nombre reservado con TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 03 de septiembre de 2019, comparece Franco Paolo Fritiz Villagra, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A.(SINACOFI),empresa del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, Gerente General, y en contra de TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A, empresa del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, Gerente General, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios en que incurrieron vulnerando las garantías de la protegida contenidas en los numerales 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundando el recurso expone que el 27 de febrero de 2019 en autos rol C-3630-2014, caratulados “Tanner servicios financieros S.A con nombre reservado” el 6° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia definitiva acogiendo la excepción de prescripción opuesta por la recurrente en contra de Tanner, y una vez firme y ejecutoriada la sentencia referida solicitó a diferentes instituciones como Equifax, Boletín Comercial y Sinacofi la eliminación de las supuestas morosidades con Tanner.

Agrega que el 25 de Julio de 2019, Sinacofi le informó que las supuestas morosidades han sido eliminadas de sus registros, sin embargo, en el mes de agosto solicitó la apertura de una cuenta corriente en un banco de la plaza, lo que le fue negado por figurar “informada por morosidades con Tanner servicios financieros S.A.”.

Refiere que el 22 de agosto de 2019 solicitó un nuevo certificado a Sinacofi en el cual se visualiza que la deuda con Tanner Servicios Financieros S.A. aún se encontraba informada, reiterando su solicitud a SINACOFI de eliminación, a lo que se dio respuesta indicando que no se accedería a la petición por no “acreditar” el pago o extinción de la deuda de algún modo legal.

Reconoce que la deuda existió, pero se encuentra regularizada al ser eliminada de los registros del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio, conforme consta de los informes de deudas emitidos por Equifax y por la Superintendencia de Instituciones Financieras.

Expone que la protegida por su trabajo y requiere contar con una cuenta corriente y línea de crédito, derecho que le ha sido injustamente negado debido al actuar arbitrario de las recurridas, que, a sabiendas de la prescripción de dichas obligaciones, SINACOFI mantienen dicho registro y Tanner Servicios Financieros S.A informa supuestas morosidades, y que debe ser eliminada, ya que las entidades deben mantener actualizadas las bases de datos, lo que no ha ocurrido ocasionando un perjuicio a la recurrente.

Advierte que es inaceptable que se carezca de algún medio de fiscalización relativo a la vigencia de la información que manejan las recurridas en sus bases de datos, lo que implica una omisión grave y arbitraria que causa perjuicio a la recurrente, ya que SINACOFI tiene el deber de exigir un respaldo que garantice que la información es fidedigna y actualizada.

Afirma que por lo expuesto la protegida ha sido víctima de discriminación arbitraria y se han afectado las garantías constitucionales, infringiendo lo dispuesto en la Ley N°19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, en particular sus artículos 18 y 19, como también en lo dispuesto en el artículo 10 del DS 950 del año 1928.

Refiere que el actuar de las recurridas ha sido ilegal y arbitrario, acto que provoca una perturbación y amenaza en el derecho de la protegida a ser reconocida por su prestigio y seriedad comercial, puesto que la publicación en la lista de morosos produce el efecto de notificar al público, en general, y a quienes pretendan contratar que no es un contratante cumplidor, afectando con ello la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 4 y también la garantía establecida en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto la publicación coarta su posibilidad de desarrollar actividades económica dado que se ve imposibilitada de acceder a créditos en el sistema financiero.

Previas citas legales solicita se declare que el actuar de las recurridas es ilegal y arbitrario, no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, ni a la Ley; y que vulneran las garantías constitucionales del respeto de la vida privada, pública y el derecho a la libertad económica, como asimismo, se ordene a las recurridas eliminar y excluir de sus registros el nombre y RUT de la recurrente, en todo lo referente a las deudas que mantienen informadas por parte de Tanner Servicios Financieros S.A., con costas del recurso.

Segundo: Con fecha 7 de octubre de 2019, comparece Juan Pablo Prieto Saldivia, abogado, por la sociedad SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. (en adelante SINACOFI S.A.) informando el recurso y solicitando su rechazo con expresa condena en costas.

Alega la improcedencia del recurso en relación a la naturaleza del acto recurrido, puesto que si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que el recurso de protección puede deducirse "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes", ello no implica que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes como los contemplados en la ley.

Refiere que en la especie el recurso se sustenta en el hecho de haber comunicado ciertos datos personales de aquellos a los que se refiere el Título III de la Ley N°19.628, en circunstancias que esa misma la ley contempla vías de amparo orientadas precisamente a resguardar rápida y eficazmente los derechos de los titulares de datos personales, tal como dispone el artículo 16 de la ley en comento, por lo que al existir mecanismos procesales especiales y de aplicación preferente, particularmente cuando existe controversia sobre la existencia o inexistencia del hecho objeto de reproche, se debe concluir que la acción de protección no es la vía idónea para resolver este reclamo, razón por la cual el presente recurso debe ser rechazado.

Precisa en cuanto al fondo, que la recurrida es propietaria y administradora de un sistema automatizado para el tratamiento y procesamiento de información bajo especiales condiciones de seguridad y control, sistema que tiene por objeto constituir una Central de Riesgos destinada a proveer información de valor comercial para apoyar procesos de toma de decisiones en las áreas de negocios y operaciones, tanto de la industria bancaria como del mercado en general.

Añade que para el desarrollo de sus negocios, realiza el acopio de la información que posteriormente integra sus bases de datos con diversa información obtenida, en ciertos casos directamente desde fuentes accesibles al público y, en otros, por el aporte que terceros en virtud de diversos acuerdos comerciales y/o contratos celebrados entre ellos y la recurrida, la que una vez obtenida y luego de verificar que cumple con los estándares que impone la Ley N°19.628 en cuanto a calidad, veracidad, actualidad y comunicabilidad de los datos, se generan las bases que posteriormente integran su denominada Central de Riesgos y los denominados “Informes Comerciales”.

Afirma que, en este caso, los datos cuya comunicación se cuestiona corresponden al incumplimiento de ciertas obligaciones contraídas por la recurrente con Tanner Servicios Financieros S.A. al amparo de un contrato de préstamo de dinero, para lo cual se suscribió un pagaré a favor del acreedor pactándose su pago en cuotas, las que la deudora dejó de pagar las cuotas y quedó en situación de incumplimiento, frente a lo cual el acreedor no habría ejercido eficaz y oportunamente las acciones ejecutivas emanadas del pagaré y, finalmente, dichas acciones fueron declaradas prescritas Reconoce que el 23 de agosto de 2019 se solicitó la eliminación de los datos a que se refiere el recurso, lo que fue traspasada al aportante de los datos Tanner Servicios Financieros S.A., comunicándose que los datos no serían eliminados toda vez que corresponde al acreedor informar acerca de la aclaración del mismo o bien el pago o extinción de la obligación, cuestión que en la especie no había ocurrido.

Asimismo alega, que la recurrida en momento alguno ha actuado de manera ilegal, por cuanto en el desarrollo de sus actividades se rige, en general, por las disposiciones contenidas en la Ley N°19.628, y que conforme a la lectura de los artículos 1°, 4° inciso 5°, 17 y 18 de la Ley en comento, queda en evidencia: 1.- Que los datos personales pueden ser comunicados sin consentimiento del titular si constan en pagarés protestados (entre otros títulos que señala) En la especie, los datos por cuya comunicación reclama la recurrente corresponden, precisamente a datos sobre incumplimiento de obligaciones que constan en un pagaré (es decir, es perfectamente comunicable). 2.- Que los datos no pueden ser comunicados cuando: 2.1 Han transcurrido más de 5 años desde que la obligación se hizo exigible; 2.2 La obligación ha sido pagada; o 2.3 La obligación se ha extinguido por otro modo legal.

Indica que conforme se desprende de las alegaciones de la recurrente, los antecedentes que acompaña y de los obtenidos por la recurrida, ninguna de las circunstancias referidas concurre respecto de los datos contra cuya comunicación se dirige el presente arbitrio.

Afirma que la sentencia judicial obtenida por la protegida y que pretende usar como justificativo de su pretensión se refiere exclusivamente a la prescripción de la acción ejecutiva, no de la deuda y que, aun habiéndose declarado judicialmente la prescripción de la acción ejecutiva derivada de un pagaré, “en ningún caso esa declaración puede extenderse de manera automática a aspectos que no ha regulado, como son las acciones civiles que se derivan de la misma acreencia” ( I. Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia del 02-03-2016, Recurso de Protección Rol 9045-2016), por lo que la recurrida no ha cometido ilegalidad alguna al rechazar la solicitud de eliminación de antecedentes.

Argumenta en el caso la falta de arbitrariedad, por cuanto el artículo primero de la Ley N°19.628 consagra como principio general la libertad en materia de tratamiento de datos y el artículo 3º transitorio de la misma ley, dispone que las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales creado por el decreto supremo de Hacienda Nº950, de 1928, seguirán aplicándose en todo aquello que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley, por lo que todas las normas monopólicas contempladas en el señalado Decreto que otorgaban al Boletín Comercial un cierto carácter oficial o exclusivo han sido derogadas, lo que se condice a su turno con la garantía constitucional del N°2 del artículo 19 de la carta fundamental.

Añade que cada acreedor puede determinar, libremente, a qué operadores de bases de datos del mercado comunica las morosidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones y que, conforme a ello, Tanner Servicios Financieros S.A. suscribió un acuerdo contractual con la recurrida en virtud del cual se obliga a aportar a SINACOFI los datos referidos a incumplimientos de obligaciones contraídas por sus clientes y SINACOFI se ha obligado a efectuar las diversas operaciones de tratamiento de datos sobre éstos a objeto de incorporarlos en su central de riesgos y comunicarlos al mercado mediante la emisión de los pertinentes informes comerciales, por lo que su actuación responde al cumplimiento de una obligación legalmente contraída dentro del marco y ámbito de sus facultades, y plenamente exigible, aún en forma compulsiva, cuyo incumplimiento podría ser generador de responsabilidad en su contra, conforme al artículo 1545 del Código Civil, por lo que la comunicación del dato en que se funda la acción, obedece al cumplimiento de una obligación jurídica al cual SINACOFI no puede legítimamente negarse.

Tercero: Que con fecha 30 de octubre de 2019, comparece doña nombre reservado, en representación de TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A., evacuando el informe solicitado y requiriendo su rechazo con expresa condena en costas.

Expone en cuanto a los hechos que la recurrente efectivamente mantuvo un crédito automotriz con el cual financió parte de la compra de un automóvil, pagadero en 48 cuotas, de las cuales sólo pagó 4 hasta el 05 de julio de 2013.

Reconoce que el 27 de febrero de 2019 el 6° Juzgado Civil de Santiago en causa Rol C-3630-2014, declaró la prescripción de la acción emanada del pagaré, no de la deuda, ya que la misma sentencia rechaza la solicitud de alzamiento de la acción prendaria, por lo que es legítimo mantener publicada a la recurrente, ya que sigue existiendo su obligación para con TANNER, al encontrarse en mora de pagar sus obligaciones que al tiempo de la publicación mantenía y mantiene, considerando lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°19.628, más aún cuando no se ha declarado la prescripción de la acción ordinaria.

Añade que los hechos narrados por la recurrente no son efectivos, ya que aún existe una deuda no encontrándose prescrita la obligación, por lo que no puede ser admitido el presente recurso, ya que no hay garantía vulnerada, al no haberse cometido acción u omisión ilegal o arbitraria en su contra, ni han transcurrido más de 5 años desde que la obligación se hizo exigible, plazo que se computa desde que se extinguen toda la deuda, esto es, las 48 cuotas morosas.

Refiere que conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en el presente caso no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad, ya que la recurrente a la fecha mantiene una obligación con TANNER y tiene garantía prendaria vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe vulneración a las garantías señaladas por la actora, las que no se encuentran amparadas en fundamento legal o constitucional alguno.

Por otra parte, alega que el artículo 16 de la Ley N°19.628 consagra la acción denominada “Habeas Data”, con un procedimiento especial y específico para asegurar el ejercicio de los derechos que la misma ley reconoce a los titulares de datos personales, por lo que en la especie el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, por lo que al existir mecanismos procesales especiales y de aplicación preferente para la protección de los derechos de los titulares de datos personales, el presente recurso debe ser rechazado.

Afirma que conforme a lo expuesto no existe vulneración alguna de garantías constitucionales ni acto ilegal o arbitrario de la recurrida.

Cuarto: Que consta de los antecedentes que por sentencia definitiva ejecutoriada dictada en los autos rol C-3630-2014, se declaró la prescripción de la acción cambiaria emanada del pagaré suscrito por la recurrente a favor de Tanner Servicios Financieros S.A. Luego, extinguiéndose la acción ejecutiva por la prescripción extintiva, no le asiste el derecho a la acreedora a publicar en Sinacofi, como morosa a la mencionada recurrente, respecto de dicho pagaré.

Quinto: Que es cierto que Tanner Servicios Financieros S.A puede accionar en contra de la recurrente por la vía ordinaria, pero en un juicio declarativo, de manera que no puede, a su arbitrio, publicar la eventual morosidad cuando esta aún no se ha producido.

Sexto: Que, en consecuencia, las recurridas han obrado de una manera a lo menos arbitraria, conculcando los derechos que los números 4° y 21° del artículo 19 de Constitución Política de la República contempla.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección deducido en autos, sólo en cuanto se dispone que las recurridas deberán abstenerse de publicar como morosa a la recurrente respecto de la obligación que emanaba del pagaré de N°99327 suscrito con fecha 30 de enero de 2013, sin costas.

Regístrese.

N°Protección-78108-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Mireya López Miranda y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez