nombre reservado con COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.

Santiago, dos de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que don nombre reservado, médico cirujano, deduce recurso de protección en contra de los integrantes del Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile, señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos médicos cirujanos, quienes mediante sentencia definitiva de segunda instancia, de fecha 8 de agosto de 2017, la que refiere haberle sido notificada por correo electrónico el 19 de octubre de 2017, confirmó la sentencia de primera instancia del Tribunal de Ética del Consejo Regional de Santiago del Colegio Médico de Chile A.G, de fecha 28 de abril de 2017, que le aplicó la sanción de amonestación en el sumario Ético Rol 595-16, por presunta falta ética al artículo 61 del Código de Ética de la Orden, añadiendo que dicho acto es ilegal y arbitrario por las razones que pasa a detallar.

Indica como antecedentes de contexto que el referido sumario ético tuvo origen en una denuncia interpuesta en su contra por el Dr. nombre reservado por supuesto incumplimiento de las normas que rigen las relaciones entre los médicos, eventual acoso laboral, quien indicó que teniendo una contrata por 22 horas, el recurrente lo habría presionado para que tomara un cargo de urgencia de 28 horas semanales, lo que juicio del denunciante transgredía el artículo 61 del Código ya mencionado. Cita para efectos ilustrativos un pasaje de dicho fallo en que se indica “escapan a un actuar apegado a las normas éticas que rige el actuar médico, particularmente de un Directivo Superior de un Establecimiento Asistencial de Referencia Nacional, toda vez que con motivo de la calificación que efectuó al Dr. nombre reservado, no consultó con el jefe directo del calificado acerca de su desempeño profesional y administrativo, ni con el espíritu de la norma, cual es que resulta esencial consultar a la persona que trabajó directamente con el calificado, a fin de no incurrir en inequidades, lo que infringe particularmente el artículo 61”.

Agrega que haciendo uso del Reglamento de los Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia para ante el Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile A.G, organismo que confirmó dicha sentencia.

Señala que tanto, en primera como en segunda instancia ante los tribunales éticos indicados, se alegó la incompetencia del tribunal, ya que si bien es cierto que el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República dispone que los colegios profesionales constituidos de conformidad a la ley, estarán facultados para conocer de los reclamos que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros, la reclamación del referido doctor nombre reservado desbordaba los límites de su conducta ética en cuanto a médico. En dicho sentido, explica, que lo denunciado no guardaba relación con las materias a las que se refiere el artículo 61 del Código de Ética del Colegio Médico, a saber, el respeto, la deferencia, la lealtad y consideración recíprocos que se deben los médicos, y por ello se hizo presente a dichas instancias el error en que incurrían al entender que había infringido el referido precepto.

Por otra parte, recalca, que se hizo presente a tales órganos que estos no podían inmiscuirse en las interpretaciones de las disposiciones administrativas que regulan las funciones de dicho carácter. En este último aspecto, sostiene que el denunciante del sumario ético frente a la calificación que se le aplicó, no hizo uso de los recursos administrativos y recurrió al Colegio Médico, como una instancia paralela y superior de los conductos administrativos regulares, y los referidos organismos de Ética Médica se arrogaron competencia sin permitirle al recurrente presentar prueba en su favor. En ese orden de ideas, detalla que no le permitió acreditar que el señor nombre reservado carecía de la pericia que ofreció al ser contratado en el servicio en que desempeñaba funciones, ya que solo había participado en cirugías simples, careciendo de los conocimientos necesarios para participar en otras de mayor complejidad. Menciona que los Tribunales de Ética Médica aludidos redujeron el concepto de debido proceso a los derechos a ser oído y recurrir.

Cuestiona que el tribunal ético de primera instancia en la sentencia que luego hizo suya el de segunda, insistiera en asumir funciones que no les correspondían, al indicar que se calificó “el desempeño de 2015, en circunstancias que el Dr. nombre reservado sólo alcanzó a trabajar 5 meses de ese año”, pretendiendo erigirse como una instancia administrativa que se podía inmiscuir en las calificaciones funcionarias, los periodos y los años. Al respecto, refiere, que existen recursos administrativos para tales efectos de los cuales no hizo uso el Sr. nombre reservado.

Sostiene que el hecho que mantenga una afiliación voluntaria al Colegio Médico no faculta a dicha entidad para que se inmiscuya en todos los aspectos de su vida, ni le autoriza para actuar arbitrariamente sino que solo debe actuar dentro del ámbito de su competencia.

Respecto a la resolución por la que recurre agrega que en ella no se entiende cómo se quebrantó el deber de deferencia ético entre colegas, a menos que se entienda en su acepción de adhesión con la opinión o el comportamiento del otro médico, por el mero hecho de ser tal, lo que no le es posible para el recurrente ya que le anularía como persona, profesional y jefe superior del servicio. En cuanto a las muestras de cortesía, alega que jamás ha tenido un trato descortés o irrespetuoso hacia el denunciante sino que se ha limitado a cumplir con sus funciones.

En cuanto a las garantías constitucionales cuya infracción sirve de fundamento a la acción constitucional que impetra, alega que la sentencia de segunda instancia en comento vulnera aquellas previstas en el art. 19 N° 2 y N°3 inciso 4° de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la primera, la de igualdad ante la ley, indica que tutela que a los destinatarios de las normas se les haga aplicación de los criterios normativos de modo imparcial y sin realizar discriminaciones que no estén previstas en ella. En este contexto, sostiene que no se comprende el criterio de la recurrida de conceder otros procedimientos administrativos al denunciante, no previstos en la ley, para reclamar de sus calificaciones funcionarias a las que se encuentra sujeto como funcionario público, poniéndolo en una situación ventajosa en relación a los demás funcionarios públicos. Con el actuar del recurrido, agrega, se produce una infracción al racional y justo procedimiento puesto que no se le permitió incorporar pruebas.

Como segunda garantía constitucional conculcada, alega el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, que la Constitución Política asegura a todas las personas en el artículo 19 N°3 inciso 4°. Cita al respecto la consagración de dicha garantía en diversos instrumentos internacionales y preceptos de derecho nacional, a saber el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 inciso 2° de la Carta Fundamental, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A lo anterior, agrega, la interpretación que de la misma garantía ha realizado la Excma. Corte Suprema en Causa Rol 1878-2006, en su sentencia de 24 de mayo del mismo año.

Respecto a la vulneración a las aludidas garantías en el caso concreto, refiere que ellas se han infringido ya que el Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile A.G, se ha inmiscuido en su desempeño profesional como nombre reservado del Instituto Traumatológico de Santiago, acogiendo a tramitación las reclamaciones contra las calificaciones que hizo a un subordinado, quien no usó el conducto regular para impugnar tales calificaciones, sino que recurrió a los tribunales del Colegio Médico de Chile, que no tienen competencia para tales efectos. En dicho orden de ideas, sostiene que cuando se actúa dentro de los límites de administración pública en el evento que se estima que se ha incurrido en alguna ilegalidad, el asunto debe ser conocido a través de los conductos regulares administrativos, pudiendo incluso recurrirse a los tribunales ordinarios pero en caso alguno al Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile A.G quien se ha erigido en este caso como una comisión especial, llegando a la conclusión que se le debía sancionar en su calidad de nombre reservado lo que vulnera la referido garantía citada.

Concluye su recurso solicitando se tenga por interpuesto el referido recurso de protección por los argumentos de hecho y de derecho precedentemente citados respecto del acto arbitrario e ilegal que impugna, se le declare admisible y que se acoja, dejando sin efecto la sanción de amonestación que le aplicó mediante sentencia de 28 de abril de 2017, la que le fue notificada con fecha 15 de mayo del mismo año, y que fue confirmada por el Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile a través de sentencia de 8 de agosto de 2017, que le fue notificada el 19 de octubre de 2017, y se tomen todas las medidas adecuadas, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que evacuando el informe el abogado Hugo Bertoloto Norero, en representación del Colegio Médico de Chile A.G, solicita se rechace la acción constitucional impetrada con costas, por inexistente e infundada, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que pasa a exponer.

Indica, en primer término, que el recurso de marras debe ser rechazado por ser extemporáneo, ya que el recurrente lo interpuso en contra del acto del Tribunal Nacional de Ética Profesional del Colegio Médico de Chile quien conociendo en segunda instancia de la apelación del Sr. nombre reservado a la sentencia de primer grado del Tribunal de Ética del Consejo Regional Santiago, dictó sentencia con fecha 8 de agosto de 2017, la que fue notificada a los correos electrónicos correo reservado y correo reservado, con fecha 9 de agosto de 2017, a las 16:08, oportunidad en que tuvo noticia o conocimiento de los actos que alega arbitrarios o ilegales por los que recurre.

En abono de dicha alegación cita el texto de dicho correo electrónico: “RESOLUCION CAUSA TNE N°006-17- COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G. Paola Valenzuela correo reservado para correo reservado, correo reservado, 9 de agosto de 2017, 16:08.

Agrega que como consta del documento que acompaña dicho correo fue devuelto por “No encontrarse la dirección correo reservado, por lo que con esa misma fecha, la Secretaria Paola Valenzuela le reenvió el documento referido con el cambio del respectivo correo a las direcciones electrónicas: correo reservado y correo reservado. Menciona que este correo no fue devuelto y a partir de ello el recurrente Dr. nombre reservado, tomó conocimiento del acto supuestamente ilegal y arbitrario que impugna.

Agrega que en el correo que acompaña, dirigido al Dr. nombre reservado por nombre reservado, con fecha 11 de octubre de 2017 y direccionado a correo reservado, es decir al mismo correo en que se le notificó la sentencia y que el Dr. nombre reservado contestó en esa misma fecha y desde el mismo correo, lo que constituye a juicio del recurrido prueba irrefutable que aquel es su correo y que tomó conocimiento el 8 de agosto de 2017 del acto que estima ilegal. Por lo anterior, expresa que no es efectivo que el 19 de octubre el recurrente haya tomado conocimiento de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Nacional de Ética, día en que este último se apersonó ante la secretaria administrativa del referido tribunal nacional doña Paola Valenzuela, el Dr. nombre reservado quien le solicitó que reenviara al recurrente la notificación de fecha 8 de agosto de 2017, indicándole otro correo, y a partir de este último correo el Dr. nombre reservado tomó el conocimiento de los hechos que impugna el día 19 de octubre de 2017, omitiendo mencionar el correo de 8 de agosto del mismo año.

Por otro lado el recurrido sostiene que la acción de protección impetrada no constituye el medio para impugnar los actos por los que se reclama. Para esto hace presente que el recurrente ingresó voluntariamente a la Orden y con pleno conocimiento que quedaba sometido a la tuición ética del Colegio Médico a través de sus tribunales de Ética y que era su deber respetar las normas contempladas en el Código de Ética del Colegio Médico de Chile A.G.

Sobre este apartado agrega que una vez que se declaró admisible la denuncia presentada por el doctor nombre reservado en contra del recurrente, este último participó en todas las actuaciones e instancias del juicio reguladas en el Reglamento de los Tribunales de Ética y solo ante la dictación de un fallo desfavorable a sus intereses, interpuso el presente recurso de protección, con lo cual trasformó la acción constitucional de protección de garantías constitucionales en un recurso supletorio o subsidiario de aquellos especialmente considerados por el legislador, como es el caso de la apelación de las resoluciones de los Tribunales de Ética de los Colegios Profesionales ante la Corte de Apelaciones respectiva, que contempla el artículo 19 N°16, inciso 3° de la Constitución Política. Por las razones expuestas en este apartado, solicita se desestime el recurso de protección interpuesto.

Acto seguido procede a realizar una somera relación de los hechos que dieron origen al sumario ético dirigido contra el recurrente. Indica al efecto que el Dr. nombre reservado, médico cirujano con especialidad en cirugía a la cadera, se incorporó al Instituto Traumatológico en agosto de 2015, luego de postular a un cargo de 22 horas semanales. Que luego en el mes de febrero de 2016 fue citado por el Dr. nombre reservado, nombre reservado, quien le ofreció tomar un cargo de 28 horas semanales adicional a su cargo, señalándole que si no aceptaba el nuevo cargo debería poner a su disposición el mismo. Frente a lo anterior el Dr. nombre reservado en marzo de 2016 le comunicó formalmente al Dr. nombre reservado que no tomaría el cargo de turnos por 28 horas semanales, en el entendido que la autoridad no podía cambiar unilateralmente su contrato y que tenía comprometido el resto del horario en otras actividades profesionales.

Agrega que en el año 2016, el Dr. nombre reservado fue evaluado con malas calificaciones por el Dr. nombre reservado, sin consultar a su Jefe Directo sobre su desempeño, el Dr. nombre reservado quien presentó un informe sobre su desempeño, siendo responsable y eficiente, sin considerar nota de demérito y sin considerar que en el año calificable, 2015, no tenia 6 meses de trabajo, plazo mínimo legal para calificar a un profesional funcionario de acuerdo a la Ley 15.076. El Dr. nombre reservado atribuye dicha calificación a su falta de aceptación del cargo de 28 horas que señala trató de imponérsele. A su turno el Dr. nombre reservado indicó que presentaba dificultades en el Instituto Traumatológico con los profesionales médicos, en lo que respecta con los médicos liberados de guardia, ya que estos funcionarios se quedan con los cargos, lo que impide contratar nuevos médicos con horarios completos o de urgencia.

Respecto a las calificaciones del denunciante, el recurrente explica que no todas las notas pueden ser nota máxima y que calificó al primero como a otros profesionales con notas más bajas aún y que el Dr. nombre reservado no apeló de dichas calificaciones.

Indica que el 21 de octubre de 2016, el Tribunal de Ética del Consejo Regional Santiago declaró admisible la denuncia ya mencionada al estimar que eventualmente se podrían estar infringiendo los artículos 61 al 67 del Código de Ética de la Orden. Que posteriormente el 28 de abril de 2017, dicho Tribunal dictó sentencia y sancionó con amonestación al Dr. nombre reservado, por estimar que su conducta infringió el artículo 61 del Código de Ética. Finalmente el 8 de agosto de 2017, el Tribunal Nacional de Ética conociendo de la apelación interpuesta por el Dr. nombre reservado confirmó la sentencia de primer grado apelada.

En cuanto a las garantías que el recurrente estima conculcadas, el informe del recurrido expresa que no se observa cómo se pueden estimar vulneradas las garantías alegadas ya que el Colegio Médico a través de sus Tribunales de Ética y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales llevó a cabo un juicio ético para esclarecer las eventuales transgresiones a las normas éticas que rigen la Orden, mediante un procedimiento reglado, con todas las garantías procesales del caso, al cual asistieron las partes con sus abogados e hicieron uso de todos sus derechos y recursos procesales.

Pasa a continuación el informe del recurrido a hacerse cargo de la alegación del recurrente relativa a una supuesta incompetencia de los Tribunales de Ética del Colegio Médico y que habría sido juzgado por estos como una comisión especial. Sobre este apartado refiere que debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 19 N°16 de la Constitución que establece que los Colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesionales, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Cita a continuación una serie de normas que constituyen el fundamento de la competencia de la que se encuentran investidos los Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile en este caso, como son el D.L 2757 de 1979 que regula a las Asociaciones Gremiales, artículo 6 de los Estatuto del Colegio Médico y artículo 72 del Código de Ética de la Orden.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

QUINTO: Que en cuanto a la extemporaneidad de esta acción cautelar invocada por la recurrida, debemos tener en consideración que conforme al artículo 24 del Reglamento de Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile, se dispone que los denunciados en su primera presentación o comparecencia, deberán indicar, entre otros antecedentes, una dirección de correo electrónico para los efectos de las notificaciones electrónicas y en el caso sub lite, no aparece en el proceso ético traído a la vista, que el recurrente nombre reservado haya indicado un correo electrónico anteriormente y solo lo hace al momento de presentar apelación a la sentencia dictada por el Tribunal de primer grado, que consta a fojas 76 del proceso indicado, de fecha 26 de mayo de 2017, señalando el correo correo reservado, el mismo al que fue notificado de la sentencia de segundo grado el día 19 de octubre de 2017, el cual consta a fojas 93, difiriendo del correo reservado. El mail por el cual fue notificado de esta sentencia, según consta a fojas 90 y 92, de 9 de agosto del mismo año se hizo a correo reservado y correo reservado, el cual posteriormente fue modificado a correo reservado ignorando de dónde se obtiene tal información la cual no fue proporcionada por el reclamante. Sin perjuicio de lo arribado precedentemente, conforme a los artículos 24 inciso 1° y 38 inciso 4° del mismo Reglamento se dispone que la notificación de la sentencia definitiva debe realizarse por carta certificada al domicilio del denunciado, situación que no se cumplió, por lo cual podemos sostener que el recurrente tomó conocimiento de la sentencia recurrida, mediante notificación tácita en la fecha que señala éste, esto es, el 19 de octubre de 2017, por lo que dentro del plazo de 30 días dispuesto en el N°1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección del año 2015, dedujo la presente acción constitucional, por lo cual este arbitrio constitucional no es extemporáneo.

SEXTO: Que conforme al artículo 19 N°16 inciso 3° de la Constitución Política de la República consagra a los colegios profesionales constituidos legalmente, las facultades para conocer de las reclamaciones que se interpusieren sobre la conducta ética de sus miembros y los artículos 2 tanto del Código de Ética como de su Reglamento, señalan que éstos se aplican a todos los médicos asociados al Colegio Médico de Chile y los artículos 5 y 1 de los mismos cuerpos legales, entregan la competencia para conocer de infracciones a la ética profesional y aplicar sanciones, en primera instancia a los Tribunales Regionales de Ética y en segunda al Tribunal Nacional de Ética, de tal manera que éstos tribunales son competentes para conocer de la denuncia efectuada por el denunciante nombre reservado en contra del recurrente nombre reservado, el cual es asociado a dicho colegio profesional, de tal manera la sentencia dictada por el Tribunal Nacional, la cual ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Ética del Colegio Médico Regional Santiago, cuyo acto es el que se recurre por ilegal, al actuar los recurridos integrantes del Tribunal Nacional de Ética dentro del marco denunciado ante una acusación ética formulada por un colegiado respecto de otro profesional también perteneciente a la misma orden, corresponde desechar un eventual reproche de ilegalidad y de afectación de garantías constitucionales cuando se le acusa de erigirse en una comisión especial, pues aquél es el Tribunal encargado de conocer este tipo de situaciones, ello independiente del análisis que se hará en cuanto a si dentro del procedimiento y sanción decretada su actuar se ajustó a la ley y a la razonabilidad.

SEPTIMO: Que, corresponde ahora analizar la legalidad y supuesta arbitrariedad del acto recurrido, en el sentido de si el actuar en la forma que se hizo por el Tribunal Nacional de Etica del Colegio Médico se ajustó o no al ordenamiento jurídico o si carece de razonabilidad. En este sentido frente a una denuncia recibida por el Colegio Médico Regional Santiago de uno de sus asociados, el doctor nombre reservado, en contra de otro de sus asociados, el doctor nombre reservado, fundado en un presunto acoso laboral, puesto que el denunciado en su calidad de Subdirector del Instituto de Traumatología le requirió que tomara un cargo por 28 horas, aumentando así su contrato de 22 horas, condicionando su continuidad en el hospital y como le manifestó su negativa, fue mal evaluado en sus calificaciones realizadas por el mismo denunciado. Recibida esta denuncia, con fecha 21 de octubre de 2016 se declaró admisible y ordenó instruir sumario ético, N°595-16, cuya resolución fue notificada al recurrente nombre reservado a un correo electrónico el cual resultó fallido. Posteriormente con fecha 16 de diciembre de 2016, se resolvió citar a las partes a una audiencia de contestación, conciliación y prueba a realizarse el 27 de enero de 2017, resolución que se trató de notificar al doctor nombre reservado a diversos correos electrónicos cuyos resultados fueron también fallidos, hasta que con fecha 23 de enero de 2017 se notificó al correo correo reservado. El día 27 de enero de 2017, se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de las partes asistidos por sus abogados, donde la defensa del doctor nombre reservado contestó la denuncia, se llamó a conciliación no prosperando ningún acuerdo y realizándose el juicio, con las declaraciones del denunciante quien ratifica su denuncia -reconociendo que no apeló de su calificación- y denunciado el cual sostiene que los hechos no se ajustan a la verdad y efectivamente como Subdirector del Instituto Traumatológico le tocó realizar la precalificación al doctor nombre reservado evaluándolo en lista N°2, puesto que no cumplió con la expertis que había manifestado, añadiendo que el denunciante no había apelado de estas calificaciones. Luego se llevó a cabo la prueba rendida por los intervinientes, solo respecto de la documental y en cuanto a la testimonial que ofrece la denunciada, el tribunal estima que no es necesaria. Con fecha 28 de abril de 2017 se dictó sentencia, estimando el tribunal que en cuanto a los hechos denunciados, demuestran actuaciones del doctor nombre reservado que escapan de un actuar apegados a las normas éticas que rigen el actuar médico, en consideración que al calificar al denunciado no consultó al jefe directo del calificado acerca de su desempeño profesional y administrativo, infringiendo las normas contenidas en el Título VII del Código de Ética, particularmente el artículo 61, relativo al buen trato o trato deferente que debe darse entre colegas, además de que se efectuó una calificación en circunstancia que el calificado no tenía el tiempo mínimo para ello, concluyendo en consecuencia aplicar al denunciado nombre reservado una sanción de amonestación. Esta sentencia trató de ser notificada por correo electrónico al denunciado, los cuales fueron fallidos, hasta que el propio nombre reservado presentó apelación respecto de este fallo, declarándose admisible y elevando los antecedentes al Tribunal Nacional de Ética de la orden, el cual con fecha 8 de agosto de 2017 se dictó sentencia de segundo grado, estimando que el denunciado vulneró los artículos 61 y 63 del Código en cuestión, normas que dicen razón a relaciones entre médicos basados en el respeto, deferencia y consideraciones recíprocas cualquiera sea la vinculación jerárquica existente entre colegas, rechazando en consecuencia la apelación y confirmando el fallo en alzada, sentencia que se trató de ser notificada al denunciado a diversos correos los cuales fueron fallidos, hasta el día 19 de octubre de 2017 al mail correo reservado.

OCTAVO: Que el acto recurrido, esto es, el fallo de segunda instancia dictado por el Tribunal Nacional de Etica del Colegio Médico de Chile, si bien confirma la sentencia de primera instancia la cual reprocha como una conducta contraria a la ética cometida por el recurrente señor nombre reservado en contra del denunciante nombre reservado -el no guardar las normas sobre el respeto, deferencia y consideraciones recíprocas que deben tenerse los médicos, fundado en que el primero no consultó al jefe directo del calificado acerca de su desempeño profesional y administrativo, lo que no se condice con la normativa que regula las calificaciones entre los funcionarios profesionales y por otro lado habría calificado al denunciante el cual no poseía el tiempo mínimo para su calificación- establece por su parte que “si bien los superiores jerárquicos tienen el deber de ordenar y coordinar las acciones de salud que allí se prestan, no pueden imponer bajo amenaza a sus subordinados cargos para los cuales no fueron contratados, con prescindencia de las especialidades o subespecialidades que detentan sus colegas”.

NOVENO: Que así ha de advertirse que el asunto planteado ante el Colegio Médico mezcla asuntos relativos a un supuesto acoso laboral constituido por una presión ejercida por el doctor nombre reservado en contra del denunciante para tomar un número superior de horas que aquellas por las cuales fue contratado y por las calificaciones que durante el año 2015 se hizo del doctor nombre reservado.

DECIMO: Que corresponde a esta Corte revisar si el procedimiento ético llevado contra el recurrente de protección violentó mediante algún acto arbitrario o ilegal las garantías constitucionales del actor.

Dentro de esta perspectiva, y sin entrar a emitir pronunciamiento en orden a si la conducta del doctor nombre reservado pudo o no ser ética respecto de su colega señor nombre reservado, puede advertirse que en el procedimiento sustanciado en su contra, aparecen transgredidos ciertos principios básicos sancionatorios que todo Tribunal debe respetar a fin de asegurar la justicia de la decisión, como son el principio de la congruencia o el principio del derecho a defensa que se plasma en la posibilidad de rendir pruebas.

En efecto, el denunciante señor nombre reservado reprocha que el denunciado le indicara que si no tomaba dicho cargo vería entorpecida su continuidad y labores dentro del establecimiento y, por otro lado, que fue calificado en el ítem conducta con nota 3, quedando calificado en lista 2; que el señor nombre reservado no habría consultado a su jefe directo sobre su desempeño y que cree que esta mala calificación fue por las 28 horas que se le trató de imponer. Es decir, la denuncia versa sobre una presión para tomar un cargo de 28 horas y sobre el proceso calificatorio, que se cree vinculado al primero.

El Tribunal Regional de Etica solo sancionó éticamente al señor nombre reservado por diversas irregularidades que constató en la calificación del doctor nombre reservado, según se lee en el numeral sexto de la sentencia de primera instancia, como son no haber consultado al jefe directo sobre el desempeño de nombre reservado y haberlo calificado pese a no tener el tiempo mínimo que exige el Reglamento de Calificaciones. Así, la supuesta presión que habría hecho un profesional al otro, no quedó acreditada en primera instancia. No obstante, apelada esta decisión por el señor nombre reservado, el Tribunal Nacional la confirmó pero por considerar, ahora, que no correspondía que éste amenazara a su subordinado, según refiere en el considerando segundo de esa sentencia, sin indicar antecedente alguno para dar por acreditada dicha conducta. Ello atenta a la congruencia que debe existir en las decisiones de primera y segunda instancia.

UNDECIMO: Que además, esta Corte advierte que el Tribunal Regional sustenta su sanción en violaciones al Reglamento de Calificaciones, pasando por alto primero, que tal procedimiento se encuentra expresamente regulado por el Decreto N° 110 del año 1963 del Ministerio de Salud el cual contempla etapas de precalificación, calificación y apelación, a cargo de diversos órganos y que en segundo lugar el afectado ha reconocido expresamente que no apeló a sus calificaciones, por lo tanto aquél proceso se encuentra afinado por su propia decisión, resultando entonces arbitrario e ilegal que, a propósito de eventuales irregularidades cometidas en él –no conocidas ni reclamadas oportunamente ante el órgano correspondiente- pueda sustentarse ahora una sanción en el orden ético a quien habría participado de aquel procedimiento. Es entonces ilegal porque se trata de alegaciones al margen del procedimiento expresamente regulado para las calificaciones y es arbitrario porque no resulta razonable que quien se conforma con sus calificaciones luego reproche el mal resultado de estas en un procedimiento distinto al contemplado en el reglamento respectivo.

DUODECIMO: Que, así el Tribunal Nacional, al confirmar la decisión de primera instancia valida un actuar arbitrario e ilegal, pero además imputa al apelante un reproche que no fue constatado por el primero, dejando en la indefensión al sancionado.

DECIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo ya señalado, cabe sumar la circunstancia, no menos grave, de impedir al denunciado rendir la prueba testimonial que ofreció y llevó a la audiencia de estilo, máxime cuando con ella pretendía explicar al tribunal la forma de efectuar al procedimiento de calificación del denunciante, estimándose por el tribunal que aquella no era necesaria, no obstante después formula diversos reproches a ese procedimiento, lo cual contribuye aún más a la indefensión del sancionado y vulnera el artículo 35 inciso 2° del Reglamento de Tribunales de Etica del Colegio Médico.

DECIMO CUARTO: Que concluido que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, es necesario determinar si este acto afecta a una de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política, importante para ello el elemento fáctico fundante de la acción de protección, más que las posibles garantías afectadas manifestadas en la misma. De esta manera fluye como afectación la garantía a la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Carta Magna, en consideración a que el tribunal recurrido no cumplió con la ley en forma igualitaria, desde el momento que no permitió a la parte denunciada del proceso ético poder rendir prueba testimonial de descargo de la acusación disciplinaria, transgrediendo el artículo 35 inciso 2° del Reglamento de Tribunales de Ética del colegio de la orden, el cual es imperativo al señalar que “de no producirse conciliación, se recibirán todas las pruebas ofrecidas por las partes”. Este acto es discriminatorio para la parte denunciada frente a otros litigantes en las mismas condiciones, en la cual debe por imperativo legal recibirse toda la prueba, lo que influyó al no recibir prueba testimonial de descargo, que se acogiera la denuncia y sancionara al denunciado con una medida disciplinaria de amonestación. También ha afectado la garantía al respeto a la honra del recurrente, contemplada en el artículo 19 N°4 del mismo cuerpo constitucional, toda vez que fue sometido a una causa disciplinaria, aplicándosele una sanción por faltar a la ética profesional, influyendo en su persona como profesional médico, con cargo superior de Subdirector del Instituto Traumatológico, afectando en su imagen frente a sus pares y el buen nombre en el ámbito laboral, sobre todo teniendo en consideración lo importante que es para los médicos colegiados que su Colegio lo sancione por faltas morales o éticas, situación que se dio en la especie.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección del año 2015, se acoge con costas la acción de protección deducido por nombre reservado en contra de los integrantes del Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile A.G, señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, dejando sin efecto la sanción de amonestación que se le aplicó mediante sentencia de fecha 08 de agosto de 2017, que confirmó la de primer grado de fecha 28 de abril del mismo año, seguido en causa ética rol N°595-16.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro (I) don Juan Manuel Escobar Salas.

Rol Nº78255-2017.