Protección contra Ilustre Municipalidad de San Joaquín

C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil diecinueve.

Al folio 13, téngase presente.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, y de su alcalde don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado su reincorporación a sus funciones en la Municipalidad de San Joaquín, específicamente a la Planta Municipal, Grado 14°, afectando así las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Fundó su recurso, en que a través de Ordinario N°1300/60 de 6 de agosto de 2019, el alcalde recurrido rechazó de forma ilegal y arbitraria la solicitud de reincorporación de sus funciones en la I. Municipalidad de San Joaquín.

Explica que mediante Decreto Nº1048 de 5 de junio de 2013 se inició sumario administrativo en su contra, siendo finalmente destituida el 27 de julio de 2015 por una supuesta malversación de caudales, sin embargo, el acto destitutorio está afectado por el decaimiento administrativo, lo que deviene en que se le debe incorporar a su cargo de planta funcionaria grado 14º, servicio al que ingresó el 2 de septiembre del año 1992.

Añade que la recurrida dedujo querella en su contra querella criminal en causa substanciada ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Tribunal que el 3 de mayo del presente año, tuvo por comunicada la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento. De esta forma, el presupuesto fáctico de su destitución nunca existió, por lo que solicitó su reincorporación mediante presentación de 19 de julio último, la que fue denegada por Oficio Ordinario antes señalado al estimarse que no concurrían los requisitos del artículo 119 de la Ley Nº18.883.

Previa explicación de la forma cómo se conculcaron sus garantías constitucionales y citas de jurisprudencia, terminó solicitando que se acogiera el recurso y se dispusiera por esta Corte: 1. Que se le ofrezcan disculpas públicas en redes sociales y la página de la Municipalidad, expresamente señalando que no cometió delito alguno, y que fue destituida por error; 2. Que sea reincorporada a sus funciones, bajo la misma calidad jurídica y grado; 3. Que se reconozcan sus derechos como funcionaria relativos al pago de remuneraciones, cotizaciones, bonos durante todo el tiempo de su destitución; y 4. Que se le condene expresamente en costas.

Comparece don nombre reservado, por los recurridos Ilustre Municipalidad de San Joaquín, y su alcalde don nombre reservado, informando el recurso y solicitando su rechazo.

Expresó, en primer lugar, que el recurso es improcedente, por cuanto mediante Decreto Alcaldicio N°237 de 27 de julio de 2015, la recurrente perdió su calidad de funcionaria municipal, producto de la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, prevista en el artículo 120 letra d) y 123 de la ley N°18.883, sanción que fue el resultado de un sumario administrativo legalmente tramitado, ordenado por decreto alcaldicio N°1048 de 5 de junio de 2013, tomando razón de ello la Contraloría General de la República mediante Dictamen N°7799/2016.

Agrega que la recurrente interpuso demanda de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en contra de la Municipalidad de San Joaquín, Rol T-18-2016, por vulneración de derechos fundamentales, la que fue rechazada, decisión que no fue impugnada por la recurrente, encontrándose a la fecha firme la sentencia de 7 de septiembre de 2016 lo que fue certificado el 26 de septiembre de ese año, en la misma causa.

Concluye que, respecto de la supuesta conculcación de las garantías fundamentales de la recurrente, a propósito de la tramitación del sumario administrativo ordenado por decreto alcaldicio N°1048 de 5 de junio de 2013, y la sanción de destitución aplicada por decreto alcaldicio N°237 del año 2015, ha operado la cosa juzgada.

En segundo lugar, alegó que el recurso es extemporáneo, ya que desde la fecha del referido decreto de cese de funciones Nº237, y la Resolución que desestimó la reposición de la recurrente, se encuentra vencido con creces el plazo de 30 días para la interposición del recurso, que sólo fue presentado el 3 de septiembre de 2019.

Añade que, respecto de la denuncia en sede penal de los hechos, la I. Municipalidad sólo cumplió con un mandato legal, y que frente a la decisión de no perseverar que comunicó el Ministerio Público se respondió a la recurrente su carta el 10 de julio de 2019 en que solicitaba su reincorporación a la planta municipal, alegando en lo esencial el “decaimiento de los cargos que sustentaron” su destitución, e invocando lo previsto en los artículos 50 y 61 de la ley 19.880, relativo a la revocación de los actos administrativos, mediante Ordinario N°1300/60 ya señalado rechazando la solicitud de reincorporación esencialmente por no verificarse los presupuestos legales pertinentes, esto es no existir sentencia absolutoria ni sobreseimiento conforme lo prescribe el artículo 119 de la ley 18.883, se requiere que en sede penal hayan operado, alternativamente, las normas del Código Procesal Penal de los artículos 250, relativa al sobreseimiento definitivo, o del artículo 343 relativo a la absolución.

Concluye que, si el municipio accediera a la solicitud de la recurrente, se estaría atribuyendo una autoridad que no le ha sido conferida por la Constitución y las leyes, y, en consecuencia, obraría fuera de los términos precisos del artículo 119 de la ley N° 18.883, de manera tal, que el acto sería nulo y originaría responsabilidad.

Refiere que la destitución de la recurrente fue revisada tanto en sede administrativa por la Contraloría General de la República, como en sede judicial, por lo que no existe infracción de garantías ni acto ilegal o arbitrario, pues el sumario fue tramitado en estricta conformidad a lo establecido en la Ley 18.883 y el decreto que aplica la medida de destitución fue fundado y notificado en conformada a la ley.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias urgentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario es la dictación de Ordinario N°1300/60 de 6 de agosto de 2019, por cuya virtud el alcalde recurrido rechazó la solicitud de reincorporación de la recurrente a sus funciones en la I. Municipalidad de San Joaquín.

Del petitorio aparece que lo que se solicita a esta Corte es que se eje sin efecto el acto administrativo a fin de que la recurrente sea reincorporada a sus funciones, bajo la misma calidad jurídica y grado, reconociéndosele sus derechos como funcionaria municipal.

Tercero: Que, conforme a lo expuesto en el libelo del recurso y del informe evacuado a su respecto no advierte esta Corte la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda imputársele a los recurridos, toda vez que su actuación se enmarcó dentro de la esfera de prerrogativas y facultades que se integran al ámbito de competencias constitucionales, legales y reglamentarias que el ordenamiento jurídico les ha entregado para el ejercicio de sus funciones, particularmente para disponer la instrucción del sumario administrativo que culminó con la sanción de destitución de la actora, aplicada por decreto alcaldicio N°237 del año 2015, cuyo procedimiento sumarial fue revisado en su legalidad por la Contraloría General de la República y hallado conforme a derecho, sanción que, además, fue reclamada en sede judicial laboral siendo desestimada la pretensión por sentencia que se encuentra firme.

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, el argumento que se esgrime acerca del decaimiento administrativo del acto que dispuso la destitución de la actora de su cargo en el municipio y como consecuencia de ello la procedencia de su reincorporación a las funciones anteriores a su destitución, no puede encuadrarse en la hipótesis del artículo 119 de la Ley N°18.883 como lo pretende la recurrente.

El artículo señalado dispone en lo pertinente de su inciso 1° que “si se le sancionare [al funcionario] con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la municipalidad en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía. En este caso conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en actividad”; como tampoco en la situación del inciso 2° que prevé que “en los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, podrá pedir la reapertura del sumario administrativo y, si en éste también se le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes señalados”.

En efecto, como se advierte, el derecho de ser reincorporada a sus funciones que alega la actora no está previsto para el caso de la comunicación que hace el Ministerio Público de su decisión de no perseverar en la investigación, prevista en la letra c) del artículo 248 del Código Procesal, la que no es un equivalente del sobreseimiento definitivo o de la sentencia absolutoria que prevé el artículo 119 de la Ley N°18.883, pues el legislador procesal penal sólo le atribuyó a esta decisión las consecuencias de dejar sin efecto la formalización de la investigación, dar lugar a que el juez revoque las medidas cautelares que se hubieren decretado, y que la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se hubiere interrumpido.

Quinto: Que, conforme a todo lo señalado, al comprobarse que el actuar de los recurridos no puede calificarse como arbitrario o ilegal, resulta inconducente entrar al análisis de las garantías fundamentales que se dicen afectadas por la recurrente, pues el estudio de si se ha seguido directo e inmediato atentado contra las garantías invocadas y protegibles por esta vía, supone necesariamente la existencia previa de un acto calificable como arbitrario e ilegal, que en la especie no existe ni ha podido comprobarse, lo que cual llevará inevitablemente al rechazo de la acción de protección, al no concurrir ninguno de los presupuestos exigidos para que prospere, ya señalados en el considerando primero de esta sentencia.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo antes señalado, esta Corte desea hacer presente sólo a mayor abundamiento que la acción impetrada ha sido, además, inoportuna y por lo mismo extemporánea, ya que lo que en fondo se reclama por la recurrente es la decisión que puso término a sus funciones en la Municipalidad recurrida, mediante la sanción de destitución con que concluyó el sumario instruido en su contra, hecho del que tomó conocimiento la Sra. nombre reservado al menos, sea con la notificación de la Resolución que desestimó la reposición de la recurrente en contra del Decreto Alcaldicio N°237 de julio de 2015 que dispuso el cese de sus funciones en el municipio, sea con la emisión del Dictamen N°7799/2016 de la Contraloría General de la República, de 1 de febrero de 2016 que rechazó el reclamo interpuesto en contra de proceso disciplinario instruido contra la actora, ratificando, según lo previsto en el artículo 25 de la ley N°19.296, la medida de destitución aplicada, de suerte que al presentarse el recurso el 3 de septiembre de 2019 se encontraba vencido con creces el plazo de 30 días que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de marras exige para su oportuno interposición.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza la acción de protección constitucional interpuesta por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, y de su alcalde don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Redacción del abogado integrante Gonzalo Ruz Lártiga.

N°Protección-77986-2019.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por las Ministros señora Adelita Ravanales Arriagada, señora nombre reservado.Rosa Kittsteiner Gentile y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lártiga.

En Santiago, quince de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.