Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

Vistos: 1°) Que con fecha 27 de febrero de 2026, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente y la consecuente dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, que tuvo por desistido dicho procedimiento.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues la autoridad migratoria ha creado una hipótesis de desistimiento no prevista en el ordenamiento jurídico, omitiendo además el envío de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la recurrente, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, específicamente la igualdad ante la ley y la debida protección del procedimiento administrativo, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado, se ordene la continuación del trámite de refugio y se le otorgue la respectiva visación de residencia temporaria. Sostiene que la actora ingresó al territorio nacional por pasos no habilitados el día 5 de enero de 2022, huyendo de una crisis humanitaria y de seguridad en su país de origen. En dicho contexto, el 18 de diciembre de 2025 formalizó su solicitud de refugio, la cual fue posteriormente rechazada mediante la resolución ya individualizada, bajo el argumento de haber excedido el plazo de siete días hábiles para su presentación y no haber acreditado los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley N°20.430 y el Decreto Supremo N°837.

Argumenta la actora que la figura del desistimiento aplicada por la autoridad es improcedente, toda vez que, conforme al Diccionario de la Lengua Española y al Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el desistimiento implica una manifestación de voluntad expresa de abandonar una pretensión, lo que no ha ocurrido en la especie.

Refuerza este aserto citando el artículo 52 del Decreto N°837, que prescribe que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, característica que la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones ha ratificado como esencial para la validez de dicho acto administrativo.

Asimismo, expone que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad, pues la sanción impuesta resulta excesiva frente a la realidad humanitaria de la peticionaria, y el principio de irretroactividad de las leyes y sanciones consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, al aplicarse una interpretación torcida de las normas migratorias vigentes.

Adicionalmente, reclama el incumplimiento del deber imperativo de otorgar una visación de residente temporario al momento de formalizar la solicitud, conforme lo ordenan los artículos 32 de la Ley N° 20.430 y 42 del Decreto N° 837, desconociendo el carácter perentorio de dicha obligación legal.

En lo relativo a la afectación de garantías constitucionales, el recurrente sostiene que el actuar de la administración constituye una vulneración flagrante a la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, por cuanto se dispensa un trato discriminatorio e injustificado a su representada en relación con otros solicitantes, impidiéndole acceder a un procedimiento reglado y exponiéndola al riesgo de ser devuelta a un país donde su seguridad se encuentra amenazada, infringiendo con ello los principios de no devolución y debido proceso.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 27.01.2026, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la correcta tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, dándole el curso legal que corresponda y otorgándole la visación de residente temporario, prescrita en el artículo 32 de la Ley N° 20.430. 2°) Que, con fecha 13 de marzo de 2026, la representación legal del Servicio Nacional de Migraciones evacúa el informe requerido en autos, solicitando el íntegro rechazo de la presente acción constitucional.

Fundamenta su oposición en que la recurrente, nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al territorio nacional por paso no habilitado con fecha 5 de enero de 2022, situación que dio lugar a la denuncia por ingreso clandestino mediante el Parte Policial N° NUM001 de la Policía de Investigaciones de Chile. Informa que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado fue impetrada con fecha 18 de diciembre de 2025, motivando la dictación de la Resolución Exenta N° NUM002 de 8 de enero de 2026, la cual determinó la imposibilidad de dar curso al procedimiento por el incumplimiento de requisitos formales esenciales, a saber, la superación del plazo fatal de siete días hábiles para su presentación desde el ingreso al país conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430, y la falta de acreditación de la autodenuncia oportuna según lo previsto en los artículos 8 y 35 del Reglamento de la citada ley.

Sostiene la autoridad que, pese a otorgarse un término de quince días para la subsanación de los defectos en virtud del artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, la peticionaria no logró desvirtuar los presupuestos de hecho y derecho, lo que derivó en la Resolución Exenta N° NUM000 de 27 de enero de 2026, que tuvo por desistida la solicitud.

Alega la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por cuanto el Servicio actuó bajo el imperio de la Ley N°21.655, que establece la etapa inicial de admisibilidad, sin que se hayan vulnerado garantías del artículo 19 de la Constitución Política.

En virtud de lo anterior, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes. 3°) Que aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental. 4°) Que lo reclamado en el recurso es la negativa del Servicio recurrido respecto de dar tramitación a la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiada a la recurrente. 5°) Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N°20.430 dispone que "la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional". Por su parte, el artículo 35 del Decreto N°837, que establece el reglamento de la Ley N°20.430, dispone que "los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento".

Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello. 6°) Que, del contenido de los documentos acompañados por la recurrida, en donde consta la declaración de la propia recurrente, fluye que, ella ingresó al país el 5 de enero de 2022, cuestión que se consigna expresamente en el formulario de primera atención, mientras que la presentación ante el Servicio para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada, data de 18 de diciembre de 2025.

Finalmente, consta en los antecedentes, Resolución Exenta N°NUM000 de 27 de enero de 2026, que tuvo a la recurrente por desistida de la solicitud, por no cumplir con requisitos formales, por no haber realizado la solicitud dentro del plazo de 7 días desde su ingreso al país.

De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N°20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado 7°) Que, en efecto, conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, especialmente aquellos acompañados por la recurrida, es posible establecer que, una vez presentada la solicitud, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la actora un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 lo cual se materializó mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 27 de enero de 2026, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880 y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes. 8°) Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-7811-2026.