ADMINISTRADORA DE RETAIL Y SERVICIOS S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

C.A. de Santiago Santiago, trece de marzo de dos mil dieciocho.

Al escrito folio 84968: a lo principal, por cumplido lo ordenado; al otrosí, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 2 de febrero de 2018, comparece don Guillermo González Robinson, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de Administradora de Retail y Servicios S.A., empresa del giro de su denominación, representado por don nombre reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente representada por doña nombre reservado, inspectora comunal del trabajo de Santiago Poniente, ambos con domicilio en domicilio reservado de lo Prado.

Funda su recurso señalando que, mediante la dictación de la Resolución Ordinario N° 1476 de fecha 27 de diciembre del 2017, notificada el día 3 de enero del 2018, dictada por doña nombre reservado, quien actuó en representación de dicha inspección, negó lugar a la tramitación de la reconsideración administrativa presentada por su parte con fecha 28 de noviembre del 2017, solicitando que se ordene a la recurrida conocer y resolver la reclamación administrativa presentada, por haber sido interpuesta dentro de plazo legal.

Señala que el día 11 de septiembre del año 2017, en el curso de fiscalización, efectuada por la fiscalizadora señora nombre reservado, se cursó una multa bajo resolución N° 1629/17/84 por 60 UTM, la que fue notificada a su parte el día 26 de octubre de 2017 mediante carta certificada.

Refiere que amparada en lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo su representada opta por presentar recurso administrativo de reconsideración el que es ingresado el día 28 de noviembre del 2017, esto es, dentro de los 30 días hábiles desde la fecha en que se cursa la multa.

Indica que con fecha 27 de diciembre del 2017, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, dicta la resolución que constituye el acto arbitrario e ilegal, que por este recurso solicita su impugnación, la N° 1476, en virtud de la cual rechaza realizar la tramitación del recurso de reconsideración presentado por su parte, por considerar que la presentación fue extemporánea por no haber sido presentada dentro de 30 días corridos contados desde su notificación.

Sostiene que se ha producido una actuación arbitraria e ilegal de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, actuando a través de su inspectora comuna doña nombre reservado, a la luz de lo que dispone la Ley 19.880 en su artículo 25, que se refiere al cómputo de plazos en el procedimiento administrativo, disposición que señala que estos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos y por tanto, la reconsideración se encuentra presentada dentro de plazo, agregando que específicamente se presentó al día hábil 22.

Trascribe a continuación, sentencias de la Corte de Apelaciones de Concepción, de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Cita luego, un fallo de la Excelentísima Corte Suprema en la causa N° 94.963-2016, a propósito de un Recurso de Queja en apoyo de su acción constitucional.

Sostiene que en este caso claramente existe un acto arbitrario e ilegal al dictar una resolución que rechaza la tramitación de un recurso administrativo, por considerar la presentación extemporánea.

Indica que esta conducta significa una violación de garantías constitucionales de los siguientes numerales del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que se vulnera el artículo 19 N° 2, esto es, la igualdad ante la ley, indicando que el actuar de la Inspectora comunal Santiago Poniente, implica que no ha dado un trato igualitario a su parte, ya que al sostener la tesis que mantiene crea un plazo que no existe en norma alguna, pasando a tener las reconsideraciones administrativas un tratamiento distinto y especial a los otros recursos administrativos, realizando de esa manera una distinción ilegal.

Luego, indica como lesionado el artículo 19 N°3, es decir, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, señalando que el derecho al debido proceso se ve del todo lesionado, pues forma parte integrante del mismo, el que se respeten los plazos legales para ejercer determinadas defensas o prerrogativas, privándolo de una defensa jurídica pertinente, desconociendo la recurrida los plazos legales previstos al efecto.

Finalmente, indica como conculcado el articulo 19 N°24, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, señala que al negarse a tramitar la reconsideración administrativa presentada por su parte, su representada se encuentra en la obligación de pagar la multa cursada, sufriendo un evidente detrimento en su patrimonio que no tiene por qué soportar.

Previas citas legales y constitucionales, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente y en definitiva se acoja el recurso dejando de esta manera sin efecto el ordinario N° 1476, ordenando a dicha inspección conocer de dicha reconsideración administrativa presentada el día 28 de noviembre del año 2017.

Segundo: Con fecha 27 de febrero de 2018, informa la recurrida, a través de su abogado don Nicolás Zanzo García, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

A continuación alega la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, indicando que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

Agrega que si bien el artículo 20 de nuestra Constitución dispone que el recurso de protección puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley.

Así, argumenta que en sede administrativa procedía recurrir conforme a los recursos de tal carácter dispuestos en los artículos 53 y siguientes de la Ley Nº 19.880 y, en sede judicial, reclamar directamente en contra del Ordinario N°1476, mediante la acción dispuesta en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Sostiene, enseguida, que independientemente de lo señalado por la jurisprudencia judicial en cuanto al tema de fondo, esto es, si para el cómputo del plazo para solicitar reconsideración se debe aplicar supletoriamente la norma del artículo 50 del Código Civil o bien el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, objetivamente la actora dispuso de quince días hábiles para reclamar de ello ante Tribunal Laboral competente. Y en este caso, optó indebidamente por la acción de protección, evidenciándose la utilización de éste como sustituto procesal.

Luego alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, puesto que la actuación de su representada, se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, al haberse dictado el Ordinario N°1476 dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable.

Señala al respecto que con fecha 27 de diciembre de 2017 el Inspector del Trabajo actuante, en ejercicio del derecho que le otorgan los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, rechazó la solicitud de reconsideración de multa administrativa por haberse presentado ésta fuera del plazo legal de treinta días corridos, contados desde la notificación de la multa.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, señala que para dilucidar la forma de cómputo del plazo dispuesto en el inciso 1º del artículo 512 del Código del Trabajo, cuestión alegada en el recurso, es necesario considerar, en primer término, el tratamiento que este Código -cuerpo específico de normas relativo a asuntos laborales en que se encuentra la disposición en comento- ha dado a la materia. Destacándose que del estudio de las disposiciones de dicho texto y que conciernen a plazos, se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil.

Agrega que no es aplicable el artículo 25 de la Ley N° 19.880, atendido que no existe vacío que permita la aplicación supletoria de dicha ley.

Finalmente, señala que no existe vulneración al derecho de la igualdad ante la ley, indicando que simplemente el Servicio se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativo a un procedimiento también regulado por el legislador y que dispuso un plazo para ejercer una acción administrativa, situación que en la especie la recurrente no cumplió;

Tercero: Que, con fecha 2 de marzo de 2018 se trajeron finalmente estos autos en relación y el 13 de marzo en curso se procedió a la vista de la causa, con la asistencia del apoderado de la recurrente.

Cuarto: Que, en primer término, corresponde descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone en forma expresa que el recurso de protección es “sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

A mayor abundamiento, la herramienta procesal que la recurrida afirma tendría la sociedad recurrente para procurar corregir al agravio que le causa la decisión que motiva el recurso, esto es, la reclamación judicial prevista en el artículo 420 del Código del Trabajo, en rigor resulta procedente únicamente en tanto la decisión de la autoridad fiscalizadora se haya hecho cargo del fondo del reclamo planteado, cuestión que evidentemente no ocurre en el caso de la especie;

Quinto: Que en cuanto a los hechos que motivan el recurso, no existe controversia en orden a que la Resolución de Multa fue notificada a la recurrente por carta certificada de 26 de octubre de 2017 y que el reclamo ante la Inspección del Trabajo se dedujo el día 28 de noviembre de ese año.

Ahora bien, en la tesis sostenida por la recurrida el plazo de 30 días que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y, por tanto, vencía para el reclamante el día 25 del señalado mes;

Sexto: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 25 de la Ley N° 19.880, denominado “cómputo de los plazos del procedimiento administrativo”, los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Si bien el texto legal señala que la regla es para los plazos de días “establecidos en esta ley”, lo cierto es que el inciso primero del artículo 1° del mismo cuerpo normativo dispone que la presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando a continuación que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, tal estatuto se aplicará con carácter de supletorio.

El sentido natural y obvio de la expresión “supletorio”, según el significado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “que suple una falta” y por suplir se entiende “cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia de ello”.

Ahora bien, no es discutido que el Código del Trabajo no indica si el término de 30 días que prevé el artículo 512 es de días hábiles o de días corridos, más en tanto se trata de un procedimiento que tiene lugar ante un órgano administrativo, lo cierto es que debe primar la regla de supletoriedad especial del artículo 1° citado, por sobre la general del artículo 50 del Código Civil. La Ley N° 19.880 evidentemente tiene carácter especial o particular y, por lo mismo, debe primar en aquellos asuntos que se avienen a la naturaleza de la materia que regula, como es el caso de la reconsideración administrativa de la sanción de multa impuesta por la Inspección del Trabajo. Únicamente ante la presencia de una regla especial diversa, la norma de artículo 25 de la aludida ley debe ceder, lo que, se reitera, no acontece en el caso de la especie;

Séptimo: Que en consideración a lo antes expuesto no cabe sino concluir que la actuación de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente resulta contraria a la ley y que ha vulnerado el legítimo ejercicio del derecho que la Constitución Política reconoce a la sociedad recurrente en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, pues no obstante haber deducido su reclamo en forma oportuna, éste fue declarado inadmisible en razón de una inexistente extemporaneidad.

En tales condiciones, corresponde que la acción de protección sea acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación, de Administradora de Retail y Servicios S.A., y a fin de restablecer el imperio del derecho, se deja sin efecto el Ordinario N° 1476 de fecha 27 de diciembre del 2017, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente y se ordena dar la tramitación de rigor a la solicitud de reconsideración administrativa de multa formulada por la mencionada compañía.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7786-2018.