FE GRANDE MAQUINARIAS Y SERVICIOS S.A con FISCO DE CHILE - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, veinticinco de enero de dos mil doce.

VISTOS:

A fojas 1, don nombre reservado, en representación de Fe Grande Maquinarias y Servicios S.A., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 99.541.860-6, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; recurre de protección en contra del Fisco de Chile-Tesorería General de la República, persona jurídica de Derecho público para la representación del Estado de Chile y de su organismo Tesorería General de la República, representado para estos efectos por el Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado doña nombre reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado; por cuanto ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al compensar en forma automática y sin procedimiento previo la parte de la devolución de impuestos solicitada por la recurrente –y autorizada por el S.I.I.- en su declaración de renta 2011 ($205.811.805) con parte de la “deuda” que nace de la liquidación de impuestos N°s 994 a 1016, de 19 de octubre de 2006, del Depto. de Fiscalización Selectiva de la XV DRMSO del SII pero que, no obstante, se encuentran sometidas a revisión judicial, vulnerando con ello las garantías y derechos fundamentales establecidos en los números 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Evacuado el Informe del recurrido a fojas 52 y siguientes, se trajo los autos en relación, oyéndose alegatos de los abogados de ambas partes.

Teniendo presente:

1°) Que, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la omisión (o acción) reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa omisión (o acción); c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección; y e) en lo formal, que se le haya interpuesto dentro del plazo fatal de treinta días corridos;

2°) Que el recurrente, y en síntesis, en su recurso sostiene: a) que el 25 de agosto de 2006 fue notificada de la Citación N° 166-3 de 21 de agosto del mismo año, la XV DRMSO del SII, en virtud de la cual se le reprochó haber hecho uso indebido de la recuperación del Impuesto Específico al Petróleo Diesel, de acuerdo al procedimiento de la Ley 18.502 de 1986. Respondida dicha citación –y desestimada por el SII-, le fue notificada el 19 de octubre de 2006 la resolución de liquidación de impuestos N°s 994 a 1016, respecto de la cual presentó oportunamente el reclamo pertinente, originándose así el procedimiento de revisión administrativa correspondiente. Dicho procedimiento culminó -en sede administrativa- mediante sentencia de 26 de noviembre de 2010, la cual negó lugar a la reclamación interpuesta por ésta. La mencionada sentencia fue objeto de reposición –no acogida, a su vez- y de apelación subsidiaria, la que fue concedida mediante resolución de 5 de enero de 2011.

Continúa señalando que, una vez concedida la apelación, solicitó –en sede administrativa- la suspensión del cobro del impuesto, la cual fue concedida mediante resolución de 31 de enero de 2011, por un plazo de tres meses. Agrega que los autos debían se elevados a esta Iltma. Corte, sin embargo comenzó a transcurrir una tiempo más allá del razonable para que estos fueren efectivamente recibidos por ésta, cuestión que le produjo cierto temor, puesto que se agotaba el plazo por el cual se mantenía en suspenso el cobro de impuesto. En consecuencia, luego de tratar de ubicar el destino del expediente –dado que SII aseveraba haberlo remitido a la Corte y; por su parte, la Corte afirmaba no haberlo recibido logró dar con él recién el 18 de mayo de 2011, ya vencido el plazo de suspensión del cobro del impuesto. Señala que esto ocurrió porque, al ingresar el expediente a la Corte, se anotó incorrectamente en el registro de ingreso el Rol de primera instancia, provocando la confusión de que fueron objeto al no encontrar el verdadero Rol de primera instancia en el registro mencionado.

En forma paralela el mes de abril, presentó ante el SII su declaración de renta correspondiente al año 2011, en virtud de la cual, entre otras cosas solicitó, una devolución de impuestos ascendiente a $223.559.469, la que luego sería parcialmente autorizada por un monto de $202.371.490.

Afirma asimismo que, el mismo 18 de mayo de 2011, presentó los escritos en virtud de los cuales se hicieron parte en el recurso de apelación y solicitaron una nueva suspensión de cobro del impuesto. Sin embargo, el 26 del mismo mes y año, no habiéndose resuelto aun la solicitud de suspensión y en circunstancias de que el abogado de la recurrida se encontraba revisando el estado de la declaración de impuestos de ésta –vía página web del S.I.I.- expone que tomó conocimiento de que con esa misma fecha, la Tesorería General de la República había efectuado compensación de la “deuda” que en los autos anteriormente mencionados se discute con la totalidad de la devolución de impuestos autorizada por el S.I.I. ($205.811.805) a la recurrente, produciéndole un grave perjuicio y vulnerando, con ello, las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, según demostrará.

b) En cuanto a los fundamentos de Derecho hace referencia por una parte en la letra A.- Sobre la denominada “Compensación Automática” y por otra en la letra B.- A la vulneración de garantías constitucionales.

En la primera, cita el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1994 del Ministerios de Hacienda, sobre Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, que le otorga a la Tesorería General de la República la facultad de “…compensar las deudas de los contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor…”; añade que es la propia Tesorería la que ha denominado esta facultad como “Compensación Automática”, la cual opera a través de un “Sistema Central”, según manifiesta en forma expresa en su Circular N° 30 de octubre de 2003. Facultad que no ha estado exenta de polémicas, ya que en un principio no se sabía bajo qué condiciones ella operaría, si bajo las establecidas por el Código Civil en el artículo 1655 y siguientes para la compensación como modo de extinguir las obligaciones; o si bien se trataba pura y simplemente de un sistema computacional que aplicaba o cobraba automáticamente un determinado impuesto; postura ésta última que, finalmente fuere desechada por la propia Tesorería General, mediante su Circular N° 30, de 17 de agosto de 2007; por la cual reconoció expresamente la aplicación de las normas del Código Civil para la compensación, a la denominada compensación automática.

Precisa que, en dicho escenario, las reglas para que opere la compensación son (i) que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminada de igual género y calidad; (ii) que ambas deudas sean líquidas y; (iii) que ambas deudas sean actualmente exigibles. El problema, según afirma, se encuentra en el tercero de los requisitos antes mencionados: la exigibilidad de la deuda; esto porque resulta esencial para la facultad de exigir una deuda que ésta no esté sometida a un procedimiento de impugnación puesto que, de estarlo, no se tiene certeza sobre la procedencia de la deuda en sí. Es un asunto que se encuentra sometido a discusión y, en tanto no se resuelva la contienda, no podrá exigirse la deuda. Así, la compensación automática, habría sido mal aplicada a la recurrente, puesto que no se habría cumplido con dicho tercer requisito.

Además afirma, que la Tesorería General ni siquiera se molestó en verificar si es que la deuda que se compensó, se encontraba sometida a un procedimiento de impugnación o no –que es lo debido-, sino que simplemente aplicó en forma “automática” y a través del “Sistema Central” la mencionada compensación; lo que aparecería reflejado en el oficio N° UOC 1 N° 13/2011/517 de 22 de junio de 2011, de la Tesorería de Ñuñoa, remitida a esta Iltma. Corte, en respuesta al oficio que se envió a dicha entidad a fin de que informara respecto de la solicitud de suspensión de cobro de impuesto solicitada por la recurrente en el Recurso de Apelación Rol N° 1330-2011.

Por su parte, en la letra B., en relación a la vulneración de las garantías constitucionales numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; señala que la actuación de la Tesorería General importa una grave perturbación a la primera de éstas, en cuanto no se ajusta en sentido alguno a las normas del debido proceso, ya que no ha existido un procedimiento que revista los caracteres de razonabilidad y justicia en que fundamente la actuación de compensación automática. Agrega textual “…Es más, no ha existido procedimiento alguno del que tengamos noticia…”. La recurrente tomó conocimiento de dicha actuación no a través de una notificación del Servicio de Tesorerías, sino que en forma indirecta, a través del sitio web de otro organismo del Estado, cual es el S.I.I., es decir, Tesorería General, ni siquiera dispuso la notificación de dicha resolución administrativa, cuestión que estima, absolutamente básica y fundamental de todo procedimiento tramitado en forma legal, lo que le ha obligado a recurrir a este recurso para no ver aun más perturbado su Derecho a defensa.

Manifiesta que ve en este acto arbitrario e ilegal la falta de una serie de principios fundamentales que deben operar en todo procedimiento, pero especialmente aquellos que se desarrollan en instancias administrativas, como una grave violación al principio de transparencia con que se debe desarrollar un determinado procedimiento, el cual permite tomar conocimiento del contenido y fundamento de una determinada resolución. Advierte igualmente otra falta, cual es la motivación o fundamento de la resolución o decisión que se adopte; principios de transparencia y motivación que se encuentran incluso plasmados en la Ley N° 18.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, artículos 16 y 41, respectivamente.

En cuanto a la infracción de la segunda de las garantías infringidas, esta es, el Derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales; se habría configurado, atendido que habiendo el S.I.I. autorizado una devolución de impuestos a la recurrente por la suma de $205.811.805 y debiendo dicha suma haber ingresado a las arcas de ésta, Tesorería General procedió a compensar en forma automática dicho monto con una “deuda” aún no exigible, según ya se explicó, “…privando ilegítima y arbitrariamente…”, señala textual, a ésta del ejercicio de todas y cada una de las facultades del dominio sobre esos dineros. Produciéndose además, graves perjuicios al funcionamiento y operación de las misma, dada la alta suma compensada; produciendo dicho acto arbitrario e ilegal la vez, un menoscabo en su patrimonio, puesto que importaría una disminución efectiva y concreta de él.

Termina solicitando, se declare: a) Que se deje sin efecto la compensación automática practicada por la Tesorería General de la República de la devolución de impuestos solicitada por la recurrente en su declaración de renta 2010 con parte de la “deuda” que nace de las liquidaciones de impuestos N°s 994 a 1016, de 16 de octubre de 2006, del Depto. de Fiscalización Selectiva de la XV DRMSO del SII; b) Que, en consecuencia, se disponga la liberación y devolución del monto ilegal y arbitrariamente compensado y c) Que se condena en costas a la recurrida.

3°) Que a fojas 52 y siguientes, evacúa informe don nombre reservado, Tesorero General de la República, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado.

Comienza exponiendo brevemente los antecedentes del recurso e indica seguidamente que analizadas las argumentaciones de la recurrente al tenor de las disposiciones legales y antecedentes en poder de dicho Servicio, concluye que hay una inexistencia de actos u omisiones arbitrarias e ilegales, atendido que de acuerdo al artículo 84 de la Ley de la Renta, los contribuyentes obligados a presentar declaraciones anuales de primera y/o segunda categoría, deben efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda pagar, cuyo monto se determina acorde con las disposiciones que en esa norma se indican. El objetivo de dichos pagos provisionales es efectuar una provisión anticipada de los impuestos correspondientes al respectivo año tributario que deban pagar; pagos que se imputan en orden sucesivo a pagar los impuestos de declaración anual, entre otros los de categoría e impuesto global complementario o adicional. Así, conforme dispone el artículo 96 de la referida ley; cuando la suma de dichos impuestos anuales resulta superior al monto de los pagos provisionales debidamente reajustados, la diferencia también reajustada, se paga en una sola cuota al instante de presentarse la declaración anual.

Precisa que, producto de haber operado una compensación entre deudas recíprocas del Fisco y de la sociedad recurrente, no se verificó la devolución del excedente de pagos provisionales que arrojó la declaración de impuesto a la renta presentada por la recurrente, año 2011.Que esta facultad para compensar, está otorgada por el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, en concordancia con las normas que contempla el Código Civil, sobre compensación como modo de extinguir las obligaciones.

Afirma que en la especie concurrieron los requisitos para que operara la compensación; que no es efectiva la afirmación del recurrente en cuanto a que la deuda fiscal no era exigible al momento debido, ya que, a la data de ésta no existía ninguna orden de suspensión vigente emanada de esta Iltma. Corte que suspendiera el cobro de los impuestos reclamados.

Finaliza, haciendo presente que el recurso de autos no es la vía idónea para impugnar este acto ya que cualquier alegación debería plantearse en la cual se está conociendo la apelación del reclamo y solicitando, en definitiva no dar lugar al recurso por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

4°) Que, de los hechos puestos en conocimiento de esta Corte, se desprende que no existe controversia respecto de la circunstancia que se encuentra pendiente de resolución ante esta misma Corte, la apelación de la sentencia de 26 de noviembre de 2010, por la cual el Servicio de Impuestos Internos negó lugar a la reclamación deducida por la recurrente contra las liquidaciones de impuestos N° 994 a 1016, ingresada bajo el Rol N° 1330-2011. Causa en la cual, además se solicitó y concedió el 31 de enero de 2011 la suspensión del cobro del impuesto, por un plazo de tres meses. Suspensión que por cierto, no se encuentra renovada.

Como asimismo según consta de documento de fojas 8 ,que la Tesorería General de la República efectuó la compensación de $205.811.805 sobre el monto total de devolución autorizado, el 26 de mayo de 2011, esto es, cuando ya había vencido el plazo de suspensión del cobro despachado.

5°) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares; destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en los números que éste señala; mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, prive, perturbe o amenace ese ejercicio; restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados.

6°)

Que el fundamento inmediato del libelo de autos, se ha hecho consistir en el acto de la recurrida, Servicio de Tesorería, de compensar de conformidad al artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del Ministerio de Hacienda, de 1994, una presunta deuda de la empresa recurrente respecto del Fisco, con una suma de dinero que ésta debía percibir por devolución de un excedente de pagos provisionales, deuda que a juicio de la recurrente no sería actualmente exigible, según afirma: por cuanto en la especie resulta esencial para que se configure la aludida facultad de exigir una deuda, que ésta no esté sometida a un procedimiento de impugnación, ya que de estarlo no se tiene certeza sobre la procedencia de la deuda en sí, por lo que mientras el asunto esté sometido a discusión y, en cuanto no se resuelva la contienda, no podrá exigirse la deuda, como así procedió a realizarlo la recurrida, de manera que la ilegalidad y arbitrariedad del acto de compensación efectuado por ésta, ha privado a la recurrente del legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre dineros que dejará de percibir con ocasión del acto impugnado; por cuanto además, carece dicha actuación de compensación automática de un procedimiento en que se fundamente, que esté ajustado a las normas del debido proceso; lo que importa una grave perturbación del Derecho asegurado a todas las personas, de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y también a la falta de una serie de principios, esenciales en todo proceso, como ser los de transparencia y motivación.

7°) Que primeramente habrá que dejar asentado que, si bien, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 24 del Código Tributario, como se infiere también de la aplicación armónica de los artículos 124 y 201 del mismo cuerpo legal, los impuestos y multas liquidados y reclamados sólo se giran por el Servicio de Impuestos Internos, una vez resuelta en primera instancia por el Juez Tributario la reclamación interpuesta por el contribuyente; el inciso sexto del artículo 147 del Código en comento, expresamente le reconoce a la Tesorería la facultad de iniciar las acciones tendientes al cobro de los impuestos girados, una vez desestimada en primera instancia una reclamación tributaria, siempre que la Corte de Apelaciones respectiva no hubiere decretado la suspensión del cobro de los impuestos reclamados en ejercicio de esta facultad.

8°) Que, por otra parte, conforme lo dispone el artículo 1656 del Código Civil, la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, extinguiéndose ambas deudas hasta la concurrencia de sus valores, si una y otra cumplen los requisitos que siguen: a) que ambas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; b) que ambas sean líquidas; y c)

que ambas sean actualmente exigibles.

9°) Que, en estos autos se ha establecido que el cobro de los impuestos de cargo de la recurrente no se encontraban suspendidos de exigibilidad a la fecha en que por el solo ministerio de la ley -26 de mayo de 2011- se hizo operar la compensación. En efecto, de los antecedentes aportados por ambas partes, consta que el 31 de enero de 2011 se decretó la suspensión del procedimiento de cobro de los impuestos de cargo de la recurrente por el plazo de tres meses, renovándose esta suspensión luego de haber operado la compensación y de recibido el Oficio N° UOC 1 N° 13/2011/517 de 22 de junio de 2011 remitido por la Tesorería Provincial de Ñuñoa, que rola a fojas 9, en el cual consta la decisión de no oponerse a la solicitud de suspensión.

10°) Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, fluye que la Tesorería General de la República, al ejercer su facultad de compensar devoluciones de impuestos pertenecientes a la recurrente con obligaciones tributarias existentes y líquidas de este contribuyente, no estando suspendido su cobro y, siendo a su vez actualmente exigibles, no ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal que perturbe y vulnere las garantías que se aseguran en los numerales 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, la conducta de la recurrida se ajustó a la legalidad vigente y no se advierte una diferencia arbitraria entre la recurrente y el resto de los contribuyentes, a quienes se les devuelve oportunamente el excedente de pago de impuesto arrojado en el respectivo año tributario, como tampoco se le discrimina respecto de quienes no se persigue el cobro de impuestos si su exigibilidad está suspendida, pues en este caso ello no era así.

Por estas consideraciones y, de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3 y 24 y en el artículo 20, ambos de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 1 por don nombre reservado, en representación de Fe Grande Maquinarias y Servicios S.A., rol único tributario número 99.541.860-6 en contra del Fisco de Chile-Tesorería General de la República; en cuanto se resuelve que no existe un acto arbitrario o ilegal al artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 7817-2011 Redactada por la abogado integrante doña María Teresa Hoyos de la Barrera.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso e integrada por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile y por la abogado integrante señora María Hoyos de la Barrera.

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