nombre reservado con nombre reservado

Santiago, seis de enero de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 25, recurre de protección doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que atentan en contra de las garantías de los N°1,16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Indica que, el recurrido es su subarrendador, y ha tomado medidas inapropiadas que le impiden trabajar en el local comercial dedicado a la fabricación de muebles ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Estación Centra, basado en que se encontraba morosa en el pago de sus cuentas, lo que no sería efectivo. Agrega que lleva 4 años arrendando el galpón, y el recurrido se ha negado a entregarle comprobantes de pago de todos los servicios.

El día 13 de noviembre de 2014, en horas de la mañana, al ingresar a su lugar de trabajo, se percataron que no tenían suministro de luz, debido a que el recurrido les había cortado el suministro de energía eléctrica y a su vez coloco candados en el medidor y corto los cables de la luz trifásica, agrega que al día siguiente, les exigió la devolución del galpón sin aviso previo o mediante la carta de aviso.

Los hechos antes descritos le han generado una serie de perjuicios los que avalúa en la suma de $8.500.000. Por lo que solicita acoger el presente recurso y declarar que los actos señalados importan una violación de las garantías constitucionales de los artículos 19 N°1, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

Segundo: Que, a fojas 41, informa el recurrido don nombre reservado, indicando que no ha incurrido en acciones ilegales o arbitrarias por lo que el recurso debe ser rechazado con costas.

Indica que los hechos expuestos en el recurso de protección no son efectivos, que no obstante haberse extinguido el referido contrato de subarriendo, el recurrente ha continuado haciendo uso del local comercial pero sin pagar renta de arrendamiento ni pagar por los servicios domiciliarios. Que a pesar de lo anterior, su parte no ha efectuado ningún acto de autotutela, sino que ha procedido a ejercer las acciones legales ante los tribunales ordinarios de justicia.

Explica que mediante carta de fecha 26 de noviembre de 2013 a través de la corredora de propiedades GYC, que acompaña al recurso, se le comunicó a la recurrente el término del contrato de subarriendo, carta que fue enviada mediante correo certificado de Correos de Chile, y adicionalmente, mediante un correo electrónico que se adjuntó a la carta. No obstante el término del subcontrato de arriendo, el recurrente desde hace ya un año se niega a hacer abandono del inmueble y los últimos 4 meses no ha pagado la renta. A pesar de lo anterior su parte no le ha cortado el suministro de energía eléctrica y hasta el día de hoy el local se encuentra funcionando y el recurrente se encuentra explotando comercialmente el galpón.

Agrega que es imposible e ilógico lo que señala el recurrente porque su parte ocupa también el mismo galpón y ejerce en ese lugar su actividad económica, por lo que de haber cortado el suministro eléctrico lo habría perjudicado a él mismo.

En segundo término señala que no es efectivo que se le haya exigido devolución del galpón como acto de autotutela, sino que ello se ha demandado a través de los Tribunales de Justicia, haciendo presente que oportunamente se le envió aviso de término de contrato de subarriendo.

Por lo que el recurrente está utilizando la acción de protección para intentar resolver, mediante mentiras un conflicto de competencia de los tribunales ordinarios de justicia, y mediante un juicio de lato conocimiento Tercero: Que, previo al análisis de la acción constitucional en estudio, es preciso consignar, como reiteradamente en los últimos años lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Política, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo recién expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto de ésta precisado en el artículo 1° del Código Civil; o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso protector, como el que es materia de estos antecedentes.

Quinto: Que, atendido lo consignado en los basamentos precedentes, es dable concluir que son variadas las exigencias que deben concurrir respecto de la presentación del arbitrio constitucional antes indicado, así como para acogerse por el tribunal respectivo, atendida su naturaleza.

Sexto: Que, en la especie, se ha solicitado por la recurrente de protección se decrete lo pertinente para que se haga cesar los impedimentos que causa el actuar del recurrido, quien le habría cortado el suministro de energía eléctrica y a su vez coloco candados en el medidor y corto los cables de la luz trifásica, y le exige la devolución del galpón sin aviso previo o carta de aviso.

Séptimo: Que, a juicio de estos sentenciadores, de los antecedentes tenidos a la vista, analizados y ponderados conforme a las reglas de la sana crítica, en especial de lo expuesto por el recurrido en su informe, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que -en el presente caso- exista algún acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Octavo: Que en la especie, la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada dice relación con que la recurrida no habría respetado un contrato de subarrendamiento de una bodega, en tanto la recurrida asevera que ello no es efectivo, que se envió carta de aviso de término de contrato en su oportunidad y que el contrato se ha extinguido, pese a lo cual la recurrente seguiría ocupando el inmueble. A pesar de anterior la recurrida niega haber interrumpido el suministro eléctrico y señala que la recurrente actualmente ocupa el inmueble y lo explota comercialmente, de lo que se advierte que se trata de una materia que debe ser dilucidada en un juicio de lato conocimiento, no siendo ésta la vía para establecer si se está incumpliendo o no un contrato entre las partes, la naturaleza del mismo, su vigencia, etc., todas cuestiones ajenas a la naturaleza de la acción cautelar intentada en autos, motivo por el cual la misma deberá ser rechazada.

Noveno: Que, a fs. 60 esta Corte al tenor de lo expresado por la recurrida, en cuanto se estaría tramitando la correspondiente demanda de terminación de contrato de arrendamiento por no pago de rentas ante el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, causa Rol N° 25.604-2014, para una acertada decisión del asunto requirió el envío de los referidos antecedentes, los que dan fe de la situación antes descrita.

Décimo: Que, como se ha visto en el caso de la especie, el problema que motivó el recurso de protección se encuentra al amparo del derecho, siendo sometida la controversia a la decisión de un tribunal ordinario, de tal suerte que en la actualidad no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar, lo que determina que la acción cautelar deba ser desestimada por dicha razón.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 25.

Lo anterior fue acordado, desechada que fue la moción previa del Ministro señor Gómez, quien fue del parecer de que antes de resolver el presente recurso, debía constituirse en el inmueble sub lite, un ministro de fe de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago o personal de Carabineros de Chile, para constatar la efectividad de los hechos denunciados por el recurrente, y con su mérito resolver.

Regístrese, comuníquese y archívense estos autos, si no se apelare.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N° 77196-2014.(protección)

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada, además, por el Ministro (S) señor Mario Gómez Montoya y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a seis de enero de dos mil quince, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.