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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 763-202518 jun 2025

nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

Fecha
18 de junio de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 763-2025, sentencia de 18 de junio de 2025

Resumen

Se rechaza la protección de la recurrente contra la Corporación Municipal de Conchalí por no renovar su contrato a contrata: el término se ajustó al artículo 48 letra c) de la Ley 19.378 y no se acreditó un derecho indubitado vulnerado.

Texto íntegro

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 19 y 22: a todo, téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 20: a sus antecedentes.

Proveyendo el escrito folio 21: por improcedente, no ha lugar.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM), por haber decidido no renovar su nombramiento a contrata para el año 2025. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos garantizados en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que presta labores desde mayo del año 2019 en establecimientos de salud administrados por la Corporación Municipal de Conchalí, renovándose en forma sucesiva sus servicios hasta la época de presentación de su recurso. Agrega que comenzó a desempeñar labores de técnico nivel superior en enfermería a contrata, asimilada a la categoría 13.

Señala que el 13 de diciembre de 2024, CORESAM le notifica el término de su contrato de trabajo, mediante comunicación del 10 de diciembre pasado.

Argumenta que dicha causal resulta inaplicable porque la recurrente llevaba cinco años y siete meses en la dotación de salud, sin considerar el año trabajado a honorarios, lo que me permite acceder a la confianza legítima de que su contratación seguirá siendo renovada.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la actuación recurrida; se disponga el reintegro de la protegida en su puesto de trabajo con la misma categoría y grado; se ordene el pago íntegro de las remuneraciones devengadas en el período de desvinculación y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que don Sebastián Maldonado Tapia, abogado, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (en adelante "CORESAM"), evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado.

Explica que la recurrente prestó servicios desde mayo de 2018, como técnico de nivel superior en enfermería. Luego, el 1 de mayo de 2019, habría sido contratada bajo modalidad de contrato a plazo fijo conforme al artículo 14 inciso 3° de la Ley N° 19.378, acumulando al 31 de diciembre de 2024 aproximadamente 5 años y 7 meses de servicios. Mediante comunicación de 13 de diciembre de 2024, se le comunicó el término de su contrato por vencimiento del plazo. mediante entrega de documento de 10 de diciembre del mismo año, antecedente suscrito por la Secretaria General de CORESAM, y en virtud del cual se le confirma la decisión de la recurrida, de poner término a su contrato por vencimiento del plazo del contrato.

Relata que ambas partes suscribieron anualmente y de manera libre y voluntaria, contratos a plazo fijo respecto del periodo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Argumenta que la relación laboral entre las partes se rige por la Ley N° 19.378, aplicándose supletoriamente la Ley N° 18.883, solo en lo no regulado expresamente, y no siendo procedente la aplicación del Código del Trabajo. La recurrente plantea que, ante la reiteración de contratos a plazo fijo, debe aplicarse el principio protector del trabajador y el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo sobre transformación del contrato en indefinido; sin embargo, se sostiene que la causal de término de la relación está regulada directamente en la Ley N° 19.378, sin necesidad de acudir a normativa externa. Asimismo, se descarta la vigencia del Dictamen N° E156769 de 2021 de la Contraloría General, invocado por el recurrente, por haber sido superado por el criterio actual de la misma institución (Dictamen N° E561358 de 2024), que establece que la existencia de confianza legítima en casos de no renovación de contrata debe ser resuelta por los tribunales de justicia, por tratarse de una materia litigiosa.

En cuanto al marco normativo, establece que CORESAM es una Corporación de derecho privado creada al amparo del artículo 12 del DFL N° 13.063 de 1980, no siendo un órgano de la administración del Estado según dictámenes N° 69.200/2010 y 25.303/2011 de Contraloría. Precisa que la relación laboral se rige por la Ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y, supletoriamente, por la Ley N° 18.883, no por la Ley N° 18.834.

Sobre la supuesta arbitrariedad e ilegalidad, sostiene que la decisión está motivada conforme al artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378 y fundamentada en la Resolución N° 735/2024. Cita los artículos 14 de la Ley N° 19.378 y 2° de la Ley N° 18.883, que establecen que los contratos a plazo fijo duran hasta el 31 de diciembre, cesando por el solo ministerio de la ley si no hay prórroga, sin existir obligación de renovarlos.

Dicho aquello, en cuanto a la confianza legitima, solo es aplicable para funcionarios públicos (entre ellos los municipales) y no para los asistentes de la salud primaria. Si bien ambas condiciones suelen coincidir, no siempre es el caso.

Refuta que el contrato haya devenido en indefinido, argumentando que dicha consecuencia se contempla en el Código del Trabajo, inaplicable al caso. Señala que su decisión respondió al cumplimiento de la Ley N° 21.308 y del artículo 56 de la Ley N° 19.378, respetando el límite del 20% de la dotación en calidad de contratados a plazo fijo y proveyendo cargos en calidad de titular mediante concurso público.

En cuanto a la falta de derecho indubitado, argumenta que la recurrente no ha fundamentado debidamente la vulneración de garantías constitucionales. Asevera que se requiere un juicio de lato conocimiento, existiendo además un procedimiento específico de reclamación ante la Contraloría según el artículo 156 de la Ley N° 18.883.

Por todo lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección, con costas.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, consiste en la decisión de la recurrida de no renovar la contrata de la recurrente para el año 2025. En dicho sentido cabe tener en cuenta que, tratándose la recurrida de una Corporación de derecho privado, no se encuentra comprendida en el artículo 1º de la Ley Nº18.834, sobre el Estatuto Administrativo, sino que, la relación entre la actora y dicha entidad se encuentra regulada por la Ley Nº19.378, que en su artículo 14 dispone que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”

A su turno el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

QUINTO: Que, de lo señalado, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48 que en la letra c). En dicho sentido, la pretensión de la recurrente importaría en la práctica la transformación de su contrato a plazo en uno indefinido, lo que es del todo improcedente en atención a lo dispuesto en el artículo 14 antes citado.

SEXTO: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

SÉPTIMO: Que, por lo antes indicado, el hecho que motiva la interposición de esta acción cautelar no constituye una actuación arbitraria o ilegal, por lo que no puede prosperar y, en cuanto a su mérito, no corresponde calificarlo en esta sede puesto que el ordenamiento jurídico provee los canales adecuados y especializados para ello.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Corporación Municipal de Conchalí.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 763-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por el Ministro (S) señor Manuel Rodríguez Vega y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.