nombre reservado con MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS

Santiago, seis de diciembre del dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Ministerio de Justicia, y de su representante legal doña nombre reservado, Ministra de Justicia, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, y de su representante legal don nombre reservado, Director de la Institución, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra del SEREMI de Justicia de la Región Metropolitana y de su representante legal doña nombre reservado, Directora de la Institución, ambos domiciliados para todos los efectos legales en domicilio reservado; y en contra de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB) y de su director don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Segundo: Que fundamenta su recurso, en que es Licenciada en Derecho, requiriendo para la obtención de su título de abogado la aprobación de la práctica profesional en una de las Corporaciones de Asistencia Judicial, conforme lo dispuesto en el la Ley 17995 y el Decreto Ley N° 995, encontrándose obligada a una serie de prestaciones de acuerdo a las instrucciones y encargos del abogado jefe, respecto del cual se encuentra bajo una relación de subordinación y dependencia, sin otorgarse como contraprestación sueldo, viáticos de movilización y alimentación, seguro de trabajo, imposiciones, etc., siéndole aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8 del Código del Trabajo, en cuanto dicha norma manda se les otorgue a los practicantes viáticos de colación y movilización. En este contexto, indica que con fecha 16 de mayo del 2016, la dirección nacional de JUNAEB emitió una circular interna que dispone, atendida la orden de la Contraloría General de la República con fecha 18 de marzo de 2016, que los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial no son alumnos regulares de carreras de educación superior, por lo que el pase escolar no es un beneficio al que tengan derecho, ordena no emitir más renovaciones ni reposiciones de pases escolares para postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial que se dirijan a los centros de atención TNE a solicitarlos, suspendiéndose a partir de ese día oficialmente el beneficio de pase escolar para los más de 1200 postulantes de la Corporación de asistencia Judicial de la Región Metropolitana, terminando con el beneficio de “subsidio a la movilización” o “viático de movilización” que el Gobierno de Chile a través de la JUNAEB entregaba a los alumnos de la Corporación de asistencia Judicial, regido por el SEREMI de Justicia Metropolitano y éste a su vez por el Ministerio de Justicia.

Añade que la instrucción de la JUNAEB trae consigo un aumento en el precio efectivo del transporte para los alumnos en más de un 350%, dejándola en la más completa y absoluta indefensión respecto de su labor, la cual es gratuita para el Estado, traduciéndose en una carga arbitraria que vulnera los siguientes garantían y derechos.

Al efecto, sostiene que se vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°3 inciso cuarto, referido al derecho de no ser juzgado por comisiones especiales, la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 ya que coloca a los estudiantes de derecho en una situación de desmedro frente a todos los demás profesionales del país, tanto por el tiempo que demoran en titularse, como por trabajar los últimos seis meses en forma gratuita para la CAJP, la libertad de trabajo dispuesta en el artículo 19 N°16 en cuanto el derecho a recibir una justa retribución a todo trabajo; la garantía a la honra personal en razón que se le impide escoger libremente un trabajo, poniéndola en una situación de vulnerabilidad al no recibir contraprestaciones y no tener la posibilidad de escoger el lugar de trabajo; la Igualdad en las cargas públicas, en relación a la profesión de abogado con todas las demás profesiones del mercado chileno, resultando discriminatorio y arbitrario la gratuidad respecto de una profesión en particular, al derecho de propiedad sobre un bien incorporal, en el sentido que el Estado haciendo uso de la Ley 17.995 y el DL 995, la obliga a trabajar en forma gratuita Finalmente, arguye que la cuestión controvertida será si como postulantes de la Corporación de Asistencia judicial, tiene derecho a la tarjeta nacional estudiantil o pase escolar, cuya privación atenta contra las garantías fundamentales referidas.

Solicita en definitiva, se disponga inmediatamente el cumplimiento de las siguientes medidas: a) se ordene al recurrido disponer de fondos para que a partir del próximo mes, se entregue viático de colación y movilización a todos los practicantes de la Corporación de Asistencia Judicial con un monto mínimo de $175.000.-, b) que en el acto sean contratados seguros de accidentes para todos los postulantes y, c) se pague el plan de previsión en Isapre y cotizaciones en la AFP que cada postulante posea.

Tercero: Que, a fojas 53 rola informe emitido por don Oscar Vergara Muñoz, abogado en representación de la Corporación de Asistencia Judicial y solicita el rechazo del recurso por las razones que expresa, con costas.

En primer lugar, alega que el recurso deducido carece de los argumentos y fundamentos necesarios que permitan establecer claramente respecto de cada uno de los recurridos, cual es la acción u omisión de su parte que ha devenido en la trasgresión, perturbación o privación de las garantías constitucionales invocadas, lo que limitaría el adecuado ejercicio del derecho a defensa de su parte.

Luego, agrega que en el caso sublite, no existe un derecho indubitado por parte de la recurrente, no siendo objeto de la acción constitucional ejercida, establecer derechos como se pretende, toda vez que no solicita se tomen las medidas para la protección de un derecho, sino que se establezca a su favor una serie de derechos de los que declara no estar gozando, transformando la materia debatida en una situación de lato conocimiento.

Refiere, respecto de las prestaciones que cuya declaración se solicita, la Contraloría General de la República ha zanjado estos temas en diversos dictámenes, partiendo de la base de lo dispuesto en el inciso primero N°5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto al requisito de aprobación de la práctica profesional para la obtención del título profesional en las Corporaciones de Asistencia Judicial, en relación al artículo 2 de la Ley 17995, la que concede personalidad jurídica a los servicios de asistencia jurídica, práctica que se encuentra regulada en el Decreto N° 265 de 1985, del Ministerio de justicia, el que en su artículo 1, refiere que la aprobación de la misma es una exigencia legal para optar a dicho título, proporcionando los postulantes sus servicios en forma gratuita (artículo 14), disponiendo el artículo 19 la prohibición de recibir cualquier remuneración por la prestación de los mismos.

En este contexto, el dictamen N° 76.384 de fecha 3 de octubre del 2014, señala que si bien el artículo 8 del Código del Trabajo, obliga a las empresas a entregar colación y movilización a quienes realicen su práctica profesional, no es aplicable al caso en cuestión, pues como se indicó se trata de una obligación legal y no un acuerdo entre postulante y la Corporación, no autorizando conforme la normativa referida el pago de los gastos indicados. Lo anterior es reiterado por el dictamen N°345 de fecha 3 de enero de 2015, agregando que, no existe ninguna relación contractual de origen civil o laboral entre los postulantes y la Corporación.

En otro orden de ideas, se refiere a la naturaleza jurídica de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y de la práctica profesional como requisito para acceder al título de abogado, indicándose que la práctica profesional si bien constituye un requisito para la obtención del título de abogado, no es una condición académica, toda vez que de conformidad al artículo 2 del decreto 265 de 1985 del Ministerio de Justicia.

Finalmente señala que, que del tenor del recurso, no se desprende que se le impute a su parte una acción u omisión ilegal o arbitraria, encontrándose su actuar ajustado al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la práctica profesional, indicando respecto del pase escolar que, no corresponde a la categoría de subsidio, ya que sólo importa para el titular la gratuidad o la rebaja del pasaje en el transporte público de pasajeros, sin que importe contraprestación alguna para el Estado con los propietarios de los medios de transporte.

Cuarto: Que a fojas 72 y fojas 79 se agregaron los informes evacuados por el Ministerio de Justicia y la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos respectivamente, quienes lo hacen en los mismos términos. En primer lugar, exponen sobre el marco regulatorio de la Corporación de Asistencia Judicial, siendo personas jurídicas de Derecho Público, sin fines de lucro, creadas como servicios autónomos que se relacionan con la Presidencia a través del Ministerio de Justicia, en una relación de supervigilancia, lo que impide que dicha Secretaría pueda ejercer a su respecto facultades de superior jerárquico, toda vez que la ley dota a las Corporaciones de Asistencia Judicial de un sistema de administración autónomo, a través de un Consejo Directivo que preside y determina el quehacer de estos servicios.

En cuanto a la práctica profesional, señalan que para la obtención del título de abogado, el cual se encuentra establecido en el artículo 523 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales, explica que es deber de las Corporaciones de Asistencia Judicial regular la forma de dar cumplimiento a ésta, y concluye que no existe una relación contractual de carácter civil o laboral de los postulantes. En dicho sentido se manifiestan los dictámenes N° 345/2014 y N° 76.384/2014, agregando que el paso de los postulantes por estos servicios es una experiencia complementaria a su formación profesional que por expresa disposición de la ley es una carga legal para acceder al título de abogado.

Añade, que en cuanto a la pertinencia del artículo 8 del Código del Trabajo, no resulta aplicable en la especie, ya que la procedencia de la práctica obedece al cumplimiento de un requisito legal y no a un acuerdo entre la Corporación y los postulantes y su régimen jurídica no contempla disposiciones que autoricen el pago de los gastos de colación o locomoción, cuestión que se sanciona en los artículos 14 y 19 del reglamento, los que prohíben recibir al postulante cualquier tipo de dádiva o recompensa por a prestación de sus servicios.

Agrega que, en relación a otorgar a los postulantes seguros contra accidentes, conforme el Decreto N° 313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que incluye a escolares en el seguro de accidentes de acuerdo a la ley 16744, exige la calidad de alumno regular para su otorgamiento, situación que en la praxis no se verifica, pues la recurrente es egresada de derecho y carece de la calidad de alumna regular. Asimismo, no existiendo vínculo laboral entre las Corporaciones y los postulantes, no resulta procedente el pago de las imposiciones alegadas en materia previsional y de salud.

Finalmente, en cuanto al otorgamiento de la tarjeta nacional estudiantil a los postulantes, se remite a lo señalado en los Ordinarios N° 3961, 4672, 5284 y 5285 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todos del año en curso, se reitera la falta de competencia de dicha cartera en la pérdida del beneficio que se alega, conforme el principio de legalidad, no logrando en definitiva el recurso, fundamentar qué acción u omisión atribuible a su parte, vulneran las garantías constitucionales alegadas por la recurrente.

Quinto: Que a fojas 84 se evacúa informe por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en adelante JUNAEB.

En primer término refiere, que es una Corporación de Derecho Público de carácter autónomo que tiene a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducente a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación. Entre estos beneficios, se encuentra la Tarjeta Nacional Estudiantil, conocida coloquialmente como pase escolar.

Luego, realiza consideraciones respecto a la obligación de los egresados y licenciados de la carrera de derecho de realizar la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, la cual constituye una exigencia legal ineludible para obtener el título de abogado, conforme lo estatuye el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Respecto de esta obligación, JUNAEB no tiene intervención alguna. En efecto, esta práctica constituye una exigencia legal y no académica ya que es la Excma. Corte Suprema quien, otorga el título de abogado y no las universidades. En consecuencia, los estudiantes de derecho que realizan su práctica profesional en las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial una vez concluida su formación académica se encuentran en una situación ambigua respecto de su condición de postulantes, ya que no tienen calidad de alumno regular ni tampoco de profesionales.

Respecto al cumplimiento de los requisitos para la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil, indica que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto N° 20 de 1982 del Ministerio de Transporte, la concesión de este beneficio procede sólo en cuanto el beneficiario acredite la calidad de alumno regular del respectivo plantel educacional, y corresponde a éstos recibir las postulaciones y seleccionar a los alumnos beneficiarios.

En cuanto a la entrega del beneficio JUNAEB recibe de parte del Ministerio de Educación y las entidades de educación superior, en su caso, una nómina de alumnos matriculados para el año académico correspondiente los cuales son ingresados a una base de datos que genera automáticamente las tarjetas TNE para los estudiantes. Así, indica que su parte no es la encargada de verificar o establecer quienes son los beneficiarios de la mismas, lo que hace es sólo generar las tarjetas (plásticos) respectivos en función de la matriz enviada por el Ministerio de Educación.

Agrega, que su parte no ha vulnerado las garantías constitucionales que se alegan conculcadas, debido a que obró en debida concordancia con lo ordenado por la Contraloría General de la República, organismo rector en la materia al cual se le reconoce la potestad de interpretar normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, no existiendo espacio alguno a una actuación en términos arbitrarios o ilegales como se pretende establecer por la recurrente, por tanto pide el rechazo con costas.

Sexto: Que mediante resolución de fojas 108 de fecha dieciocho de octubre de 2016, se decretó como trámite que la Contraloría General de la República informara al tenor del recurso deducido.

Séptimo: Que a fojas 123 se agrega informe de la Contraloría General de la República, quien refiere que a través del oficio N° 21.272 y Dictamen N° 68.894, ambos del 2016, se ha pronunciado acerca de la temática planteada.

En el oficio indicado se precisa que, el beneficio del pase escolar se encuentra regulado en el Decreto Supremo N°20 de 1982 del Ministerio de transporte y Telecomunicaciones, el que en su artículo 1 otorga liberación o rebaja de tarifa en los pasajes de los servicios públicos de locomoción colectiva a estudiantes de la enseñanza regular que indica, requiriendo el artículo 7 de dicho decreto, la calidad de alumno regular para los estudiantes de educación superior.

Adiciona que, el dictamen N° 68.894 de fecha 20 de septiembre de 2016, emitido en cumplimiento del artículo 98 de la Constitución Política de la República, se emitió previo informe de la JUNAEB y Subsecretaría del Ministerio de Transportes, refiriendo ambos, que el beneficio del pase escolar procede sólo en cuanto el beneficiario acredite la calidad de alumno regular respecto de los estudiantes de educación superior, concluyéndose que es requisito mantener dicha calidad para obtener el pase escolar.

Octavo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción extraordinaria, destinada a restaurar el imperio del derecho en los casos que, por un acto arbitrario e ilegal, se haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales indicados en la citada norma.

Noveno: Que del conjunto de argumentos vertidos por la recurrente, es posible establecer que considera como privación, perturbación o amenazas a las garantías constitucionales que indica como vulneradas, entre otras, la falta de contraprestación a sus servicios tales como sueldo, viáticos de movilización y alimentación, seguro de trabajo, imposiciones, etc., que correspondería percibir de acuerdo a la relación de subordinación y dependencia que mantendría en su calidad de postulante con la Corporación de Asistencia Judicial, siéndole aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8 del Código del Trabajo, en cuanto “la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación por dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno”.

Décimo: Que, en la especie, la recurrente no dispone del derecho preexistente alegado en este recurso, el que debe ser indubitado para que le sirva de sustento de la ilegalidad y arbitrariedad planteada, en consideración que el Recurso de Protección, es un procedimiento cautelar de carácter constitucional, rápido y concentrado, en que no es posible discutir y declarar el derecho fundante de la afectación esgrimida, situación ésta que se encuentra reservada a los juicios de lato conocimiento que con tales fines contempla la Ley, por lo que no existiendo el derecho indubitado que permite el ejercicio de la presente acción, tampoco habrá acto ilegal y arbitrario imputables a las recurridas, por lo que no cabe más que rechazar por estos motivos el presente arbitrio.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la reclamante también arguye como vulneratorio, el hecho que la recurrida JUNAEB emitió una Circular interna Nº 0846 de 16 de mayo de 2016 que, dispone que atendida la orden de la Contraloría General de la República, con fecha 18 de marzo del 2016, los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial no son alumnos regulares de educación superior, por lo que el pase escolar no es un beneficio al que tengan derecho, ordenando no emitir más renovaciones ni reposiciones de pases escolares para postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial, que se dirijan a los centros de atención TNE a solicitarlos, terminando así con el beneficio de “subsidio a la movilización” o “viático de movilización”.

Duodécimo: Que al efecto, consta de los antecedentes allegados a estos autos que la Contraloría emitió el Dictamen Nº 021272 de 18 de marzo del año en curso signado “Sobre la Improcedencia de otorgar la Tarjeta Nacional Estudiantil a Egresados de la Carrera de Derecho”. Este pronunciamiento resuelve una consulta particular de un postulante que extravió su tarjeta TNE y que la JUNAEB no se la renovó. Se trataba de un estudiante de la Universidad Adolfo Ibáñez que solicitó la reposición el 20 noviembre de 2015 y que obtuvo el grado de licenciado en ciencias jurídicas en julio de 2015, JUNAEB no le tramitó la renovación porque estimó que su situación no se ajustaba a la condición necesaria ya que debía mantener la situación de alumno regular por un periodo superior a un mes desde la solicitud, y en éste caso él terminaba la práctica en tres semanas. El dictamen indica que de acuerdo a la ley de presupuesto y lo dispuesto en el decreto N° 20 de 1982 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que reglamenta el pase escolar, la JUNAEB ha implementado el programa de Tarjeta Nacional Estudiantil. El artículo 7° del mencionado decreto otorga la liberación o rebaja de tarifa a quienes revistan la calidad de alumnos regulares de educación superior pública y privada, es decir aquellos que cursen estudios dentro de un programa sistemático y estructurado, y en el caso que realicen sus prácticas profesionales o cursen actividades curriculares, estas circunstancias deben ser certificadas por la institución a que pertenecen los beneficiarios. Concluye el dictamen que la exigencia del artículo 523 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales de realizar una práctica profesional para obtener el título de abogado no es de orden académico, sino un requisito estrictamente legal que no concede la calidad de alumno regular, según criterio establecido en el dictamen 75.742-2010.

Décimo tercero: Que el Decreto Nº 20 de 18 de febrero de 1982 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que dispone el Reglamento del Pase Escolar, establece en su artículo 7º lo siguiente “Para los efectos de este decreto se denomina Pase de educación Superior al documento a través del cual la Administración acredita la calidad de alumno regular de educación superior Pública y Privada y que permite el traslado para viajes con motivo de estudio, durante el año escolar; y en todo caso durante los demás meses del año, incluidos enero y febrero, en cualquiera de los medios descritos en el artículo 3º de este decreto.” En su inciso segundo agrega: “El Ministerio de Educación, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, fijará los cupos anuales de estudiantes de educación Superior que tendrán derecho a rebaja tarifaria”. El inciso cuarto refiere: “La selección interna de los alumnos beneficiarios corresponderá a cada establecimiento de educación Superior…”

Décimo cuarto: Que en dicho contexto, habrá que determinar si los recurridos o alguno de ellos han incurrido en un acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal en relación al no otorgamiento o revalidación del Pase Escolar a los recurrentes. En tal sentido, cabe desechar alguna conducta u omisión ilegal o arbitraria de los recurridos Ministerio de Justicia, Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Corporación de Asistencia Judicial, pues tales organismos no son los encargados de entregar, confeccionar o emitir los referidos Pases Escolares, pues ello ha sido entregado al Ministerio de Educación, sin perjuicio de lo que corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 5 en relación al inciso 2º del artículo 3 del Decreto Nº 20 de 1982 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Reglamenta el Pase Escolar. Que, por otro lado, debe tenerse presente que si bien la Corporación de Asistencia Judicial, constituye uno de los organismos donde los egresados de derecho cumplen su práctica profesional, tal circunstancia no permite conferirles a tales practicantes la calidad de “alumno regular” en los términos que exige el Reglamento citado; sin que pueda constituir la acusación de menoscabo que les origina esta práctica, ello no puede ser analizado o intentar repararse por esta vía, al constituir dicha práctica profesional una obligación impuesta por la ley para la obtención del título de abogado en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.

Décimo quinto: Que en cuanto a la recurrida Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, tal organismo es a quien le corresponde implementar el programa de tarjeta nacional estudiantil, a fin de entregar a los alumnos la referida tarjeta o Pase de Educación Superior, pues según indica el artículo 3º del Reglamento sobre la materia, las directrices metodológicas sobre la confección y entrega del pase escolar, tales como su soporte, diseño, elementos tecnológicos, de seguridad y vigencia serán determinadas conjuntamente por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Sin embargo para el otorgamiento del Pase, es necesario que los alumnos de educación superior que deseen obtenerlo postulen a dicho beneficio en su propia institución, fijando el procedimiento respectivo. Conforme a lo anterior, la circular Nº 0846 dictada por la JUNAEB solo viene a aclarar la situación de los estudiantes en práctica y cómo debe procederse a la inscripción de los alumnos que postulen al beneficio, sin que ello pueda estimarse de ilegal o arbitrario, pues quien hace la selección de los alumnos beneficiarios no es JUNAEB sino los establecimientos de educación Superior.

Décimo sexto: Que, si de acuerdo a lo anterior un Establecimiento de Educación Superior, incorpora en su selección a personas que no detenten la calidad de alumno regular como lo exige el Reglamento del Pase, JUNAEB ha sido obligada a reparar en ello y no revalidar el Pase a tales personas, pues tal comportamiento le ha sido ordenado por la Contraloría General de la República en el dictamen 0021272 de 18 de marzo de 2016, por lo que la actuación de esta recurrida no puede calificarse de arbitraria, pues no ha sido el fruto de un capricho o de una conducta irracional sino que ha obrado en cumplimiento de una orden dada por la Contraloría, y tampoco puede calificarse de ilegal, toda vez que sólo ha dado cumplimiento al requisito que establece el Reglamento para el otorgamiento del Pase Escolar.

Décimo séptimo: Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, al haberse descartado la realización de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de los recurridos, y de la ausencia del ejercicio legítimo de un derecho, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 1, en todas sus partes.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

N° Protección 77395-2016.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a seis de diciembre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.