ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANO PONIENTE

Santiago, cuatro de junio de dos mil veinte.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que, con fecha 24 de diciembre de 2019 se deduce recurso de protección en favor de Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural-Anfupatrimonio RUT N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado y en nombre de don nombre reservado, director de la Asociación, del mismo domicilio en contra de la Dirección Regional del Trabajo, Región Metropolitana Norte, representada por don nombre reservado, Director Regional, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Nº 1327 de fecha 18 de diciembre de 2019, por la cual rechazó el recurso jerárquico que se dedujo en contra del acto administrativo contenido en el Ordinario N° 3304 del 19 de agosto de 2019, emitido por su inferior jerárquico, la Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, doña nombre reservado, quien resolvió que: “no resulta procedente que éste Servicio registre como Director de la Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, al señor nombre reservado, candidato que no obtuvo una de las 5 primeras mayorías relativas; por tanto corresponde conformar la directiva, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre elección de directivas de asociaciones de funcionarios para, ulteriormente, ingresarlo a ésta IPT Santiago para su registro”.

Agrega que ante su recurso jerárquico, el recurrido dictó la Resolución Nº 1327 de fecha 18 de diciembre de 2019, que consideró: “Que ante la resolución 3034 de 19.AGO.2019 emitida por la Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, la presidenta nacional, el secretario y el presidente de la Comisión Electoral de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural interponen recurso de reposición, y jerárquico en subsidio, en contra del citado ordinario, indicando que incurre en error, señalando:

Que el señor nombre reservado, según el Acta de la Comisión Electoral, resultó elegido, conforme al artículo 46 de los Estatutos de la Asociación y los artículos. 1.10 y 4.4 del Reglamento de Elecciones.

El sistema electoral aplicado es el PROPORCIONAL DE CIFRA REPARTIDORA ABIERTA, con lo cual el resultado de la elección se encuentra conforme a la ley, los estatutos y el reglamento.

Los conflictos de carácter electoral deben ser resueltos por el Tribunal Electoral Regional.

Revisados los antecedentes relacionados con el Ordinario 3304, es posible establecer:

Que el acta de escrutinio del proceso eleccionario del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural indica que la quinta mayoría relativa la obtuvo don nombre reservado con 90 votos y que don nombre reservado obtuvo 42 votos.

El acta de constitución de la directiva nacional no incorpora al señor nombre reservado, sino que al señor nombre reservado.

De la normativa legal, administrativa y estatutaria atingente, no se vislumbra el argumento para señalar que el ordinario en cuestión es erróneo, pues fundamenta claramente su negativa al no incorporar como director a un candidato que no obtuvo una de las más altas mayorías relativas.

Con la dictación del ordinario en cuestión, no se arroga competencias de los Tribunales Electorales, puesto que mediante él no se resuelve la validez o nulidad del acto eleccionario, sino que se informa que el servicio no puede actuar contra norma legal expresa por lo cual no puede incorporar como director a un candidato que no obtuvo una de las más altas mayorías relativas.

Por lo anteriormente señalado, se rechaza el recurso jerárquico interpuesto por los recurrentes en contra de Ordinario 3304 de 19.08.2019, de la Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago”.

Señala la recurrente que la Resolución N° 1327 es ilegal y arbitraria porque excede la órbita de sus atribuciones legales, por cuanto resuelve un asunto controvertido derivado de lo resuelto por la Comisión Electoral de la Asociación de Funcionarios.

Señala que la recurrida se ha arrogado la facultad de calificar la elección, toda vez que aquella facultad corresponde a la asociación misma, a través de su Tribunal Calificador o Comisión Electoral y ante conflicto en la calificación de la elección, el competente es el Tribunal Electoral Regional.

Agrega que la recurrida solo tiene facultad de objetar a un director elegido, si existe una inhabilidad o incompatibilidad, conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley N° 19.296. Esta situación no ocurrió, puesto que no le afecta incompatibilidad o inhabilidad alguna al señor nombre reservado.

Añade que el recurrido, mediante su resolución, se inmiscuye en la parte organizativa de la Asociación, perturbando los derechos que resguarda la Constitución Política, particularmente lo que se relaciona con su autonomía y los mecanismos que se dan para la elección de sus autoridades unipersonales, convirtiéndose en una comisión especial.

Señala además, que al existir solamente un reclamo verbal por parte del señor nombre reservado, apoyado en ser la quinta mayoría relativa de la elección, la recurrida se ha arrogado facultades de calificación de la elección que no le han sido otorgadas, en circunstancias que al señor nombre reservado no le afecta incompatibilidad o inhabilidad alguna, que es la única razón por la cual la recurrida podría pronunciarse.

En cuanto a la perturbación y afectación de garantías constitucionales, segura la recurrente que la Resolución N° 1327 de 19.12.2019 ha perturbado, a la Asociación y al señor nombre reservado, en las garantías previstas en el artículo 19 numerales 2, 3 inciso 5 y 19 de la Constitución Política de la República, en lo siguiente:

A la asociación le ha perturbado su igualdad ante la ley, ya que no conoce que haya aplicado una facultad que no existe a esa asociación, discriminándola en comparación a otras asociaciones que aplican el sistema electoral de cifra repartidora.

Al señor nombre reservado le ha perturbado su igualdad ante la ley puesto que el órgano que calificó la elección lo señaló a él como director, impidiéndole la recurrida ejercer con plenitud, puesto que ha impedido emitir el certificado de su reconocimiento, calificando los votos que le favorecían en su elección, lo que era competencia del Tribunal Electoral Regional.

A la asociación, en cuanto a su autonomía, resguardada tanto por el artículo 1º como por el inciso final del número 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución N° 1327 y disponer la inscripción en sus registros del Directorio ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, incluido el recurrente don nombre reservado, conforme a la clasificación firme realizada por la Comisión Electoral de la misma Asociación, o en la medida que esta Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección de los afectados ya individualizados, con expresa condena en costas.

2°.- Que mediante presentación de 10 de febrero último, informó doña nombre reservado, abogado, por la recurrida, la Dirección del Trabajo, quien señala que el recurso de protección de autos es improcedente, toda vez que dicha acción cautelar está siendo utilizada como un sustituto jurisdiccional de acciones o procedimientos ordinarios que existen al efecto, señalando que para el caso de marras, se contempla como recurso natural que el afectado por la resolución, reclame ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, de conformidad al artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, queriendo utilizar la recurrente éste recurso, como un sustituto procesal. Cita jurisprudencia de la Excma., Corte Suprema que avala la tesis mencionada.

En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad la recurrida cita normativa legal, estatutaria y administrativa para señalar que lo que el Servicio ha efectuado es no inscribir en SIRELA -Sistema Informático de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo- el cargo de Director del señor nombre reservado, por no cumplir con la normativa legal vigente en esta materia, la cual exige para la constitución del directorio, la elección de candidatos que obtengan las más altas mayorías relativas, hecho que es posible evidenciar por medio del documento “Comunicado N°4/2019 del Tribunal Calificador de Elecciones–Tricel Nacional” que informa respecto de los resultados de la elección nacional efectuada los días 06 y 07 de junio de 2019 por la ANFU-PATRIMONIO, antecedente que es acompañado por la recurrente en este proceso.

Advierte que el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional de acciones y procedimientos que existen al efecto de impugnar actuaciones administrativas. Cita algunos fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, en los cuales se ha acogido la tesis señalada, puesto que el recurso de protección se ha utilizado como un mero sustituto procesal, de procedimientos especiales expresamente contemplados en la ley.

Luego explica que la actuación de la Administración, ha sido motivada por la presentación que efectuó don nombre reservado, quien expuso que el Tricel de la ANFUPATRIMONIO dejó fuera de la elección del directorio nacional a la quinta mayoría, incorporando a la séptima mayoría relativa en dicho lugar. Aquella circunstancia fue verificada por el Servicio, lo que concluyó en la dictación del Ordinario N° 3304, ya que al existir norma legal expresa referente a la votación del directorio, sólo podría registrarse en el sistema computacional a los candidatos que detenten las más altas mayorías relativas. Agrega que, de ésta manera, la intervención del servicio no ha restado validez al acto eleccionario, prueba de ello es que se ha emitido el certificado N° 1301/2020/3356 que inclusive acompaña el recurrente en este proceso, en virtud del cual se certifica que la ANFUPATRIMONIO se encuentra legalmente constituida y tiene personalidad jurídica, incluyendo los candidatos que obtuvieron las cuatro más altas mayorías relativas en dicho proceso.

Se concluye que no existe ningún acto ilegal ni arbitrario por parte de la Dirección del Trabajo, debido a que ésta actuó dentro la esfera de sus atribuciones y dentro del marco legal. En efecto cita los artículos 19 inciso 3, Ley N° 19.296 señala que: “resultarán elegidos directores que obtengan las más altas mayorías relativas”.

En el mismo sentido, señala el artículo 46 de los Estatutos de la Asociación: “se proclamaran elegidos los o las candidatos(as) que en la elección resulten con las más altas mayorías relativas hasta complementar el número de miembros del Directorio Nacional…”.

Artículo 1.10 del Reglamento de Elecciones de la Asociación, dispone que “para elegir los cargos del Directorio Nacional y Directores (aquellas con tres o más cargos a elegir) se aplicará el sistema de cifra repartidora. Para el resto será mayoría simple”

A su vez, el punto 4.4 del Reglamento de elecciones de la Asociación, en su letra a) prescribe que: “en el caso de la votación para elegir el Directorio Nacional y en los cargos de Directores Regionales donde hubiese tres (3) o más, el Tricel aplicará el sistema de escrutinio por cifra repartidora, resultado elegidos aquellos candidatos, sean de lista o unipersonales, que hayan obtenido de acuerdo a este sistema las respectivas mayorías”.

Conjuntamente hace presente que la Dirección del Trabajo, emitió el Dictamen N° 4752/210 de 22.08.1996, conforme a lo señalado en la Ley N° 19.296. En la especie, este Dictamen señala: “la cifra repartidora, en este orden de ideas, puede ser considerada un procedimiento asegurador de la elección de las más altas mayorías simple que producto de su aplicación resulten efectivamente elegidas aquellas. Y las más altas mayorías, en la realidad socio-jurídica de las instituciones corporativas, lo son de las opiniones y corrientes de pensamientos que existen al interior de ellas, presentadas por los candidatos que obtengan las más altas mayorías en cada una de las listas que tengan derecho a elegir a algunos de sus candidatos”.

En lo que respecta a la supuesta afectación de garantías constitucionales, sostiene que en cuanto a la supuesta afectación del articulo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, no existe acción discriminatoria que haya ejercido el servicio en contra de la ANFUPATRIMONIO, ya que no se ha resuelto la validez o nulidad del acto eleccionario, ni se ha cuestionado la vigencia de la Asociación o del resto de los candidatos que fueron elegidos, sino que se ha dado cumplimiento a la normativa resolviéndose no inscribir en los registros a quien no ha obtenido las más altas mayorías relativas.

En cuanto a la supuesta afectación del articulo 19 N°19 de la Constitución Política de la República, señala que el acto administrativo que alega el recurrente que adolece de ilegalidad y arbitrariedad, no tiene que ver con criterios de fondo que podría justificar una eventual afectación al artículo 19 N°19, sino más bien, se funda en criterios de forma aplicados en concordancia con el principio de legalidad que rige la actuación del Estado. Así, ante la observancia de que uno de los candidatos no obtuvo las más altas mayorías, el Servicio procede a no inscribir y no incluir al candidato en el certificado de composición del directorio, procediendo a dictar la Resolución recurrida. Tal acto no vulnera las garantías constitucionales de la recurrente, puesto que el actuar de la administración está conforme a mandato legal expreso.

Por lo anterior es que solicita se rechace el recurso en todas sus partes por carecer de fundamento jurídico, al no existir una omisión ni acción arbitraria o ilegal que lo haga procedente, con costas.

3º.- Que para resolver el presente recurso, cabe tener presente lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 19 inciso 3° y 5° de la Ley N° 19.296, como asimismo el artículo 1.10 del Reglamento de Elecciones; 46 del Estatuto de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural Anfupatrimonio y el Dictamen 4.752-210 de 22-08-1996 de la Dirección del Trabajo.

Los tres primeros disponen la tramitación del acta de constitución de la asociación y la obligación de la recurrida de practicar la inscripción respectiva y emitir el correspondiente certificado; el artículo 19, la presentación de las candidaturas, la determinación de quienes resultarán elegidos y la inhabilidad o incompatibilidad actual o sobreviniente de alguno de los candidatos, lo que será calificado de oficio por la Dirección del Trabajo.

El artículo 46 del Estatuto, establece que serán elegidos los candidatos que obtengan las más altas mayorías y el Dictamen 4.752-210, no excluye la aplicación del sistema de cifra repartidora.

4°.- Que cabe tener presente que en el caso de marras no existe antecedente alguno que permita presumir la existencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto del cargo a desempeñar que pudiera afectar al recurrente y que es la materia que debía revisar la Inspección recurrida. Esta ha decidido que debía quedar fuera el señor nombre reservado por no haber obtenido la más alta mayoría -conforme a la interpretación que ese servicio efectúa- olvidando que ha de aplicarse en esta materia la cifra repartidora establecida en los estatutos de la Organización, como lo determina también el Dictamen 4.752-210 de fecha 22 de agosto de 1996.

5°.- Que de lo dicho precedentemente ha de señalarse que el Estatuto de la Organización -conforme a sus intereses- establece el mecanismo de la cifra repartidora abierta como sistema proporcional electoral, motivo por el cual la elección de que se trata se sometió a dicho sistema para la asignación del resultado electoral, determinar así a los directores electos, de manera que cualquier controversia en la materia debía ser planteada y resuelta por el Tribunal Electoral respectivo a quien corresponde resolver estos asuntos, sin que la Dirección del Trabajo tenga competencia para excluir de la legalidad vigente a un director que ha sido válidamente elegido, mientras no se decida lo contrario en sentencia ejecutoria según requerimiento que el interesado debe promover conforme a la ley.

6º.- Que de lo razonado fluye que el acto reclamado es ilegal por cuanto la recurrida excede el ámbito de su competencia y al justificar su proceder cita una norma no aplicable a la materia. En estas condiciones, se afecta la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, toda vez que en otros casos no se ha obrado de este modo respecto de otras personas en igual situación, y además se ha constituido la recurrida en una comisión especial, sin tener facultades para ello de acuerdo a la normativa que rige la materia, como se ha señalado, por lo que necesariamente ha de acogerse el recurso deducido, toda vez que se vulneran las garantías de los numerales 2 y 3, inciso quinto, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

7º.- Que así las cosas, y por concurrir en la especie todos los presupuestos que estructuran el arbitrio cautelar instituido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, procede que éste sea acogido.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de las Recursos de Protección, se acoge el deducido por la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural -Anfupatrimonio- y por don nombre reservado, en contra de la Dirección Regional del Trabajo, Región Metropolitana Norte y, en consecuencia, se decide que se deja sin efecto la Resolución N° 1327 de fecha 18 de diciembre de 2019, por la cual rechazó el recurso jerárquico que se dedujo en contra del acto administrativo contenido en el ordinario N° 3304 del 19 de agosto de 2019, debiendo la recurrida proceder a la inscripción del acta respectiva que incluya en ella a don nombre reservado, como director, extendiendo las respectivas copias.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministro Sra. Gloria Solís R.

Protección Nº 7741-2020.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Jessica González Troncoso e integrada por las Ministros señora María Rosa Kittsteiner Gentile y señora Gloria Solís Romero.