nombre reservado con SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Santiago, tres de agosto de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de doña nombre reservado, administradora pública, deduciendo acción de protección por vulneración de garantías fundamentales, en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, representada legalmente por su Subsecretaria doña Valeska Naranjo Dawson, o quien la subrogue legalmente en el cargo, por haber dictado el Decreto Exento N°411/300/2022, de 28 de marzo de 2022, notificado a la actora, el 30 del mismo mes y año, mediante el cual, se pone término anticipado al contrato a honorarios de la recurrente.

Fundamentando el recurso, exponen, que en el año 2011, la actora comenzó a prestar servicios, en la modalidad a honorarios, en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, como experta en Programas de Mujeres y Redes Organizacionales, posteriormente, en el año 2012, comienza su carrera profesional, en la Subsecretaria General de Gobierno, teniendo un óptimo desempeño, como se demuestra, a través de las evaluaciones realizadas, lo que se tradujo en constantes renovaciones anuales de su contrato, hasta la fecha, trabajando, desde su inicio como profesional de apoyo, de la División de Organizaciones Sociales, desde el año 2014. Agrega, que fue Relatora de Capacitaciones del Área de Diversidad y No Discriminación, de la misma División, que encabezó el liderazgo de distintos equipos –todos dentro de la referida Subsecretaria – desempeñándose constantemente en las oficinas de la recurrida, con dedicación y esmero, lo que ha redundado en su progresión laboral, económica e intelectual, formando así una notable “carrera funcionaria”

Agrega, que en el año 2018, ejerció, el liderazgo del Departamento de Formación y Participación Ciudadana, tomando a su cargo distintos proyectos constantes y necesarios para el funcionamiento del servicio, contando con un superior, cumpliendo metas, asistiendo regularmente a trabajo presencial, y constituyendo una verdadera relación de subordinación y dependencia.

Precisa, que sus funciones dentro de las dependencias de la recurrida, se encuentran establecidas en el contrato a honorarios, las que han sido similares y constantes durante el tiempo, siendo su desempeño evaluado en numerosas oportunidades tanto por sus jefes directos y superiores, materializándose, en su inclusión dentro del listado de funcionarios con mejor desempeño dentro del servicio, funciones que se han desarrollado durante 10 contratos continuos, ejecutando labores propias de la Subsecretaría General de Gobierno, lo que se contrapone al concepto de transitoriedad, sin perjuicio, de tener presente, el carácter versátil de la actora, que le permite asumir funciones en distintas esferas.

Sostiene, que desde que asumió el nuevo Gobierno, la actora, fue víctima de una serie de actos vulneratorios, en lo que concierne a su calidad de trabajadora, existiendo un verdadero bloqueo de labores, no recibiendo instrucciones, citaciones a reuniones o comunicaciones por parte de las nuevas autoridades, no obstante, lo cual, continuó con sus funciones normales, en razón de la continuidad del servicio.

Indica, que el 30 de marzo de 2022, fue notificada del Decreto Exento N°411/300/2022 de la Subsecretaria General de Gobierno, de fecha 28 de marzo de 2022, mediante, el cual, se dispone el término de su contrato de honorarios, correspondiente al presente año, de manera anticipada, -luego de 11 años de impecable carrera funcionaria-, periodo que va desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, pasando acto seguido a bloquear sus claves de acceso, para acceder al portal institucional.

Refiere, que los argumentos expuestos en la Resolución son absolutamente vagos e imprecisos, razonando sobre la base de una “reorganización de la unidad”, creando un nuevo departamento denominado “oficina de atención ciudadana”, pese a que la actora se encontraba prestando servicios para una unidad cuyas funciones son idénticas.

Afirma, que el acto recurrido ha causado a la actora un grave perjuicio, afectando su integridad psíquica y la legitima confianza de que al menos estaría en posesión del cargo, con todos los beneficios económicos y laborales que ello conlleva, hasta el 31 de diciembre del presente año, constituyendo al día de hoy una verdadera situación de desamparo.

En cuanto a la naturaleza del vínculo, teniendo presente que el acto impugnado es el Decreto Exento N°411/300/2022 de la Subsecretaria General de Gobierno que pone término anticipado al contrato de honorarios, transcribe el artículo 11 de la Ley N° 18.834, conforme a lo cual, concluye, que las labores de la actora no son propias de un contrato de honorarios, de acuerdo a las funciones encomendadas, al tiempo de duración total de su relación que alcanza los 11 años y, el contexto de trabajo, todo lo que le permite razonar que, el vínculo laboral posee la entidad de una carrera funcionaria o al menos de una contrata –regida por el artículo 10 de la misma disposición legal–, teniendo derecho a la aplicación del principio de confianza legítima, y a los demás propios del derecho administrativo.

Asevera, que la actora debe durar, a lo menos, en sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme lo detalla el artículo antes referido, y además, ante su sujeción a las reglas del derecho común.

Respecto al término anticipado del contrato a honorarios, arguye, que la decisión de la autoridad es absolutamente ilegal, y atenta contra lo dispuesto en el Estatuto Administrativo. Además, sostiene, que el vínculo es asimilable a contrata, rigiendo a su respecto la jurisprudencia y legislación aplicable a la misma, y prueba de ello, sería el dictamen N°173171 de 2022, del cual se puede concluir, que atendido que la actora posee más de 11 años en el servicio, prestando funciones bajo una verdadera carrera funcionaria, contando con un jefe directo, cumpliendo directrices y asistiendo regularmente a su oficina ubicadas en dependencias del recurrente, no habría lugar para dudar que su vínculo es absolutamente asimilable al de una contrata, siendo, por consiguiente, aplicables los principios de aquellas, entre estos, la obligación de motivar el acto y la confianza legítima; que sus labores no son transitorias, perdurando en el tiempo; y finalmente, que no es posible poder poner término anticipado a su contrato de honorarios.

Sostiene, que el acto recurrido carece de motivación, y que el deber de fundamentación o motivación del acto administrativo es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575, y en la Ley N°19.880, en sus artículos 11 y 41 inciso 4°, el que consiste en una exposición, clara, precisa y certera, de los motivos, razones legales y fácticas, que tuvo en vista el órgano para la emisión del acto administrativo, como es en este caso, el Decreto Exento N°411/300/2022 de la Subsecretaria General de Gobierno. Afirma, que no es factible plantear una argumentación derivada de la frase “mientras no sean necesarios sus servicios”, puesto que, a través, de la tabla de funciones, estos sin son necesarios y fundamentales, para el funcionamiento del servicio, lo que comprueba aún más el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa, de la exigencia de una adecuada motivación de todo acto administrativo que afecte derechos de terceros, según lo establece el artículo 11 inciso 2° de la comentada Ley N° 19.880, norma obligatoria, para el caso en que un acto administrativo disponga el cese de un empleo a honorarios.

Afirma, que el acto recurrido es vago e impreciso, pues no acredita los argumentos de hecho y derecho en que se funda, más allá́ de una mera retórica sin prueba, encontrándose frente a un error en los motivos de hecho y la falta de antecedentes de derecho que los respalden, lo que ha convertido al acto administrativo que pone termino al contrato de la protegida, en un acto ilegal y arbitrario, que no encuentra en sí mismo proporcionalidad, ni racionalidad, lo que determina su ilegalidad y arbitrariedad.

En cuanto a la confianza legítima, indica, que al respecto, se han dictado por parte del ente contralor, los Dictámenes No 22.766 de 2016, N° 85.700 de 2016, y N° 6.400 de 2018, y que tal principio busca preservar la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, con el propósito de que la autoridad tome decisiones, que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes. En este sentido, lo que se busca es que el Estado, como ente administrativo empleador, sea coherente con sus propios actos.

Destaca, que el Dictamen N° 6.400 de 2018, establece, que el criterio en cuestión, debe aplicarse a los funcionarios que han sido designados en empleos a contrata y otras figuras de designación semejantes.

En el mismo orden de ideas, refiere, que la jurisprudencia desarrollada por los Tribunales de Justicia, ha considerado que el funcionario a contrata, que ha sido objeto de sucesivas e ininterrumpidas renovaciones de un empleo, que originalmente es dispuesto a plazo fijo, generan en el interesado, la expectativa real, plausible y certera, de que su empleo seguirá siendo prorrogado en el tiempo, asemejándose, de este modo, más a un trabajo en calidad jurídica indefinida, siendo dudoso que la autoridad administrativa, pueda prescindir de los servicios del funcionario en base a la calificación de que sus labores son meramente transitorias.

Añade, que en dicho contexto, el principio de la confianza legítima ampara a la actora, toda vez, que ha sido objeto de diez renovaciones anuales, sucesivas, continuas e ininterrumpidas, desde el año 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2022.

Hace presente, que conforme a la normativa y jurisprudencia citada, la actora se ha visto afectada por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, dejándola en la más completa indefensión y desamparo, ante la irregularidad cometida por la Subsecretaría General de Gobierno, tras una desvinculación que se produjo en forma contraria a derecho.

En cuanto a las garantías fundamentales infringidas, alega como vulneradas, las contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, sosteniendo, que se ha quebrantado la integridad psíquica de la actora, y que las situaciones de persecución que pretenden dejar a la recurrente sin el cargo, -cuya propiedad le pertenece al menos hasta el 31 de diciembre de 2022-, le han causado afectación en el plano económico, psicológico y profesional, inhibiéndola de ejercer el puesto para el que se preparó durante su excelente carrera funcionaria.

Aduce, que la estabilidad psicológica y psíquica de la actora, desde la fecha de la ya mencionada reunión, se ha visto gravemente afectada, dado que no tiene mayor conocimiento de su futuro, pese a poseer una contratación legalmente efectuada hasta fines de este año.

Respecto, a la garantía de igualdad ante la ley, esgrime, que ha sido transgredida, ya que, la decisión de la autoridad se debe en gran parte a la calidad de militante de la actora del partido político Renovación Nacional y el cargo de Consejera Regional -obtenido por la militancia en el mismo partido-, siendo ésta, la única potencial razón para desvincularla con la entrada del nuevo gobierno.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, indica, que en el caso y pese a que existe un plazo restante de ejercicio del cargo, la recurrida, vulnera su propiedad sobre éste, al poner fin anticipado al contrato de honorarios.

Previas citas legales, solicita, se acoja el recurso, adoptando las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, en particular, ordenándose a la recurrida dejar sin efecto el Decreto Exento N°411/300/2022 de la Subsecretaria General de Gobierno y toda aquella medida, destinada a poner término anticipado al contrato de honorarios de la recurrente, con costas.

Segundo: Que comparece doña Valeska Naranjo Dawson, Subsecretaria General de Gobierno, del Ministerio Secretaría General de Gobierno evacuando el informe requerido, solicitando su rechazo, con costas.

Indica, que la actora ingresó a ese servicio el 2 de enero de 2012, suscribiendo un contrato de honorarios a suma alzada, para desempeñarse como “Profesional de Apoyo de la División de Organizaciones Sociales”, el cual, fue renovado hasta 2018, con solo modificaciones, en lo referente al aspecto pecuniario, asumiendo nuevas funciones, a partir del 1° de mayo de 2018, en calidad de contrata grado 6° de la Escala Única de Sueldos, como Directora de la Unidad Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, dependiente directamente de la Subsecretaría General de Gobierno, para, posteriormente, el 1° de septiembre de 2018, asumir en calidad de Jefa de Departamento, grado 4° E.U.S., de la Planta de Directivos.

Sostiene, que tras estos cambios, la actora, suscribe una carta de renuncia, el 31 de diciembre de 2018, para, acto seguido, firmar un convenio de honorarios, el 2 de enero de 2019, con un honorario bruto mensual de $ 3.690.000, constituyéndose, hasta el día de hoy, en uno de los honorarios más altos de ese Ministerio, en el cual, aún se hacía alusión a su desempeño dentro de la División de Organizaciones Sociales, pero, el 31 de enero de 2019, se corrigió dicha situación, estableciéndose, expresamente, en la cláusula tercera de dicho convenio, que la recurrente se desempeñaría en el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, del que era Directora, como consta en los propios correos electrónicos remitidos a su nombre y en el organigrama disponible en el Portal de Transparencia del Ministerio, al mes de marzo 2022.

Finalmente, el 9 de marzo de 2020, y tras percepciones negativas de su gestión en el Observatorio, fue trasladada, en calidad de Agente Público, a la Unidad de Sistema Integral de Atención Ciudadana o SIAC, en el cual ejerció, como Encargada Ministerial, siendo falso que figuraba entre los funcionarios, atendida su calidad a honorarios.

En cuanto a la no renovación de la actora, el 28 de marzo pasado, se dictó el Decreto Exento N° 411/300/2022, que resolvió el término anticipado del convenio a honorarios, acto administrativo, que no es arbitrario ni ilegal, puesto que, se reconoce su desempeño durante 10 años en ese Ministerio, y que al momento de la notificación del acto administrativo impugnado, desarrollaba labores en el SIAC, no obstante lo cual, no se aprecia, como ese reconocimiento afecta de manera esencial sus derechos fundamentales, ni cómo se relaciona aquello con la presente causa.

Advierte, que la actora ha sido del todo imprecisa, al no abordar, en momento alguno, sus funciones en el Ministerio, lo que deriva en una argumentación jurídica bastante parcial y conveniente de parte de la actora de la causa.

En relación a los requisitos de procedencia del recurso, sostiene, que no se configurarían, por cuanto, la recurrida, no ha llevado a cabo ninguna acción u omisión ilegal o arbitrari, que produzca afectación de derechos fundamentales.

Alega, la improcedencia del recurso de protección, al ser evidente que lo que motiva el recurso de protección no es una situación de hecho que haya infringido sus garantías, sino, controversias de derecho en torno al sentido y alcance que debe dársele a las normas de rango legal que regulan la materia, en especial, lo relativo al artículo 3° de la Ley N° 19.880 y el artículo 13 del D. F. L. N° 29, de 2004, que fija el texto de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, lo que estima, resulta confirmado por la jurisprudencia que cita.

Reitera, que no existe una conducta ilegal o arbitraria, en la dictación por parte de la autoridad ministerial el Decreto Exento N° 411/300/2022, de 2022, que dispone el término anticipado del convenio con la actora, al no reunir las características de ello, siendo el juicio constitucional de protección, un mecanismo especialísimo y excepcional, el que debe fundarse en una infracción o amenaza evidente y cierta de derechos constitucionalmente protegidos, que nace de hechos concretos y precisos, manifiestamente ilegales o arbitrarios, tal como se ha fallado en sentencias que cita, y que, su función es “proteger el status quo vigente, evitando así que actos u omisiones ilegales o arbitrarias coarten determinados derechos (…)”.

Conforme a lo expuesto, observa, que lo que motiva este recurso no es una situación de hecho que haya infringido sus garantías, sino, controversias de derecho en torno al sentido y alcance que debe dársele a las normas de rango legal que regulan la materia, en especial lo relativo al artículo 3° de la Ley N° 19.880 y el artículo 13 del D.F.L. N°29, de 2004, que fija el texto de la Ley N° 18.834.

En cuanto a las alegaciones de la actora, parte precisando, que el vínculo que unía a la actora con ese servicio, lo era mediante un contrato a honorarios a suma alzada, lo que implica, que el régimen jurídico aplicable a la especie, en virtud del artículo 11° del Estatuto Administrativo, es el cuerpo normativo del Derecho Civil, siendo éste supletorio, respecto, de todo aquello no expresamente señalado, al tenor de lo regulado en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV del Código Civil, sobre arriendo de servicios inmateriales. Por lo anterior, los argumentos esgrimidos por la actora, resultan jurídicamente artificiosos, al pasar por alto el real historial de la denunciante en este Ministerio, y al obviar que el vínculo jurídico de la misma, no precisa de los requisitos ahí vertidos.

Sostiene, que no puede hablarse de una ilegalidad en el acto, siendo facultad del servicio poner término a los convenios a honorarios, lo que, como en este caso, se procedió a efectuar mediante un acto administrativo, bajo la forma de Decreto Exento, en el que se trató, de manera acuciosa, los motivos por los cuales se daba por terminado anticipadamente, el convenio a honorarios, de la ex servidora, por lo que, al hablar de ilegalidad del acto, se incurre en falta a los requisitos realmente exigidos por la Contraloría General de la República, asociando erróneamente una servidora a honorarios, con un funcionario a contrata, en conformidad a lo establecido en el Dictamen N° 6.400, de 2018, y en el Dictamen N° E173171, de 2022.

Advierte, que uno de los aspectos más relevantes del nuevo dictamen, y que no fue señalado por la actora en su presentación, a pesar de mencionar la misma regulación, es el caso que la actora, contaba con la posición de Encargada Ministerial del SIAC, ex Directora del Observatorio, persona de confianza de la antigua administración y poseedora de uno de los honorarios más altos del servicio, enmarcándose en la letra c) del Dictamen N°E17271, antes señalado, siendo en consecuencia, legal su posición como servidora a honorarios, no contando con las características de un funcionario a contrata, lo que, de entenderlo así, supondría un grave perjuicio a la probidad administrativa, ya que, para alcanzar un sueldo semejante, pasaría a ser de la Planta de Directivos, en un puesto de confianza, y no podría alegar confianza legítima.

Afirma, que el Ministerio Secretaría General de Gobierno, ha cumplido a cabalidad con el Dictamen N° 85.700, de 2016, y con la jurisprudencia administrativa citada por la recurrente, pues, se detallaron las condiciones que deben cumplirse para el término anticipado del convenio a un nivel incluso más profuso que para los cargos a contrata, a pesar de no ser exigido por la ley, por lo que, analizada la concordancia del procedimiento seguido por este entidad y el estándar exigido por la Contraloría, se aprecia, que se observaron todas las exigencias a fin de no vulnerar los derechos de la servidora y los principios de eficiencia y eficacia en la administración del Estado, y buen manejo de los recursos públicos.

Asimismo, esgrime, que no existe un acto arbitrario, toda vez que los fundamentos de la decisión contenida en el acto administrativo impugnado por la recurrente, se sostienen en normas legales precisas, que son aplicables a la actora, no pudiendo calificarse de arbitraria la decisión de la autoridad, la que ha sido adoptada al amparo de normas constitucionales y legales que rigen al ente contralor y a la actividad del mismo.

Destaca, que la actora, no contando con un cargo proveído por concurso público, no es de la planta ministerial, y que ha tenido una posición privilegiada, en cuanto jefaturas y contraprestaciones pecuniarias, por lo que, mal puede ampararse en normas que claramente no regulan situaciones como la suya, existiendo una clara mala fe en su argumentación, al tratar de asimilar situaciones que no se corresponden.

En esta línea, la argumentación, del Decreto Exento N° 411/300/2022 impugnado, detalla los cambios que trae aparejado consigo la Resolución Exenta N° 272/274, de 23 de marzo de 2022, que elimina el SIAC, la unidad de la cual la recurrente era jefa, no siendo atendible la circunstancia de no ser éste un hecho específico que incida directamente en las labores de ésta, quien, poseía un cargo de confianza, al ser una jefatura dependiente directamente de la Subsecretaría General de Gobierno, y al alto honorario percibido en comparación al resto de la dotación del servicio, como puede vislumbrarse pasando rápida revista del Portal de Transparencia del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Por lo anterior, concluye, que constatándose un hecho específico que viene en afectar el desarrollo de labores de la servidora, es evidente la incompatibilidad en la mantención de la actora, quien no cuenta con la plaza, ni con la confianza, ni con un honorario posible de mantener por la actual administración, siendo del todo justificado el acto que pone término a su convenio, del cual, de su simple lectura, basta para comprender las razones, y justificar la proporcionalidad de la decisión, cumpliendo a cabalidad, con lo dispuesto en el Dictamen N° 6.400 ya referenciado, el cual, no aplica a la materia, pero igualmente, en pos de la transparencia, el servicio ha optado por aplicar, para una servidora a honorarios.

Respecto de la confianza legítima, citando jurisprudencia administrativa, sostiene, que se dio cumplimiento efectivo y real a dicho principio, guardándose estricta observancia a todas las condiciones establecidas por los dictámenes de la Contraloría, en orden a que, el término anticipado, se dispuso a través de un acto administrativo, en específico, el Decreto Exento, ya latamente referido, el que se encuentra debidamente motivado, toda vez, que en efecto, existió una reestructuración ministerial, que suprimió y fusionó unidades y departamentos, redistribuyendo las labores de cada uno, modificando las competencias requeridas para el ejercicio de ciertos cargos, y derechamente requiriendo menos personal, por fusionarse tareas de poca complejidad, que antes se encontraban dispersas en varios funcionarios. En atención a lo anterior, la reestructuración, es considerada como motivación suficiente para no renovar una contrata, a la luz de la jurisprudencia administrativa citada en reiteradas oportunidades.

Reitera, que el acto administrativo recurrido, cumple con todos los elementos requeridos, a pesar, de que la actora no es funcionaria a contrata, sin perjuicio de aquello, por razones de transparencia, se ha optado por emitir un acto, que cumpla con todas las formalidades, a fin de expresarle, claramente, las razones por las cuales no seguirá prestando labores al servicio, del cual era una servidora de confianza, en calidad de agente público, por lo que, ninguno de estos requisitos es necesario, bastando la sola disposición de la autoridad.

Concluye, que con lo anteriormente relatado, resulta evidente que la decisión de la autoridad tiene fundamentos bien precisos, que se esbozan en el propio acto administrativo que pretende invalidar la recurrente, pues los elementos invocados constituyen suficiente motivación, como así lo ha señalado repetidamente la entidad contralora, en el uso de sus facultades dictaminadoras.

En cuanto a las garantías conculcadas, sostiene, que no se infringe el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, habida cuenta que la posición ocupada por la actora, quien voluntariamente renunció a su vínculo a contrata en 2018, para volver al régimen a honorarios, no la dejó atada a la Escala Única de Sueldos, lo que aumentó considerablemente su contraprestación pecuniaria, por lo que los actos de recurrente, dan cuenta de una inconsistencia en cuanto al relato del abuso por parte de la administración de no permitirle gestar su carrera, al renunciar para volver al sistema a honorarios, con un mayor salario, manteniéndose en posiciones de distintas jefaturas, en calidad de agente público, bajo un régimen de exclusiva confianza, por lo cual, la idea de la confianza legítima se desvanece, y, al no contar con dicha expectativa, mal puede hablarse de una vulneración a la integridad de la persona, ya que, ella podía prever lo que pasaría, con una posición de confianza al ingresan nuevas autoridades, y además, que tras una importante reorganización realizada en el Ministerio, con ocasión de utilizar mejor los recursos humanos disponibles, se opte por eliminar una serie de unidades, fusionando otras y optimizando labores.

Argumenta, que no se infringe la igualdad ante la ley, teniendo presente la trayectoria de la actora, y que no se le ha dado ningún tratamiento diferenciado, por la actual administración, que no estuviera fundado en un actuar legítimo y razonable reconocido en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, pues, la autoridad posee discrecionalidad para buscar el mejor funcionamiento del organismo que dirige, por lo que, puede adoptar las medidas que estime adecuadas, siempre, que sean razonables, motivadas y fundadas para ello, y que, en el caso concreto, se estimó la reestructuración de las funciones del Ministerio, para dar cumplimiento a dichos objetivos, lo que se hizo con estricto apego a la ley, a las Constitución y las garantías fundamentales, tal y como lo ha expuesto con anterioridad.

Asevera, que no se infringe el derecho de propiedad, ya que, en relación a esta garantía, el Tribunal Constitucional ha sentenciado, claramente, que el derecho a la función pública no constituye un derecho de propiedad, de lo que se desprende que el funcionario público tiene derecho a la continuidad en la función, mientras no se verifique una causal de cesación en el cargo. Explica, que el personal del Ministerio ejercen sus funciones mientras se encuentren nombrados para tal efecto, y se mantienen en sus cargos, mientras cuenten con dicho nombramiento. Por lo tanto, y dado este régimen estatutario especial y de orden público, el personal, sólo tiene una mera expectativa de continuidad en el Organismo, considerando, que las meras expectativas no son derechos.

Finaliza, relatando, que siendo un contrato a honorarios, el de la protegida, el derecho de propiedad resulta inatendible, existiendo solo obligaciones correlativas propias de un contrato bilateral, de modo que, al no tener el Ministerio la obligación de extender innecesariamente el vínculo jurídico con la servidora, no se vislumbra fundamento jurídico alguno, para aseverar, que en este contexto la actora tenga alguna propiedad sobre algún aspecto de su contrato, el cual siempre se le respetó, y que, con la profusa argumentación esgrimida y por la cual este servicio fue más allá de lo exigido por ley, para no provocar indefensión en la recurrente, queda de manifiesto que no podía extendérsele más, tratándose de una persona que no es funcionaria de carrera y que, por las razones vertidas en el Decreto Exento N° 411/300/2022, no tiene cabida en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, el que se ha visto en la obligación, al tenor de los principios de eficacia, eficiencia y buen uso de los recursos públicos, de tomar la decisión que se impugna en la presente acción de protección.

Tercero: Que, asimismo, cabe referir, que en la vista de la causa, el apoderado de la recurrida, dio cuenta, sin objeción en contrario, que la señora nombre reservado, interpuso acción de tutela de derechos fundamentales, fundamentada en los hechos que motivan el presente arbitrio, la que lleva el ingreso T-619-2022, con audiencia preparatoria fijada para el 26 de junio de 2022.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que el acto que se denuncia como vulneratorio de las garantías constitucionales reconocidas en los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, es el Decreto Exento N° 411/300/2022, de 28 de marzo de 2022, dictado por la Subsecretaría General de Gobierno, por haber puesto término anticipado al contrato de honorarios de la protegida, omitiendo las razones de su desvinculación anticipada, infringiendo el principio de confianza legítima.

Sexto: Que de los antecedentes de autos, así como de los dichos vertidos en estrados, por los apoderados de las partes, consta, del libelo de autos, que la señora nombre reservado, se desempeñó durante diez años, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a partir del año 2012, en calidad jurídica de honorarios, renovándose los contratos anualmente, durante dicho lapso de tiempo, atendida la buena evaluación de su desempeño, y su capacidad de asumir funciones en diversas esferas, hasta el 30 de marzo de 2022, fecha en la que se le notificó el Decreto Exento N° 411/300/2022, de 28 de marzo de 2022, por el que se dispone el término del contrato a honorarios, de manera anticipada, por cuanto, el período del mismo se extendía hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por su lado, el recurrido, ratifica lo anterior, y precisa que la señora nombre reservado, comenzó a prestar sus servicios a honorarios, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, desde el 2 de enero de 2012, como Profesional de Apoyo de la División de Organizaciones Sociales, vínculo que fue renovado hasta el año 2018, asumiendo nuevas funciones, el 1° de mayo de 2018, en calidad de contrata grado 6° de la Escala Única de Sueldos (E.U.S.), como Directora de la Unidad Observatorio de Participación Subsecretaría General de Gobierno, para posteriormente, el 1° de septiembre de 2018, asumir en calidad de Jefa de Departamento, grado 4° E.U.S., de la Planta de Directivos; cambios, tras lo cuales, la protegida, suscribe una carta de renuncia, el 31 de diciembre de 2018, para acto seguido, firmar un nuevo convenio de honorarios, el 2 de enero de 2019, en el que todavía se aludía a su desempeño dentro de la División de Organizaciones Sociales, lo que fue corregido, el 31 de enero de 2019, estableciéndose, expresamente, que ejercería sus funciones en el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, del cual era Directora, como consta del organigrama del Ministerio. Finalmente, el 9 de marzo de 2020, fue trasladada, en calidad de Agente Público, a la Unidad de Sistema Integral de Atención Ciudadana o SIAC, hasta el 28 de marzo de 2020, cuando se resuelve el término anticipado del convenio a honorarios, a través del Decreto impugnado.

Por otra parte, como ya se dijo, en la vista de la causa, se dio cuenta que ante el Primer Juzgado Laboral, bajo el ingreso T-[cuenta reservada], se ha incoado respecto de los hechos que motivan este arbitrio, una acción de tutela de derechos fundamentales, con fecha fijada para audiencia preparatoria, el día 26 de junio de 2022.

Séptimo: Que consecuente, con lo anterior, resulta que la recurrente de protección ha deducido en contra de la resolución que estima contraria a derecho, precisamente, una de las acciones que contempla la ley para tutelar la vulneración de los derechos fundamentales, por los hechos que fundamentan este arbitrio, de modo que, los mismos, han quedado bajo el imperio del derecho, en sede judicial, a través del procedimiento laboral, que se substancia entre las partes.

En consecuencia, los derechos que la recurrente estima vulnerados, se encuentran al amparo del derecho, en un procedimiento de lato conocimiento, sede ante la cual, se ha de dilucidar la controversia planteada.

Octavo: Que así entonces, resulta apreciable, que el presente conflicto no puede ser resuelto mediante esta acción constitucional, toda vez, que de hacerlo, implicaría el pronunciamiento respecto de una materia que debe ser dirimida a través de la vía competente declarativa, en la que existe una etapa de discusión y prueba, en la que pueden y deben debatirse las posiciones jurídicas opuestas, lo que no corresponde en un procedimiento de naturaleza cautelar, como es, la presente acción constitucional, la que por su naturaleza, constituye una instancia de protección de derechos preexistentes e indubitados, afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, presupuestos que en la especie, no concurren.

Noveno: Que en estas circunstancias, procede desestimar el presente recurso, sin que sea necesario ni pertinente pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas en estos antecedentes.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido en favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Durán Madina.

Ingreso Corte N° 7732 - 2022 Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada por las Ministros señora Inelie Durán Madina y señora María Paula Merino Verdugo.