Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Santiago, diez de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Karen Bustos Clark, abogado, en representación de nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes (en adelante C.C. Los Andes) por el acto arbitrario e ilegal que hace consistir en el descuento de una suma de dinero que le practica su empleador sobre su remuneración mensual, a requerimiento de la recurrida, lo que estima vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que desde junio de 2018, su representado trabaja en Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A, como Operario de Procesos Complejos. Agrega que, en el mes de julio del año en curso, al momento de recibir su remuneración, le apareció un descuento automático informado por C.C. Los Andes por la suma de $68.473 pesos.- por lo que el Sr. nombre reservado acudió hasta las oficinas de la recurrida con el objeto de averiguar de donde provenían los descuentos señalados; se le informó que el descuento procedía de un crédito social que solicitó el 18 de noviembre de 2016 a la C.C. Los Andes por un monto de $ 1.664.469, lo cual afecta sus garantías constitucionales.

Señala que es efectivo que solicitó un crédito social a la recurrida, el 18 de noviembre de 2016, por un monto de $1.664.469, pagaderos en 36 cuotas mensuales iguales y sucesivas, con vencimiento los días 30 de cada mes, a una tasa de interés correspondiente al interés máximo convencional existente para operaciones de crédito de dinero. Reconoce que pagó sólo las 4 primeras cuotas, quedando en mora desde la cuota 5.

Sin perjuicio de lo anterior, expresa que la recurrida C.C. Los Andes, excedió sus atribuciones cometiendo un acto arbitrario e ilegal, toda vez que no puede solicitar la retención a la entidad empleadora por encontrarse un juicio ejecutivo vigente en su contra, siendo esta retención un acto que priva de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, generando la consecuencia de no permitirle usar y gozar y disponer de la parte retenida por la prestación de servicios realizados.

Agrega que, la recurrida para efectos de exigir el cumplimiento del saldo moroso del crédito inició un juicio ejecutivo con fecha 20 de abril de 2018, ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, Rol N°C-12.073-2018, por lo que esa era la vía para exigir el pago del saldo adeudado y no procede la retención realizada.

Solicita se acoja el recurso de protección ordenando la devolución de las sumas que se le han descontado por concepto del crédito social y se adopten las medidas de protección que se estimen pertinentes, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informa en representación de la C.C. Los Andes, el abogado Sergio Abarca Vargas, quien señala que otorgó al recurrente con fecha 18 de noviembre de 2016, un crédito social por la suma de $1.664.469. (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos), pactado en 36 cuotas iguales y sucesivas de $75.848 (setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho mil pesos), cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de enero 2017. Las cuotas de los meses de enero a abril 2017, cuotas N° 1 a la N° 4, se pagaron regularmente desde el 10 de febrero al 10 de mayo 2017; posteriormente, las cuotas de los meses de mayo y junio 2017, cuotas N° 5 y N° 6, se pagaron con fecha 08 de marzo y 09 de mayo 2018.

Luego ante la falta de pago, C.C. Los Andes el 20 de abril de 2014, dedujo demanda ejecutiva para perseguir el cobro del pagaré que garantiza la referida operación de crédito, la cual se encuentra archivada desde septiembre de 2018, según se dirá. En efecto, a fin de regularizar su situación de morosidad y detener el procedimiento ejecutivo en su contra, el 16 de mayo de 2018, el recurrente efectuó una reprogramación de su deuda por la suma de $1.863.126, pagadera en 60 cuotas de $64.662, cuyo primer vencimiento se verificó el 30 de junio de 2018. Las cuotas de junio a agosto de 2018, N°1 a N°3, fueron pagadas a través del seguro de cesantía.

Posteriormente habiéndose detectado el ingreso del recurrente como trabajador a la empresa Laboratorios Garden House Farmacéutica S.A, desde el mes de diciembre de 2018 se ha informado a la referida para la realización de descuentos conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, recibiéndose el pago de las cuotas N°4 a la N°11.

Con todo, hace presente que, al 30 de septiembre de 2019, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso, las cuotas de los meses de mayo a julio 2019, cuotas N° 12 a N° 14 de 60. Por tanto, en la especie, el crédito se encuentra vigente y actualmente exigible de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual mantiene aún cuotas por vencer hasta el mes de mayo de 2023.

Finalmente, señala que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga, y por ende, el hecho que C.C. Los Andes haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

En consecuencia, el actuar de C.C. Los Andes no sólo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social, y por otro lado, cabe tener presente que el propio recurrente con el fin de regularizar su situación, el 16 de mayo de 2018, efectuó una reprogramación de su deuda, pactando su pago a 60 meses, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección con costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el actor denuncia como arbitrario e ilegal el acto en que en el mes de julio de 2019 se le descontó de su remuneración la suma de $68.473., por la Caja de Compensación Los Andes, señalando que la recurrida ya inició el cobro de la deuda mediante juicio ejecutivo.

Quinto: Que, es un hecho no controvertido que el recurrente mantiene un crédito social vigente con la C.C. Los Andes, que han sido reprogramados por el actor.

A su turno, cabe señalar que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la Caja de Compensación acreedora, las sumas de dinero que su trabajador adeude por concepto de crédito social, conforme al citado artículo 58 del Código del Trabajo y al artículo 22 de la Ley N° 18.833, el cual establece que "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.".

De las disposiciones legales antes transcritas, se infiere que el empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, las cantidades que estos hayan percibido por concepto de crédito social con el fin de remitirlas a la Caja respectiva, deducciones que deberán regirse por las normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales.

En consecuencia, es menester poner énfasis en que este descuento al cual alude el recurrente no es arbitrario ni ilegal, pues es sabido por quienes solicitan créditos sociales a las Cajas de Compensación, que estas están facultadas para solicitar el descuento de lo adeudado por prestaciones de crédito social a la entidad empleadora del trabajador afiliado a la Caja, conforme señala la Ley que establece el Nuevo Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar N° 18.833.

Así las cosas, en cumplimiento de este mandato, C.C. Los Andes, le comunica al empleador del recurrente la existencia de crédito social impago, y solicita que se le efectúen los descuentos respectivos de sus remuneraciones y la remesa de los fondos a esta entidad para pagar su respectivo crédito. Este acto no tiene el carácter de ilegal o arbitrario, en atención que se realiza en virtud del ejercicio de una facultad legal, razón por la que la recurrida ha actuado conforme a derecho.

Sexto: Que, no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por la recurrida y que se le reprocha deviene en ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones, ateniéndose por cierto a la normativa vigente, haciendo uso precisamente de sus atribuciones, argumentando la C.C. Los Andes las razones por las que se ha adoptado la determinación que se reprocha.

Séptimo: Que, el recurrente señala que la acción que emana del pagaré que suscribió con la C.C. Los Andes, está siendo conocida por los tribunales ordinarios de justicia, mediante un juicio ejecutivo que se encuentra pendiente, por lo que, se encuentra fuera de las atribuciones que tiene esta Corte de Apelaciones, en esta acción cautelar.

Octavo: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no se configuran en la especie los presupuestos exigidos para que la acción de protección prospere, esto es, que exista un acto objetado que sea ilegal o arbitrario, tampoco existe un derecho indubitado, por lo que, el presente recurso debe desestimarse, razones por la que, no es necesario emitir pronunciamiento respecto de la garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente atendido lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 número 24° y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación Los Andes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

N°Protección- 77.073-2019 Pronunciada por la Séptima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.