nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

Santiago, cinco de Agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal y/o arbitrario de haberlo incorporado en un registro de agentes irregulares después de haber puesto término a su relación laboral, sin tener prueba ni antecedente alguno para ello, lo que llevó a la recurrida a suspender de manera arbitraria su Código de Venta, con lo cual se le impide realizar ventas en cualquier empresa del rubro, con lo que se le impide realizar un trabajo lícito, según expresa:

Que fue agente de ventas de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. entre el 16 de abril de 2003 y el 19 de octubre de 2018, fecha en que fue desvinculado por la causal contemplada en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es necesidades de la empresa. Así, la recurrida y ex empleadora para el término de la relación laboral no hizo mención alguna a supuestas irregularidades o cualquier otra conducta que hubiera servido de motivo o fundamento a la decisión de despido.

De forma posterior a la desvinculación indicada, AFP Provida decidió incorporarlo en un "Análisis actividad comercial de Agentes de Venta con alta tasa de fuga de sus afiliados". En este, se habría realizado un estudio de la producción de 31 agentes de ventas para "identificar la presencia de algún patrón determinado". El análisis habrá arrojado un porcentaje de "fuga" promedio de los 31 agentes de ventas de 73%, teniendo como referencia un promedio de fuga para todos los agentes en el mismo periodo de un 40%. Aún cuando se dice que se realizó una revisión individual de cada agente, ésta no se especifica ni desagrega para cada afectado, llevando a una condena por meros "promedios" mal explicados, lo que es violatorio de toda norma de debido proceso en nuestra legislación. Finalmente, la inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares se fundamenta en una "irregularidad en el proceso de venta que trasgrede el espíritu de la normativa vigente", lo que sería violatorio, de la norma contenida en el Capítulo 1, número 7,m letra g) del Libro V, Titulo IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Que la única razón que justifica la supuesta "conducta irregular", es un registro estadístico sin fundamentación de hecho, ni legal alguna. En efecto, la base de comparación que utilizó la empresa es comparar el llamado "porcentaje de fuga" que habría tenido con un promedio de los agentes de ventas.

Esta imputación de irregularidades estadísticas no puede, desde luego, ser el fundamento de la gravedad que tiene la Inclusión en el registro de agentes irregulares, ya que no se puede sancionar una conducta no tipificada en el ordenamiento jurídico.

Agrega que la recurrida ha infringido el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política, que protege la igualdad ante la ley, toda vez que se le ha sancionado por una conducta no tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo con ello una diferencia de carácter arbitrario, que el constituyente ha querido evitar consagrando estos derechos en el numeral mencionado. Y que adicionalmente se ha vulnerado la libertad de trabajo y discriminación arbitraria en materia laboral del N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política, al verse impedido de trabajar para otra administradora de fondos de pensiones por encontrase incluido en la citada lista.

Finalmente solicita previo los trámites legales, que se acoja el recurso de protección y que se deje sin efecto la sanción mediante la cual se impone la medida de enviar los datos personales del recurrente al Registro de Agentes Irregulares, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, en resolución de fecha 27 de enero del año en curso, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. Luego, con fecha 28 de enero, consta la resolución de esta Corte por la que se deniega la orden de no innovar solicitada en el libelo del recurso.

TERCERO: Que don Daniel Garrido Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, evacua el informe requerido, solicitando se rechace el recurso de protección con costas, por los antecedentes que se expone.

Primeramente señala que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

Que claramente en estos autos se desprende que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección. En efecto, el recurrente de autos señala que el actuar de AFP Próvida es ilegal y arbitrario, por cuanto rechazó excluirlo del Archivo de Agentes Irregulares y por su parte la recurrida sostiene que el actor tuvo plena participación en los hechos que se le imputan, esto es, las prácticas comerciales indebidas sancionadas por parte de la Superintendencia de Pensiones en su Compendio de Normas, de aplicación obligatoria para la totalidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Refiere en cuanto al punto, que con fecha 8 de enero de 2019, se emitió el informe N° 01 de 2019, por parte del departamento de Auditoría Interna, que dictaminó, entre otras cosas, poner término al contrato de trabajo del agente de ventas ya individualizado. Además se dictaminó incluirlo, entre otros agentes de ventas, en el Archivo de Agentes Irregulares, todo de conformidad a lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. En síntesis, se pudo constatar de manera fundada que se habían verificado ciertos patrones que constituían, acciones que la propia Superintendencia de Pensiones ha calificado como prácticas irregulares e ilícitas.

Que posteriormente a su desvinculación el recurrente demando a AFP Provida ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa Rit T- 1829-2018.

En dicho juicio efectivamente se llegó a un acuerdo respecto de la causal que puso término a la relación laboral que unía a la recurrente con AFP Provida S.A. para el solo efecto de pagar las prestaciones de índole laboral y poner término al referido juicio. Sin embargo señala que la irregularidad en la que incurrió el recurrente no desaparece o extingue por lo que es obligación de la Administradora mantenerlo en el Archivo de Agentes Irregulares, conforme lo prescribe la normativa de la Superintendencia de Pensiones, normativa que es vinculante y obligatoria para las Administradoras.

Posteriormente con fecha 3 de mayo de 2019, el recurrente de autos solicitó a esta Administradora, reconsideración de la decisión de incorporarlo en el archivo de agentes irregulares, lo que fue rechazado con fecha 10 de mayo de 2019, por cuanto la recurrente no aportó ningún nuevo o mejor antecedente que desvirtuara los hechos objeto de su sanción administrativa.

Agrega que yerra el recurrente de autos al señalar que la sanción impuesta por parte de su representada carece de sustento legal y/o que no se encuentra tipificada, por cuanto, es la propia Superintendencia de Pensiones quien establece el mecanismo que las Administradoras deben aplicar para los casos que se detecten prácticas comerciales indebidas.

Que como puede advertirse AFP Provida, solo ha dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia, por lo que no puede atribuírsele un actuar ilegal o arbitrario.

Solicita finalmente tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección intentado, con costas.

CUARTO: Que, según consta de resolución de 27 de marzo pasado, se tuvo por evacuado el informe de la recurrida, disponiéndose se trajeran estos antecedentes en relación. Luego, se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de las partes.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, debe interponerse en el plazo fatal de 30 días “contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”. Asimismo, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

SÉPTIMO: Que primeramente, es necesario hacerse cargo de la eventual extemporaneidad en la interposición del recurso, que ha sido detectada por estos sentenciadores y que fluye de los antecedentes proporcionados por el propio recurrente en su libelo y por la recurrida en su informe. En efecto, sobre este particular se deberá considerar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que la presente acción cautelar se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Así, como puede advertirse del tenor de la norma referida, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del presunto agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

OCTAVO: Que, en el presente caso, se afirma que con fecha 26 de diciembre de 2019, se le notificó al actor un nuevo rechazo por parte de AFP Provida, a su solicitud de ser eliminado de Registro de Agentes Irregulares, lo que vino a confirmar lo que ya se había resuelto en dos oportunidades anteriores, tanto al momento de adoptar la determinación de incorporarlo al Registro en Enero de 2019, como al resolver una primera solicitud de reconsideración presentada el 3 de mayo de 2019 y resuelta con fecha 10 de mayo del mismo año.

Luego no resulta posible para esta Corte, aceptar que recién con una nueva decisión de la AFP, que vuelve a rechazar una solicitud de reconsideración del interesado hoy recurrente (por segunda vez) y en contra de la que se recurre, efectivamente tomó conocimiento de la decisión adoptada en el mes de enero de 2019, producto de un Informe de Auditoría y de un Informe de Cumplimiento de Provida S.A., en el sentido de incluir su nombre en el Archivo de Agentes Irregulares, todo, de conformidad a lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dando así cumplimiento a la normativa obligatoria del propio ente regulador. Lo anterior, más bien impresiona como que la fecha indicada se fabrica con el sólo objeto de quedar habilitado para deducir, dentro de plazo, la presente acción cautelar.

Así las cosas, la presente acción cautelar se encuentra interpuesta extemporáneamente, superados con creces los 30 días establecidos en el Auto Acordado que regula la materia, considerando, además, que la negativa a reconsiderar la inscripción del tantas veces mencionado Registro, ya había sido resuelto y confirmada en, a lo menos, dos oportunidades anteriores, por lo que la resolución que se impugna por medio del presente recurso, constituye la tercera vez en que se rechaza la pretensión de la parte actora.

El recurso se interpone en la Secretaría de esta Corte, con fecha 24 de enero de 2020; sin embargo, lo expresado precedentemente hace que estos sentenciadores estimen que esa fecha no es la correcta para los efectos de interponer esta acción cautelar, quedando de manifiesto que el actor tomó conocimiento del hecho que señala como atentatorio en contra de sus garantías constitucionales, con mucha anterioridad a la oportunidad por el indicada, tal como lo reconoce expresamente en su libelo.

NOVENO. Que de lo señalado precedentemente, queda en evidencia que el presente recurso de protección es extemporáneo. Por último, en este aspecto, resulta pertinente consignar que no es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por esta Corte, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por el recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes reunidos en la causa, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, en su numeral 5° contempla la posibilidad que la sentencia que dicte el tribunal, concluida la tramitación, pueda consistir en la inadmisibilidad de la acción de protección intentada.

DÉCIMO: Que sin perjuicio de la extemporaneidad constatada, lo que resultaría suficiente para rechazar el presente arbitrio, esta Corte estima que lo reclamado por la parte recurrente se encuentran precisamente en discusión, como aparece de la normativa aplicable, del examen de los antecedentes, así como de la documentación acompañada, todo según se señaló en los considerandos expositivos precedentes.

Por lo tanto, atendida la materia en la que recae el recurso sub judice, y estando en controversia derechos, facultades, atribuciones y fundamentos, respecto de todo lo cual existen posiciones antagónicas como ha quedado demostrado, hace que una discusión jurídica así planteada, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, precisamente porque el derecho que se ha esgrimido como base de la pretensión no es indubitado, sino que, por el contrario, está absolutamente discutido por las partes.

Que como resulta sencillo de apreciar, es otro el procedimiento que debió haber utilizado la actora, el que le permitiría deducir su pretensión en uno que le otorgue la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas, solicitar pericias y deducir los recursos que sean del caso, todo lo que no resulta posible de efectuar en un procedimiento de naturaleza cautelar, como aquel con el que se tramitan estos antecedentes.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de estimar que se está frente a una evidente extemporaneidad del recurso y a derechos que no son indubitados de la actora; en las circunstancias referidas, los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, hacen concluir, además, a esta Corte que sin necesidad de extenderse mayormente en el análisis de esta cuestión, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, toda vez que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., no ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales, por consiguiente, no habiéndose constatado los presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de protección, resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas y, por lo mismo, la acción cautelar intentada no está en condiciones de prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción cautelar deducida por don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.; sin costas.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.

N° Protección-7794-2020.-