nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES con MINISTERIO DEL INTERIOR

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Al escrito folio N°11: Téngase presente.

Vistos:

Primero: Que comparece doña Bárbara Luz Cardozo Carruyo, abogada, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, atribuyéndoles una actuación ilegal y arbitraria que vulneraría la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente ingresó regularmente a Chile el 25 de octubre de 2016; obtuvo residencia temporaria, vigente entre el 7 de marzo de 2017 y el 7 de marzo de 2018; y posteriormente permanencia definitiva, otorgada mediante Resolución Exenta N° 211.400, de 6 de junio de 2018.

Añade que el 16 de mayo de 2022 presentó una solicitud de carta de nacionalización, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 10 N° 3 de la Constitución Política de la República y en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 5.142, de 1960; que fue entrevistada por la Policía de Investigaciones el 10 de noviembre de 2022; y que, mediante Oficio Ordinario N° 85.909, de 13 de octubre de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones remitió su expediente al Subsecretario del Interior con calificación favorable, dejando constancia de que, al 25 de agosto de ese año, no registraba antecedentes policiales ni judiciales negativos.

Sin embargo, el 11 de febrero de 2026 fue notificada del Decreto Exento N° 233, de 4 de febrero del mismo año, por el cual el Ministerio del Interior rechazó su solicitud, invocando una orden de investigar en la causa RUC N° 2301248103-9 de la Fiscalía Local de Concepción, originada en denuncias formuladas el 10 de noviembre de 2023 y el 10 de enero de 2024 por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares.

Afirma que nunca fue notificada, citada ni requerida a prestar declaración en dicha investigación, y que, luego de concurrir personalmente al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública de Concepción, se le informó que no figuraba como imputada ni registraba causas penales vigentes.

Agrega que carece de antecedentes penales tanto en Chile como en Venezuela, posee título profesional de ingeniera industrial, trabaja desde el 6 de marzo de 2023 como planificadora mecánica en la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca, mediante contrato indefinido, y cursa un diplomado en Confiabilidad y Gestión de Activos en la Universidad Técnica Federico Santa María, circunstancias que demostrarían su arraigo, integración y conducta intachable.

Sostiene que la carta de nacionalización prevista en el artículo 10 N° 3 de la Constitución es distinta de la nacionalización especial por gracia contemplada en su numeral 4°, por cuanto la primera se encuentra sujeta a requisitos legales objetivos y no puede ser denegada mediante valoraciones subjetivas acerca del mérito o dignidad del solicitante.

Alega que el artículo 86 de la Ley N° 21.325 establece taxativamente como impedimentos determinadas condenas por crímenes o simples delitos, sin incluir denuncias, órdenes de investigar o procedimientos no formalizados; y que el artículo 175 N° 11 de la misma ley eliminó el antiguo artículo 3° del Decreto Supremo N° 5.142, que impedía obtener la nacionalización a quienes se encontraran procesados.

Por ello, estima que la autoridad excedió los límites de su potestad discrecional, infringió la presunción de inocencia y fundó su decisión en un antecedente no acreditado, que no configura responsabilidad penal ni impedimento legal. Invoca, en apoyo de su posición, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en la causa Rol N° 1.974-2025, conforme a la cual la sola existencia de una causa concluida sin condena no satisface las causales del artículo 86 citado ni permite prescindir de los restantes informes favorables.

En definitiva, solicita dejar sin efecto el Decreto Exento N° 233, retrotraer el procedimiento al estado anterior a su dictación y ordenar a la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento conforme a los requisitos legales objetivos, prescindiendo de antecedentes carentes de valor jurídico o penal, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, al informar, el Ministerio del Interior solicita el rechazo de la acción, con costas, por estimar que el Decreto Exento N° 233 fue dictado por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y con fundamento suficiente.

Explica que, conforme a los artículos 84 y 157 N° 8 de la Ley N° 21.325; 1° y 2° del Decreto Supremo N° 5.142, de 1960; y 1°, apartado IV, N° 4, de la Ley N° 16.436, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones recibir, examinar y tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, para luego proponer su resolución al Ministerio del Interior, órgano facultado para concederlas o rechazarlas mediante decreto exento.

Añade que dichas solicitudes constituyen el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución y, por tanto, no obligan a la autoridad a acceder a ellas, sino que deben ser examinadas conforme a los requisitos, estándares y procesos internos de revisión y ponderación.

En cuanto al caso concreto, sostiene que el acto impugnado no es ilegal, pues fue expedido por una autoridad regularmente investida y en ejercicio de una atribución conferida expresamente por la ley; ni arbitrario, ya que contiene una motivación fundada en el examen de los antecedentes e informes técnicos elaborados por la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones.

Señala que la recurrente registra en el sistema BRAIN una denuncia en calidad de imputada por estafas y otras defraudaciones contra particulares, vinculada a una orden de investigar de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Concepción, antecedentes que fueron considerados al resolver su solicitud.

Argumenta que, aunque la recurrente no haya sido condenada por crimen o simple delito, la autoridad se encontraba facultada para valorar esos antecedentes, sin que ello importe atribuirle responsabilidad penal ni vulnerar la presunción de inocencia, pues únicamente fueron ponderados para determinar la procedencia de una solicitud de nacionalización.

Afirma que el artículo 2° del Decreto Supremo N° 5.142 emplea la expresión “podrá otorgarse”, lo que demostraría que la carta de nacionalización constituye una concesión constitucional de carácter facultativo y discrecional, otorgada en consideración al mérito del solicitante, y no un derecho que nazca automáticamente del cumplimiento de condiciones mínimas.

Añade que no existe una norma que imponga, para rechazar estas solicitudes, el estándar de convicción propio del proceso penal, de modo que la autoridad puede considerar antecedentes que no hayan culminado en condena. Sostiene que la pretensión de la recurrente expresa solamente una valoración distinta de los antecedentes y que no corresponde a los tribunales sustituir la apreciación reservada a la Administración, atendida la prohibición contenida en el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales.

Descarta asimismo la vulneración de la igualdad ante la ley, pues otras solicitudes habrían sido rechazadas en circunstancias semejantes, invocando las sentencias roles N°s 207.790-2023 y 59.885-2022 de la Corte Suprema, así como diversos fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago, La Serena y Antofagasta, que reconocen el carácter facultativo de la nacionalización y la posibilidad de ponderar la conducta del solicitante.

Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario, ni antecedentes que demuestren una privación, perturbación o amenaza de garantías susceptibles de ser cauteladas por esta vía.

Tercero: Que, por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción en cuanto se dirige en su contra, por carecer de legitimación pasiva y no serle imputable el acto cuestionado. Expone que la recurrente ingresó regularmente al país el 25 de octubre de 2016, obtuvo permanencia definitiva mediante Resolución Exenta N° 211.400, de 6 de junio de 2018, actualmente vigente, y que el 16 de mayo de 2022 presentó una solicitud de carta de nacionalización, registrada bajo el ID N° RUT reservado.

Señala que, una vez cumplidas las etapas de análisis correspondientes, remitió los antecedentes al Subsecretario del Interior mediante Oficio Ordinario N° 64.174, de 15 de diciembre de 2025, y que posteriormente el Ministerio del Interior dictó el Decreto Exento N° 233, de 4 de febrero de 2026, denegando la solicitud. Hace presente que su intervención se limita a recibir y tramitar las solicitudes, analizar los antecedentes y remitir el expediente, con una calificación favorable o desfavorable, a la Subsecretaría del Interior, momento en el cual termina su participación administrativa.

Añade que, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley N° 21.325, el Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, y el artículo 1°, apartado IV, N° 4, de la Ley N° 16.436, la facultad de otorgar o denegar la carta de nacionalización corresponde al Presidente de la República, mediante decreto refrendado y expedido, por delegación, por el Ministro del Interior.

Por consiguiente, el Servicio Nacional de Migraciones no dictó el acto impugnado, carece de competencia para emitir el pronunciamiento final y no mantiene actuación pendiente respecto de la solicitud de la recurrente, pues remitió todos los antecedentes a la autoridad llamada por la ley a resolverla.

En consecuencia, sostiene que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace alguno de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que pide desestimar la acción respecto de ese Servicio y rechazar la solicitud de condenarlo en costas.

Cuarto: Que la parte recurrente formuló observaciones al informe del Ministerio del Interior, particularmente respecto de sus numerales 8° y 9°, en los cuales se invoca una orden de investigar en la causa RUC N° 2301248103-9 de la Fiscalía Local de Concepción y un supuesto registro en el sistema BRAIN para justificar el rechazo.

Alega que el Ministerio se limitó a reproducir lo señalado en el Decreto Exento N° 233, sin acompañar la orden de investigar, las denuncias, los informes de la Policía de Investigaciones ni otro antecedente que permita comprobar la existencia, contenido y estado de la investigación o su vinculación inequívoca con la recurrente. Reitera que el artículo 86 de la Ley N° 21.325 contempla impedimentos asociados a condenas penales y no a simples denuncias u órdenes de investigar, y que el artículo 175 N° 11 de la misma ley eliminó expresamente el antiguo artículo 3° del Decreto Supremo N° 5.142, que impedía acceder a la nacionalización a quienes se encontraran procesados.

Por ello, sostiene que la Administración no puede restablecer, mediante la invocación de una potestad discrecional, un impedimento fundado únicamente en la existencia de una investigación carente de condena.

Advierte, además, una discordancia en el propio informe ministerial, pues su numeral 8° sitúa la primera denuncia el 10 de noviembre de 2023, mientras que el numeral 9° la fecha el 10 de noviembre de 2025, sin explicar la divergencia ni acompañar documentos que permitan determinar cuál es la información correcta. Asimismo, rechaza que la transcripción de los fundamentos del decreto importe reconocer la existencia o efectividad de los hechos investigados, especialmente cuando la recurrente afirmó haber consultado al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública de Concepción, organismos en los que no se habrían encontrado registros asociados a su persona.

Agrega que la recurrida tampoco explicó de qué manera el supuesto antecedente desvirtuaría su residencia definitiva desde 2018, su trayectoria profesional, su contrato de trabajo indefinido ni la calificación favorable con que el Servicio Nacional de Migraciones remitió inicialmente el expediente.

Sostiene que tales circunstancias requerían una ponderación individualizada y que la discrecionalidad administrativa no exime del deber de motivación impuesto por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Finalmente, solicita tener presentes estas observaciones y disponer que la Policía de Investigaciones de Chile, por intermedio de su Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, remita copia íntegra de los informes policiales de 10 de noviembre de 2022, 5 de marzo de 2025 y 4 de diciembre de 2025, a fin de verificar el origen, alcance y consistencia del antecedente empleado para rechazar la solicitud.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley ó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Séptimo: Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por el Servicio Nacional de Migraciones, ésta será desestimada. En efecto, de los términos en que ha sido planteada la acción se advierte que los reproches del recurrente se vinculan con dos actuaciones sucesivas dentro del procedimiento de nacionalización: por una parte, con la recopilación y análisis de sus antecedentes penales, los que, según sostiene, habrían sido erróneamente consignados, por cuanto tales registros serían inexistentes; y, por otra, con la consecuente ponderación que de dichos antecedentes habría efectuado la Subsecretaría del Interior al momento de adoptar la decisión de rechazar su solicitud de carta de nacionalización.

En este contexto, si bien la decisión definitiva cuya ilegalidad o arbitrariedad se denuncia emana de la Subsecretaría del Interior, no puede desconocerse que el primero de los reproches formulados se dirige precisamente contra una actuación desarrollada en la etapa previa de tramitación del procedimiento, en la cual interviene el Servicio Nacional de Migraciones, organismo encargado de efectuar el análisis de los antecedentes del solicitante y de remitir el respectivo expediente administrativo para la resolución de la solicitud. De este modo, atendido que una de las actuaciones que sirve de fundamento directo a la presente acción corresponde precisamente a la recopilación y análisis de antecedentes efectuada por dicho Servicio y que, conforme sostiene el recurrente, la información erróneamente incorporada al expediente habría incidido posteriormente en la ponderación realizada por la Subsecretaría del Interior para rechazar la carta de nacionalización, existe una vinculación suficiente entre la actuación del Servicio Nacional de Migraciones y el objeto de la controversia sometida al conocimiento de esta Corte. En consecuencia, no resulta procedente sostener su falta de legitimación pasiva, razón por la cual dicha alegación será rechazada.

Octavo: Que el acto recurrido emitido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, rechazó la solicitud de nacionalización presentada por el actor, del cual se observa que éste se fundó, en primer lugar, en que es una facultad discrecional del Presidente de la República otorgada por el artículo 2 del Decreto Supremo N°5.142, de 1960 del Ministerio del Interior y, en segundo lugar, se basa en el contenido del artículo 8 del mismo decreto, que dispone que una carta de nacionalización ya otorgada puede ser cancelada, entre otros motivos, por haber acaecido ocurrencias que hagan indigno al poseedor de la carta de nacionalización de tal gracia, por lo que al momento de analizar la concesión del beneficio en cuestión se deben tener en cuenta también causales hipotéticas que harían susceptible su cancelación una vez concedida.

Noveno: Que, en la especie, el citado impugnado no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de la facultad discrecional que el inciso primero del artículo 2 del Decreto N°5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, otorga al Presidente de la República. Teniendo en consideración que la carta de nacionalización es en esencia una gracia en razón del mérito de quien la solicita, lo que no obliga a la autoridad a concederla, como lo demuestra la redacción facultativa de dicha norma: “Podrá otorgarse carta de nacionalización a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad, que tengan más de cinco años de residencia en el territorio de la República y que sean titulares del permiso de permanencia definitiva”. Acto que, además, se encuentra debidamente fundado, a su vez, en que se observó al momento de la postulación del beneficio, la existencia de razones, que, en criterio de la autoridad, harían indigno al poseedor de una carta de nacionalización.

Décimo: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas que regulan la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 7722-2026 Protección