cuatro atraviesos en los Pasos Superiores Lo Marcoleta, Las Esteras Sur-Lautaro y Cañaveral y Enlace Buenaventura, teniendo en cuenta la necesidad de elevar la rasante de ruta 5 en el sector de los nuevos pasos superiores, se abordó optando por intervenir en primer lugar la mitad Oriente, ya que ello permite construir los terraplenes y las estructuras, manteniendo el tránsito de la vía expresa en el nivel existente por el lado Poniente. Posteriormente será posible poner en servicio provisorio la nueva rasante con sus estructuras en dicho lado Oriente, mientras se completan las obras equivalentes en del Poniente.

Las necesidades de circulación entre Oriente y Poniente se resuelven utilizando las calles de servicios para cruzar por los enlaces existentes al Norte y al Sur del Enlace Buenaventura y acceder a las zonas aledañas a la carretera. De este modo los movimientos hacia el oriente y el poniente y viceversa utilizan los enlaces para retornos y cruces en sentido perpendicular a la vía en condiciones seguras.

La modalidad de intervención elegida permite disminuir la duración de las obras de mejoramiento de la Ruta y sus conexiones.

Las intervenciones se han materializado, en la práctica, con desfase, entre los tramos al sur y al norte del Enlace Buenaventura, para reducir los impactos hacia los usuarios, así como por la misma razón, se ha optado por intervenir la ampliación del Enlace Buenaventura por mitades.

Ha informado que se logra disminuir la duración de las obras de mejoramiento de la Ruta y sus conexiones a veinte meses, en lugar de seis años en caso de ejecutarlas como la recurrente propone, la reducción de los impactos hacia los usuarios, y por la misma razón se ha optado por intervenir la ampliación del enlace Buenaventura por mitades (Norte y Sur).

Además, el Sr. Ministro, al informar, ha afirmado que la propiedad de la recurrente tiene accesos alternativos al Enlace Buenaventura, y que la implementación de los trabajos que se desarrollan en el Enlace Buenaventura no ha afectado la posibilidad de acceder a las propiedades aledañas a la ruta.

Frente a lo contundente de lo anteriormente reiterado, poco es lo que se puede añadir, salvo repetir que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar la manera como la autoridad del ramo ha determinado llevar adelante un proyecto de mejoramiento urbano, que ha sido producto de largos estudios por los entes y organismos de la Administración del Estado competentes en la materia.

24°) Que, de todo lo que se ha consignado se desprende que, como ya es habitual, se pretende la utilización del recurso de protección de garantías constitucionales, como un medio general de impugnación, esto es, como si por su intermedio se pudieran impugnar toda clase de decisiones y determinaciones de las autoridades administrativas, e incluso jurisdiccionales, que éstas llevan adelante o dictan, en virtud de las facultades de que las ha dotado la ley. Se piensa que el recurso de protección se encuentra en la cúspide del sistema recursivo en todo orden de materias, cuestión muy alejada de la realidad.

En este caso, se lo pretende usar con la explícita intención de mantener un determinado nivel de ganancia, que en el decir de la recurrente se vería afectado por las obras, cuestión que tampoco resulta cierta, pues la autoridad recurrida se ha encargado de desmentir que dicha empresa tenga solo un lugar para la entrada de los vehículos cargados con basura, señalando que tiene otras vías para acceder a su propiedad.

Entonces, de aceptarse el criterio propuesto, se postergaría a la comunidad en aras del interés particular de la empresa recurrente, que pretende mantener su nivel de ganancias, entendiendo que estas disminuirían por las razones que señala, cuestión que tampoco está comprobada, y de ser cierta, tampoco tiene trascendencia en el marco del presente recurso, puesto que, de ser ello efectivo, y sufrir una merma en sus ingresos, no es razón para variar la forma de ejecución de las obras.

Cabe agregar que, de sufrir efectivamente perjuicios económicos, está en su derecho de presentar la correspondiente demanda en juicio ordinario, en contra de quienes estime responsables de tal situación, a fin de intentar resarcirse de los que pudiere sufrir.

25°) Que, en resumen, se reitera que no existe un acto arbitrario ni ilegal, que ocasione un perjuicio tangible y no eventual, y que amerite la intervención de esta Corte, lo cual exime al Tribunal de la obligación de analizar la existencia de alguna vulneración de garantías constitucionales de la recurrente, que en rigor, se limita a una, el derecho a realizar una actividad económica lícita, ajustándose a la ley, ello sin perjuicio de que al inicio de su recurso, menciona el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental de la República, por lo que existe una confusión sobre este particular.

La verdad es que tal derecho no se ha demostrado como afectado, pues no se ha alterado la actividad económica de quien tan equívocamente ha presentado el recurso de protección de autos. Se debe añadir a lo dicho que la calidad de empresario implica, entre otras, la capacidad de ajustarse y saber enfrentar adecuadamente los riesgos y dificultades que puedan surgir en el desarrollo de las actividades que se ejecutan, pues lo contrario demuestra solamente una mala gestión y falta de capacidad de reaccionar a los vaivenes de toda actividad económica.

Esto es, si la recurrente no puede reaccionar adecuadamente frente a cuestiones como aquellas que en este caso ha denunciado –sin perjuicio de que no tiene la razón en sus planteamiento-, ello significaría simplemente que no está habilitado para llevar adelante la actividad económica que ejecuta, y que debiera revisar con seriedad si está o no capacitado para continuar en la misma. Pero no puede pretender imponer a otras entidades una determinada forma de llevar a cabo las actividades que son propias de estas últimas y que, desde esta óptica, le son completamente ajenas, pues ni siquiera corresponden al mismo rubro que explota.

26°) Que lo brevemente expuesto, esto es, la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal, la ausencia de perjuicio, la inexistencia de una garantía constitucional afectada, son circunstancias todas que llevan a concluir que se ha utilizado una vía procesal inapropiada, en el equivocado entendimiento que esta Corte puede intervenir en una cuestión que corresponde a autoridades administrativas que tienen competencia para actuar como lo han hecho. Por lo tanto, el recurso no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del recurso de protección, dictado por la E. Corte Suprema, se declara que se rechaza la acción cautelar de lo principal de la presentación de fs.24, deducida por don nombre reservado, en favor de Gestión Ecológica de Residuos S.A., en contra de la Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. y del Ministerio de Obras Públicas.

Se impone además, a la parte recurrente, el pago de las costas del recurso.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°78.305-2016.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare e integrada por el Ministro señor Mario Rojas González y por la Ministra señora Viviana Toro Ojeda.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a catorce de octubre de dos mil dieciséis, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.