nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el recurrente, don nombre reservado, operador de planta, quien interpone recurso de protección por sí, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

El recurrente expone que contrajo un préstamo de consumo con la CCAF La Araucana, instrumentado en un pagaré con cláusula de aceleración y mandato de descuento por planilla. Señala que, debido a una desmejorada situación económica personal y familiar, incurrió en mora en el pago de dicha obligación.

Agrega que, al percibir su remuneración correspondiente al mes de enero de 2026, tomó conocimiento el día 30 de ese mismo mes de que su empleador, la empresa AJAY SQM CHILE S.A. (RUT N° RUT reservado), procedió a descontarle de sus remuneraciones mensuales por planilla la suma de $205.989.-, por concepto de "Préstamo Caja", ordenado por la Caja de Compensación recurrida.

Sostiene la actora que dicho cobro es ilegal y arbitrario, por cuanto no se le notificó previamente el inicio de los descuentos, vulnerando su legítima expectativa de percibir íntegramente su remuneración. Asimismo, alega que la deuda se encuentra eventualmente prescrita y que el descuento practicado excede el tope legal del 25% de su remuneración líquida mensual fijado por las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Estima conculcada su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 24 de la Constitución Política de la República (derecho de propiedad sobre sus remuneraciones) y solicita se ordene el cese inmediato de los descuentos, la restitución de las sumas retenidas y la condena en costas de las recurridas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe comparece el abogado don Julio César Villalobos Villarroel, en representación de la CCAF La Araucana, solicitando el rechazo del recurso. Aclara, en primer término, que el señor nombre reservado no mantiene créditos morosos vigentes directamente con su representada.

Explica que el descuento reclamado de $205.989.- corresponde a un crédito social moroso y vigente contratado por el recurrente con la CCAF 18 de Septiembre, instrumentalizado en el pagaré N° 1380029975, por la suma original de $7.047.631.- Respecto de dicha acreencia, precisa que opera plenamente el sistema integrado de recaudación denominado "Intercajas", autorizado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Mediante este mecanismo, cuando un deudor afiliado cambia de empleador, la Caja de Compensación del actual empleador (en este caso, CCAF La Araucana) actúa como entidad recaudadora, ordenando los descuentos por planilla y remesando los fondos a la Caja acreedora (CCAF 18 de Septiembre).

Defiende la legalidad del procedimiento con base en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que impone al empleador la obligación de retener y enterar los saldos insolutos de créditos de previsión social. Asimismo, aduce que no existe en autos declaración judicial de prescripción del crédito, por lo que la obligación se mantiene plenamente vigente, e invoca jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema que respalda la licitud de estas cobranzas.

TERCERO: Que, comparece el abogado don Matías Javier Zoroquiain Vélez, en representación de la CCAF 18 de Septiembre, evacuando el informe ordenado por esta Iltma. Corte. Informa que el 14 de junio de 2023 el recurrente contrató con su representada un crédito social registrado bajo el folio N° 1380029975, por la suma de $5.000.000.-, a pagar en 48 cuotas mensuales de $220.907.- (más seguros de desgravamen y cesantía).

Indica que el deudor solo pagó de forma regular hasta la cuota N° 2, con vencimiento el 10 de septiembre de 2023, cayendo posteriormente en mora. El 19 de febrero de 2024, de común acuerdo, las partes suscribieron una reprogramación del crédito para ser solucionado en 40 cuotas de $220.907.- con vencimiento final en julio de 2027. No obstante, el deudor volvió a incumplir sus compromisos, lográndose reanudar la recaudación efectiva en noviembre de 2025 mediante la utilización del sistema "Intercajas", a través de la CCAF La Araucana, tras detectar el nuevo vínculo laboral del recurrente con la empresa AJAY SQM CHILE S.A.

Sostiene la absoluta legalidad de los descuentos aplicados de conformidad con los artículos 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley N° 18.833 y la cláusula décima del pagaré, mediante la cual el propio recurrente confirió mandato expreso a sus empleadores actuales y futuros para retener los dividendos previsionales. Descarta la existencia de arbitrariedad, arguyendo que la obligación se encuentra vigente, no habiéndose declarado su prescripción en sede judicial. Solicita, en consecuencia, el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de naturaleza cautelar y sumaria, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida tutela del afectado frente a actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente protegidos por la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, para que la presente acción constitucional pueda prosperar, es requisito indispensable que el actor acredite la concurrencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario vale decir, fruto del mero capricho de su autor, que afecte de manera directa e indubitada una de las garantías protegidas por esta vía, hipótesis que no se verifica en la especie por las razones que se expondrán seguidamente.

SEXTO: Que la controversia jurídica planteada se circunscribe a determinar si resulta legal y arbitrario el descuento de $205.989.- efectuado en la remuneración de enero de 2026 del recurrente por parte de su empleador AJAY SQM CHILE S.A., ordenado por la CCAF La Araucana por encargo y en beneficio de la CCAF 18 de Septiembre a través del sistema de "Intercajas", atendida la alegación de falta de aviso previo, eventual prescripción del crédito y transgresión del límite del 25% de descuento mensual.

SÉPTIMO: Que, respecto de la naturaleza jurídica de los créditos sociales y su mecanismo de recaudación, el artículo 1° de la Ley N° 18.833 instituye a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar como entidades de previsión social, corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a la administración de prestaciones de seguridad social. Por su parte, el artículo 22 de la referida ley prescribe de manera categórica que: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

Del análisis del citado precepto legal, en armonía con el artículo 58 del Código del Trabajo, se desprende inequívocamente que el "descuento por planilla" constituye una modalidad de cobro compulsivo e imperativo impuesta por el legislador al empleador, de orden público y previsional, que opera por el solo ministerio de la ley con prescindencia del consentimiento actual del deudor. Su fundamento radica en la imperiosa necesidad de resguardar el fondo social con el que se financian estas prestaciones previsionales de carácter solidario, cuya integridad debe ser protegida activamente por las Cajas de Compensación.

OCTAVO: Que, sobre la procedencia del cobro a través del denominado convenio o sistema de "Intercajas", la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) ha autorizado y validado de manera uniforme dicho procedimiento (v.gr., Dictamen N° 55970-2015), encontrando sustento en el artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833, que faculta a las Cajas de Compensación para prestar servicios recíprocos mediante convenios. Ello permite que, ante el cambio de empleador del afiliado deudor, la Caja a la cual se encuentra afiliada la nueva entidad empleadora proceda a recaudar las deudas contraídas con anterioridad con otras instituciones del sistema, con el objeto de cautelar el ordenamiento financiero del fondo social y evitar el sobreendeudamiento. De este modo, la actuación de la CCAF La Araucana, en su calidad de recaudadora del crédito adeudado a la CCAF 18 de Septiembre, se ajusta estrictamente al marco regulatorio previsional vigente, descartando cualquier tacha de ilegalidad.

NOVENO: Que, en lo concerniente a la supuesta prescripción extintiva de la deuda esgrimida por el recurrente, es menester recordar que, conforme a las reglas generales del derecho privado consagradas en el artículo 2493 del Código Civil, la prescripción no opera de pleno derecho y no puede ser declarada de oficio, siendo indispensable su alegación y posterior declaración judicial.

En este contexto, la acción constitucional de protección, por su carácter estrictamente cautelar y de tramitación sumaria, no constituye la vía idónea ni el juicio de lato conocimiento apto para declarar la constitución, extinción o prescripción de derechos u obligaciones correlativas. No constando en el proceso resolución judicial firme y ejecutoriada emanada de tribunal competente que haya declarado la prescripción de las acciones de cobro derivadas del crédito social folio N° 1380029975, la acreencia se mantiene plenamente vigente, exigible y amparada por la presunción de legitimidad de su cobro administrativo. Este criterio ha sido refrendado de manera unánime por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (v.gr., Sentencias Rol N° 464-2025 de 30 de abril de 2025; Rol N° 37.972-2024 de 8 de mayo de 2025; y Rol N° 22.179-2025 de 10 de octubre de 2025), la cual ha establecido que, en tanto no exista declaración judicial de prescripción, las Cajas de Compensación no solo están facultadas, sino que se encuentran obligadas a continuar persiguiendo el cobro de los créditos sociales mediante el mecanismo legal del descuento de las remuneraciones por planilla.

DÉCIMO: Que, por otra parte, corresponde pronunciarse sobre la alegación relativa a que los descuentos practicados infringen el tope del 25% de la remuneración líquida mensual del trabajador, límite fijado en el Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar de la Superintendencia de Seguridad Social.

Para resolver dicha alegación, resulta ilustrativo examinar pormenorizadamente los rubros consignados en la liquidación de remuneración del recurrente correspondiente al mes de enero de 2026, acompañada por el propio actor en el primer otrosí de su libelo:

Total de Haberes Brutos: $1.124.612.- Descuentos Legales Previsionales y de Salud:

1. Cotización Previsional (AFP Provida): $117.087.- 2. Seguro de Cesantía (cargo trabajador): $6.136.- 3. Cotización de Salud (7% Fonasa): $71.582.- Suma de Descuentos Legales: $194.805.- A efectos de calcular la base de descuento líquida —sobre la cual debe aplicarse el tope reglamentario del 25%—, se debe restar del total de haberes del trabajador ($1.124.612.-) los descuentos de carácter puramente legal y obligatorio ($194.805.-), lo que arroja una remuneración líquida base de $929.807.- Aplicando la tasa máxima del 25% autorizada por la SUSESO sobre dicha remuneración líquida base ($929.807.-), se obtiene que la cuota máxima mensual susceptible de descuento por planilla para el pago de créditos de consumo con Cajas de Compensación asciende a la suma de $232.451,75.- En la especie, consta de la propia liquidación de remuneraciones del recurrente que el descuento aplicado bajo el rubro "Préstamo Caja" ascendió a $205.989.-, monto que resulta ostensiblemente inferior al tope legal calculado ($232.451,75.-), representando en términos porcentuales equivalentes un 22,15% de su remuneración líquida base. En consecuencia, el descuento impugnado se ajusta plenamente a los límites reglamentarios vigentes dictados por el órgano regulador sectorial, descartándose con ello toda arbitrariedad o ilegalidad en el monto cobrado.

UNDÉCIMO: Que, de lo razonado precedentemente, fluye de manera indubitada que el actuar de las recurridas CCAF La Araucana y CCAF 18 de Septiembre no reviste caracteres de ilegalidad ni de arbitrariedad, sino que corresponde al ejercicio legítimo y obligatorio de las potestades de cobro que el legislador previsional les confiere para la protección de los fondos de seguridad social, sin que se advierta perturbación, amenaza ni privación alguna al legítimo ejercicio del derecho de propiedad del recurrente consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. Por consiguiente, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, por encontrarse los descuentos impugnados ajustados a la legalidad y a la normativa previsional vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-7694-2026.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, conformada por la Ministra (S) señora Macarena Rebolledo Rojas y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.