nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber ordenado a su actual empleador, Arcos Dorados Restaurantes de Chile SPA, la ejecución de descuentos en sus remuneraciones mensuales bajo la modalidad de ‘Proyecto Intercajas’.

Expresa el recurrente que el origen de la acreencia se remonta a un préstamo de consumo contratado el 20 de diciembre de 2017 con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, instrumento que fuera reprogramado en mayo de 2019 y que motivó el inicio de un juicio ejecutivo ante el 22º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-12585-2022. En dicho procedimiento, mediante sentencia definitiva de fecha 23 de septiembre de 2024, se acogió la excepción de prescripción de la deuda, decisión que se encuentra firme y ejecutoriada. No obstante lo anterior, el actor señala que al incorporarse a su actual puesto de trabajo y afiliarse a la recurrida, esta procedió en enero de 2026 a deducir de su salario la suma de $48.023, fundándose en la citada deuda extinguida judicialmente.

Argumenta que la recurrida ha incurrido en un actuar caprichoso y abusivo, toda vez que, al haber optado la acreedora original por la vía judicial para el cobro del crédito, renunció voluntariamente a la prerrogativa del descuento por planilla contemplada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, no pudiendo revivir dicho privilegio administrativo una vez que la acción ha fenecido en sede jurisdiccional. Sostiene que esta duplicidad de cobro y la falta de información previa constituyen una perturbación manifiesta al legítimo ejercicio de sus derechos.

En cuanto a la vulneración de las garantías, el recurrente afirma que el acto impugnado afecta directamente su patrimonio al privarlo de una parte sustancial de su remuneración, la cual posee carácter alimentario y es indispensable para su subsistencia, configurándose una privación de los atributos esenciales del dominio sobre sus emolumentos sin una ley general o especial que lo autorice, contraviniendo así el texto constitucional.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en las remuneraciones del recurrente, restituir íntegramente las sumas ya percibidas y aquellas que se descuenten durante la tramitación de esta causa, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando informe, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, a través de su representación convencional, solicita el íntegro rechazo de la acción de cautela constitucional impetrada.

En cuanto a los presupuestos fácticos de su defensa, sostiene que el señor nombre reservado no mantiene créditos morosos directamente con dicha entidad, sino que la acreencia objeto de los descuentos emana de una obligación contraída con la Caja de Compensación Los Andes, instrumentada en el pagaré N° 037CON100588194, por un capital de $1.916.861. Explica que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y bajo la modalidad del denominado «Proyecto Intercajas», procedió a solicitar al empleador del recurrente, Arcos Dorados Restaurantes de Chile SPA, la deducción por planilla de las sumas adeudadas para su posterior remesa a la Caja acreedora, actuando por tanto como mera entidad recaudadora en virtud de convenios de colaboración visados por la autoridad administrativa.

En lo referente a los fundamentos de derecho, la informante esgrime que la deuda se mantiene vigente y es plenamente exigible, por cuanto no ha mediado una declaración judicial de prescripción que extinga la acción de cobro, subrayando que, conforme a los artículos 2492 y 2493 del Código Civil, tal institución no opera de pleno derecho sino que debe ser alegada y declarada en un juicio de lato conocimiento, no siendo el recurso de protección la vía idónea para tal declaración constitutiva. Refuerza su postura citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de esta Corte de Apelación, que valida el mecanismo de descuento por planilla como un imperativo legal para el empleador y una prerrogativa de las Cajas de Compensación para salvaguardar el fondo social destinado a prestaciones de seguridad social. Concluye que su actuar no reviste carácter ilegal ni arbitrario, por cuanto se ajusta estrictamente a la normativa especial que rige a estas corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, sin que exista una afectación al derecho de propiedad del recurrente al tratarse del cobro de una obligación legítima.

Tercero: Que, evacuando informe, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes indica que con fecha 20 de diciembre de 2017 se otorgó al recurrente un crédito social, operación N° 037CON100588194, por la suma de $1.868.061.-, el cual fue objeto de una reprogramación con fecha 3 de mayo de 2019 por un valor de $2.127.529.-, pagadero en 36 cuotas. Refiere que, debido a la morosidad incurrida por el deudor en las mensualidades correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2023 y octubre de 2024, la operación se encuentra actualmente en proceso de cobranza judicial.

En cuanto al sustento jurídico de su obrar, esgrime que los descuentos efectuados emanan de la potestad conferida por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, norma que impone al empleador la obligación de deducir de las remuneraciones de sus trabajadores afiliados las sumas adeudadas por concepto de crédito social, rigiéndose dichas retenciones por las mismas reglas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

En relación a la prescripción alegada por la recurrente, sostiene que esta no opera de pleno derecho (ipso iure), sino que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, debe ser alegada y declarada judicialmente en un procedimiento de lato conocimiento, no siendo el recurso de protección la vía idónea para tal declaración por carecer la actora de un derecho indubitado.

Sin perjuicio de lo anterior, y sin que ello implique un reconocimiento de la extinción de la deuda, la recurrida manifiesta haber dispuesto de manera voluntaria el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Cuarto: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, éste sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías.

Quinto: Que, conforme a lo informado por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, habiéndose dispuesto el cese definitivo de los descuentos cuestionados y la restitución de las sumas percibidas desde la reanudación de los cobros, no existe actualmente una cautela urgente que adoptar respecto del acto impugnado, por lo que el presente recurso no puede prosperar, al no subsistir medidas que disponer, desde que la pretensión cautelar ha sido satisfecha voluntariamente por la propia recurrida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-7691-2026.