Protección contra Director Nacional de la Dirección del Trabajo por el acto que estima ilegal y ar

Santiago, siete de octubre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Valentín Balló Donoso, representante legal de Ripley Store Limitada, deduce recurso de protección en contra del Director Nacional de la Dirección del Trabajo por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber emitido el Dictamen N°3996, de fecha 7 agosto de 2015, referente a la interpretación del artículo 38 bis del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N°20.823 de abril pasado y que establece la adición de 7 domingos de descanso compensatorio para los trabajadores del comercio y servicios que atiendan directamente al público y cuya jornada comprenda los días domingo y festivos.

Como antecedentes indica que desde su incorporación, la norma ha sido objeto de 5 dictámenes, siendo el último el acto recurrido pues en su concepto contradice lo sostenido en el segundo de ellos- pronunciado luego de la consulta de su parte- (el número 2205, de mayo de 2015) que indicó que corresponde al empleador determinar la distribución de la jornada y de los 7 domingo adicionales.

El recurrente indica que con anterioridad al acto recurrido, había adecuado su sistema de turno a fin de dar cumplimiento con la norma, estableciendo un ciclo que detalla, ello conforme a la respuesta que, en su oportunidad, le había dado la Dirección del Trabajo.

En cuanto a la arbitrariedad, refiere que en la dictación del Dictamen de mayo del presente año se resolvió su consulta planteada en la materia reconociendo facultades del empleador, razón por la que adecuó el sistema de turnos y que, luego, una vez preguntado por la Federación, resolvió la improcedencia de la distribución de la jornada realizada por parte del empleador, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley.

En cuanto a la legalidad, indica que el acto recurrido, transcribe de manera literal un dictamen anterior que fue dejado sin efecto por la propia Dirección, porque fue dictado por el subdirector subrogante. Lo estima ilegal toda vez que se basa en un acto administrativo invalidado.

Agrega que el acto recurrido vulnera el principio de no retroactividad contenido en el art 52 de la Ley N°19.880 que regula los Procedimientos Administrativos; desconoce arbitrariamente facultades del empleador de las cuales es titular en el ejercicio de sus facultades de dirección, reglamentación y disciplinarias.

En cuanto a la vulneración de derechos, indica que se ha afectado su garantía de propiedad, ya que es dueña y titular del derecho y facultades propias del empleador que mediante el acto recurrido han sido desconocidas y, agrega que, en diversas fiscalizaciones, se le han impuesto 17 multas a su parte, cada una por 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Finalmente sostiene que se ha afectado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica en los términos establecidos en el N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues impide el ejercicio de las facultades que le son propias en su condición de empleador.

Pide que, acreditada la arbitrariedad e ilegalidad de la interpretación administrativa de la Ley N°20.823 efectuada por el Director Nacional del Trabajo en el Dictamen Ordinario N°3996/052 de 7 de agosto de 2015 y siendo afectatorio dicho acto del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, dicho Dictamen sea dejado sin efecto, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informando la recurrida a fojas 117, pide, en primer término, declarar extemporánea la acción cautelar entablada; en segundo lugar, rechazarla por improcedente y finalmente, en cuanto al fondo, desestimar el recurso de protección por no existir acto arbitrario o ilegal de su parte.

En cuanto a la extemporaneidad, refiere que el contenido del Dictamen Ordinario N°3996/052, de 7 de agosto del año en curso, también forma parte del Dictamen Ordinario N°2205/37, de 6 de mayo último, específicamente cuando se consulta sobre la situación de aquellos trabajadores que ya gozaban de un sábado libre o de un sábado junto a un domingo, de modo que el acto impugnado sería este último.

En cuanto al fondo, estima que la acción entablada es improcedente por carecer ella de los requisitos exigidos para impetrarla. Indica que esta Corte no se encuentra en condiciones de conocer y resolver la acción de naturaleza cautelar deducida, ya que un Dictamen es un acto administrativo y por ende puede enmarcarse en la reclamación establecida en el artículo 504 del Código del Trabajo.

Finalmente, refiere que no existe acto arbitrario o ilegal, ya que se ha enmarcado dentro de la legalidad vigente, en uso de las competencias y facultades que al efecto la ley establece.

Tercero: Que, como se ha dicho reiteradamente por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada y que el recurso mediante el que se impugna tal acto u omisión arbitraria sea deducido dentro del plazo de treinta días corridos desde la ejecución de dicho acto u omisión, conforme lo dispone el N°1del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

Quinto: Que, en primer lugar, sobre la extemporaneidad alegada, baste para rechazarla consignar que del análisis del acto impugnado -de 7 de agosto de 2015- se advierte que este difiere de aquel otro de 6 de mayo del año en curso, por lo que siendo deducida la presente acción cautelar el 21 de agosto pasado, lo fue dentro del plazo establecido para aquello.

Sexto: Que, en cuanto a la improcedencia alegada, en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, se regulan los procedimientos para las reclamaciones de multas y demás resoluciones administrativas, instancias en que tanto reclamante como reclamada disponen de las oportunidades procesales necesarias para realizar no sólo las alegaciones correspondientes a los derechos que defienden, sino también rendir las pruebas pertinentes a sus argumentaciones, resguardándose así el derecho al debido proceso consagrado constitucionalmente.

Séptimo: Que, por consiguiente, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada por la recurrente, no sólo por existir los procedimientos correspondientes específicos, sino también porque el análisis de la cuestión planteada, a simple lectura, requiere de una proceso previo, lo que importa, en fin y además, que la empresa afectada carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que importa la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se rechaza la extemporaneidad alegada por la recurrida.

II.- Que se rechaza, sin costas, el intentado a fojas 38 en representación de Ripley Store Limitada en contra de la Dirección Nacional del Trabajo.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°76398-2015.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministra señora Javiera González Sepúlveda, la Ministra señora María Soledad Melo Labra y el Ministro (S) señor Hernán López Barrientos. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, siete de octubre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.