Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estima ilegal y arbitraria, consistente en la no dictación de un acto administrativo terminal que resuelva su solicitud de regularización migratoria, presentada mediante carta certificada de 30 de abril de 2025 al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325, así como el envío de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme al artículo 26 y siguientes de la Ley N°20.430, actuación que vulneraría el derecho fundamental de igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2, por lo que solicita que se ordene concluir el procedimiento y otorgar la visación de residente temporario que indica.

Expone que su representada es ciudadana venezolana que se vio forzada a salir de su país de origen con fecha 20 de diciembre de 2021, ingresando al territorio nacional el 28 de diciembre de 2021 por paso no habilitado, atendida la situación de violencia generalizada y de vulneración de derechos que afecta a dicho país; que, tras un proceso de regularización ante el Servicio Nacional de Migraciones que concluyó negativamente, con fecha 30 de abril de 2025 remitió carta certificada a la Subsecretaría del Interior solicitando la regularización de su condición migratoria en virtud del artículo 155 de la Ley N°21.325, acompañando los antecedentes respectivos.

Señala que, hasta la fecha, su representada no ha vuelto a ser contactada por la autoridad y tampoco le ha sido otorgada la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430, lo que estima constitutivo de una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros.

Agrega que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y amparado por el principio de no devolución del artículo 4 de la Ley N°20.430 y los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, correspondiendo la ponderación de tales antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y no a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Solicita se acoja el recurso, declarando que la autoridad ha actuado de manera arbitraria e ilegal, que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha solicitado y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria, al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325, mientras se espera la evaluación de su solicitud por la comisión calificada.

SEGUNDO: Que, informando el recurso de protección, comparece don Lukas Mejías Valladares, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional interpuesta, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la recurrida señala que la extranjera no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo que se desprende su ingreso clandestino, eludiendo los controles migratorios establecidos, habiendo sido denunciada por su ingreso por paso no habilitado mediante Parte Policial N°NUM000, de 30 de marzo de 2023, de la Policía de Investigaciones de Chile.

Indica que con fecha 30 de abril de 2025 recibió carta certificada mediante la cual la parte recurrente solicitó que se regularizara su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Hace presente que, mediante Oficio Ordinario N°NUM001, de 11 de agosto de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones remitió todos los antecedentes de dicha petición a la Subsecretaría del Interior, órgano facultado por la Ley N°21.325 para resolver este tipo de solicitudes, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley N°19.880, haciendo hincapié en que el Servicio no es la autoridad competente para resolver la solicitud en cuestión, ni la que emitió el acto administrativo impugnado, sino solo el órgano encargado de recibir las solicitudes de regularización y gestionar su procedimiento, remitiendo los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, autoridad llamada por ley a resolver.

TERCERO: Que, a su vez, evacua informe don Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción constitucional con expresa condenación en costas, fundada en los siguientes antecedentes:

Distingue, en primer término, que la recurrente alude indistintamente a dos solicitudes de naturaleza jurídica diferente e independiente: una de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, conforme al artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, y otra de determinación de la condición de refugiado, regida por la Ley N°20.430 y el Decreto Supremo N°837, de 2010. Respecto de esta última, señala que su tramitación se inicia ante el Servicio Nacional de Migraciones y que el pronunciamiento del Ministerio, a través de resolución del Subsecretario del Interior, tiene lugar en etapa posterior, teniendo en consideración las recomendaciones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado (artículo 19 de la Ley N°20.430), por lo que no corresponde a esa Cartera pronunciarse, en esta sede, sobre dicha solicitud.

En cuanto a la normativa aplicable, señala que el artículo 24 de la Ley N°21.325 y el artículo 2 del Decreto Supremo N°296/2022 establecen que la entrada y salida de personas debe efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje válidos, siendo deber del Estado promover una migración regular y ordenada.

Explica que la Ley N°21.325 contempla dos hipótesis de regularización migratoria: a) De carácter general: conforme a los artículos 69 inciso 2° y 155 N°8, correspondiendo a la Subsecretaría del Interior disponer mecanismos de regularización, cuya ejecución compete al Servicio Nacional de Migraciones, no existiendo actualmente procedimientos vigentes de este tipo; y b) De carácter excepcional: según el artículo 155 N°9, que dispone que el Subsecretario del Interior tiene la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, permisos de residencia temporal por casos calificados o motivos humanitarios.

Argumenta que la acción de protección no es la vía idónea para conocer los planteamientos de la recurrente, por tratarse de una acción cautelar, de urgencia, limitada a actos u omisiones cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, existiendo en sede administrativa los medios de lato conocimiento que establece el artículo 139 de la Ley N°21.325, que reconduce a los recursos de la Ley N°19.880. Añade que no existe omisión ilegal ni arbitraria, pues el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no constituye un plazo fatal, y que la sola circunstancia de no encontrarse resuelta la solicitud no configura, por sí misma, una vulneración de garantías, sin que la recurrente haya aportado antecedentes que la acrediten. Concluye solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

CUARTO: Que, la acción de protección de garantías constitucionales, procede ante una actuación arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental. De esta forma, resulta indispensable no sólo la existencia de un derecho cierto y determinado por parte de quien ejerce la acción cautelar, sino que también, un actuar arbitrario del recurrido que amague y vulnere tal derecho, pues de no existir este perjuicio o amenaza, no se configuran los presupuestos que ameritan la adopción de medidas urgentes de cautela, que es el objetivo de esta vía excepcional. En otras palabras, la cuestión a resolver será si la demora de los organismos que participan del procedimiento que reclama la recurrente, afectan los derechos de su parte.

QUINTO: Que, si bien el recurso se dedujo imputando una omisión consistente en la no dictación de un acto administrativo terminal, consta en autos que, a requerimiento de esta Corte, se acompañó la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 25 de febrero de 2026, mediante la cual la Subsecretaría del Interior rechazó la solicitud de regularización de la recurrente, estimando que a su respecto no se daban los presupuestos establecidos en la ley para acogerla de manera excepcional, sino por el contrario, que la solicitud de ésta se basa sólo en situaciones generales, sin aportar antecedentes o elementos que acrediten los hechos especialísimos que alega.

SEXTO: Que, en lo inmediato, debe apuntarse que la solicitud de regularización de que se trata se sujeta a la normativa contenida en el artículo 155 N°9 de la Ley de Migración y Extranjería, que faculta al Subsecretario del Interior para otorgar permisos de residencia temporal, en casos excepcionales, a extranjeros que se encuentren en el país, por motivos calificados o humanitarios. En ese contexto, de la revisión del acto acompañado aparece que la decisión cuestionada fue adoptada por autoridad competente a quien la ley ha conferido la atribución para pronunciarse, de manera que -desde esa óptica-, no existe reproche de ilegalidad que pueda sostenerse.

SÉPTIMO: Que, de otro lado, tampoco puede imputarse arbitrariedad a la resolución acompañada, dado que en ella se consignan las razones que determinaron la decisión de la autoridad migratoria competente, lo cual puede corroborarse de la lectura de sus considerandos 17 a 32.

En efecto, conforme puede advertirse de la revisión del correspondiente acto administrativo, en este se consignan los motivos que le sirven de apoyo, constituidos por la falta de antecedentes que le permitieran a la autoridad calificar la situación de la recurrente como excepcional, o que se estaba ante un caso calificado o humanitario, indicándose que las situaciones expuestas por la recurrente no eran de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares.

OCTAVO: Que, en lo que atañe a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado invocada en el libelo, su tramitación se sujeta a un procedimiento reglado regido por la Ley N°20.430, que se inicia ante el Servicio Nacional de Migraciones y cuya resolución corresponde a la autoridad conforme a esa normativa, sin que se advierta a este respecto actuación u omisión arbitraria o ilegal que amerite el acogimiento de la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado, deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección – N°7813-2026.