nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, quince de diciembre de dos mil veinte.

Al folio 18: Estese al mérito de autos.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que recurre de acción constitucional de protección doña nombre reservado, rut: RUT reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la resolución exenta N° R-01-UJU-67278-2020, del 22 / 07 / 2020, y contra la COMPIN por la negativa del pago de las licencias médicas, folios: 60923550, 58751923, 3327686, 3436207, 3609337, 3790608, 3982722 y solicita que se ordene el pago total de dichas licencias discontinuas, (todas aprobadas por la Compin) y en su defecto de todas aquellas que se cursen hasta la vista y fallo de la presente causa; con costas.

Señala la recurrente que sufre de Trastorno Límite de la Personalidad, y Bipolaridad, diagnóstico realizado por el psiquiatra nombre reservado, el cual le impide desarrollar su labor de Profesora de educación básica. Añade que con fecha 29 de febrero del presente año, su ex empleador COMDES CALAMA, le comunicó la carta de aviso, de término a su contrato fijo. Señala que hasta el término de este contrato, doña nombre reservado estuvo trabajando bajo estatuto docente, por lo que se entiende la negativa de pago por parte de la CCAF La Araucana, y por no tener una relación laboral. Por tales motivos se acepta que la Caja La Araucana, no pague dichas licencias. Pero solicita que SUSESO declare que sí tiene derecho a que FONASA, pague el subsidio posterior al término de la relación laboral con la COMDES. Añade que recurrió a la Dirección del Trabajo, donde el organismo señaló que FONASA debía pagar las licencias, que debían ir acompañadas con la declaración jurada de licencia médica sin empleador, recalcando además que desde el 29 de febrero del 2020, no tiene empleador, y no está bajo la figura de estatuto docente. Indica que el pago de dichas licencias debiera ordenarse, ya que doña ella figura como afiliada (o beneficiaria) del FONDO NACIONAL DE SALUD, encontrándose clasificada en el Grupo D, a que se refiere el artículo 160 D.F.L Nº 01 del 2005, con certificación vigente. Además indica que se solicitó a Compin el cambio de entidad pagadora, para que Fonasa pueda hacer pago del subsidio por incapacidad, sin obtener aún una respuesta. Solicita que en definitiva se restaure el imperio del derecho, y se ordene el pago del subsidio por incapacidad ya que a la fecha está cubierta por el Fondo Nacional de Salud.

SEGUNDO: Que informó el recurso don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y solicita el rechazo de la acción por cuanto no ha existido de parte de su defendida actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto esgrime que la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) La Araucana, por el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de las licencias médicas N°s 2-58751923, 4-RUT reservado, extendidas por 60 días de reposo a contar del 20 de marzo de 2020, por no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente. Sin perjuicio de ello, solicita su rechazo por cuanto, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, sostiene que consta en el expediente administrativo que se acompaña, que, mediante presentación de fecha 24 de abril de 2020, doña nombre reservado, recurrió a la Superintendencia reclamando en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) La Araucana, el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de las licencias médicas N°s. 2-58751923, 4-RUT reservado, extendidas por 60 días de reposo a contar del 20 marzo de 2020, por no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente. Requerida al efecto la C.C.A.F. La Araucana, mediante Carta N° JNACOP 0800, de fecha 10 de julio de 2020, señala que las referidas licencias médicas quedaron sin derecho a pago de subsidio, ya que la interesada se encuentra cesada de sus funciones de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, desde el 29 de febrero de 2020. En este sentido, dice que es importante destacar que los trabajadores sujetos a ciertos estatutos, tales como los Funcionarios Públicos (Ley N° 18.834), los Funcionarios Municipales (Ley N°18.883), los Docentes del Sector Municipal (D.F.L. N°1, de 1997, del 5 Ministerio de Educación, que contiene el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.070), el personal no docente de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal (Ley N° 19.464) y los Funcionarios de Atención de Salud Primaria Municipal (Ley N°19.378), entre otros, durante los períodos en que hagan uso de licencia médica tienen derecho a que la entidad empleadora les pague su remuneración habitual en forma íntegra, no extendiéndose este derecho después del término de la relación laboral, ya que tales entidades no están autorizadas para pagar remuneración a una persona que no es su trabajador. A su vez, la respectiva entidad empleadora tiene derecho a solicitar el reembolso de una suma equivalente al subsidio por incapacidad laboral que le habría correspondido al trabajador de encontrarse sujeto a las normas del D.F.L. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Sobre la materia, los antecedentes aportados al expediente de la Sra. nombre reservado permiten establecer que la relación laboral entre la recurrente y su empleador Corporación Municipal Desarrollo Social Calama, RUT RUT reservado, se extendió hasta el 29 de febrero de 2020, fecha en la cual se puso término al contrato de trabajo respectivo, circunstancia que hace del todo improcedente la autorización de licencia médica más allá de la fecha de término antes referida. En virtud de lo expuesto, su representada determinó que corresponde que la COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA modifique su resolución y proceda a la reducción de la licencia médica N° 2-60923550, debiendo autorizar su reposo desde el 19 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020. Del mismo modo deberá proceder al rechazo de las licencias médicas Nºs N°s. 2-58751923, 4-RUT reservado, extendidas a contar del 20 de marzo de 2020, puesto que el inicio del reposo es posterior al término de la relación laboral con la Corporación Municipal Desarrollo Social Calama. Que, del mismo modo se aprobó lo obrado por la C.C.A.F. La Araucana en el sentido que no corresponde el pago del subsidio por incapacidad laboral de las licencias reclamadas, y respecto de la licencia médica N° 2-60923550, corresponde su pago hasta el 29 de febrero de 2020, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta Nº R-01-UJU-67278-2020, de fecha 22 de julio de 2020, impugnada en autos.

Luego en su informe alude al marco jurídico relativo a las licencias médicas y dice que respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, 8 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. Por su parte, refiere que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Finaliza señalando que su actuación se ajusta a la legalidad, por lo que solicita el rechazo de la presente acción.

TERCERO: Que informó además doña nombre reservado, en su calidad de PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA (COMPIN R.M.) la Comisión de Medicina Preventiva. Indicó que se resolvió confirmar el rechazo de la licencia médicas N°s 2- 58751923, 4-RUT reservado, extendidas por 60 días de reposo a contar del 20 de marzo de 2020, puesto que conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, no logró acreditarse la calidad de trabajadora dependiente, por tratarse de una ex funcionaria sin vínculo laboral vigente a la fecha de las licencias individualizadas. Sobre la materia, los antecedentes aportados al expediente de la Sra. nombre reservado permiten establecer que la relación laboral entre la recurrente y su empleador Corporación Municipal Desarrollo Social Calama, RUT RUT reservado, se extendió hasta el 29 de febrero de 2020, fecha en la cual se puso término al contrato de trabajo respectivo, circunstancia que hace del todo improcedente la autorización de licencia médica más allá de la fecha de término antes referida.

CUARTO: Que como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: El acto que la recurrente califica de arbitrario e ilegal es la resolución exenta N° R-01-UJU-67278-2020, de la Superintendencia de Seguridad Social por la negativa del pago de las licencias médicas, folios: 60923550, 58751923, 3327686, 3436207, 3609337, 3790608, 3982722.

De la lectura de la mencionada resolución acompañada a los autos, consta que en su parte resolutiva se instruyó a la Compin región de Antofagasta a modificar su resolución y proceder a la reducción de la licencia médica N° 2-60923550, debiendo autorizar su reposo desde el 19-02-2020 al 29-02-2020. Del mismo modo dispuso rechazar las licencias médicas N°s. 2-58751923, 4-RUT reservado, extendida a contar del 20-03-2020, por tratarse de ex funcionaria sin vínculo laboral vigente. Decidió también confirmar lo resuelto por C.C.A.F. La Araucana en orden a que respecto de la licencia médica N°2-60923550, solo corresponde el pago de subsidio por incapacidad laboral hasta el 29-02-2020 y que respecto de las licencias médicas N°s. 2-58751923, 4-RUT reservado, no corresponde el pago del beneficio por no contar la ex funcionaria con relación laboral vigente.

SEXTO: Que como se puede advertir, la resolución impugnada solo se refiere a tres licencias médicas y no todas las que enumera la recurrente. Sin embargo del listado maestro de licencias médicas acompañado al informe por la Superintendencia recurrida, consta que las demás licencias son también posteriores al mes de febrero de 2020.

SÉPTIMO: Que aclarado lo anterior, corresponde abordar, en primer término, la alegación sobre improcedencia de la acción por referirse a un aspecto específico del derecho a la seguridad social que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Política. Sin embargo, tal alegación debe rechazarse por cuanto el acto recurrido puede afectar otras garantías constitucionales que sí se encuentran comprendidas en la enumeración que realiza el artículo 20, como es el derecho a la integridad física o psíquica de la actora sin perjuicio del análisis de procedencia que se hará en los razonamientos posteriores.

OCTAVO: Que en cuanto al fondo, la actora reclama el no pago de sus licencias médicas pues considera que si bien se puso término a su relación laboral ella es beneficiaria de FONASA y por lo tanto estima que debiera disponerse el cambio de la entidad pagadora de su licencia.

NOVENO: Que como se puede ver la recurrente no discute que su relación laboral con su ex empleador la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama culminó el día 29 de febrero de 2020, pero cree que de todas formas debe pagarse la licencia médica al ser beneficiaria de FONASA.

DÉCIMO: Que el planteamiento de la recurrente es errado puesto que conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 3 de 28 de mayo de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, la licencia médica se define de la siguiente forma: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”.

Es decir, para tener derecho al subsidio por licencia médica es necesario que la persona tenga la calidad de trabajador y lo cierto es, que la recurrente no la tiene, pues se puso término a su relación laboral el día 29 de febrero de 2020 y no consta que después de esa fecha trabaje en forma independiente o con otro empleador, por lo tanto no puede acceder a dicho subsidio relacionado con la incapacidad laboral de un trabajador si ella ya no tiene esa calidad.

UNDÉCIMO: Que el ser afiliada a FONASA confiere a la recurrente derecho a prestaciones médicas y pecuniarias como las descritas en los artículos 138 y siguientes del DFL N° 1° que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley n° 2.763, de 1979 y de las leyes n° 18.933 y n° 18.469.

En lo que interesa, para tener derecho a las prestaciones pecuniarias, el artículo 149 dispone:

“Los afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Tratándose de los trabajadores independientes a que se refiere el artículo 135, letra b), los requisitos para el goce de subsidio serán los siguientes:

1.- Contar con una licencia médica autorizada;

2.- Tener doce meses de afiliación a salud anteriores al mes en el que se inicia la licencia;

3.- Haber enterado al menos seis meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del período de doce meses de afiliación a salud anterior al mes en que se inició la licencia, y 4.- Estar al día en el pago de las cotizaciones. Se considerará al día al trabajador que hubiere pagado la cotización correspondiente al mes anterior a aquél en que se produzca la incapacidad.

En el caso de los trabajadores independientes a que se refiere el artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se entenderán cumplidos los requisitos señalados en los numerales 2, 3 y 4 del inciso precedente, a partir del día 1 de julio del año en que se pagaron las cotizaciones y hasta el día 30 de junio del año siguiente a dicho pago.”

Es decir, nuevamente la norma exige tener la calidad de trabajador dependiente o independiente, ninguna de las cuales ostenta la recurrente.

DUODÉCIMO: Que tampoco es posible aplicar a la señora nombre reservado lo dispuesto en el artículo 15 del DFL N° 44 de 24 de julio de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que “Establece Normas Comunes para Subsidios por Incapacidad Laboral de los Trabajadores nombre reservado”, en atención a que si bien dicha norma dispone que: “Los subsidios durarán hasta el término de la correspondiente licencia médica, aun cuando haya terminado el contrato de trabajo”, la recurrente no pertenecía al nombre reservado sino al sector municipal y como tal, cuando hacía uso de licencia médica continuaba percibiendo su remuneración y no el subsidio referido.

DÉCIMO TERCERO: Que como consecuencia de lo razonado debe desecharse la existencia de una conducta arbitraria o ilegal por parte de la Superintendencia de Seguridad Social o de la COMPIN, y conforme a ello la acción deducida debe desecharse siendo innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la COMPIN.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 77.065-2020.