nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.

A los folios 39 y 40: A todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que compareció nombre reservado e interpuso acción de protección en contra de la Subsecretaría de Salud Pública por la dictación de la resolución exenta 1421 de 30 de diciembre de 2021, que rechazó reclamación administrativa interpuesta en contra de resolución exenta 15142 de 6 de octubre de 2020 por la vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 2, 3, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expuso que dicha resolución se realizó en el contexto de una fiscalización de la División de Contraloría de FONASA entre agosto de 2019 y febrero de 2020, y que dicha entidad excedió las facultades con que cuenta al efecto transgrediendo el principio de legalidad, en cuanto por disposición del artículo 13 de la ley 20.854 FONASA se encuentra excluida de acceder a fichas clínicas de pacientes, fundándose el procedimiento en razón de la información extraída de dichos documentos.

Que con posterioridad, media oficio ordinario de 15 de junio de 2020 se instruyó formulación de cargos, haciendo presente que el manejo de órdenes médicas era labor del personal administrativo del centro de salud, y que existe culpa leve de su parte al entregar su rut y clave para la emisión de bonos; y que fue su primera experiencia en el sector privado, reconociendo un exceso de confianza en la emisión de bonos, reforzado por su necesidad de encontrar trabajo.

Afirma que fue víctima de un sistema ideado por personal de la Clínica, no teniendo incidencia en defraudar a FONASA.

Alega que durante el procedimiento sancionatorio no tuvo término probatorio para acreditarse los cargos en su contra y que sin perjuicio se dictó la resolución exenta 15.142 que lo sanciona en los términos expuestos.

Que dicha decisión junto con la que rechaza su reclamación incurren en vicios al principio de objetividad, pues ha mantenida intachable conducta anterior en su calidad de prestador de servicios y se le sanciona con el máximo que establece la ley.

Agrega que dicha resolución infringe el principio de fundamentación para efectos de aplicar una sanción tan gravosa como la que se le imputa y no se hizo valoración de sus alegaciones, infringiendo los artículos 11 y 41 de la ley 19.880, constituyéndose en una desviación de poder.

Que lo expuesto ha vulnerado sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, en razón de que no hubo igualdad formal ni material en el procedimiento administrativo, pues es el servicio quien generó las pruebas y dictó sentencia.

En segundo lugar, se vulnera su derecho a un debido proceso, en cuanto estima ha sido juzgado por comisión especial y se la impuso el máximo de las sanciones contempladas en la ley, sin considerar que colaboró con la investigación y no cuenta con antecedentes anteriores.

Asimismo, se ha afectado la garantía constitucional de derecho a la honra, en cuanto las fichas clínicas contienen datos sensibles de los pacientes, excediendo las facultades con que cuenta FONASA al efecto.

Finalmente, se afecta su derecho a la libertad de trabajo con la cancelación de su inscripción en la modalidad de libre elección, la que se encuentra firme conforme la decisión reclamada.

Conforme lo expuesto, pide se declare que el procedimiento administrativo se llevó a cabo con vicios procedimentales y de legalidad; que existe falta de fundamentación en la resolución recurrida, que ésta es desproporcionada en la aplicación de la sanción impuesta y se decrete la completa nulidad del procedimiento administrativo.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud y pidió el rechazo del recurso en razón de ser improcedente para los fines perseguidos, por cuanto excede de su naturaleza cautelar y que de las resoluciones que apliquen sanciones podrá recurrirse ante el Ministro de Salud y en contra de la resolución que dicte podrá reclamarse dentro del plazo de 10 días ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del afectado, la que conocerá en única instancia y en cuenta, debiendo oír previamente al ministro.

Que, en cuanto al fondo, expuso que la fiscalización se inició pro denuncia interna del Departamento de Finanzas de FONASA y que requeridos 203 fichas clínicas, sólo se recibieron 125 de las cuales 73 venían sin orden médica, no se presentaron antecedentes clínicos para 78 beneficiarios que corresponden a 8.614 prestaciones, de las cuales 92 corresponden a un beneficiario que declaró no haber recibido atención kinésica. De los antecedentes clínicos de 125 beneficiarios, correspondientes a 13.338 prestaciones , 7.498 no tienen registro clínico, no se presentaron 151 órdenes médicas y se detectaron 52 órdenes médicas que no cuentan con fecha de atención.

Luego, la División de Contraloría entrevistó a ocho beneficiarios, quienes declararon lo siguiente:

-Un beneficiario señaló que no se atendió con el prestador y no fue a la dirección señalada.

-Siete fueron atendidos sin copago.

-Todos señalaron que fueron atendidos por varios kinesiólogos en distintos turnos.

-En relación con la orden médica que no recuerdan el nombre de la doctora, sólo que era extranjera.

Así, verificada la infracción, se procedió a dictar la resolución exenta 1421 de 30 de diciembre de 2021, haciendo presente que el propio recurrente reconoce haber cometido un error, según se desprende del cuerpo de la acción, por lo que los antecedentes fueron debidamente ponderados para efectos de imponer la sanción, verificándose todas las exigencias legales para dictar los actos administrativos.

Que la sanción resulta justificada, pues la modalidad libre elección implica un alto volumen de gasto de recursos públicos, lo que exige un nivel de diligencia y transparencia altísimos de parte de cada prestador, por lo que ante cualquier irregularidad FONASA y el Ministerio de Salud deben velar porque los recursos públicos se empleen con eficiencia y eficacia, siendo la sanción justificada y proporcionada.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que conforme estatuye el inciso segundo del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, “Cada sala representa a la Corte en los asuntos de que conoce”. En razón de esta norma es necesario entender que el pronunciamiento de una Sala, independientemente de los individuos que la componen, expresa el parecer de la Corte de Apelaciones como órgano jurisdiccional consustancial a sus miembros y, en este sentido, existe un pronunciamiento anterior, a firme, que resolvió con fecha 8 de abril de este año en el ingreso rol N° 26-2022, la reclamación administrativa presentada por el recurrente en contra de la misma Resolución Exenta N° 1.421, de 30 de diciembre de 2021 -que rechazó el recurso de reclamación administrativa, formulado por dicho interviniente en contra de la Resolución Exenta 3E N° 15.142/20, de 6 de octubre de 2020, pronunciada por FONASA-, rechazándola, por no afectar al acto impugnado ningún vicio de ilegalidad, como señalaba el reclamante, sin que se acompañe, en esta nueva oportunidad, algún antecedente que dé cuenta de algún cambio de circunstancias que amerite una nueva revisión de la situación que por esta vía impugna, de manera que no resulta posible revertir, ahora, tal decisión;

QUINTO: Que en la hipótesis descrita, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-771-2022.