nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 8 de enero de 2025, comparece el abogado don Óscar Olivares Jatib, en representación de don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en no renovar el nombramiento a contrata de su representado para el año 2025, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado presta labores desde el año 2022 en establecimientos de salud administrados por la Corporación Municipal de Conchalí, renovándose en forma sucesiva sus servicios hasta la época de presentación de este recurso, manteniendo buen desempeño y no siendo objeto de medida disciplinaria alguna.

Explica que el actor comenzó a desempeñar labores de químico farmacéutico a contrata, asimilado a la categoría A, grado 15, de la carrera funcionaria, percibiendo un ingreso mensual de $2.210.916 aproximadamente, en el Cesfam José Symon Ojeda de la comuna de Conchalí.

Señala que el 30 de diciembre de 2024, CORESAM le comunicó personalmente, mediante Resolución S/N de 30 de diciembre de 2024, el cese de sus servicios por "vencimiento del plazo del contrato" según el artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, a partir del 31 de diciembre de 2024.

Argumenta que dicha causal resulta inaplicable por cuanto el actor llevaba años vinculado al servicio a contrata y los servicios prestados eran de naturaleza permanente, atendido el Programa Fondo de Farmacia en que se desempeñaba, y que era financiado por el Servicio de Salud, de modo que la relación laboral devino en indefinida, por lo que solamente podía cesar en virtud de calificación insuficiente o sumario administrativo, máxime considerando que es la única persona apta para continuar desempeñando su actividad.

Respecto a los fundamentos jurídicos alega ausencia de motivación del acto administrativo, citando los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que obligan a expresar los hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten derechos de particulares.

Invoca el Dictamen Nº 6.400/2018 de la Contraloría General de la República, que establece que no resulta suficiente fundamentar la no renovación con expresiones como “vencimiento del plazo”.

Plantea que desde el año 2017 la Corte Suprema ha sostenido que, si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente, se transforma en una indefinida conforme al principio de confianza legítima, pudiendo el funcionario ser separado solo por calificación deficiente o sanción disciplinaria.

Previa referencia a las garantías que entiende afectadas, solicita se acoja el recurso; se deje sin efecto la actuación recurrida; se disponga el reintegro del actor en su puesto de trabajo con la misma categoría y grado; se ordene el pago íntegro de las remuneraciones devengadas en el período de desvinculación y; se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, el 28 de enero de 2025, el abogado don Sebastián Maldonado Tapia, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (en adelante "CORESAM"), evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Explica que el recurrente sostiene que prestó servicios desde el año 2022 bajo la modalidad de contrato a plazo fijo conforme al artículo 14 inciso 3° de la Ley N° 19.378, acumulando al 31 de diciembre de 2024 aproximadamente 3 años trabajando bajo dicha modalidad.

Señala que mediante Resolución S/N de fecha 30 de diciembre de 2024, notificada personalmente, se le comunicó el término de su contrato por vencimiento del plazo. Aclara que el recurrente confunde este documento con la decisión de no renovación que sí está debidamente fundada en la Resolución N° 735/2024 de 2 de diciembre de 2024.

Invoca el ORD N° 281 del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, según el cual no existe obligación de dar aviso anticipado del término de contratos a plazo fijo, por lo que habría cumplido con lo exigido por el ordenamiento jurídico.

Respecto a la aplicación del principio de confianza legítima, argumenta que, por un lado, atendida la naturaleza de persona jurídica de derecho privado de la recurrida tal tesis no resulta aplicable y, por otro lado, que no se dan los presupuestos de 5 años de permanencia en contratos a plazo fijo, exigidos por el actual criterio desarrollado por la Corte Suprema, en fallo dictado en los autos Rol 135613-2022, de 23 de mayo de 2023.

En cuanto al marco normativo, señala que CORESAM es una Corporación de derecho privado creada al amparo del artículo 12 del DFL N° 13.063 de 1980, no siendo un órgano de la administración del Estado, según dictámenes N°s 69.200/2010 y 25.303/2011 de Contraloría General de la República, de forma tal que la relación laboral se rige por la Ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y, supletoriamente, por la Ley N° 18.883, más no por la Ley N° 18.834, de lo que se sigue que no resulta aplicable el concepto de “confianza legítima”, pertinente exclusivamente para funcionarios públicos o municipales.

En cuanto a la arbitrariedad alegada, sostiene que la decisión está motivada conforme al artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378 y fundamentada en la Resolución N° 735/2024.

De otra parte, en cuanto a la ilegalidad referida en el libelo, cita los artículos 14 de la Ley N° 19.378 y 2° de la Ley N° 18.883, que establecen que los contratos a plazo fijo duran hasta el 31 de diciembre, cesando por el solo ministerio de la ley si no hay prórroga, sin existir obligación de renovarlos.

Niega que el contrato en cuestión haya devenido en indefinido, argumentando que dicha consecuencia se contempla en el Código del Trabajo, inaplicable al caso, y agrega que la decisión cuestionada obedeció al cumplimiento de la Ley N° 21.308 y del artículo 56 de la Ley N° 19.378, en respeto al límite del 20% de la dotación en calidad de contratados a plazo fijo, proveyendo cargos en calidad de titular mediante concurso público.

Finalmente, asevera que en estos autos no se alega la existencia de un derecho indubitado y que el actor no fundamentó debidamente la vulneración de garantías constitucionales, resultando necesario un juicio de lato conocimiento, máxime considerando que existe un procedimiento específico de reclamación ante la Contraloría según el artículo 156 de la Ley N° 18.883.

Tercero: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, la parte recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de la Resolución 735/2024, acompañada a estos autos, se desprende que la recurrida sí fundó su actuar, por cuanto dicho acto administrativo contiene todos los razonamientos que la llevaron a no renovar la contrata del actor para el año 2025, por vencimiento del plazo, toda vez que se indica que han sido proveídos en calidad de titular los cargos de, entre otros, el actor, a aquellos funcionarios que cumplían los requisitos, postularon y obtuvieron los mayores puntajes conforme a las bases del concurso en cuestión, razón que llevó a “disponer la no renovación de funcionarios en calidad de plazo fijo cuyas horas de contrato serán ejercidas por funcionarios en calidad de indefinido o titular”, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio.

Quinto: Que, de otra parte, teniendo en consideración que en estos autos solo se estableció que el recurrente se encontraba sujeto al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley N° 19.378, específicamente su artículo 48 que en la letra c), resulta inconducente analizar la existencia de antecedentes que permitan sostener que en este caso se aplicaría el principio de confianza legítima.

Sexto: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la recurrida plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 48 letra c) y de la ley 19.378 y 11 inciso segundo de la ley 19.880.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Conchalí.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-783-2025.