nombre reservado con A.F.P. HABITAT S.A.

Santiago, seis de mayo de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1° Que, en lo principal de su presentación nombre reservado, egresado de Derecho, deduce acción de protección constitucional en favor de don nombre reservado, cesante, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada legalmente por nombre reservado, por los argumentos de hecho y de derecho que expone.

Indica que su representado es afiliado de la AFP recurrida, que trabaja hace más de 34 años y que tiene hoy 56 años. Refiere que hoy se encuentra cesante y que no tiene dineros para sustentar los gastos de su persona y familia, por lo que se le hace imperioso y necesario poder acceder a sus ahorros previsionales para poder sobrevivir y a objeto de administrarlos personalmente.

Conforme lo anterior, el recurrente habría solicitado a la AFP antes indicada, el retiro de sus fondos previsionales de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, bajo la solicitud CREC 284774, la que fue respondida negativamente por la recurrida el 1 de agosto de 2019, señalando, en lo pertinente, que la normativa vigente no permite efectuar giros totales o parciales, dado que las sumas depositadas solo están destinadas al financiamiento de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobreviviencia, esta última en caso de fallecimiento del afiliado.

Indica que el recurrente es dueño del dinero correspondiente a sus fondos previsionales, los que a la fecha de la negativa ascendían a la suma de $ 150.104.128. Sostiene que al tratarse de dinero de propiedad del ofendido, la negativa de la recurrida de entregárselos es un acto arbitrario.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, indica que este a sido deducido dentro de plazo, pues el acto que se reclama es la negativa de la AFP a reconocer la propiedad del ofendido sobre sus fondos previsionales, verificándose dicha negativa con fecha 1 de agosto de 2019.

Sostiene que la acción arbitraria estaría configurada por la respuesta negativa de la AFP de entregarle al recurrente sus fondos previsionales, desconociendo el derecho de dominio que el recurrente tiene sobre estos, impidiéndole el ejercicio de las facultades inherentes a su derecho de propiedad.

Explica que el régimen previsional establecido en el Decreto Ley 3.500 instauró un sistema en el cual los dineros contenidos en las cuentas de capitalización individual son de propiedad del o los trabajadores que han cotizado, citando al efecto el artículo 17, 18 y 33 inciso 1° del Decreto Ley 3.500.

Refiere que a pesar de que la ley le reconoce formalmente el dominio al recurrido sobre sus fondos previsionales, no se le reconocen las facultades esenciales de este, esto es, gozar del modo que al recurrente parezca más adecuado y, a su vez, disponer y administrar la cosa de la cual es propietario.

Indica que la protección constitucional de la propiedad implica que el dueño no puede ser privado de ninguna de las facultades del dominio y que en caso de que existan limitaciones legales estas deben respetar lo dispuesto en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política.

Afirma que el actuar de la recurrida es inconstitucional, toda vez que no le permite al recurrente actuar como dueño de su propio dinero, y que la AFP se ha negado a permitirle usar, gozar y disponer a su arbitrio de sus fondos previsionales, actuando como dueña de los dineros del recurrente y decidiendo como administrarlos.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente y ordenando la entrega, en el más breve plazo posible, de los ahorros previsionales cuyo monto al 1 de agosto de 2019 asciende a la suma de $150.104.428 o la suma que corresponda a la época que se realice la devolución con su correspondiente rentabilidad y/o reajustes legales, con costas;

2° Que, evacuando el informe la recurrida solicita el rechazo del presente recurso, con costas, por cuanto, en primer lugar, el recurso de protección intentado es extemporáneo, toda vez que es de público conocimiento que desde mayo del año 1981, esto es, desde que inició su vigencia el DL 3500 no es legalmente posible acceder a una petición como la formulada. Aceptar que sólo se tuvo conocimiento de que no era posible hacer retiro de los fondos con la respuesta a la solicitud de la recurrente, implica ir en contra de la presunción del artículo 8 del Código Civil, teniendo en consideración, además, que la recurrente realiza su primera cotización hace más de 30 años, aceptando la regulación del referido sistema de pensiones.

En segundo lugar, sostiene que la recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que ella pretende.

Hace presente que para ejercer la acción de protección es necesario ser titular de un derecho indubitado, además cita jurisprudencia que declaró inadmisible un recurso de protección por un caso idéntico al presentado por el recurrente al considerar que no existe vulneración de garantías que requieran el amparo judicial. En el mismo sentido, cita sentencias que estimaron que los hechos descritos en los recursos de protección sobrepasan los márgenes del recurso y deben ser probados en un procedimiento judicial declarativo.

En tercer lugar, indica que el actuar de su representada, al no aceptar la petición de la recurrente se encuentra totalmente ajustada a derecho y que no ha existido arbitrariedad o ilegalidad alguna.

En cuanto al derecho, cita el artículo 1 y 2 del DL 3500 los que establecen la obligatoriedad de cotizar en el sistema de pensiones y como contrapartida de lo anterior el derecho a las prestaciones que el referido DL dispone. También se refiere al artículo 34 y 21 del mismo cuerpo normativo los que disponen que el único destino de los fondos se encuentra establecido en la Ley, el que luego, en su artículo 51 indica que las pensiones de vejez, invalidez y sobreviviencia se financian con el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado. Por su parte el artículo 61 regula la oportunidad en que los afiliados pueden disponer de sus ahorros previsionales, esto es, constituir una pensión.

Seguidamente, indica que su representada está impedida por ley para otorgar otras prestaciones o beneficios que no sean los estrictamente regulados en el Decreto Ley, citando al efecto jurisprudencia que se refirió en aquellos términos a las actuaciones a que se encuentra obligado el Administrador de Pensiones.

Refiere la existencia de la Superintendencia de Pensiones como organismo creado por el DL 3500 como entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponde la supervigilancia y control de las sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones. Señala que en el ejercicio de estas facultades, la Superintendencia ha dictada una extensa normativa basada en la imposibilidad de entregar las cotizaciones previsionales a sus afiliados sino únicamente cuando se cumplen los requisitos establecidos en la ley.

Finalmente, reitera que ha actuado conforme la ley y que a cualquier persona que realice la misma solicitud se le debe dar la misma respuesta, esto es, la negativa de poder sacar los fondos de pensiones. En este sentido, es la ley la que señala la oportunidad y la forma en la cual se ejercen los derechos previsionales, de manera que la Administradora al negar la entrega de la totalidad de los fondos del recurrente porque no cumple con los requisitos establecidos en la ley, no vulnera garantía constitucional alguna;

3° Que, la Superintendencia de Pensiones, informando el presente recurso, en primer lugar, solicita su rechazo por cuanto la solicitud de recurrente excede el ámbito cautelar del recurso de protección. En este sentido indica que a través de su recurso el recurrente busca un pronunciamiento declarativo, para que este Tribunal declare que puede ejercer libremente y sin limitación alguna, a su arbitrio, las facultades de uso, goce y disposiciones inherentes al derecho de dominio, lo que debe ser objeto de un juicio de lato conocimiento.

En segundo lugar, cita los artículos 1, 2, 17, 17 bis, y 19 del DL 3500, concluyendo que de la sola lectura de las referidas disposiciones no se apreciaría como podría haber actuado contra ley o al margen de ésta, pues el accionar de la AFP HABITAT, al negar la devolución de los fondos solicitada, no es arbitrario ni ilegal, por el contrario, toda vez que la Administradora se negó a hacer entrega de los fondos precisamente en cumplimiento de la ley.

Hace presente que el DFL Nº101 que establece el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Pensiones, no contiene disposición alguna que faculte a ese organismo para autorizar otros beneficios que no sean los contemplados en la ley, ni dar a los fondos previsionales un destino distinto al señalado, como sería autorizar el retiro de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual. Indica que como órgano contralor se ha pronunciado reiteradamente sobre el objeto exclusivo de los fondos de pensiones, citando al efecto los oficios ordinarios Nº19.552 de 24 de diciembre de 1977, ordinario Nº11541 de 22 de septiembre de 199 y Nº11760 de 22 de agosto del año 2000.

Sostiene que la solicitud del recurrente no tiene injerencia únicamente en lo que dice relación con la propiedad sobre los fondos de pensiones, sino que está relacionada también con un asunto propio del ámbito previsional, lo que a su vez constituiría uno de los elementos de la citada seguridad social, garantía que se encuentra consagrada en el artículo 19 Nº18 de la Constitución Política de la República.

Señala que no es un hecho controvertido y menos desconocido, la circunstancia de que el recurrente, así como todos los afiliados al Sistema de Pensiones del DL 3500 son dueños de los fondos que mantienen en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y que en ese orden de ideas su dominio sobre tales fondos se encuentra bajo tutela de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política. Sin embargo, el recurrente no hace mención al motivo o causa que obedece a la acumulación de tales recursos, olvidando que los dineros reclamados han sido entregados a la administración de la AFP recurrida por mandato expreso del legislador, pues constituyen su previsión y obedece a un mandato de orden legal.

Conforme lo anterior, explica que la previsión social se encuentra dentro de la seguridad social, entendiéndose esta última como con conjunto de normas y principios que regulan las prestaciones a que tienen derecho los ciudadanos, en el conjunto de una sociedad y que dicen relación con sus principales necesidades de salud, trabajo y previsión. En esta línea no resulta posible concebir el derecho de propiedad que tienen los afiliados sobre sus fondos de manera aislada o independiente de la naturaleza del bien sobre el que recae, pues los referidos fondos constituyen un sistema de previsión social y por ende forman parte del derecho a la seguridad social, la que al igual que el derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 19 Nº18 de la Constitución Política, Seguidamente se refiere a la cotización, concluyendo que el establecimiento de estas de modo obligatorio por la ley es un instrumento del que dispone el Estado para cumplir con su deber de garantizar el goce del derecho a la seguridad social.

Refiere que los fondos acumulados en las cuentas individuales administradas por las AFP otorgan a su titular un derecho sui generis, pues se encuentra sujeta a un modo al solo ser posible para el trabajador afiliado acceder a ellas en tanta cumpla con los requisitos que establezca la ley relacionados con la concurrencia a su respecto de una contingencia social (vejez, invalidez o muerte).

Sostiene que la propiedad no ha sido establecida en términos absolutos e irrestrictos como lo pretende hacer creer el recurrente, sino que el legislador ha contemplado la posibilidad de establecer o imponer limitaciones al dominio cuando estén en juego ciertos intereses atendido la función social que cumple dicha propiedad, la que en la especie comprende el interés previsional, el que ha sido cautelado por preceptos legales que han dotado a organismos estatales de facultades fiscalizadoras, de control o de sanción a fin de resguardar la citada función social de la propiedad.

Indica que acoger el presente recurso de protección implicaría necesariamente dar preponderancia a la garantía del 19Nº24 por sobre aquella establecida en el artículo 19 Nº18 de la Constitución Política, para lo cual forzosamente la Iltma. Corte de Apelaciones tendría que declarar, respecto del actor, una circunstancia nueva, generadora de una situación jurídica no contemplada en la legislación, cual es autorizar el ejercicio libre de las facultades de uso, goce y disposición, desconociendo el destino que el legislador ha dado a los fondos de pensiones y con ella, todas las normas reguladoras del Sistema Previsional Chileno, tratadas en su informe.

Además, indica que acceder a la devolución requerida por el recurrente implicaría ponerlo en una situación única y especial distinta a la de los demás afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, los que, evidentemente y por disposición de las normas aplicables al asunto, no pueden hacer retiro de los fondos previsionales, creando a su respecto una nueva situación que permitiría entonces que todos los afiliados al sistema de pensiones del DL3500, de 1980, efectuaran la misma solicitud y, en consecuencia, el retiro de los fondos, lo que implicaría inexorablemente desconocer, lisa y llanamente, toda la normativa previsional y, peor aún, la importancia que el constituyente ha otorgado a la seguridad social, derecho que elevó a rango constitucional.

En cuanto al actuar de la AFP recurrida, sostiene que la respuesta de ésta ante la solitud de retiro de fondos previsionales se enmarca plenamente dentro de las normas que rigen y regulan su funcionamiento, pues un accionar distinto, implicaría un desconocimiento absoluto de las normas, exponiéndose a sanciones por incurrir en la citada conducta con infracción grave de la normativa previsional, que en su rol de órgano fiscalizador debería hacer efectiva de manera inmediata.

Finalmente, invoca jurisprudencia que se ha pronunciado en casos similares, solicitando que el recurso de protección sea declarado improcedente porque lo pedido por el recurrente excede el ámbito de la acción de protección y en subsidio de lo anterior, porque no existe en el actuar de la AFP Habitat S.A. actos ilegales o arbitrarios a su respecto atendida las razones ya señaladas;

4° Que la acción constitucional deducida en autos, tiene fines específicos y acotados, en cuanto persigue la tutela de los derechos y garantías taxativamente señalados por esta en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, que como consecuencia de un acto arbitrario o ilegal hayan sido afectados, lo anterior, con el objeto de obtener un pronto restablecimiento del imperio del derecho para brindarle la debida protección al afectado;

5° Que, por esta acción cautelar se ha cuestionado la respuesta dada por la recurrida mediante carta de 1° de agosto de 2019, que en lo pertinente justifica la negativa a la solicitud del recurrente señalando: “que la normativa vigente no permite efectuar giros totales o parciales de este fondo, dado que las sumas depositadas en dicha cuenta personal solo están destinadas al financiamiento de pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia, esta última en caso de fallecimiento del afiliado sin perjuicio del otorgamiento de otras prestaciones. Conforme lo anterior y una vez que usted cumpla con la edad legal para pensionarse, esto es, 65 años de edad, puede suscribir la respectiva solicitud de pensión de vejez, o en caso que su condición de salud lo amerite, puede suscribir una civil solicitud de pensión de invalidez”.

6° Que, en lo que dice relación con la extemporaneidad alegada por la recurrida, para desestimarla basta considerar que el acto contra el cual se recurrente es, precisamente, la respuesta contenida en la carta de 1° de agosto de 2019, siendo ese el acto calificado de arbitrario que motiva la acción de protección, razón por la cual el recurso de protección ha sido deducido dentro del plazo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que lo regula.

7° Que, en cuanto al fondo, es del caso anotar que como lo estableció el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en los autos Rol 576-2007, considerando décimo cuarto, la cotización individual constituye “…un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos”;

8° Que en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.500, las llamadas a administrar los fondos de pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios que establece el decreto en mención, son precisamente las AFP, las que deben respetar la legislación vigente, incluidas las limitaciones al dominio antes indicadas, esto es, no pueden entregar el total de los fondos, en los términos solicitados por el recurrente, razón por la cual no se aprecia cómo habría una ilegalidad en el actuar de ésta;

9° Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, aparece que la negativa de la recurrida a entregar al afiliado el monto de las cotizaciones previsionales no es arbitrario, pues no obedece al mero capricho de ésta, por el contrario, se ajusta a la normativa vigente, pues se limita a respetar el sistema regulado en el Decreto Ley N°3.500, de 1980 y, específicamente, las normas indicadas que establecen la finalidad del fondo de cotización obligatoria, los requisitos para acogerse a jubilación o para obtener los beneficios regulados en el citado decreto, sin que el actuar de la recurrida adolezca de ilegalidad alguna o de falta de razón, puesto que, con su proceder solo cumple con el sistema previsional actual, dictado conforme lo autoriza la Constitución Política de la República.

10° Que, en cuanto a la garantía constitucional que se dice vulnerada, esto es, el derecho de dominio, el que en todo caso, ha sido limitado por el legislador con el objeto señalado en las disposiciones mencionadas.

11° Que, en consecuencia, la negativa por parte de la recurrida en cuanto a la entrega anticipada de la totalidad de los fondos previsionales, se basa en las propias normas del Decreto Ley N° 3.500, no pudiendo estimarse como ilegal o arbitraria su actuación, ni existiendo garantía constitucional alguna afectada o amenazada, por lo que no cabe sino rechazar el recurso de protección intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la materia:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Madrid Croharé.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°77501-2019 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, conformada por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare y la Ministra señora Marisol Rojas Moya.