nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Rubén Jerez Atenas, abogado, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de BANCO DEL ESTADO, SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA y FONDO ESPERANZA SPA.

Alega la actora que ha sido arbitrariamente discriminada, por el Banco del Estado, este 29 de julio de 2020, según documento que se acompaña, mediante el cual le rechazan, injustificadamente, el crédito COVID-19, por $5.000.000 – Línea de Crédito Nº[cuenta reservada], imputándosele tener deudas pendientes y protestadas por $1.191.808,00, en perjuicio del FONDO ESPERANZA SPA, que se explicitan en un informe comercial negativo.

Sin embargo, indica que tal información tiene por soporte antecedentes falsos, emanados de las empresas FONDO ESPERANZA SPA y DICOM EQUIFAX, considerando que tal deuda no existe.

Con lo expuesto, estimó afectado el derecho de igual trato ante la ley, que asegura el artículo 19 Nº2 de la Constitución, su buen nombre; así, como la autenticidad de sus datos personales, protegidos por el numeral 4 del precepto antes mencionado. Adicionalmente, siendo un préstamo destinado a su actividad comercial, se perturba su derecho a realizar cualquier actividad económica, que asegura el Nº21 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pidió, finalmente, que se acoja esta acción cautelar y se ordene el cese de las discriminaciones arbitrarias que se han denunciado, la afectación de su buen nombre comercial y personal, mediante las medidas que se estimen conducentes para restablecer el imperio del derecho, otorgándose la debida protección a la afectada.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, Fondo Esperanza SpA solicitó el rechazo del recurso, por estimarlo improcedente, toda vez que no ha existido de su parte acción u omisión alguna referida a doña nombre reservado, que pudiera ser calificada de ilegal y/o arbitraria, y/o haber significado alguna vulneración del ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 21, de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, la igualdad ante la Ley y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

Indicó que la actora aduce que se habrían vulnerado sus garantías constitucionales, por antecedentes falsos emanados por Fondo Esperanza SpA. Sin embargo, aclaró que en el año 2019, la recurrente accedió a un crédito por la suma total de $1.787.712 pagaderos en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $148.976.- cada una, debiendo pagarse la primera de ellas el día 10 de abril de 2019, constando las demás condiciones del crédito, en el Pagaré Nº 684857.

Pero la deudora sólo pagó un total de 4 cuotas, manteniéndose en mora a partir de la cuota Nº 5. De esta manera Fondo Esperanza en resguardo de sus derechos, en el mes de enero del año 2020 entregó el pagaré al Sr. nombre reservado Público de Santiago, don nombre reservado, quien con fecha 09 de enero procedió a enviar la citación legal para verificar el pago del crédito adeudado, no concurriendo la recurrente, razón por la cual, con fecha 13 de enero de 2020 se procedió a protestar el referido documento, por falta de pago por la suma total de $1.191.808.

En atención a lo anterior, se procedió a publicar dicha morosidad a través de Equifax Chile, la que sin embargo fue eliminada, una vez que la deudora canceló el total del crédito, con fecha 19 de junio de 2020.

De esta forma, habiendo informado la eliminación de la deuda con la debida antelación, no ha incurrido en ninguna conducta activa u omisiva, arbitraria o ilegal que hubiere causado una privación, perturbación o amenaza al ejercicio de las garantías denunciadas por la recurrente.

Finalmente, alegó que el recurso en todo caso no debió admitirse a tramitación puesto que los derechos que la recurrente reclama afectados, corresponden a rubros eventualmente indemnizables a través de las normas del Titulo XXXV del Libro IV del Código Civil.

Tercero: Que evacuando el informe la recurrida, SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA, solicitó el rechazo de la acción cautelar indicando que dentro de su giro, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”). Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quienes tienen diversas obligaciones contractuales, siendo ellos los únicos responsables de la exactitud de la información proporcionada; así los aportantes deben informar a Equifax los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración.

Agregó que todo lo anterior consta en un contrato que Equifax suscribe con los aportantes de la información, el que detalla y establece contractualmente las obligaciones que asume cada una de las partes contratantes. De esta manera, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; o que consten en documentos reclamados. A mayor abundamiento, se estableció que el suscriptor o aportante de la información debe comunicar inmediatamente a Equifax las aclaraciones de las deudas morosas, resultando el ingreso de información de entera responsabilidad del aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

Sin perjuicio de lo anterior, en conocimiento de estos hechos a través de la presente acción constitucional, efectuó la revisión de la deuda denunciada, constatando que fue eliminada por su mismo aportante Fondo Esperanza SpA, el 21 de abril pasado según da cuenta el registro en el sistema, por lo que no existe la deuda denunciada por la recurrente que fue aportada en su oportunidad al BED por Fondo Esperanza.

Por todo lo anterior, solicitó se rechace la acción pues no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a Equifax que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente.

Cuarto: Que evacuando el informe requerido, don nombre reservado, abogado, por BANCO DEL ESTADO DE CHILE, solicitó el rechazo del recurso, con costas, por carecer la acción constitucional de todo fundamento legal y fáctico.

Indicó que la actora dedujo el presente recurso, fundándose en que con fecha 29 de julio de 2020 el Banco del Estado de Chile le comunicó el rechazo o negativa a la contratación de un crédito con garantía estatal del FOGAPE COVID 19, creado por la Ley N° 21.229, de 24 de abril de 2020 y reglamentado mediante decreto supremo N°130, de 2020, del Ministerio de Hacienda.

En dicha comunicación se le informó que “Respecto de tu solicitud N°753308 de Línea de Crédito COVID-19 por un monto de $5.000.000, te informamos que lamentablemente no puedes acceder a esta medida de apoyo. De acuerdo a lo establecido en el reglamento, junto con cumplir con las condiciones que se señalan en el mismo, la operación queda sujeta a una evaluación crediticia que hace cada institución financiera. Los requisitos son, entre otros:

• No tener protestos vigentes.

• No tener deudas impagas.

• No tener deudas en el Boletín Laboral.

• Otras medidas que cada entidad pueda exigir”.

Aduce la recurrente que, para fundar tal negativa, “Se le imputa tener deudas pendientes y protestadas por $ 1.191.808,00, en perjuicio del FONDO ESPERANZA SPA, que se explicitan en un informe comercial negativo”, lo que no es efectivo.

Explicando la normativa aplicable, la recurrida señaló que con fecha 24 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.229, que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (en adelante, FOGAPE o el Fondo) y flexibiliza temporalmente sus requisitos, regulación que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, del Ministerio de Hacienda, que crea el “Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios”.

Dicho Fondo fue creado por el decreto ley N°3.472, de 1980, del Ministerio de Hacienda, el cual tiene por objeto garantizar los créditos, las operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento autorizados al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que las instituciones financieras públicas y privadas y el Servicio de Cooperación Técnica otorguen a los pequeños y medianos empresarios en la forma y condiciones allí señaladas y en el reglamento que dicte la mencionada CMF.

El artículo quinto transitorio del decreto ley N°3.472, incorporado por la Ley N°21.229, facultó al Ministerio de Hacienda para emitir uno o más decretos supremos, bajo la fórmula “"Por orden del Presidente de la República”, en los cuales establecerá los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir las bases de cada licitación. Asimismo, dichos decretos deben regular el funcionamiento del FOGAPE y todos los demás aspectos necesarios para la mejor aplicación del mencionado decreto ley.

Con fecha 25 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial el decreto exento N°130, de 24 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, aplicable a las Líneas de Garantía Covid-19, mediante el cual se establecen los requisitos y condiciones mínimas para las bases de licitación relativas al otorgamiento de garantías del FOGAPE para caucionar financiamientos enfocados principalmente en personas, naturales o jurídicas, que se hayan visto comercialmente afectadas producto de la pandemia Covid-19 (“Bases Covid-19”). Asimismo, mediante el mencionado decreto se reguló el funcionamiento del Fondo en relación con la implementación de líneas de financiamiento otorgadas como garantía del Fondo en licitaciones regidas por Bases Covid-19 (“Líneas de Garantía Covid-19” o “Garantías Covid-19”).

El reglamento aprobado por decreto supremo N°130, de 24 de abril de 2020, en el inciso 3° del artículo 14 consagra una regla fundamental en la materia, al establecer que “Cada institución financiera será responsable por la decisión de otorgar financiamientos garantizados, de acuerdo a los criterios establecidos en sus políticas internas de riesgo de crédito”.

En relación con el recurso, puntualizó que en este caso debe ser desestimado, por ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la conducta desplegada por el Banco del Estado de Chile, ya que la negativa al otorgamiento del crédito con garantía estatal FOGAPE COVID 19 (Ley N° 21.229) se encuentra fundada en condiciones objetivas de rechazo, al no cumplir la recurrente al momento de solicitar capital de trabajo (solicitud Web de fecha 12 de abril de 2020) con los criterios de comportamiento definidos por el Banco del Estado de Chile en sus políticas internas de riesgo de crédito y, entre ellos, no registrar deuda directa vencida en el Banco del Estado de Chile en los últimos 12 meses; requisito que no cumplía la recurrente de autos por cuanto a la época de solicitud Web de capital de trabajo, mantenía tres créditos vencidos: tarjeta de crédito (pagada durante el mes de febrero de 2020); línea de crédito sin renovación (pagada en marzo de 2020) y un crédito comercial N° 00022899260 impago, que solucionó en febrero de 2020.

Así las cosas, no existe ilegalidad en el actuar del Banco por cuanto ni del texto de la Ley N°21.229 ni del Reglamento aprobado por decreto supremo N°130, de 2020, del Ministerio de Hacienda, puede colegirse que las instituciones financieras –públicas y privadas– se encuentren obligadas a otorgar los créditos con garantía estatal FOGAPE COVID 19, de manera que a las instituciones financieras les asiste la facultad de ponderar, en relación a su política de riesgos, si el interesado o solicitante califica o no como sujeto de crédito, por lo que la decisión se basó en datos objetivos que el banco ponderó en resguardo de sus intereses, sin que ello pueda calificarse de ilegal o arbitrario.

Adicionalmente, indicó que no existe un derecho indiscutido o indubitado que cautelar, muy por el contrario, atendida las declaraciones de la recurrente y las informadas por el Banco, es un hecho que es materia de prueba y, por tanto, de un procedimiento declarativo, resultando imprescindible agotar la vía jurisdiccional correspondiente.

Se suma a lo anterior que la recurrente tiene solo una mera expectativa de que se le otorgue el producto; por otra parte, los hechos descritos en el arbitrio constitucional exceden las materias que deben ser conocidas por la acción constitucional de protección, atendida su naturaleza cautelar, no siendo la vía idónea para dar solución al conflicto planteado, que trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata.

A modo de recapitulación, los derechos que la recurrente solicita le sean tutelados no pueden satisfacerse a través del presente arbitrio constitucional, dado que atendida la naturaleza de la controversia anteriormente relevada, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que prevén la Ley N°19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

De lo anterior se sigue que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según la acepción o definición contenida en el artículo 1° del Código Civil– o arbitrario –esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, irracional, sin sentido lógico y carente de razonabilidad– y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Carta Fundamental, de manera tal de situarse la Corte de Apelaciones respectiva en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Sexto: Que, en relación a las recurridas SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA y FONDO ESPERANZA SPA, amén de que las actuaciones denunciadas por la recurrente en contra de las nombradas, no tuvieron ninguna relación con la negativa en el otorgamiento del crédito, del Banco del Estado de Chile, según indicara esta entidad financiera, lo cierto es que quedó establecido a través de sus respectivos informes, que las actuaciones ilegales o arbitrarias que la actora les imputa ya no existen ni causan, por tanto, ningún efecto, desde que estas mismas empresas indicaron que fueron eliminadas de sus registros las deudas morosas de la solicitante, de suerte que, siendo el recurso de protección una acción cautelar, destinada a restituir el imperio del Derecho, considerando, por otra parte, que los actos impugnados en la actualidad son inexistentes, lo cierto es que la medida cautelar pretendida carece actualmente de sentido, atendidas las actuaciones de hecho aludidas por las dos recurridas y que redundaron precisamente en el cumplimiento de lo pedido por este arbitrio, sin que se divise por ahora una amenaza o vulneración de garantías fundamentales que resulte necesario proteger sobre la base de los hechos específicamente denunciados. Por lo anterior, resulta meridianamente claro que la presente acción ha perdido oportunidad y eficacia, en lo que dice relación con las recurridas SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA y FONDO ESPERANZA SPA, lo que conlleva necesariamente al rechazo del recurso por esta razón, en lo que a ellas respecta, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Séptimo: Que, en lo que dice relación con el acto recurrido, consistente en el rechazo de un crédito con garantía estatal del FOGAPE COVID 19, por parte del Banco del Estado de Chile, lo cierto es que la conducta atribuida al Banco no resulta ilegal desde que la misma se basa en la aplicación de la diversa normativa que regula la materia; ni arbitrario, en tanto la decisión impugnada se basó en la carencia de un requisito objetivo establecido previamente por la entidad financiera, por lo que no constituye un mero arbitrio o capricho de la recurrida.

En efecto, con fecha 25 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial el decreto exento N° 130, de 24 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, aplicable a las Líneas de Garantía Covid-19, mediante el cual se establecen los requisitos y condiciones mínimas para las bases de licitación relativas al otorgamiento de garantías del FOGAPE para caucionar financiamientos enfocados principalmente en personas, naturales o jurídicas, que se hayan visto comercialmente afectadas producto de la pandemia Covid-19 (“Bases Covid-19”). Asimismo, mediante el mencionado decreto se reguló el funcionamiento del Fondo en relación con la implementación de líneas de financiamiento otorgadas como garantía del Fondo en licitaciones regidas por Bases Covid-19 (“Líneas de Garantía Covid-19” o “Garantías Covid-19”). El reglamento aprobado por decreto supremo N°130, de 2020, en el inciso 3° del artículo 14 consagra que “Cada institución financiera será responsable por la decisión de otorgar financiamientos garantizados, de acuerdo a los criterios establecidos en sus políticas internas de riesgo de crédito”.

De suerte tal que la negativa al crédito solicitado por la recurrente, se basó en un análisis realizado por el Banco, por lo que dicha decisión se encuentra fundada en condiciones objetivas de rechazo, al no cumplir al momento de solicitar capital de trabajo (solicitud Web de fecha 12 de abril de 2020) con los criterios de comportamiento definidos por éste en sus políticas internas de riesgo de crédito y, entre ellos, no registrar deuda directa vencida en el Banco del Estado de Chile en los últimos 12 meses, requisito este último que no cumplía la peticionaria puesto que mantenía tres créditos vencidos: tarjeta de crédito, línea de crédito sin renovación y un crédito comercial N°[cuenta reservada] impago, el que solucionó en febrero de 2020.

Así las cosas, no puede atribuirse ilegalidad o arbitrariedad al actuar del Banco recurrido ya que el rechazo al otorgamiento del crédito con garantía estatal FOGAPE COVID 19 (Ley N° 21.229) se basó en una condición objetiva y en el ejercicio de una facultad legal por parte de la recurrida, cual es, contratar o no con una determinada persona, por lo que se concluye que no estamos frente a un actuar irracional, inmotivado e injustificado de parte del Banco recurrido, apareciendo de los antecedentes que la negativa no fue caprichosa, fundándose en las normas aplicables al efecto, tanto en los hechos como en el derecho, por lo que no se vislumbra la arbitrariedad o ilegalidad denunciada en el actuar del Banco del Estado de Chile.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por don Rubén Jerez Atenas, en favor de doña nombre reservado, en contra de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA y FONDO ESPERANZA SPA.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-76656-2020.

Redacción de la Ministra Suplente señora Rossana Costa Barraza No firma el abogado integrante señor David Peralta Anabalón, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.