SINDICATO DE TRABAJADORES MINERA ESCONDIDA con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, doce de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos y considerando:

1º Que comparece Marco López Pérez, abogado, en representación del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda., organización sindical, domiciliados en domicilio reservado, quien deduce a favor de su representado recurso de protección en contra del Director del Trabajo nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y de todos y cada uno de sus socios que singulariza en nómina adjunta.

Expresa que el 17 de agosto de 2018 el Sindicato suscribió un contrato colectivo de trabajo con la empleadora, en representación de 2.460 socios, que significan cerca del 96% de los trabajadores que cumplen funciones de operarios y mantenedores en la diversas áreas de la empresa. Ese resultado se logró tras más de dos meses de arduas negociaciones y a solo horas de hacer efectiva una huelga con costos millonarios.

En dicho instrumento colectivo el Sindicato autorizó la extensión de todos los beneficios establecidos en ese contrato colectivo a los trabajadores no sindicalizados, pero estipulándose expresamente que no se extendería a dichos trabajadores, bajo ninguna forma, el bono de término de negociación colectiva y el préstamo blando, otorgados por la sola suscripción del contrato colectivo.

El 14 de septiembre último apareció en algunos medios de comunicación la información que la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, habría validado que un grupo de trabajadores no sindicalizados en Minera Escondida pudiera realizar una negociación colectiva.

Ignorando el Sindicato completamente el contenido de ese supuesto “pronunciamiento”, del que daban supuestamente cuenta algunos medios, en tanto ni la autoridad ni ningún otro particular previamente habían dado traslado de alguna solicitud de pronunciamiento, menos notificado un dictamen en la materia, y sólo teniendo la información genérica de algunos medios de prensa, representantes del Sindicato solicitaron a la repartición pública antes indicada, a través de la ley Nº 20.185, conocida como “Ley de Transparencia”, copia de los eventuales antecedentes sobre esta información, a fin de tomar conocimiento cierto e íntegro de sus alcances.

El día 3 de octubre de 2018 la Dirección del Trabajo entrega la información solicitada por Ley de Transparencia, mediante correo electrónico que hace llegar al secretario del Sindicato y solicitante nombre reservado, que adjunta al recurso.

Que en ese correo electrónico se señala que se accede a la solicitud de información Nº CAS - 14709 - V1K4L7 y se adjunta copia digital del Ordinario Nº 1044, de fecha 13 de septiembre de 2018, evacuado por el subrogante del Director Regional del Trabajo de Antofagasta, Manuel Cabezas Castillo, por el que se atiende una consulta particular realizada sobre la pertinencia de presentar un grupo de trabajadores no sindicalizados “un petitorio” a Minera Escondida, habiendo dos sindicatos en dicha empresa.

En dicho ordinario N° 1044 el Director Regional Subrogante, invoca expresamente la doctrina del Servicio que se contenía en el Ordinario Nº 3938/33, emanado del Director del Trabajo con fecha 27 de julio de 2018, hasta ese momento desconocido por el Sindicato. En el Ordinario Nº 1044, para dar respuesta a la consulta formulada se cita y transcriben varios pasajes del Ordinario Nº 3938/ 33, cuya copia también adjunta al correo electrónico por el que se entregaron los antecedentes requeridos, y finalmente en base a este último dictamen se responde a quien realizó dicha consulta que no existe “impedimento legal para que un grupo negociador conformado por trabajadores no sindicalizados de Minera Escondida Ltda. , presente un petitorio a la empresa, existiendo dos sindicatos en la misma”.

Al revisarse el Ordinario Nº 3938/33, de 27 de julio de 2018, se pudo constatar que el Director del Trabajo nombre reservado, dio un radical giro a la jurisprudencia del mismo Servicio, contenida en el Ordinario Nº 1163/29, de 13 de marzo de 2017, emanado del Director del Trabajo de la época Cristián Melis Valencia, el que había señalado que la inexistencia en la ley de reglas y procedimientos para llevar adelante la negociación colectiva por un grupo negociador de trabajadores no sindicalizados, no podía ser suplida administrativamente, en tanto dicho Servicio y su Director sólo pueden interpretar la ley pero no llenar normativamente vacíos legales, de forma que no podía darse el carácter de instrumento colectivo al eventual acuerdo que alcanzaran dichos trabajadores con su empleador.

Por lo mismo, conforme al Ordinario Nº 1163/29, tampoco procede su registro, el que está reservado, conforme al artículo 320 del Código del Trabajo, al instrumento colectivo que se celebra únicamente conforme a las reglas previstas en el Libro IV de ese Código.

El dictamen contenido en el Ordinario Nº 3938/33, dejó sin efecto el pronunciamiento previo referido Ordinario Nº 1163/29 y derechamente pasó a reconocer el proceso de negociación colectiva de los denominados grupos negociadores de trabajadores no sindicalizados y sus supuestos acuerdos como instrumentos colectivos ante la ley, disponiéndose su registro en los términos previstos en el artículo 320 citado.

Para ello invocó el fallo del Tribunal Constitucional de fecha 9 de mayo de 2016, que acogió parcialmente un requerimiento por inconstitucionalidad de disposiciones del proyecto de ley despachado al Congreso, que moderniza las relaciones laborales y la negociación colectiva y algunas disposiciones dispersas del Código del Trabajo referidas a los grupos negociadores.

El acto contra el que se recurre es el Ordinario Nº 3938/33, de fecha 27 de julio de 2018, emanado del Director del Trabajo nombre reservado, el que ha escapado abiertamente de sus facultades legales al dictarlo, constituyendo en ilegal esa actuación, contraria el ordenamiento jurídico y además, carecer de racionalidad, en tanto obedece a un voluntario caprichoso, que pretende dogmáticamente establecer una determinada conclusión, sin considerar los medios y las consecuencias de su decisión y adolecer de falta de razonamientos mínimos para ello.

Precisa que el Ordinario Nº 1044, de fecha 13 de septiembre de 2018, evacuado por el subrogante del Director Regional del Trabajo de Antofagasta, se limita a responder una consulta particular, siguiendo ese funcionario la nueva doctrina fijada por el recurrido, lo que constituye la obligación del subordinado, conforme a lo previsto en el artículo 7º de la ley Nº 18.757, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que establece el carácter jerarquizado de los funcionarios públicos y la obligación de sujetarse a las instrucciones y circulares que emanen de los superiores, por lo que no se le puede imputar un acto ilegal y arbitrario al funcionario supeditado a los actos del recurrido.

Lo anterior no significa desconocer ilegalidad y arbitrariedad del acto del recurrido, esto es dictamen, que es fundamento directo e inmediato del Ordinario Nº 1044 y se deba proceder a disponer, dentro de las medidas destinadas a restablecer el imperio del Derecho, que dicho Ordinario también sea dejado sin efecto.

En cuanto a la ilegalidad del acto recurrido, afirma que la discusión central es una cuestión de derecho relativa a la validez y procedencia, conforme a la ley vigente, de la negociación colectiva desarrollada por “ grupos negociadores” integrados por trabajadores no sindicalizados y la validez y reputación legal como instrumento colectivo del eventual acuerdo alcanzado por dichos grupos. Lo que se produce desde la promulgación de la Ley Nº 20.940; precisando que el Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de constitucionalidad de artículos de esa ley, en cuanto declaró que determinadas normas aprobadas en el Congreso Nacional eran contrarias a disposiciones constitucionales, en especial, al inciso quinto del Nº 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en lo relativo a que el derecho de negociación colectiva es uno que pertenece al trabajador y no a las organizaciones sindicales. En consecuencia, las normas que establecían una suerte de preeminencia de las organizaciones sindicales frente a los trabajadores para el ejercicio del derecho de negociación colectiva, en cuanto a que sólo cuando no hubiese sindicatos en la empresa podían negociar los trabajadores no sindicalizados a través de grupos unidos a ese efecto, fueron suprimidas por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Así, se suprimió el artículo 303 del proyecto aprobado, que en su inciso quinto establecía: “En todas aquellas empresas en que no exista organización sindical con derecho a negociar, podrán hacerlo, según las normas previstas en el artículo 135, grupos de trabajadores unidos para ese efecto”.

Establecía el procedimiento de negociación de los grupos negociadores conformados por trabajadores no sindicalizados en el artículo 315 de ese mismo proyecto. Dicha norma fue íntegramente suprimida en la sentencia en cuestión. Y señalaba la forma en que el legislador pretendía dar satisfacción al mandato constitucional, contenido en el inciso quinto del Nº 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto a establecer la ley las modalidades y los procedimientos a que se debían sujetar, en este caso los trabajadores no sindicalizados, para ejercer el derecho de negociación colectiva con su empresa.

Este derecho fundamental no es de ejercicio autónomo o directo de su titular, como si ocurre con buena parte del catálogo de derechos fundamentales contenidos en el texto constitucional, los que no requieren reglamentación o regulación legal para su ejercicio, ya que en este caso es la misma norma fundamental la que delegó de forma expresa en la ley el establecimiento de las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva para alcanzar una solución justa y pacífica.

En confirmación a dicho aserto y en plena armonía con lo previsto en el inciso quinto, del Nº 16 del artículo 19 de la Constitución, el Nº 5 del artículo 65 de la misma Carta Fundamental establece, a propósito de la formación de la ley, que: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 5º Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar”.

El deber de observar la garantía del Nº 26 del artículo 19 de la Constitución, en cuanto a no limitar o sustraer el contenido esencial del derecho fundamental, fue precisamente tenida presente para acoger el Tribunal Constitucional el requerimiento sobre la restricción al derecho de negociar los trabajadores no sindicalizados, pero dicho fallo no discute, en tanto la claridad del texto es meridiana, que es la ley exclusivamente la que debe establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva.

Enfatiza que perviven en el Código del Trabajo sólo dos modalidades de negociación colectiva. La no reglada, prevista en el artículo 314 del Código del Trabajo y la reglada, regulada en los artículos 327 y siguientes del mismo Código. Ambas sólo pueden ser ejercidas por los sindicatos. La semi reglada, que era la modalidad única y exclusiva para los grupos negociadores, fue suprimida, al eliminarse por sentencia del Tribunal Constitucional el referido artículo 315 del proyecto aprobado por el Congreso Nacional.

La sentencia del Tribunal Constitucional decidiendo suprimir las normas que refiere, entre ellas el citado artículo 315, del proyecto de ley aprobado por el Congreso por inconstitucionalidad, eliminó las únicas reglas que se habían considerado para desarrollar una negociación colectiva y alcanzar un acuerdo en ella por parte de los trabajadores no sindicalizados que se unen para tal efecto. Pudiendo ello constatarse mediante preguntas fundamentales acerca de cual es la modalidad y el procedimiento para desarrollar una negociación colectiva y celebrar un instrumento colectivo, por parte de un grupo negociador integrado por trabajadores no sindicalizados, las que quedan sin contestar, ante el evidente vacío legal en que quedó la ley.

Además de las normas invocadas, el inciso primero del artículo 320 del Código del Trabajo, dispone: “Instrumento colectivo. Instrumento colectivo es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, por un tiempo determinado, de conformidad a las reglas previstas en este Libro”, por lo que es fundamental que este acuerdo se celebre conforme a las reglas previstas en el Libro IV del Código del Trabajo.

Concluye que no se le puede atribuir legalmente la calidad de negociación colectiva a las “ tratativas" que realicen el empleador con un grupo de trabajadores no sindicalizados, aunque ellos tengan por objeto establecer por un tiempo determinado condiciones comunes de trabajo y remuneraciones, ya que ella se debe hacer bajo la modalidad y procedimiento previsto en la ley, conforme lo ordena la Constitución, y resulta evidente que tal negociación colectiva carece completamente de modalidad y procedimiento en nuestro ordenamiento vigente.

Igualmente, no se le puede atribuir el carácter de instrumento colectivo a un supuesto acuerdo de grupo negociador, ya que la ley exige que éste se celebre conforme a las reglas previstas en el Libro IV del Código del Trabajo, lo que jamás podrá satisfacer un acuerdo de este tipo ante la ausencia de estas normas en ese apéndice normativo.

La única forma que tales grupos puedan desarrollar una negociación colectiva y en ella pueda celebrarse un instrumento colectivo, es a través de la creación mediante ley, de la modalidad y el procedimiento respectivos, junto con las reglas en el Código del Trabajo para celebrar el acuerdo del grupo negociador.

Enfatiza que es relevante recordar que las normas constitucionales establecen, respecto de la creación de las normas laborales doble reserva legal, es decir, que son materias que sólo pueden ser reguladas por ley y a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Enseguida cita el anterior Ordinario, esto es, el Nº 1163/29, de fecha 13 de marzo de 2017, en apoyo a la tesis del recurso, en tanto fue la base para que la Dirección del Trabajo se negara al registro de pretendidos acuerdos de grupo negociador, en tanto sólo los instrumentos colectivos deben ser objeto de tal registro, según lo dispone el inciso final del artículo 320 del Código del Trabajo.

Asimismo, cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se pronunciaron en relación con el Dictamen Nº 1163/29, de fecha 13 de marzo de 2017, la primera, en cuanto, por sentencia de segunda instancia se rechaza el recurso de protección dirigido en contra de ese dictamen, por carecer de indubitado el acto que se entiende vulnerador de garantías constitucionales, y la segunda, en cuanto rechaza el recurso que se dirige en contra del mismo, razonando que las reglas del Libro IV del Código del Trabajo, no reglamentan los convenios celebrados por grupos de trabajadores a través de comisiones negociadoras( autos rol Corte Suprema 45.354 - 2017; y autos rol Corte de Apelaciones de Santiago 86.131 - 2017.

En cuanto a la arbitrariedad del acto, en síntesis, el recurso señala que a través de estos pronunciamientos, como es el que constituye el acto arbitrario e ilegal que se denuncia, la autoridad administrativa recurrida abre la puerta a estas negociaciones, otorgándoles a los supuestos acuerdos la naturaleza legal de instrumentos colectivos, con todas las relevantes consecuencias en la regulación normativa de las relaciones laborales y la dinámica sindical, pero dándole lo mismo qué reglas se siguieron para ello, si es que hubo alguna, en una incompleta irresponsabilidad de la función pública que le corresponde ejercer.

Indica que el acto ilegal y arbitrario ha afectado la garantía del Nº 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, en cuanto la autoridad no puede establecer diferencias arbitrarias al aplicarla; garantía de la que goza tanto el sindicato como cada uno de sus socios.

Así, enfatiza, el Dictamen en cuestión permite la negociación completamente desregulada de los trabajadores no sindicalizados, reconociendo el resultado de ese proceso negociador como un acuerdo de grupo negociador con el carácter de instrumento colectivo para todos los efectos legales.

Se establece de esta forma, por esta vía meramente administrativa fraguada por el recurrido, dos regímenes para el ejercicio del derecho de negociación colectiva. Uno, para los trabajadores que han decidido sindicalizarse y sus propias organizaciones sindicales, en donde se inscriben el Sindicato y sus socios. Otro, para los trabajadores no sindicalizados.

El régimen que establece el acto recurrido para los trabajadores no sindicalizados, es que para desarrollar la negociación colectiva y celebrar un instrumento colectivo, no requiere cumplir o sujetarse en absoluto a ningún procedimiento, requisito o regla. Y esto pese a que la Constitución previene expresamente que la ley debe establecer, sin distinción alguna sobre si el trabajador es o no sindicalizado, las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva, destinados a alcanzar en ella una solución justa y pacífica y lo hace el recurrido no obstante la ley exige también, en el artículo 320 del Código del Trabajo, que se deben cumplir las reglas del Libro IV de ese Código para la celebración de un instrumento colectivo, sin distinción, es decir, también lo deben cumplir los acuerdos del grupo negociador.

Enfatiza el recurso que no puede existir una afectación más directa y nítida en el cumplimiento que pesa sobre la autoridad de la que emanó el acto recurrido, de la obligación de igualdad ante la ley de todos los administrados y queda demostrado que el acto recurrido quiebra completamente la igualdad ante la ley de los trabajadores, según se trate o no de sindicalizados.

En definitiva, se solicita se acoja el recurso y se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, las que especifica, a partir de dejar sin efecto en todas sus partes el Ordinario Nº 3938/33, de fecha 27 de julio de 2018, emanado del recurrido nombre reservado y, en consecuencia, también el Ordinario Nº 1044, de fecha 13 de septiembre de 2018, dictado por el subrogante del Director Regional del Trabajo de Antofagasta, Manuel Cabezas Castillo, el que se dicta exclusivamente teniendo como fundamento el anterior, o disponer las medidas que el tribunal estime convenientes a tal propósito, con costas.

Segundo: Que Marta Donaire Matamoros, abogada, informa el recurso por la recurrida Dirección del Trabajo, en primer término solicita se declare la extemporaneidad de éste, aseverando que el recurrente se ha creado un plazo artificialmente para reguardar su posición, toda vez que de los antecedentes del recurso se verifica que tuvo pleno conocimiento del dictamen impugnado, por lo menos con fecha 01 de agosto de 2018, excediéndose con creces del plazo fatal de 30 días corridos para su interposición que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Para el caso que se estimare que la acción ha sido deducida dentro del plazo legal, insiste en que el Dictamen Nº 3938/033 no incurre en acto ilegal alguno. La Dirección del Trabajo cuenta con competencia para emitir el Dictamen impugnado, en uso de sus facultades y obligaciones legales de proceder a fijar el sentido y alcance de las normas legales en materia de acuerdo de grupo negociador, y lo hizo con estricto apego a las normas legales, al interpretar que las Inspecciones del Trabajo deben proceder a registrar los acuerdos de grupo negociador como instrumento colectivo, de conformidad al inciso final del artículo 320 del Código del Trabajo, facultad legal que es reconocida por los artículos 11, 43, 82, 178 y 324, de ese mismo Código.

El Dictamen Nº 3938/33, al entender que los acuerdos entre un empleador y un grupo negociador tienen el carácter de un instrumento colectivo del trabajo, ciertamente constituye el supuesto principal de la orden de registrarlo, y no puede entenderse que esto se trate de un acto administrativo de pura aplicación de la ley, por lo que, entonces, necesariamente debe ser entendido como de interpretación de ley, pues, hace una calificación jurídica de tales acuerdos. La Dirección del Trabajo tiene competencia para interpretar las normas laborales. Por ende, el recurrente incurre en error jurídico manifiesto al entender que el Dictamen llena un vacío legal y excede las atribuciones del Director del Trabajo, dado que, legalmente el Código del Trabajo sí reconoce valor a los acuerdos referidos, por lo que no puede estimarse que el Dictamen llene vacío alguno.

Añade que por tales consideraciones resulta manifiestamente erróneo sostener que el Dictamen objetado invade funciones reservadas al legislador. La legislación crea, en tanto el Dictamen aplica, o si se quiere, interpreta la ley. A mayor abundamiento, el Dictamen no regula ninguna de las materias reservadas constitucionalmente al legislador.

Afirma que el Dictamen no puede considerarse arbitrario en forma alguna, pues, un acto que obedece fielmente la ley no puede considerarse poco razonable.

El Dictamen no priva, amenaza o perturba el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad de que goza el requirente, pues el Dictamen no deja en la más mínima indefensión ni a sindicatos ni a grupos de trabajadores que se unan para negociar colectivamente, ni les da a los grupos negociadores el mismo trato o superior que corresponde a los sindicatos. Solo cumple con el deber legal de reconocer valor a los acuerdos a que arriben unos y otros.

Al estimar infundadamente el recurrente que el Dictamen sería ilegal y arbitrario, y que privaría a los recurrentes de su derecho a la igualdad ante la ley, justifica un efecto contrario a la Constitución y a la ley, pues desconoce valor a los acuerdos entre empleadores y grupos negociadores. Por ello, debe rechazarse la presente acción de protección. Las sentencias de protección están llamadas a resguardar el imperio de éste y no ha reformar el derecho vigente.

Por último, como fue resuelto por la Corte de Apelaciones de Concepción, en un recurso análogo, no puede sostenerse que el recurrente goce indubitadamente del derecho a restar valor a los acuerdos alcanzados por grupos negociadores, alegando mero capricho del Director del Trabajo.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de la acción de protección, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción constitucional de carácter declarativo y de urgencia, cuyo objeto es la tutela de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce, frente a los actos u omisiones de los organismos del Estado y de sus agentes y/ o de particulares que infringen o amenazan tales derechos.

Cuarto: Que la recurrida Dirección del Trabajo, pide declarar extemporáneo el recurso por haber sido interpuesto el 25 de octubre de 2018, fuera del plazo de caducidad de treinta días a que se refiere el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, contado el plazo ya sea desde la fecha del Dictamen Nº 3938/33, el 27 de julio de 2018, y según esta parte publicado en la web de la Dirección del Trabajo el mismo día de su emisión, acto que produce efectos generales, son públicos y están disponibles par cualquier persona a través de ese sitio web desde ese momento de la emisión y publicación, o por lo menos, en los plazos que se siguen, en particular, las fechas 01 de agosto de 2018, según la revisión de la red social “Facebook” de la recurrente, o la comunicación por radio Bio Bio en igual fecha; o 07 de agosto de 2018, fecha en que se presentó el primer recurso de protección denunciando el dictamen; o el 14 de septiembre de 2018, según se lee de la página 2 del recurso, en que se reconoce por la actora que la actuación administrativa denunciada apareció en los medios de comunicación social.

Quinto: Que considerando que los actos que constituirían la afectación del derecho fundamental que se solicita proteger, según el recurso, son continuados, por lo que se seguiría produciendo la vulneración mientras se mantenga el Dictamen Nº 3938/33 de la Dirección del Trabajo, el plazo solamente se podrá computar desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución, esto es, hasta que quedare sin efecto tal Dictamen, razón por lo cual esta excepción formal debe ser desestimada.

Sexto: Que el recurso imputa al Director del Trabajo nombre reservado, haber lesionado el derecho fundamental de igualdad ante la ley, del Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por medio del Dictamen, Oficio Ordinario, Nº 3938/33, de fecha 27 de julio de 2018, que dejó sin efecto el pronunciamiento previo contenido en el Dictamen, Oficio Ordinario, Nº 1163/29,y, en cambio, reconoce el proceso de negociación colectiva de los denominados grupos negociadores de trabajadores no sindicalizados y sus supuestos acuerdos como instrumentos colectivos ante la ley, disponiendo su registro en los términos previstos en el artículo 320 del Código del Trabajo.

En efecto, sostiene el Dictamen Ordinario 3938/033 que, constituyendo los acuerdos de grupo negociador un instrumento colectivo reconocido expresamente por el Código del Trabajo, el cual establece que debe ser registrado en la Inspección del Trabajo, el Servicio, en cumplimiento de sus obligaciones legales, debe proceder a registrar los acuerdos de grupo negociador en su calidad de instrumentos colectivos, ello en estricto cumplimiento de los artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República, que establecen el principio de legalidad o juridicidad, en virtud del cual los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y actuar dentro del ámbito de sus competencias.

Séptimo: Que, en síntesis, subsumido el fundamento del recurso de protección en que es ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida Dirección del Trabajo al dictar el Ordinario Nº 3938/33, de fecha 27 de julio de 2018, que “Complementa y reconsidera doctrina del Servicio en materia de acuerdo de grupo negociador” y, por medio de ese Dictamen, incurrir en ilegalidad y arbitrariedad al decidir que estos acuerdos son un instrumento colectivo reconocido por el estatuto laboral, ordenando que la Inspección del Trabajo en cumplimiento de sus obligaciones legales, debe proceder a registrarlos en calidad de instrumentos colectivos, sin duda, el enlace lógico con esta situación particular planteada por el recurso, con la previsión de la situación jurídica en que quedó el Libro IV del Código del Trabajo, denominado “De la Negociación Colectiva” que fue sustituido por la Ley Nº 20.940, que introduce reformas a materias propias de las organizaciones sindicales, en cuanto regulan el ejercicio del derecho de sindicalización, para entrar a la determinación del derecho aplicable, corresponde y es necesario hacerlo declarándolo por medio de una sentencia dictada en un procedimiento ordinario de lato conocimiento, que concretice si no ha existido aquella necesaria continuidad entre la ley constitutiva que consagra la Constitución Política de la República, la ley que particulariza el derecho que aquélla constituye, y los reglamentos que lo precisan; y, a su vez, si no se puede ligar a ley de fondo o a procedimiento legal alguno lo dispuesto en el objetado Dictamen Ordinario 3938/033, siendo éste solamente una creación propia de la Dirección del Trabajo, o en cambio, si éste Servicio sólo ha interpretado la ley de acuerdo con sus facultades constitucionales y legales. Por lo demás, como lo ha señalado la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción( Rol 9826-2018), la cuestión debatida “ escapa al marco regulatorio de un recurso de protección, el cual en su carácter de acción constitucional, lo que persigue es amparar un derecho en su legítimo ejercicio, cuando este se ha visto afectado o amagado, mas nunca será su objetivo la declaración de un derecho sobre el cual hay discusión de partes, para ello será menester recurrir siempre a los procedimientos ordinarios de lato conocimiento establecidos por el legislador. En el caso puntual de si el dictamen de la recurrida estableció o no un derecho-deber en favor de los grupos negociadores y en desmedro de los sindicatos, es una cuestión que puede ser discutida en sede laboral, desestimándose la acción cautelar, en atención a que el recurrente carece de un derecho indubitado, que excluya de su goce y ejercicio a los grupos negociadores, sin perjuicio de lo que en sede laboral y en el procedimiento adecuado se pueda resolver”.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre esta materia, se rechaza el recurso de protección deducido por Marco López Pérez, en representación del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada a favor de ese Sindicado y de cada uno de sus socios que se singularizan en nómina adjunta, en contra del Director del Trabajo, nombre reservado, sin costas.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda, quien fue de parecer de acoger el recurso de protección, en virtud de los siguientes fundamentos:

1º Que en cuanto al derecho fundamental que es inherente al recurrente Sindicato Nº 1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada y sus socios, éste se consagra en el artículo 19.19 de la Constitución Política de la República, que reconoce la garantía a sindicarse en los casos y en la forma que la ley señale como un derecho fundamental, estableciendo que la ley debe prever los mecanismos materiales y formales que aseguren la autonomía sindical como derecho constitucional.

Al estar reconocidas como derecho fundamental la personería jurídica y garantías de las organizaciones y actuaciones sindicales, la Constitución contempla como efecto que, por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas, es exclusivamente la ley quien debe determinar la forma y condiciones para el goce y ejercicio de estos derechos.

2º Que, la Ley Nº 20.940, introdujo reformas a materias propias de las organizaciones sindicales, en cuanto regulan el ejercicio del derecho de sindicalización. Así, el Libro IV del Código del Trabajo, denominado “De la Negociación Colectiva”, fue sustituido por esta ley; normativa que resulta atinente para determinar la definición de negociación colectiva en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional y suprimió del texto definitivo el artículo 303 - 1 del Proyecto de Ley, el cual daba la definición legal de negociación colectiva; según sentencia del Tribunal Constitucional Nº 3016 (3026) - 16, al efecto sostuvo que la negociación colectiva es el derecho de cada trabajador de manifestarse de forma grupal para la consecución de un interés colectivo consistente en negociar con su empleador condiciones de trabajo, entre ellas la más importante, la retribución por su trabajo.

3º Que, por lo tanto, en cuanto al derecho a la negociación colectiva, formando ésta parte del derecho a la libertad de trabajo y su protección contemplado en el artículo 19.16 de la Constitución, se le reconoce el “status" de garantía constitucional en el inciso quinto de ese artículo 19.16, y dispone que solo a la ley se adscribe el establecimiento de las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica, por lo cual, este derecho solo cabe interpretarlo constitucionalmente, de conformidad a las reglas de interpretación constitucional establecidas en el inciso segundo del artículo 5º de la Carta, que dispone: “El ejercicio de la soberanía reconoce con limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Es decir, tal derecho a la negociación colectiva al ser reconocido como un derecho fundamental en la Constitución, formando parte del derecho a la libertad de trabajo y con el contenido que ésta se preocupó especialmente de precisar, debe ser siempre interpretado en el sentido de producir verdaderas y efectivas consecuencias de protección laboral, lo cual, desde luego, significa que sólo y exclusivamente la ley - a quien privativamente se le entrega la cautela de derecho constitutivo - puede implementar el derecho fundamental con el fin de garantizar tal loable propósito - según la Constitución sabiamente lo expresó - sin que tal misión pueda ser delegada a los actos administrativos, respecto de los que no opera en caso alguno una delegación o sustitución de la ley, teniendo en cuenta los principios que rigen la actividad de la administración.

4º Que, en consecuencia, al haberse pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia citada, señalando que el derecho a negociar colectivamente corresponde a todos y cada uno de los trabajadores, esto es, que su ejercicio corresponde a éstos individualmente considerados, porque la agrupación voluntaria de trabajadores para efectos de negociar colectivamente es una manifestación del derecho de asociación, reconocido constitucionalmente, y que, por lo tanto, el tratamiento desfavorable que se le daba a los grupos negociadores en el proyecto original era inconstitucional, permite concluir inequívocamente que reconocido y determinado así el derecho constitucional fundamental a negociar colectivamente, y lo dispuesto en el artículo 19.16 inciso 5º, antes analizado, y, además, haber el Tribunal Constitucional declarado la inconstitucionalidad del artículo 315 del Código del Trabajo, que permitía la negociación colectiva del grupo negociador en una empresa, a condición que no existiera organización sindical con derecho a negociar colectivamente en ella, inequívocamente dejó sin regulación legal al grupo de trabajadores que se reúne para el solo efecto de negociar, por lo que, los vacíos legales y la resolución de los conflictos de reglas de esa índole que se produzcan a consecuencia de la negociación, los que no pueden ligarse a norma legal alguna y la clara falta total de procedimiento legal, permite y es congruente con las características de la tramitación y resolución del recurso de protección, en especial, su sumariedad para adoptar de inmediato las providencias necesarias, para restablecer el imperio del derecho que ha sido conculcado por medio del Dictamen del Director del Trabajo, Oficio Ordinario 3938/033, de fecha 27 de julio de 2018, el que debe ser dejado sin efecto al igual que aquellos actos administrativos que son su consecuencia, el que sin existir norma legal que lo disponga, de hecho ordenó a la Inspección del Trabajo registrar los acuerdos de grupo negociador en "su calidad de instrumentos colectivos” (sic); y, como se ha visto, tal grave irregularidad vulnera no solo los derechos fundamentales antes aludidos, sino que, además, tal como se invoca en el recurso de protección, el derecho fundamental que la Constitución asegura a toda persona en el artículo 19.2, de: La igualdad ante la ley. Pues, por si solo, tal acto gravemente irregular de la administración, en contra de los derechos constitucionales de la recurrente, por no estar amparado el acto administrativo en la legalidad, desconoce a ésta garantías fundamentales indudables e incontrovertibles, cuya consecuencia es el trato desigual ante los mismos.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del acuerdo y del voto disidente el Ministro señor Zepeda.

Nº Protección 77570 - 2018.- Pronunciada por la Undécima Sala, integrada por los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señor Jorge Luis Zepeda Arancibia y la Ministro (s) sra Inelie Duran Madina.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.