nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintiséis de julio de dos mil diecinueve Vistos y teniendo presente.

Primero: Que comparece don nombre reservado, chofer, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de presidente del directorio de la sociedad Transportes Esmeralda S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana; en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Señala que es dueño de 4 automóviles que prestaban servicios como colectivos para la sociedad Transportes Esmeralda S.A., por un contrato que lo obligaba a transportar pasajeros desde la comuna de Colina hasta Santiago, servicio licitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, encontrándose sus vehículos en los registros de dicho Ministerio y autorizados para desarrollar dicha actividad comercial.

Agrega que el día 18 de octubre 2018, el recurrido nombre reservado, en su calidad de Presidente del Directorio de la Sociedad Transportes Esmeralda S.A., de motu propio y en un acto ilegal y arbitrario, le comunica verbalmente que a sus cuatro vehículos no se les permitiría seguir trabajando para la empresa con la cual tiene un contrato vigente, sin expresar causa para esta medida.

Con esto se ha provocado que cuatro personas que necesitan trabajar se vean impedidas de prestar sus servicios, lo que ha afectado la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. La suspensión de los servicios constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías de los números 16, 21 y 24 del artículo 29 de la Constitución Política de la República.

Respecto de la afectación a la garantía contemplada en el numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, señala que se ha violado la libertad de trabajo y su protección, dejando a varios trabajadores sin su fuente laboral y ha impedido que puedan elegir libremente donde trabajar ya que se les ha señalado que no pueden realizar los recorridos que fueron licitados.

Respecto del número 21 del artículo 19 de la Constitución, indica que se ha violado la garantía constitucional de desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral y a las buenas costumbres, ya que el acto recurrido no respeta el contrato suscrito con dicha sociedad y ha impedido que los vehículos de su propiedad puedan seguir trabajando, violando de este modo la presente garantía constitucional en atención a que no se ha podido cumplir con la licitación en la que los vehículos fueron inscritos y registrados. A mayor abundamiento, el recurrido de motu propio ha solicitado la cancelación del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros de los cuatro vehículos pertenecientes al recurrente.

Sostiene, además, respecto del numeral 24 del artículo 19 del mismo texto legal, afirma que se ha violado el derecho a la propiedad, por qué los actos del recurrido que se impugnan por este medio impiden que sus vehículos puedan seguir trabajando, violando el derecho de propiedad amparado en este caso por un contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa de la cual el recurrido es el Presidente de su Directorio. El derecho de propiedad también protege a los derechos personales o créditos descritos por el artículo 582 del Código Civil, como ocurre en este caso.

Finalmente solicita ordenar, en un plazo perentorio que se fije en la sentencia, las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho, específicamente, que se deje sin efecto la medida que impide a los vehículos seguir prestando servicios para la sociedad Transportes Esmeralda S.A., ordenando su inmediata reincorporación, y que se oficie a la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dejando sin efecto la cancelación del Registro de Servicios de Transporte de Pasajeros, respecto de los vehículos placa patente única BXWL.67–7, ZG.1167–9, BCRV.54–5 y BPTJ.11–6, de su propiedad.

Segundo: Que, don nombre reservado, evacuando en informe ordenado en autos, lo hace en términos tales como que a partir de junio de 2018 se inició el proceso de operación para el periodo 2018-2024 respecto de los servicios de transporte publico menor de pasajeros en la modalidad de taxis colectivos, según lo dispuesto en el perímetro de exclusión por Resolución N° 2127 de agosto de 2017.

En dicho proceso, la sociedad Transporte Esmeralda S.A. fue inscrita para prestar servicios en la línea 8017 con el Folio 238017. Para prestar el servicio es necesario incluir los vehículos correspondientes a la flota, siendo necesario que exista un título eficaz que habilite la destinación de los vehículos al servicio, lo que se materializa con un contrato de asociación que es puesto a disposición de los distintos transportistas.

Para esto, el Gerente General de la sociedad, estuvo permanentemente a disposición de los transportistas la primera semana de julio de 2018, señalando expresamente que quien no firmase el documento no podría ser incluido en la propuesta. Especialmente, insistió con el recurrente sobre la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa, en especial con el artículo 8 A, literal e) del Decreto N° 212 del Ministerio de Transportes, que exige dicha firma a lo cual el señor nombre reservado se negó sistemáticamente.

Conforme a lo anterior se dio cuenta a la Secretaria Ministerial de aquel hecho al tenor del mencionado texto normativo.

Con fecha 10 de octubre se remitieron por el Gerente al señor nombre reservado, cuatro cartas certificada dando cuenta de la apertura de procesos se procedería a la cancelación de los vehículos P.P.U. BXWL.67, ZG.1167, BCRV.54 y BPTJ.11, como consecuencia de su negativa a firmar el contrato de asociación.

Por lo anterior, con fecha 22 de octubre, tal y como consta en los Certificados SU/ N° 3798, 3799, 3800 Y 3801, el Secretario Regional procedió a cancelar temporalmente a los vehículos antes indicados por no existir constancia de contar con un título eficaz que habilite a dichos vehículos a prestar el servicio adjudicado. Por lo anterior, parte de la Directiva procedió a citar al recurrente para el día 16 de octubre a las 10:00 horas, para reiterar esta información, sin prejuicio que aquella estuvo disponible en el portal www.mtt.cl desde el día 18 de octubre de 2018.

Respecto del hecho vulneratorio, niega que estos hayan ocurrido como sostiene el recurrente, siendo que fue notificado formalmente de la situación en forma oportuna y por escrito en la forma señalada precedentemente Respecto de la suspensión de los servicios, señala que es una facultad entregada a la Secretaria Regional por el articulo 8; inciso tercero del Decreto N° 212 del Ministerio de Transportes, que regula este asunto, pudiendo cancelar de oficio servicios o vehículos del Registro por hechos infracciónales debidamente comprobados o por tener antecedentes que los vehículos carezcan de el título que los habilita a prestar el servicio. Por lo anterior, expresa que todas las actuaciones propias y de la sociedad han dado cumplimiento a la normativa vigente, por lo que malamente podrían ser calificados de ilegales o arbitrarios.

Haciéndose cargo de las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, apunta respecto a la del artículo 19 N° 16 de la Constitución, que aquello no es posible, puesto que a) no existe vínculo laboral, b) no constan ni son oponibles a la recurrida los supuestos vínculos laborales que se alegan, y c) no está determinada ni acreditada la identidad de los supuestos afectados. Frente a la garantía del articulo 19 N° 21, señala que el mismo texto legal apunta a la que se deben respetar las normas legales que regulan la actividad, lo que precisamente afecta el mismo recurrente al no haber dado cumplimento a un requisito exigido. Finalmente, sobre lo señalado frente al artículo 19 N° 24, apunta al hecho que el recurrente alega un contrato que no acompaña y mucho menos constan sus términos y condiciones.

Finalmente, respecto del petitorio del recurso, expresa que es imposible para este Tribunal y menos para le recurrida dejar sin efecto la medida que impide la prestación de los servicios, puesto que es una atribución exclusiva de la autoridad administrativa competente, lo mismo dice respecto de la petición formula sobre una inmediata reincorporación. Sobre el oficio a la Secretaria Ministerial de Transporte, indica que es imposible acceder a aquello, puesto que aun el recurrente no ha dado cumplimento al requisito por el cual se le excluyó.

Finaliza, solicitando se tenga por evacuado el informe, y acompaña la documentación que acredita sus dichos.

Tercero: Que, se ordenó informar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones al tenor del recurso, evacuándolo doña nombre reservado, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, solicitando su rechazo, ratificando en síntesis la efectividad de los hechos afirmados por la recurrida, e invocando la misma normativa.

Cuarto: Que, a fin de iniciar el análisis de lo sometido a conocimiento de este Estrado, resulta preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, la normativa pertinente y que regula la prestación de servicios que el recurrente alega se le ha negado ilegal y arbitrariamente, es la que establece el D.S. N° 212 de 1992 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que dispone la existencia de un Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, en el que deberá estar inscrito todo aquel que preste estos servicios en las modalidades que la norma contempla; y que uno de estos de los requisitos para la inscripción y su mantenimiento, es la acreditación de la existencia de un título que lo habilite a destinar dichos vehículos al servicios respectivo firmado en conjunto por cada uno de los propietarios de dichos vehículos.

Sexto: Que, con los antecedentes que constan en autos, queda acreditado que la recurrente no ha dado cumplimiento al requisito señalado precedentemente, resultando como consecuencia de ello, que los actos que invoca, en ninguna forma serian ilegales o arbitrarios, puesto que corresponden a aquellos contemplados en la normativa vigente, y que ha sido el propio recurrente quien no se allanó a cumplir dicho requisito.

Séptimo: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que los actos impugnados como arbitrarios e ilegales y conculcadores de las garantías constitucionales señaladas por la recurrente, se ajustaron a los procedimientos legales que rigen la materia y, en tales condiciones, no existe en este caso algún acto arbitrario o ilegal cometido por la parte recurrida que autorice la intervención de esta Corte, como tampoco, que éste haya vulnerado garantías constitucionales de la recurrente, motivo por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido, por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, en su calidad de presidente del Directorio de Transportes Esmeralda S.A.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Protección N° 77.270-2018.- Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá, e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez. No firma el ministro señor Llanos, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

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