Protección contra dicha casa de estudios

C.A. de Santiago Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 27 de febrero de 2026, comparece doña nombre reservado, estudiante del programa de Magíster en Salud Pública con especialización en Gestión de APS de la Universidad Bernardo O'Higgins e interpone recurso de protección en contra de dicha casa de estudios, por la negativa de otorgarle una nueva fecha para rendir la defensa de su tesina de magíster, que no hacer en la oportunidad fijada por razones de salud, y por haber dispuesto, además, su eliminación del programa.

Considera que dicha actuación resulta ilegal y arbitraria, ya que la recurrida, sin dar razón válida de su actuar, le generó la expectativa cierta de que la defensa sería reagendada en atención a su situación de salud, para luego negarla amparándose en un resquicio reglamentario, con lo que incurre en un acto caprichoso, carente de todo sustrato lógico, que quebranta el principio de buena fe.

Señala que lo anterior vulnera las garantías constitucionales relativas a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y propiedad, reconocidos en los numerales 1°, 2°, 3° y 24° del artículo 19, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

En cuanto a los hechos, expone que cursa el año 2025 el octavo y último semestre del programa, tras haber intentado regularizar su defensa desde el año 2023. Agrega que a mediados de 2025 entrega su tesina final, la que es evaluada y aprobada con calificación, habilitándola formalmente para rendir la defensa. Señala que la recurrida no fija la fecha de inmediato y que, tras consultar por correo electrónico en al menos dos ocasiones, transcurrido un mes se le fija el 13 de octubre de 2025.

Indica que en dicho período se le emite una licencia médica extendida por dos meses por la ACHS, producto de un caso de acoso laboral calificado como enfermedad profesional, tratamiento que continúa con controles médicos semanales y terapia farmacológica.

Añade que, a fines de noviembre de 2025, autorizada su reincorporación por indicación médica, informa lo ocurrido a la recurrida y solicita una nueva fecha para la defensa de su tesina. Sostiene que la coordinadora académica le indica que su defensa sería reagendada y que se presentaría una solicitud al nombre reservado, trámite del cual nunca fue informada formalmente, respondiéndosele por correo electrónico que la salud es lo primero y que se entiende su situación.

Precisa que el 30 de enero de 2026, a las 16:45 horas, recibe un correo electrónico de la referida coordinadora, que le informa que no tendría una segunda oportunidad para rendir su defensa y que sería eliminada del programa.

Puntualiza, por último, que no registra deudas, habiendo pagado oportunamente todos los gastos asociados.

En cuanto al derecho, sostiene que el recurso se deduce dentro del plazo de 30 días corridos que fija el N° 1 del Auto Acordado respectivo, contado desde el 30 de enero de 2026, fecha de la notificación del rechazo, sin perjuicio de que la conducta reprochada se ha sostenido en el tiempo. Afirma que la acción es admisible, pues procede contra todo acto u omisión ilegal o arbitraria que cause agravio a los derechos del inciso 1° del artículo 20 de la Constitución.

Respecto de la arbitrariedad, expresa que ella importa la acción u omisión carente de sustrato racional, esto es, la manifestación del simple capricho del agente, y que la respuesta de la recurrida se funda en que el plazo máximo reglamentario para completar el proceso de graduación ha sido excedido y en que no es procedente otorgar una exención, conforme a la normativa institucional de Postgrado que fija un máximo de ocho semestres, pese a que desde noviembre de 2025 hasta inicios de enero de 2026 se le señaló que la nueva fecha estaba siendo evaluada.

En cuanto a la ilegalidad, invoca los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, conforme a los cuales todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y debe ejecutarse de buena fe, principio que estima ha sido quebrantado.

Asimismo, cita la causa Rol N° 21320-2024 de esta Corte, cuyo considerando 10° declara ilegal y arbitraria la negativa universitaria a permitir rendir el examen de grado por exceso de plazo, por contravenir las condiciones reglamentarias vigentes al ingreso y discriminar respecto de los demás estudiantes.

Finalmente, funda la condena en costas en que la interposición del recurso es la respuesta lógica a la evidente ilegalidad y arbitrariedad de la conducta cometida de manera manifiesta por la Universidad recurrida, por lo que los gastos y costos que implica su interposición no deben ser asumidos por la parte recurrente y en atención a que el propio Auto Acordado que rige el Recurso de Protección dispone la posibilidad de la condena en costas, por lo que solicita que una vez acogido el presente recurso y restablecido el imperio del derecho, condene al recurrido al pago de las costas procesales y personales de este recurso.

Explica que los actos descritos vulneran el artículo 19 N° 1, pues afectan la integridad psíquica de la recurrente, agravando su afectación psicológica y emocional; el N° 2, ya que la conducta de la universidad atenta contra la juridicidad vigente al no respetar la posibilidad de reagendar su defensa hallándose enferma; el N° 3, incisos cuarto y quinto, por no existir ninguna instancia de reclamo o procedimiento de impugnación en su favor; y el N° 24, porque mediante el contrato de educación incorporó a su patrimonio el derecho a rendir el examen de grado.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida permitir a la recurrente rendir su examen de grado de Magíster en Salud Pública con especialización en Gestión de APS durante el año 2026, con expresa condena en costas.

Segundo: Que la Universidad Bernardo O'Higgins evacua el informe requerido por esta Corte y solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto, por no existir un derecho a cautelar y por carecer la acción de fundamentos, con expresa condenación en costas.

En cuanto a los hechos, hace presente, como antecedente previo, que la recurrente no interpone ni formaliza recurso alguno ante la Universidad una vez notificada de su eliminación académica, ni ejerce las vías institucionales ordinarias contempladas en la normativa interna para solicitar la revisión o reconsideración de dicha decisión. Sostiene que, en consecuencia, esta casa de estudios no tiene la oportunidad de conocer ni ponderar antecedentes que eventualmente pudieran justificar la adopción de una medida excepcional, situación que sólo viene a configurarse con ocasión de la presentación del presente recurso.

En tal contexto, y sin perjuicio de la juridicidad de las actuaciones previamente adoptadas, expresa que entiende la acción deducida como una solicitud dirigida a que se considere, de manera extraordinaria, la situación expuesta por la recurrente. En ese entendido, y con carácter estrictamente excepcional, informa que ha fijado una nueva fecha y hora para la defensa de su Trabajo Final de Grado, la que, constituyendo una única y última instancia para la realización de dicha actividad académica, se resuelve y notifica para el 20 de marzo de 2026, a las 10:00 horas, ante la comisión integrada por el Director del Magíster, el docente guía y la Coordinadora del Magíster.

En cuanto al fondo, señala que de sus registros académicos y administrativos consta que la recurrente ingresa al programa de Magíster en Salud Pública con especialización en Gestión de APS, en modalidad no presencial, cohorte 2021-2, con fecha 11 de agosto de 2021, programa cuya duración formal corresponde a 18 meses, equivalentes a tres semestres académicos.

Agrega que, conforme al Reglamento del Alumno de Postgrados vigente a su ingreso, el alumnado de magíster debe completar su proceso de graduación en un máximo de ocho semestres contados desde su ingreso al respectivo programa, quedando eliminado en caso contrario. Precisa que, en aplicación de dicha normativa y conforme al registro académico institucional, el plazo máximo reglamentario de la recurrente se extiende hasta el año 2025, configurándose con posterioridad la causal reglamentaria de eliminación.

Añade que durante el año 2025 la Universidad informa expresamente a la recurrente el inminente vencimiento de su plazo máximo reglamentario, requiriéndole regularizar a la brevedad las obligaciones académicas pendientes vinculadas a su proceso de graduación.

Indica que la recurrente aprueba formalmente la asignatura Trabajo Final de Grado con fecha 25 de julio de 2025, quedando académicamente habilitada para avanzar a la etapa de defensa, actividad que se programa para el 13 de octubre de 2025. Explica que con esa misma fecha la recurrente comunica a la coordinación académica su imposibilidad de asistir debido a una enfermedad profesional, circunstancia respaldada con la documentación médica correspondiente, justificación que es debidamente considerada por la coordinación académica, pero que no suspende ni prorroga por sí sola el plazo máximo reglamentario para completar el proceso de graduación.

Concluye señalando que, cumplido dicho plazo, la autoridad académica institucional resuelve la eliminación de todos los estudiantes que no cumplen con el citado requisito, conforme al artículo 44 del Reglamento del Alumno de Postgrados, decisión que se comunica a la recurrente con fecha 30 de enero de 2026.

En cuanto al derecho, afirma que la Universidad, en ejercicio de las facultades que le reconoce el ordenamiento jurídico vigente y su normativa interna, ha reglamentado sus procesos académicos y administrativos, en particular los deberes, obligaciones, requisitos de egreso y proceso de graduación de sus estudiantes de postgrado, mediante el Reglamento del Alumno de Postgrados, actual Reglamento de los/as Estudiantes de Programas de Magíster y Doctorado, marco normativo aplicable a la situación de la recurrente e incorporado, además, a las obligaciones asumidas en el contrato de prestación de servicios educacionales.

Precisa que el artículo 44 de dicho reglamento dispone que el alumno adquiere la calidad de egresado una vez aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios y cumplidas sus obligaciones académicas, administrativas y financieras, y que debe completar su proceso de graduación en un máximo de ocho semestres desde que ingresó al programa, quedando eliminado en caso contrario. Agrega que el artículo 46 establece que, tratándose de programas de magíster profesional, la actividad de graduación consiste en un trabajo final, entre otras modalidades, que permita al alumno demostrar individualmente que ha adquirido los conocimientos, habilidades y aptitudes propias de este nivel.

Sostiene, en seguida, que las garantías constitucionales invocadas no resultan afectadas en la especie. Respecto del artículo 19 N° 2, expresa que no se vulnera la igualdad ante la ley, desde que la normativa aplicada es general y rige para todos los estudiantes de programas de magíster, sin que aparezca un trato diverso o discriminatorio, correspondiendo la causal de eliminación al vencimiento del plazo máximo reglamentario.

En cuanto al artículo 19 N° 3, alega que tampoco se transgrede dicha garantía, toda vez que la eliminación del programa no aparece configurada como una sanción disciplinaria, sino como la consecuencia reglamentaria del incumplimiento del plazo máximo de graduación, constando comunicaciones previas relativas a su vencimiento, que la solicitud es elevada a la Vicerrectoría Académica para análisis y que la decisión final es adoptada por dicha autoridad y comunicada el 30 de enero de 2026.

Respecto del artículo 19 N° 24, señala que el proceso de graduación se encuentra sujeto al cumplimiento íntegro de los requisitos, condiciones y plazos establecidos en la normativa institucional vigente, entre ellos el límite máximo de ocho semestres desde el ingreso. Añade que la causal de eliminación es puramente académica y reglamentaria, sin intervención de factores económicos, dejando expresamente establecido que la alumna no registra deudas financieras con la institución.

Concluye que no existe un derecho a cautelar, atendido el plazo extraordinario otorgado y la completa observancia de la normativa institucional, la que no puede por sí misma constituir un acto arbitrario o ilegal, sino que constituye expresión del ejercicio regular de sus potestades académicas y administrativas, de modo que las alegaciones del recurso pretenden controvertir, por la vía cautelar del artículo 20 de la Constitución Política de la República, la aplicación de una regulación académica expresa y vigente.

Tercero: Que, con posterioridad al informe, la recurrente solicita que se oficie a la Superintendencia de Educación Superior, a objeto de que fiscalice el reglamento interno de la recurrida, lo que es rechazado por esta Corte.

Asimismo, hace presente que la fecha fijada para la defensa no obedece a una determinación excepcional de la recurrida, como esta sostiene en la resolución de la Vicerrectoría Académica de 9 de marzo de 2026, sino que es acordada por las partes vía correo electrónico, a propuesta de su letrado.

En estrados, la parte recurrente hace presente que, finalmente, la protegida pudo efectuar la defensa de su Trabajo Final de Grado, siendo aprobada, haciendo presente las distintas gestiones realizadas por su parte directamente con la recurrida a efectos de obtener la autorización para la defensa de su tesina, insistiendo en que se acoja el recurso a efectos que se condene en costas a la recurrida.

Cuarto: Que resulta pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto ilegal o arbitrario que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

La afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Quinto: Que, el acto que se impugna consiste en la negativa de la Universidad Bernardo O'Higgins de otorgar a la recurrente una nueva fecha para rendir la defensa de su Trabajo Final de Grado, comunicada por correo electrónico de 30 de enero de 2026 y la consecuente eliminación de aquélla del programa de Magíster en Salud Pública con especialización en Gestión de APS, actuación que se estima vulnera las garantías de los numerales 1°, 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, de acuerdo con los antecedentes de autos, es posible colegir lo siguiente:

1.- Que la recurrente, doña nombre reservado, ingresó al programa de Magíster en Salud Pública con especialización en Gestión de APS, en modalidad no presencial el 11 de agosto de 2021, 2.- Que el proceso de grado de la recurrente se inició en el mes de diciembre de 2024, registrándose en la asignatura de Trabajo Final de Grado, cohorte 2023-2, que finaliza el 25 de julio de 2025.

3.- Que, cumplidas las exigencias académicas, la defensa del grado ante la comisión evaluadora fue programada para el lunes 13 de octubre de 2025, fecha en la cual la recurrente se excusó debido a problemas de salud, dando cuenta de la emisión de una licencia médica inicial, a lo que la Coordinadora Académica respondió que se reprogramaría.

4.- Que en el mes de noviembre de 2025 la recurrente, encontrándose aun con licencia médica, manifestó su preocupación a la Coordinadora Académica por su situación, y se le respondió que se solicitaría la documentación para no ser eliminada del Programa.

5.- El 18 de noviembre de 2025 la Coordinara Académica requiere antecedentes médicos con la fecha de inicio de reposo y que se mantiene con licencia médica para solicitar la prórroga del periodo y defender el trabajo a su reintegro.

La recurrente preguntó expresamente si podía programarse para el 25 de noviembre.

6.- El 24 de noviembre de 2025, la Coordinadora Académica señala estar efectuando las gestiones para la extensión del periodo para graduación, sin tener confirmación. También refiere que no la citó a defender su tesina, porque se debe hacer con una semana de anticipación, se habían agendado otras defensas y debía gestionarse la comisión, requiriendo la proposición de 2 o 3 fechas para coordinar la comisión.

7.- El 26 de noviembre de 2025, la recurrente propone la segunda semana de diciembre para la defensa del grado y la Coordinadora Académica responde que se elevó solicitud a Vicerrectoría académica para que se otorgue una prórroga en el periodo máximo de graduación, encontrándose a la espera de una resolución positiva, luego de lo cual estará en condiciones de otorgar la fecha de defensa.

8.- El 9 de diciembre de 2025, la recurrente consulta a la Coordinadora Académica por la resolución de la solicitud de prórroga y se le informa que no se ha obtenido respuesta, ante lo cual insiste el 11, 16 y 27 de diciembre y el 15 y 26 de enero de 2026, recibiendo la misma respuesta y en la última se agrega que el 30 de enero comenzará el período de vacaciones y la universidad entra en receso.

9.- El 30 de enero de 2026, a las 16:36 la Coordinadora Académica informa a la recurrente el rechazo de la solicitud de plazo de Vicerrectoría Académica, por haber excedido el plazo máximo reglamentario para completar el proceso de graduación del programa, por cuanto la normativa institucional de Postgrado fija un máximo de ocho (8) semestres para completar la graduación y al superarse dicho límite, no corresponde autorizar extensiones adicionales, ya que ello excede las atribuciones establecidas por el reglamento y por las autoridades académicas competentes.

Séptimo: Que, si bien la negativa de la solicitud de mayor plazo se sustenta en el artículo 44 del Reglamento del Alumno de Postgrados, que dispone que el alumno de magíster debe completar su proceso de graduación en un máximo de ocho semestres contados desde su ingreso, no se puede prescindir de lo dispuesto en el artículo final de dicho cuerpo legal, señala que la situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el nombre reservado, en coordinación con el Vicerrector de Vinculación con el Medio e Investigación, para lo particular de los doctorados, quien determinará los procedimientos e instrucciones para su cumplimiento, sin que en dicho cuerpo legal se contemple expresamente la situación de encontrarse el alumno impedido de defender su grado, como sucede en la especie.

En efecto, la recurrente, a la fecha en que fue programada la defensa de su grado, se encontraba con licencia médica, por habérsele diagnosticado una enfermedad profesional, lo que oportunamente informó a la Coordinadora Académica, justificando su inasistencia, fecha desde la cual requirió insistentemente su reprogramación, antes de completarse los 8 semestres contados desde su ingreso, sin que la casa de estudios atendiera oportunamente su petición hasta el mes de diciembre de 2025, no obstante que el artículo 39 del citado reglamento, respecto de las evaluaciones y promoción, señala que es obligación del director o coordinador del programa, velar por el cumplimiento de los controles académicos y por su oportuna evaluación.

Octavo: Que, de este modo, la decisión adoptada, resulta contraria a las disposiciones reglamentarias citadas y, por tanto, arbitraria al no abordar las circunstancias de haberse encontrado la recurrente con licencia médica ni haber solicitado la fijación de una nueva fecha dentro del plazo reglamentario, infringiendo con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley en relación con los alumnos del mismo programa. Sin perjuicio de lo anterior, mediante resolución de Vicerrectoría Académica de 9 de marzo de 2026, se autorizó, con carácter excepcional y por única vez, la realización del examen de defensa del trabajo final de grado de la recurrente para el día 20 de marzo de 2026 y que, de acuerdo con lo expuesto en estrados, fue finalmente aprobado, por lo que la acción intentada ha perdido oportunidad.

No obstante lo anterior, no es posible obviar que tal resultado favorable a la recurrente para autorizarla a rendir la defensa del grado, sólo se obtuvo una vez iniciada la presente vía judicial y durante la tramitación de la causa, para lo cual debió acudir a asistencia profesional, quien además realizó gestiones directas ante la Universidad, en defensa de sus intereses, habiéndose acordado la nueva fecha a propuesta de su letrado, subsistiendo el recurso el recurso para efectos de obtener la condena en costas, según expresó al efectuar su alegato.

Noveno: Que de acuerdo con el numeral 11° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, la condena en costas en este procedimiento cautelar no queda determinada por circunstancias preestablecidas, como que prosperen o no las pretensiones intentadas, sino que se da la facultad de imponerlas a los magistrados que han de resolver, conforme a las características del caso y habiéndose constatado la concurrencia de un acto contrario a la reglamentación universitaria y arbitrario, que conculca la garantía de igualdad ante ley, que igualmente obligó a la parte interesada a accionar por esta vía, aunque ya superado por la casa de estudios, se estima acertado condenar en costas a la parte recurrida, por lo que así se declarará.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales:

I.- Se rechaza, por haber perdido oportunidad, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Universidad Bernardo O'Higgins deducido en estos antecedentes.

II.- Se condena en costas a la recurrida por lo expresado en los motivos octavo y noveno.

Regístrese, notifíquese y archívese.

No firma la abogada integrante señora Ximena Insunza Corvalán, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

N° Protección-7733-2026.